A tenor del denominado caso Gürtel y siguiendo las diatribas diarias entre políticos, los medios nacionales prodigan y nos cultivan con noticias en primera página de una mayoría de periódicos e informativos televisivos, redactadas con estilos y códigos que secuestran a la ciudadanía la información necesaria para poder interpretar la vida política y alimentan al mismo tiempo una forma de analizar hechos cruciales que puede resultar ramplona, frívola y provinciana. Digo esto, porque parece que en este país políticos y mas media de toda laya, lejos de prodigar cultura política a través de su discurso y de su ejemplo, parecen anclados aún en La Restauración como si el tiempo no hubiera pasado y aparte del insulto y del “y tú más” no se propongan en absoluto dignificar la vida política ni en las formas ni en los contenidos, y así nos va. ¿Cómo vamos a crear ciudadanía activa? ¿o es que en el fondo no se quiere? La tan traída desafección política se la ganan a pulso diariamente. Como entonces durante La Restauración es necesaria una profunda Regeneración de la vida política y en la que necesariamente los ciudadanos han de poder tomar parte.
Porque más allá en importancia de los tan divulgados comadreos, regalos y favores entre grupos de amiguetes, la realidad corrupta de nuestra llamada democracia está arraigada en nuestro propio sistema político y económico y tiene raíces más profundas y no bien publicitadas. Esta realidad corrupta tiene diversos mimbres, pero fundamentalmente está basada en que el sistema actual establece muchas más garantías a la libertad de negocios y de todo tipo de transacciones de capital sin cortapisas, que para desarrollar un adecuado estatus de ciudadanía y su acción cívica. Al mismo tiempo que en el sometimiento permanente del poder político al poder económico.
Y es que, como se ha demostrado en diversas ocasiones en nuestra joven aún democracia, existen en este país poderes intocables y son la gran patronal y la Banca, de la que todos los partidos beben en uno u otro momento con vistas a satisfacer sus necesidades, de financiación de sus campañas electorales o de sus programas políticos. Y es este el poder que domina y siempre marca límites a diestra y a siniestra.
A estas alturas, después de las declaraciones del Ministro de Justicia Francisco Caamaño, es evidente que si nada lo impide el Estado, a instancias del Gobierno de la Nación, se personará como acusación particular en el caso Gürtel, está en liza la respuesta a un importante entramado institucional corrupto del PP, primer partido de la oposición, que se configuró con el último gobierno de Aznar y que desde entonces ha venido parasitando bienes del Estado Central y de La Comunidades de Madrid y Valencia.
Y es aquí donde se demuestra quien manda en este País. Nunca antes el Estado, ni con el Gobierno del PP, ni con el Gobierno socialista, se personó como acusación particular en los diversos e importantes casos de delito económico y fraude fiscal, cuando los imputados eran Presidentes o miembros del consejo de administración de importantes grupos bancarios españoles. Esto se pudo ver en los casos de las “cuentas secretas” del BBV o en el de las “cesiones de crédito” del BSCH y ello a pesar de que fueron lesivos, aparte de para los accionistas y ahorradores, para la Hacienda del Estado.
Pero aparte de este inciso, y respecto a lo que nos trae, tanto el Juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional, como posteriormente el Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, que en sucesivas fases han instruido el caso Gürtel han encontrado indicios fundamentados de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. En mayor o menor medida hay más de 70 imputados, tres de ellos entre los que se encuentra el supuesto cerebro de la trama Francisco Correa (Correa es Gürtel en Alemán) permanecen en prisión y hay diversos aforados y cargos públicos implicados, entre ellos Luis Bárcenas, senador y responsable de finanzas del PP, así como el Presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps. Correa es la cabeza visible de un entramado o holding empresarial cuya matriz es Special Evens, propiedad de Correa, y que está compuesta por empresas inmobiliarias y constructoras, de comunicación, de organización de eventos, sociedades de inversión..etc.
Pero más allá de los imputados y de enumeración de hechos y delitos que han aparecido en la prensa, nos interesa aquí hablar de los instrumentos y mecanismos que a partir de ahora la justicia tendrá para actuar e implantarse. Y no es cuestión menor, ya que una vez el Estado acepta el reto de presentarse como acusación, su éxito depende de la información que proporcionen a la justicia Española países o territorios como Panamá, Islas del Canal, Mónaco, Colombia, Holanda, Antillas Holandesas, Suiza, Reino Unido, EE. UU (algunos estados) o la Isla caribeña de Las Nieves. Todos ellos considerados centros offshore o países no colaboradores con la jurisdicción internacional en lo que respecta a proporcionar datos de las personas físicas y/o jurídicas titulares de cuentas o empresas instrumentales en ellos.
En lo que respecta al caso Gürtel está por ver que las diversas comisiones rogatorias realizadas a dichos países y territorios tanto por el juez Garzón, como por el magistrado Antonio Pedreira, en el sentido de ayuda judicial e información fiscal, vayan a ser aceptadas por dichos centros offshore.
La información que la justicia Española solicita tiene que ver con la información proporcionada por diversos testigos y con la presunta de la llamada caja X, de una cuenta de Caja Madrid y vinculada a la contabilidad B de las empresas de Correa, ligada a diversos intercambios con territorios offshore y a partir de la que fluía buena parte del dinero.
El éxito de la justicia depende de que se de un intercambio de información efectiva necesaria para conseguir pruebas fehacientes, que hasta el presente le ha sido negado anteriormente a la justicia española en otras causas por otros territorios offshore. También a que la investigación judicial y de la Hacienda Española puedan salvar los obstáculos y la complejidad de la trama tejida por Correa, testaferros y asesores a través de empresas instrumentales y fideicomisos entrelazados unos con otros en estos paraísos fiscales necesarios para realizar todo tipo de operaciones corruptas sin apenas dejar huellas visibles a la justicia. Todo ello unido a la lentitud de la justicia supone que no podamos ser muy optimistas. Aún así habrá que esperar a ver como se comportan países que como Panamá firmó recientemente con España un acuerdo de intercambio de información con cláusula sobre la doble tributación.
El limbo jurídico y dumping fiscal que constituyen los denominados Paraísos fiscales y/o Centros offshore o extraterritoriales, no nos cansaremos de repetirlo en ATTAC, constituye un claro atentado a la justicia y a la democracia en el mundo. La opacidad ha sido y es un arma política al servicio del capital financiero, un capital financiero globalizado que socava la democracia. La lucha para conseguir su abolición es necesaria para establecer realmente la soberanía popular en contra del poder plutocrático del dinero.
Una ciudadanía informada y activa es necesaria. ¡¡¡Acabemos con los Paraísos Fiscales!!!
Antonio Fuertes Esteban – Comisión de Justicia Fiscal Global de ATTAC España
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