jueves, 30 de julio de 2009

Impacto del clasismo y machismo

España no es un país pobre. En realidad, nuestro nivel de riqueza económica está muy próximo al promedio de los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países más ricos de la Unión Europea. El PIB per cápita de España es ya el 93% del promedio de la UE-15. El Estado del bienestar español (las transferencias públicas –tales como las pensiones y ayudas a las personas vulnerables a la pobreza– y los servicios públicos –tales como sanidad, educación, servicios de ayuda a las familias, servicios sociales, vivienda social, prevención de la exclusión social, integración de los inmigrantes, entre otros–); sin embargo, está poco financiado y poco desarrollado. El gasto público social (es decir, el gasto que se invierte en el Estado del bienestar) por habitante no es el 93% del promedio de la UE-15, sino sólo el 71%.

Si fuera 93%, el nivel que nos correspondería por el desarrollo económico que tenemos, nos tendríamos que gastar 70.000 millones de euros más de los que nos gastamos ahora en las transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar. Esta cantidad significa una enorme subfinanciacion en la España Social que padecen predominantemente las CCAA (responsables de la gestión de los servicios del Estado del bienestar) y los ayuntamientos (las cenicientas de la democracia española que también comparten responsabilidades de gestión con las CCAA en los servicios sociales).

Este enorme déficit social se debe a la distribución de poder que existe en nuestro país, donde unas clases sociales tienen más poder que otras y un género –el masculino– tiene más poder que otro –el femenino–. En España, el 30-35% de la población de mayor renta (que incluye la burguesía, la pequeña burguesía y las clases medias profesionales de renta alta) tiene un enorme poder económico, político y mediático. Tal poder se expresa de muchas maneras, pero una de ellas es que su aportación al erario público es más baja que en la mayoría de países de la UE-15. Según las cifras facilitadas por los técnicos del Ministerio de Hacienda, un empresario en España declara menos ingresos que un trabajador, hecho, por cierto, que no ocurre en ningún otro país de la UE-15. Esta menor aportación de este grupo social a los fondos del Estado explica, en gran parte, que los ingresos (debidos a impuestos) al Estado (y por lo tanto los fondos públicos) sean menores que en la mayoría de países de la UE-15 (España, 38% del PIB; UE-15, 43% del PIB). De ahí la deficiencia de gasto público, incluyendo gasto público social, de España, el más bajo de la UE-15. Este 30-35% de la población de renta superior no queda afectado directamente por las insuficiencias del Estado del bienestar y utiliza predominantemente los servicios privados. Envían a sus hijos a las escuelas privadas (sean o no concertadas) y, cuando caen enfermos, van a la sanidad privada o, en el caso de las élites políticas, a la sanidad pública, donde reciben un trato preferencial.

Pero la parte del Estado del bienestar que está menos desarrollada es la referida a las transferencias y servicios de ayuda a las familias, y ello a pesar de la retórica oficial que pone a las familias en el centro de su discurso. España es uno de los países en los que el Estado tiene a sus familias más abandonadas. Y en España, cuando decimos familias, queremos decir mujer. Sólo un 6% de infantes está en escuelas de infancia públicas (llamadas guarderías en España) y sólo un 18% de las personas con dependencia recibe servicios domiciliarios. Tales porcentajes están por debajo de la mayoría de países de la UE-15.
El subdesarrollo de tales servicios de ayuda a la familia tiene enormes costes. Uno, humano, es que la mujer española cubre las enormes insuficiencias del Estado del bienestar: cuida a los niños, a los jóvenes que viven en casa hasta los 32 años, a los compañeros y compañeras, y a los ancianos. Y un 52% también trabaja en el mercado laboral. Es una carga enorme que explica que la mujer española de 35 a 55 años tiene tres veces más enfermedades debidas al estrés que el hombre del mismo grupo etario.

Otra consecuencia es la baja fecundidad, la más baja de la UE-15. La mujer joven tiene difícil encontrar vivienda (para lo cual requiere un contrato fijo) y no tiene los servicios de ayuda a las familias –centros de infancia y servicios domiciliarios de atención a la dependencia– que le permitan compaginar sus responsabilidades familiares con su proyecto personal profesional. De ahí que retrase formar una familia y, cuando tiene hijos, tiene menos de los que desea (que son dos hijos). Existe la dificultad añadida de que el varón no se corresponsabiliza en las tareas familiares en la manera en que lo hace el promedio de la UE-15. Gasta siete horas semanales en labores familiares, comparando con 15 en la UE-15 y 22 en Suecia.


Y la tercera consecuencia del subdesarrollo de tales servicios de ayuda a las familias es la subutilización de una enorme cantera de trabajadoras. Si España tuviera el nivel de participación laboral de la mujer que tiene Suecia, habría tres millones más de trabajadoras creando riqueza, pagando impuestos y cotizando a la Seguridad Social.

Hay una relación clara entre porcentaje de población adulta que trabaja y el nivel de riqueza del país. España tiene un porcentaje muy similar de participación del varón en el mercado de trabajo al existente en la UE-15. El déficit de participación laboral se da entre las mujeres. De ahí la gran importancia de tales servicios de ayuda a las familias para mejorar la situación económica del país, realidad de difícil aceptación por los equipos económicos de los sucesivos gobiernos españoles, que continúan pensando en infraestructura física (telecomunicaciones y transporte) y educación como inversión, pero no en los servicios del Estado del bienestar, que son incluso más importantes para mejorar el nivel de riqueza del país y su bienestar social.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, y director del Observatorio Social de España

Fuente: Público

martes, 28 de julio de 2009

Distribución de la renta y estabilidad macroeconómica

La economía es una lucha constante para apropiarse de rentas pero ese aspecto esencial de la vida económica se suele ocultar. La teoría económica clásica que sirve de base teórica a las políticas liberales afirma que los aspectos distributivos no son un asunto que concierna a la Economía. Y en el discurso de los políticos de esta ideología (en incluso a veces en el de quienes afirman ser más progresistas) se suele afirmar que “primero hay que crecer para luego poder distribuir”. Una idea que es completamente engañosa porque lo cierto es que al mismo tiempo que se lleva a cabo cualquier tipo de actividad productiva se están repartiendo ya, en ese mismo instante, las rentas que se generan originariamente (y a las que ya después se podrán añadir las que resulten de la redistribución que haga el estado).

Así, cuando los empresarios reclaman contención salarial para crear empleo o para invertir más, lo que verdaderamente están pidiendo es que aumente su beneficio, sus rentas del capital. Cuando los trabajadores reivindican más prestaciones sociales lo que quieren es recibir más rentas salariales (en forma de salarios indirectos en este caso). Cuando la patronal o los bancos defienden la privatización de las pensiones o que se reduzcan los impuestos, buscan aumentar la parte que reciben de la renta global y cuando los trabajadores quieren leyes más protectoras lo que están buscando es que haya condiciones que les permitan obtener más fácilmente salarios más elevados, una parte más grande de la tarta.

Precisamente por eso, no es posible establecer que una determinada solución distributiva, un reparto determinado de la renta, es mejor que otro o más conveniente o apropiado, como casi siempre nos quieren hacer creer. En cuestiones de distribución no se pueda establecer un criterio objetivo e indiscutible sobre cuál es el reparto más favorable para la economía porque cada uno de los partícipes en el reparto tendrá una idea sobre su bondad. Una idea que dependerá, lógicamente, de la parte que le corresponda o de sus preferencias éticas, del criterio que cada uno tenga sobre lo que es justo o injusto.

Y como la distribución es inseparable de la producción, resulta entonces que ésta, el modo en que se lleva a cabo, tampoco es independiente de nuestra preferencia, de la opción ética que realicemos sobre un resultado distributivo u otro.

Cuando los economistas liberales afirman que la economía no tiene que ver con la distribución, con la ética, lo que buscan en realidad es que no se ponga en cuestión el orden económico establecido por quienes tienen poder para ello y que, lógicamente, suelen ser quienes más se benefician del estado de cosas existente, de la solución de reparto dominante.

Por el contrario, cuando se reconoce que la economía es también, y sobre todo, distribución de la renta lo que se deduce es que el modo de llevar a cabo la actividad económica no es algo neutro o determinado técnicamente, sino que es dependiente de las preferencias éticas dominantes en cada momento, de las preferencias de quienes tengan poder suficiente para imponerlas, más o menos democráticamente al conjunto de la sociedad.

Por eso, la política económica que no responde a una deliberación social previa o que no lleva consigo una discusión explícita sobre sus efectos sobre la distribución de la renta y la riqueza es una deleznable expresión más del totalitarismo.

Pero no solo eso.

La distribución de la renta es una cuestión que tiene que ver con la ética, como acabo de señalar, pero es también algo que influye muy directamente sobre la marcha global de la vida económica, sobre el grado de eficiencia que puede conseguirse y sobre la estabilidad e inestabilidad con que pueden llevarse a cabo los procesos económicos.

Como han demostrado sin ningún tipo de dudas muchos economistas, la distribución de la renta es una determinante esencial de la evolución de variables económicas como el consumo, el ahorro, incluso la inversión y, en consecuencia, también del equilibrio o desequilibrio económico que entre todas ellas puede llegar a darse, así como en la dinámica del crecimiento económico. Además, por supuesto, de determinar el bienestar efectivo de cada sujeto económico que, al fin y al cabo, debería ser el fin último de la actividad y la política económicas.

No es de ninguna manera casual, por ejemplo, que en el último periodo en que se ha producido un deterioro extraordinario del peso de los salarios en el conjunto de las rentas las crisis financieras y monetarias se hayan multiplicado las crisis (96 bancarias y 176 monetarias según el Banco Mundial entre 1973 y 2000); que la mayor recesión desde 1929 se haya producido en Estados Unidos cuando la distancia entre los niveles más altos y más bajos de rentas alcanzaba el nivel máximo desde entonces; o que la mayor destrucción de empleo durante la crisis se produzca España que es el único país de la OCDE en donde el poder adquisitivo de los salarios bajó -un 4%- entre 1995 y 2005.

Más beneficio y rentas del capital han implicado más ahorro y menos salarios y, por tanto, menos capacidad de gasto, menos demanda y menos capacidad potencial de crecimiento. Es decir, más peligro de crisis y recesión económica

En consecuencia, revertir el proceso de incremento de las desigualdades que se viene produciendo desde hace treinta años y lograr un reparto más justo de la renta no es solo una (deseable) aspiración moral. Es también el pre-requisito de la estabilidad macroeconómica futura, la garantía de que la economía no entre en una deriva irreversible hacia la crisis global y permanente y, por supuesto, la única manera de reactivar los mercados y de crear condiciones adecuadas para la creación de empleo e. incluso, de beneficios empresariales que no procedan simplemente de la especulación financiera.

Evidentemente, no se trata tan solo de frenar la financiarización de nuestras economías para regenerar la actividad productiva. Es un paso previo, pero también hay que tener en cuenta que ésta misma es fuente de profundas, injustas e ineficiente desigualdades que, al fin y al cabo, son las que provocan deterioro de la economía real. Se debe tratar de modificar el modo de crear actividad económica para que ésta se lleve a cabo de un modo sostenible, más justo e incluso más eficaz desde el punto de vista de la economía de los recursos que utilizamos para crear bienes y servicios. Es decir, con un reparto más eficiente y equitativo de las rentas.

Y de esto es de lo que en estos momentos habría que hablar para salir de la crisis. No hacer explícita la cuestión del reparto de las rentas no solamente es dar por hecho que se acepta un estado de cosas que ha provocado, por ejemplo, que de 2002 a 2005 solo el 10% más rico de los hogares españoles aumentara sus rentas medias. Es asumir que la salida de la crisis será en falso y que volveremos a repetir los desastres que estamos viviendo.

Los trabajadores, con sus organizaciones sindicales a la cabeza, deberían luchar para que cualquier medida o cualquier acuerdo que se tome en esta coyuntura se inserte en un pacto de rentas que haga posible instaurar otra pauta distributiva. Esa y no otra es la base para cambiar de verdad de modelo productivo y la única posibilidad de abandonar el injusto e ineficiente que hasta ahora ha tenido la economía española.

Juan Torres – Consejo Científico de ATTAC España

Artículo publicado en Tribuna de los Servicios a la Ciudadanía.

Dimensión ética de la crisis económica actual

Los fatales instintos humanos de la avaricia y la soberbia sólo se pueden dominar mediante algunas normas éticas elementales. La rápida propagación de la crisis financiera desde unos pocos países desarrollados hasta absorber la economía mundial es una prueba tangible de que es necesario reformar en profundidad el sistema financiero y comercial internacional para que refleje las necesidades y las nuevas condiciones del siglo XXI. Es importante reconocer que esta crisis no es sólo económica sino también social y ética.

La crisis ha puesto de relieve las deficiencias de las políticas de algunas autoridades nacionales e instituciones internacionales que se basaban en doctrinas económicas, según las cuales los mercados libres corregían rápidamente sus fallos y eran eficientes. Estas hipótesis erróneas formaron también las bases de la globalización; también ha permitido, que los efectos de un sistema económico se propaguen rápidamente por todo el mundo dando lugar a recesiones y a una mayor pobreza.

La búsqueda de una estrategia común, que nos permita amortiguar la crisis financiera y económica internacional, que nos golpea con más fuerza a los países del tercer mundo; pasa por una ética global. El empobrecimiento de estas naciones subdesarrolladas ha permitido el derroche ajeno, hoy por fin pareciera detenerse al patinar la locomotora norteamericana. Este escalofriante frenazo descalabró la economía en el mundo.

La ONU se encuentra en posición de definir un marco ético para la reconstrucción de la economía global; sin embargo, no hay duda de que ha reconocido la “dimensión ética de la crisis económica actual”.

En la otra cara de la crisis está el contrastante Tercer Mundo, donde sobreviven milagrosamente en la pobreza unas tres cuartas partes de la población mundial agobiada por el peso de la corrupción política, sin recibir renta ni beneficio de sus propios recursos naturales. Esta cara de la crisis asoma muy poco en los titulares del mundo. Estos países ni siquiera pueden darse el lujo de entrar en crisis porque simplemente nunca han salido de ella.

El 2% de la población mundial concentra en las opulentas elites económicas del primer mundo el 80% de las riquezas de la tierra. En estas potencias habita también una minoría de la humanidad, con envidiables estándares sociales de vida en un estado paranoico de consumo, que devora los recursos del planeta a un ritmo implacable.

Los países ricos, cuya abundancia es proporcional a la pobreza mundial, han multiplicado desde 1950 por tres y en algunos rubros hasta por seis el consumo global de madera, carne, acero, textiles, cuero y energía. Despilfarrando los fabulosos recursos naturales de las naciones empobrecidas en Asia, África y América Latina.

El cataclismo financiero también está ligado a la crisis ambiental. El mundo se acaba pero no por el Apocalipsis bíblico, sino por el consumo despiadado de las naciones industrializadas donde se generan además la mayoría de los gases tóxicos y desechos radioactivos que alteran el clima dañando el ambiente y la vida en general. Y son adicionalmente responsables de arruinar el único protector solar efectivo y gratuito que tenemos: la capa de ozono.

El desastre de la economía mundial tiene una paradoja que retrata el mundo en que vivimos, los ricos y poderosos causantes de la calamidad tienen pase VIP (Very Important Person, por sus siglas en inglés), para salvarse primero, además con el dinero ajeno continúan derrochando en lujos y extravagancias. Al mismo tiempo, las elites de los países pobres, con contadas excepciones, se caracterizan por emplear los mismos métodos de acumulación de la riqueza.

Por un lado, se estima que alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de reducir a la mitad la pobreza para 2015, se lograría si se dedicara el 25% de los gastos militares de Alemania, Estados Unidos de América, Francia, Inglaterra y Japón. El 84% de las exportaciones de armamentos de los países desarrollados al mundo, incluyendo a los países más pobres, se origina en los países del G-8: Alemania, Canadá, Francia, Inglaterra, Italia, Japón, Rusia y USA.

Al mismo tiempo, las desigualdades económicas y sociales siguen siendo las principales causas que provocan, en el mundo entero, la pobreza, el hambre, los conflictos, la violencia, las migraciones y la agresividad contra el medio ambiente. Esto muestra que la reflexión sobre los valores éticos comunes, es más urgente que nunca.

Sin embargo, ¿cómo explicar, a la luz de los principios éticos y humanitarios más elementales, los datos de la ONU y de la FAO: de las seis mil quinientos millones de personas que habitan hoy el planeta, casi cuatro mil millones viven por debajo de la línea de pobreza, de los cuales mil trescientos millones por debajo de la línea de la miseria, y 950 millones sufren desnutrición crónica?

Si queremos sacar algún provecho de la actual crisis financiera, debemos pensar no sólo cómo salvar empresas, bancos y países insolventes, sino en cómo cambiar el rumbo de la historia, yendo a la raíz de los problemas y avanzando lo más rápidamente posible en la construcción de una sociedad basada en la satisfacción de las necesidades humanas; de respeto a los derechos de la naturaleza y de participación de todos los estamentos de la sociedad en un contexto de libertades políticas.

El desafío consiste en construir un nuevo modelo económico y social que ponga las finanzas al servicio de un nuevo sistema democrático, fundado en la satisfacción de todos los derechos humanos.

Una manera de hacerlo es transformar la ONU, reformada y democratizada, en un foro idóneo para articular las respuestas y soluciones a la crisis actual. No encontraremos salida si no nos damos cuenta de que nuevos valores deben ser rigurosamente asumidos, como volver moralmente inaceptable la pobreza absoluta, en especial el hambre y desnutrición y que todos los gobiernos de los países miembros, sin distinción alguna, deben asumir estas responsabilidades y dar el ejemplo, cada uno dentro de sus posibilidades.

La experiencia histórica demuestra que el hacer efectivas esas metas, exige transformaciones estructurales profundas en el modelo de sociedad que predomina hoy; de modo que se puedan reducir significativamente las profundas asimetrías entre naciones y las desigualdades entre personas.

Gustavo Adolfo Vargas, Jurista, Politólogo y Diplomático.
Fuente: Attac Informativo (Grano de Arena)

lunes, 27 de julio de 2009

Élites: Especulación y Reforma

Para quienes describen el neoliberalismo como una etapa de “capitalismo salvaje” responsable de la crisis actual, vale recordar que la historia muestra algo diferente. En los últimos 500 años del sistema dominante, que en occidente conocemos como “capitalismo,” las élites, con el respaldo de sus estados, han impuesto un nivel de usurpación de recursos y de explotación de seres humanos -incluyendo negociar con ellos y sus hijos como esclavos- que les ha servido para acumular crecientes riquezas y poder. El nivel de especulación ha ido creciendo, pero el fenomeno especulativo mismo ha existido desde un principio.

El fenómeno de las burbujas especulativas tampoco es nuevo, muy por el contrario, es esencia y padrón del sistema dominante. Las burbujas especulativas no se han limitado tampoco a valores financieros, han incluido productos, infraestructura y recursos naturales, todos valores vulnerables de sobreprecio y especulación. La mitificación del proceso ha sido tal que hasta el lugar físico donde estos valores se negocían, las Bolsas de Valores, han logrado tal nivel de solemnidad que ni que fuesen templos. Estos lugares sagrados, especialmente “distinguidos,” se los ubica casualmente por el nombre de las calles donde están asentados. Hablamos casualmente de Wall Street ( New York ), Bay Street ( Toronto ), Borsenplatz ( Frankfurt ) y otros.

Pero a pesar del aire dignificado con que se les quiere investir, los templos del agio tienen una historia para nada glamorosa y menos sagrada. Edwin Hunt y James Murray, en su libro sobre la historia de los negocios (History of Business in Medieval Europe, 1200-1550) detallan el desarrollo y fundación de la primera Bolsa. Oude Bourse fue fundada en Antwerp, en las Provincias Unidas, lo que hoy es Bélgica, en 1533, y vino a reemplazar a las ferias temporales que antes existían a través de toda Europa -pero principalmente en Londres, Paris, Champagne, Lyon, Frankfurt, Brujas, Medina del Campo. Ya en el siglo 14 se transaban acciones mineras en Leipzig. En estas “ferias de valores” se mezclaba el juego y el festín con la compra de valores. Funcionaban como especies de casinos donde el carnaval creaba el espacio para la especulación. Al tiempo que se alimentaba la ambición se alimentaba la desgracia, pues muchos lo perdían todo. La mentalidad de casino fue nutrida en las Bolsas desde su origen; por ellos, no puede estrañarnos que las prestigiosas “blue chips” de hoy se hayan originado en las famosas fichas azules del casino de Montecarlo.

El vínculo del juego con la especulación fue muy temprano. Cicerón mismo advirtió a los romanos sobre los peligros que él adivinaba ya en la compra de acciones en el Publicani Romano. Para Milton Friedman, sin embargo, la especulación no presentaba problemas y las defendía abiertamente, cuestionando a quienes levantaban criticas al juego especulativo de las Bolsas. Friedman acusaba a los críticos de “tener prejuicio natural en contra del juego”-sin ver el otro lado de su argumento: que el mismo tenía prejuicio a favor del juego.

La cultura del mundo especulativo tiene sus raíces, y ha encontrado liderazgo, entre holandeses, británicos y norteamericanos. Pero también ha tenido adeptos entre flandeses, judíos, franceses hugonotes o calvinistas, y entre ellos habían muchos financistas, banqueros y comerciantes. Juntos formaban una clase empresarial y adinerada que se dedicó y que enfatizó las inversiones, las patentes y las leyes de propiedad, tanto como los avances en la ciencia, la industria, el comercio y las finanzas. Eran ricos, promulgaban patentes y leyes y determinaban estándares, y se habían hecho ricos en la especulación (Wealth and Democracy, Kevin Phillips).

Holanda, Gran Bretaña, Estados Unidos

Las tres naciones, Holanda (Provincias Unidas), Gran Bretaña y Estados Unidos, han producido, desde sus clases dominantes, más de dos docenas de quiebres, cracs, o tiempos de pánico entre 1720 y 1975. Incluso antes de este período, en 1630 en Holanda, se produce el auge de los tulipanes, o “tulipomania”, que hizo participar a toda la clase media de la época plantando tulipanes en lugares inusitados -pues el precio de los tulipanes llegó a las nubes y se pensaba que seguiría subiendo sin cesar, aunque nadie sabía por qué se plantaban estas flores. Naturalmente el precio de los tulipanes se desmoronó, fue una especulación en medio de otra especulación, que era la de viviendas caras y las de los bonos de valor. Eventualmente los años dorados de Holanda llegaron a su fin, para mitad del siglo 18 Holanda aunque aún tenía una fachada de riqueza, detrás experimentaba declinación industrial, empobrecimiento de la agricultura, alto consumo de drogas (alcohol) y multitudes de mendigos y de ladrones, lo que provocó la Revoluciónes de 1760 y la de 1781. La Revolución de 1781 la llevó a eventualmente seguir el modelo francés más distributivo.

Charles Kindleberger, economista, identifica que la mayoría de las crisis en Gran Bretaña estuvieron conectadas a la tecnología. Por ejemplo, hay una secuencia de aumento de construcción, por ejemplo caminos y canales en 1772, con venta de acciones y luego con un colapso -que se repite con construcción de canales en 1793 y 1797 y venta de acciones que también colapsan. La especulación más grandes fue la de las textiles y las de las líneas ferroviarias, que aumentan, se venden las acciones, y luego colapsan. Se construyeron tantas líneas ferroviarias que muchas no fueron jamás usadas. El proceso de comprar acciones del ferrocarril fue tan popular en Inglaterra que aparecieron Bolsas de Valores en Bristol, Liverpool, Manchester, Glasgow, Edinburgo y la especulación llegó a tal que de 27 millones de británicos, 3 millones habían adquirido acciones del ferrocarril, aunque sólo ganaron con ellas el uno por ciento de los accionistas involucrados.

A finales del siglo 19 los ricos en Gran Bretaña habían acumulado grandes fortunas en conexión con estas burbujas y sus negocios de ultramar. La decadencia del nivel de vida de la clase trabajadora, sin embargo, era tal que a principios del siglo 20 la impulsó a que se organizara, movilizara y confrontara a la clase dominante, incluyendo la lucha feminista por el derecho político de la mujer, juntos planteaban la necesidad de una sociedad socialista. Las luchas en Gran Bretaña iban en aumento hasta que las interrumple la Primera Guerra Mundial. Los liberales británicos del siglo 19 ya no engañaban a los trabajadores de su país, que forman su propio partido, el Partido Laborista, que para 1920 era una poderosa fuerza política. Ramsey McDonald, fue el primer Primer Ministro Laborista, y fue elegido en 1924, quien identificó a la plutocracia británica como un obstáculo para el país. Su gobierno implanta un estado de bienestar social, con mayor impuesto a la renta , contratos colectivos y mayor redistribución. La élite comenzó a perder dominio sobre la riqueza: para 1911 el 1% más rico tenía el 69% de la riqueza, pero para 1930 tenía el 55% y para 1955 tenía el 42%, esto fue debido a las reformas del estado de bienestar social.

Una diferencia fundamental entre Estados Unidos y los países europeos es que en este último la aristocracia no existe. Es la clase política la esencial en asegurar el enriquecimiento. Para 1819 los Estados Unidos vivían de la especulación de la tierra, fomentado por el gobierno federal. Antes que esto las primeras fortunas se habían acumulado en New England en manos, mayoritariamente, de piratas con carta concesion del gobierno llamados “privateers.” Para 1830 ya el President Jackson atacó a los bancos y los privilegios de los ricos. A partir de la guerra civil, el gobierno federal es el comprador número uno de productos, pagados con bonos, y con ello florece también la corrupción -el estado es comprador pero no regulador, o “laissez fair”. La élite se asegura que la intervención del gobierno, en sus asuntos, es limitada. Entre 1860 y 1890 Estados Unidos se convierte en potencia industrial y comercial, la “GILDED AGE” que menciona Mark Twain, años de gran acumulación a la vez que de collapsos económicos. Por ejemplo, en 1857 hay un colapso de ventas de acciones del ferrocarril, en 1873 y en 1890 hay dos colapsos grandes también y con ello una decadencia. Para 1886 hay descontento popular, por ejemplo la huelga y matanza en Chicago en Haymarket por la que recordamos mundialmente el Primero de Mayo. Como respuesta al descontento popular surge el populismo-progresismo que toma el poder en 1903 con Teodore Roosevelt, quien reglamenta la inversión, reforma los impuestos de herencia y más regulaciones. Eran tiempos en que el partido socialista en los Estados Unidos iba en aumento, tenía un millón de votos y varios cargos en gobiernos estatales y locales. Roosevelt es un freno efectivo a la radicalización del pueblo americano.

Pero para 1920 Estados Unidos estaba de nuevo inmerso en la especulación bursatil y la ideología dominante también había girado en favor del juego. Con la ley seca muchos se enriquecen con la venta ilegal de alcohol, entre ellos Joseph P. Kennedy, padre de John Fitzgerald y Robert Kennedy. La burbuja que comienza en 1925 y llega hasta 1929 se basa fundamentalmente en tecnología: automóbiles, radios, lavadoras, otros accesorios del hogar y máquinas agrícolas. Posterior a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos es el primer acreedor del mundo, tenía excedentes de dinero, y era el mayor poder industrial del mundo también. La inevitable caída llegó en 1929, con la depresión más grande hasta ese entonces. El segundo Roosevelt impone las reformas necesarias para salir de este crac: el “New Deal”, las nuevas bases de un estado de bienestar social moderno. Este estado incluye impuestos a las rentas, educación pública, asistencia social, redistribución por parte del estado, sindicalización, papel del estado como impulsor de la economía y como regulador. En 1933 se promulga la Glass-Steagal Act, regulación que fue derogada por propuesta del Senado, que firmó como ley Bill Clinton en 1999.

El estado de bienestar que creó Franklin Roosevelt llegó a su máximo en los años 60 y declinó definitivamente a partir de los años 80. Vuelve a emerger la creciente acumulación de la élite durante las presidencias de Ronald Reagan, George Bush padre, Bill Clinton y George Bush hijo. En la década de 1990 emerge la burbuja de las telecomunicaciones y de la computación (punto com) que revienta en el año 2000. Se esperaba una reforma pero no llegó. Lo que emerge es Septiembre 11, 2001 y un mayor control político por parte de la élite, y la emergencia de una nueva burbuja, la de las inmobiliarias, y una economía de guerra mucho más intensa, con la marcada ascendencia de los “neo-con” y la invasión a Iraq. La burbuja de la inmobiliaria llega a límites no imaginados antes con las subprimes. Los instrumentos financieros incluyen “contratos sobre futuro” altamente especulativos y las famosas “derivatives.”

¿Fin del Proceso?

El 2009 estamos en el año 2 de una depresión mundial que aún no toca fondo. Las injecciones de dinero a la Banca son en primer lugar inefectivas, y en segundo lugar irresponsables -los dineros se entregan sin responsabilidad alguna, sin que se exija nada, sin que se espere nada a cambio. El mismo equipo económico responsable de estos colapsos continúa en control del poder y es quien decide que ha de hacerse. aunque la reforma ha sido siempre la respuesta del proceso, es crecientemente evidente que ni las instituciones de los Estados Unidos ni su clase política, incluyendo al presidente Barack Obama, son capaces, o tienen la motivacion, de reformar el sistema.

Mario R. Fernández. Rebelión

domingo, 26 de julio de 2009

Coge el 'bonus' y corre

Si me vuelvo a encarnar, ya sé lo que quiero ser en la siguiente vida: banquero. Y si es posible, banquero de un banco grande.


Permítanme esta boutade para llamar la atención sobre un hecho que tiene cada vez más probabilidades de convertirse en una inquietante realidad. Se trata de la posibilidad de que, al final, la mayor parte de los que nos han metido en esta crisis se salgan de rositas. Y, lo que es peor, que salgamos de ella sin haber solucionado una de las causas que más han contribuido a generarla: el mecanismo de retribución mediante bonus a los altos directivos de las instituciones financieras. Sería la forma más segura de garantizar la próxima crisis.


No es demagogia. Es evidente que los banqueros no tienen ningún sentimiento de culpa. Ni de mala conciencia por el hecho de estar utilizando masivamente recursos públicos procedentes de los impuestos de los ciudadanos. De ahí que quieran volver a las andadas. Vean si no el anuncio de Goldman Sachs, una de las grandes empresas financieras de Wall Street que ha recibido ayudas públicas. Ha anunciado que tienen intención de volver a repartir enormes bonus entre la alta dirección de la empresa. Es decir, la conducta que ha sido uno de los factores que más ha contribuido a lo que estamos sufriendo.


La rabia que ha producido ese anuncio ha obligado al presidente Barak Obama a denunciar la falta de "remordimiento" de los banqueros por los "riesgos excesivos" y la "irresponsabilidad" con que actúan. Aunque, de momento, no ha pasado de la denuncia.


En ninguna otra profesión sucede lo que en estas instituciones que forman el núcleo del nuevo capitalismo que se desarrolló en el último cuarto de siglo al calor de la desregulación financiera. Una enfermera o un médico que con su inexperiencia o negligencia provocan daños a un paciente son apartados de su puesto de trabajo, pierden su reputación profesional y han de responder civil y penalmente por las consecuencias de su conducta. Igual sucede con cualquier otro profesional. Excepto con los banqueros. Cuanto más gorda la arman, más probabilidad tienen de que las autoridades vengan en su auxilio. Ya saben, a un banco no se le puede dejar caer por sus "consecuencias sistémicas". Es el paraíso de la irresponsabilidad profesional.


Vean el caso español. Con los avales públicos y con la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (FROB) (¡vaya nombre!), nuestras autoridades han dejado claro que no permitirán que caiga ninguna institución bancaria. Y se sobreentiende que cuanto más grande sea el banco o caja, más se le ayudará. No se habla de que esas ayudas públicas vayan a tener algún tipo de consecuencias para los malos gestores. Al parecer, sólo será así en el caso de que la institución tenga que ser intervenida por la autoridad monetaria. Pero ni aun en esos casos tendrán que responder por su mala gestión, ni mucho menos devolver los bonus cobrados anteriormente por una buena gestión que se ha demostrado no ser tal. Y hasta cobrarán por salir. El mundo al revés.


¿Quiere decir esto que se debería dejar caer a los bancos y cajas que hayan sido mal gestionados? No. Estoy de acuerdo en que los bancos son una especie de "bien público" que a todos interesa que no caigan y que hay que rescatarlos, aun al coste de utilizar ingentes recursos públicos.


Pero una cosa son los bancos, y otra, los banqueros. La de banquero no puede seguir siendo la única actividad sin riesgo profesional, y placentera a la vista de las elevadas recompensas presentes y futuras (pensiones) que produce.


Algunos piensan que las conductas fraudulentas e imprudentes son casos concretos. Y que casos como el de Madoff ya están pagando por ello. Y que muerto el perro, desaparecida la rabia.


Es verdad, hay banqueros honorables y buenos gestores. Pero hay que reconocer que detrás de las conductas propensas al riesgo y al fraude financiero hay un mecanismo corporativo que actúa como célula cancerosa. Se trata de la forma como se retribuye a la alta dirección, mediante incentivos basados en bonus por los beneficios a corto plazo, aunque sean vendiendo productos fraudulentos. Mientras no se extirpe ese mecanismo, seguirán produciendo metástasis en forma de crisis.


¿Cómo extirpar ese cáncer empresarial? Algunos defienden una mayor autorregulación de las propias empresas. Pero eso es lo que ha fallado estrepitosamente en esta crisis. Es algo sobre lo que comienzan a reflexionar algunos economistas. Hasta ahora, la teoría de la empresa suponía que las grandes corporaciones tipo Enron, Arthur Andersen, Lehman Brothers tenían un capital reputacional que impedía las conductas fraudulentas o de excesivo riesgo de sus directivos. Esa teoría hace aguas. Por otro lado, se suponía que los incentivos en forma bonus eran adecuados para estimular conductas eficientes y responsables. Pero hay un conflicto entre incentivo a corto plazo y ética en los negocios. Cuanto más alto es el incentivo, más coste tiene la ética.


Veo difícil que las cosas cambien. Al menos mientras no se eleve el "límite de indignación" social ante las exageradas retribuciones del que hablan Lucien Bebchuk y Jesse Fried (Pay without performance, 2004).


Mientras tanto, voy comprendiendo mejor algo que de pequeño le escuchaba en Vigo a mi abuela: "El barco, que sea grande, ande o no ande". Por eso, si tienen ocasión de reencarnarse, háganse banqueros. Si es posible, de un banco grande.


Antón Costas Comesaña es catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona.

Fuente: El País



sábado, 25 de julio de 2009

Especulación y caciquismo

No puede haber cambio del modelo económico imperante sin corregir la marcada dimensión especulativa y caciquil que ha venido caracterizando a la economía española durante el pasado auge. ¿Por qué no ha mejorado sensiblemente la calidad de vida de la población cuando la economía española ha venido disfrutando de una financiación inusualmente barata y abundante? ¿Cuál ha sido el destino de esa financiación?

Una parte importante de la misma se invirtió en la compraventa de empresas y activos patrimoniales preexistentes como tarea mucho más prioritaria en la lucha por el poder y por la “creación de valor” de las grandes corporaciones que la de cuidar su propia actividad ordinaria, ligada a la venta de bienes o servicios. Las mismas empresas no financieras vinieron invirtiendo en adquirir activos financieros, más del doble de lo que destinaban a mejorar o ampliar sus infraestructuras y equipos, privilegiando así, la especulación frente a la fabricación de bienes o servicios, cada vez más subcontratada y precarizada. Las copiosas inyecciones de liquidez que se vienen practicando reanimarán, evidentemente, este juego especulativo si no se modifica el contexto que lo propicia.

Otra gran parte de la financiación ha venido alimentando la burbuja inmobiliario-financiera y la constelación de megaproyectos e infraestructuras generalmente asociados a ella. Una vez obtenidas las plusvalías de la recalificación de terrenos y/o los beneficios de la fase de construcción, suele evidenciarse el fiasco económico y el sinsentido de los megaproyectos, ahora subrayado por la crisis inmobiliaria. Numerosos exponentes de este proceder han venido desordenando el territorio al dictado de oligarquías político-empresariales que sembraban por doquier, con el apoyo del dinero público, parques temáticos, nuevas “ciudades” e infraestructuras, sin contar con las necesidades de la población ni con las vocaciones del territorio. Tal vez la operación denominada Reino de Don Quijote, en Ciudad Real, pase a la historia por haber contribuido a la bancarrota de Caja Castilla La Mancha, al forzarla, entre otras cosas, a financiar un ruinoso aeropuerto privado para que accedieran los ricos del mundo a jugar en el nuevo casino que servía de pretexto a la operación. Pero esto parece un juego de niños en comparación con la treintena de casinos y la megalópolis del juego que se pretendían instalar en el desierto de Los Monegros…

Afortunadamente la crisis vino a parar tamaños despropósitos. Pero, una vez pinchada la burbuja inmobiliaria, queda el negocio puro y duro de la construcción de infraestructuras inflado por el dinero público que fluye ahora con redobladas pretensiones anticíclicas, haciendo que la letra E de España avale las obras que sin ton ni son salpican el territorio. ¿Ha preguntado alguien a la ciudadanía cuáles son sus prioridades, antes de emprender un programa de este porte? No parece que así sea y, sin cambiar las reglas del juego, las nuevas inversiones seguirán alimentando la dimensión especulativa y caciquil de la economía española que nos ha llevado a la penosa situación actual.

José Manuel Naredo, Economista y estadístico

Fuente: Público

lunes, 20 de julio de 2009

Caso Gürtel: Más allá de favores, trajes, bolsos … y anchoas

A tenor del denominado caso Gürtel y siguiendo las diatribas diarias entre políticos, los medios nacionales prodigan y nos cultivan con noticias en primera página de una mayoría de periódicos e informativos televisivos, redactadas con estilos y códigos que secuestran a la ciudadanía la información necesaria para poder interpretar la vida política y alimentan al mismo tiempo una forma de analizar hechos cruciales que puede resultar ramplona, frívola y provinciana.

Digo esto, porque parece que en este país políticos y mas media de toda laya, lejos de prodigar cultura política a través de su discurso y de su ejemplo, parecen anclados aún en La Restauración como si el tiempo no hubiera pasado y aparte del insulto y del “y tú más” no se propongan en absoluto dignificar la vida política ni en las formas ni en los contenidos, y así nos va. ¿Cómo vamos a crear ciudadanía activa? ¿o es que en el fondo no se quiere? La tan traída desafección política se la ganan a pulso diariamente. Como entonces durante La Restauración es necesaria una profunda Regeneración de la vida política y en la que necesariamente los ciudadanos han de poder tomar parte.

Porque más allá en importancia de los tan divulgados comadreos, regalos y favores entre grupos de amiguetes, la realidad corrupta de nuestra llamada democracia está arraigada en nuestro propio sistema político y económico y tiene raíces más profundas y no bien publicitadas. Esta realidad corrupta tiene diversos mimbres, pero fundamentalmente está basada en que el sistema actual establece muchas más garantías a la libertad de negocios y de todo tipo de transacciones de capital sin cortapisas, que para desarrollar un adecuado estatus de ciudadanía y su acción cívica. Al mismo tiempo que en el sometimiento permanente del poder político al poder económico.

Y es que, como se ha demostrado en diversas ocasiones en nuestra joven aún democracia, existen en este país poderes intocables y son la gran patronal y la Banca, de la que todos los partidos beben en uno u otro momento con vistas a satisfacer sus necesidades, de financiación de sus campañas electorales o de sus programas políticos. Y es este el poder que domina y siempre marca límites a diestra y a siniestra.

A estas alturas, después de las declaraciones del Ministro de Justicia Francisco Caamaño, es evidente que si nada lo impide el Estado, a instancias del Gobierno de la Nación, se personará como acusación particular en el caso Gürtel, está en liza la respuesta a un importante entramado institucional corrupto del PP, primer partido de la oposición, que se configuró con el último gobierno de Aznar y que desde entonces ha venido parasitando bienes del Estado Central y de La Comunidades de Madrid y Valencia.

Y es aquí donde se demuestra quien manda en este País. Nunca antes el Estado, ni con el Gobierno del PP, ni con el Gobierno socialista, se personó como acusación particular en los diversos e importantes casos de delito económico y fraude fiscal, cuando los imputados eran Presidentes o miembros del consejo de administración de importantes grupos bancarios españoles. Esto se pudo ver en los casos de las “cuentas secretas” del BBV o en el de las “cesiones de crédito” del BSCH y ello a pesar de que fueron lesivos, aparte de para los accionistas y ahorradores, para la Hacienda del Estado.

Pero aparte de este inciso, y respecto a lo que nos trae, tanto el Juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional, como posteriormente el Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, que en sucesivas fases han instruido el caso Gürtel han encontrado indicios fundamentados de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. En mayor o menor medida hay más de 70 imputados, tres de ellos entre los que se encuentra el supuesto cerebro de la trama Francisco Correa (Correa es Gürtel en Alemán) permanecen en prisión y hay diversos aforados y cargos públicos implicados, entre ellos Luis Bárcenas, senador y responsable de finanzas del PP, así como el Presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps. Correa es la cabeza visible de un entramado o holding empresarial cuya matriz es Special Evens, propiedad de Correa, y que está compuesta por empresas inmobiliarias y constructoras, de comunicación, de organización de eventos, sociedades de inversión..etc.

Pero más allá de los imputados y de enumeración de hechos y delitos que han aparecido en la prensa, nos interesa aquí hablar de los instrumentos y mecanismos que a partir de ahora la justicia tendrá para actuar e implantarse. Y no es cuestión menor, ya que una vez el Estado acepta el reto de presentarse como acusación, su éxito depende de la información que proporcionen a la justicia Española países o territorios como Panamá, Islas del Canal, Mónaco, Colombia, Holanda, Antillas Holandesas, Suiza, Reino Unido, EE. UU (algunos estados) o la Isla caribeña de Las Nieves. Todos ellos considerados centros offshore o países no colaboradores con la jurisdicción internacional en lo que respecta a proporcionar datos de las personas físicas y/o jurídicas titulares de cuentas o empresas instrumentales en ellos.

En lo que respecta al caso Gürtel está por ver que las diversas comisiones rogatorias realizadas a dichos países y territorios tanto por el juez Garzón, como por el magistrado Antonio Pedreira, en el sentido de ayuda judicial e información fiscal, vayan a ser aceptadas por dichos centros offshore.

La información que la justicia Española solicita tiene que ver con la información proporcionada por diversos testigos y con la presunta de la llamada caja X, de una cuenta de Caja Madrid y vinculada a la contabilidad B de las empresas de Correa, ligada a diversos intercambios con territorios offshore y a partir de la que fluía buena parte del dinero.

El éxito de la justicia depende de que se de un intercambio de información efectiva necesaria para conseguir pruebas fehacientes, que hasta el presente le ha sido negado anteriormente a la justicia española en otras causas por otros territorios offshore. También a que la investigación judicial y de la Hacienda Española puedan salvar los obstáculos y la complejidad de la trama tejida por Correa, testaferros y asesores a través de empresas instrumentales y fideicomisos entrelazados unos con otros en estos paraísos fiscales necesarios para realizar todo tipo de operaciones corruptas sin apenas dejar huellas visibles a la justicia. Todo ello unido a la lentitud de la justicia supone que no podamos ser muy optimistas. Aún así habrá que esperar a ver como se comportan países que como Panamá firmó recientemente con España un acuerdo de intercambio de información con cláusula sobre la doble tributación.

El limbo jurídico y dumping fiscal que constituyen los denominados Paraísos fiscales y/o Centros offshore o extraterritoriales, no nos cansaremos de repetirlo en ATTAC, constituye un claro atentado a la justicia y a la democracia en el mundo. La opacidad ha sido y es un arma política al servicio del capital financiero, un capital financiero globalizado que socava la democracia. La lucha para conseguir su abolición es necesaria para establecer realmente la soberanía popular en contra del poder plutocrático del dinero.

Una ciudadanía informada y activa es necesaria. ¡¡¡Acabemos con los Paraísos Fiscales!!!

Antonio Fuertes Esteban – Comisión de Justicia Fiscal Global de ATTAC España

http://rexpublicaglobal.blogspot.com/

sábado, 18 de julio de 2009

Paraísos fiscales y desarrollo: un resumen del Informe noruego

Con la intermediación de los paraísos fiscales, el dinero que sale de los países en desarrollo corresponde aproximadamente a diez veces la ayuda al desarrollo que se les concede. Es uno de los muchos datos que aporta el informe publicado el 18 junio 2009 por la Comisión sobre “Fuga de capital desde los países pobres”, que hace un año recibió tal encargo del gobierno de Noruega. Con abundante información rigurosa obtenida de fuentes solventes, llega a la conclusión del nefasto papel que desempeñan los paraísos fiscales en las relaciones comerciales y financieras con los países en desarrollo; con un significado adicional por su carácter de documento oficial de un país pequeño pero influyente y con cierta relevancia en las finanzas mundiales derivada de su riqueza petrolífera.

El sector petrolífero de Noruega alimenta unos fondos estatales de inversiones en el exterior, los llamados fondos soberanos, que canalizan el excedente de ingresos públicos y que se invierten en el extranjero siguiendo criterios políticos legalmente establecidos. Entre estos se encuentra el Norfund (Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo) que está legalmente destinado a facilitar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, mediante inversiones de capital riesgo en negocios rentables de países en desarrollo. Estas inversiones noruegas abarcan una gama muy variada que van desde una central hidroeléctrica en Chile, a un banco en Uganda, pasando por un hotel en Kabul; y revisten modalidades también diversas, desde participaciones financieras en empresas gestoras o la gestión directa con empresas propias de referido Fondo soberano. La crisis financiera global ha generado inquietud entre los políticos noruegos sobre la eficacia real de esas inversiones de dinero público para el logro de los objetivos de desarrollo.

Con el mandato de definir una nuevas directrices para el Norfund, en junio de 2008 el gobierno de Noruega nombraba por Real Decreto una comisión multidisciplinar, integrada por reputados profesores de Escuelas de Negocios, un fiscal especializado en delincuencia y otros altos funcionarios entre los cuales estaba la ex magistrada francesa y ciudadana noruega, Eva Joly, famosa desde su instrucción del caso de la petrolera francesa Total-Elf en años recientes y recientemente elegida presidenta de la comisión de desarrollo en el nuevo Parlamento europeo.

Esta comisión gubernamental recibió el mandato de examinar el papel de las “secrecy jurisdictions” en relación con la fuga de capitales desde los países en desarrollo; con el encargo de evaluar los efectos dañinos que los paraísos fiscales están causando en los países en desarrollo, documentando su alcance y asimismo se le pedía que presentara recomendaciones que pudieran aliviar los problemas de los países en desarrollo creados por los paraísos fiscales, proponiendo una guía para las operaciones del Norfund.

Después de un año de investigaciones y trabajos, el pasado 27 junio la Comisión designada entregó al gobierno noruego su informe, bajo el título Tax havens and development (Paraísos fiscales y desarrollo), disponible en inglés en Internet. Sus 217 páginas documentadas se apoyan en estudios solventes, informes de organismos internacionales, de ONGs y los documentos de Tax Justice Network (La Red por la Justicia Fiscal, una coalición de organizaciones y expertos, a la que pertenece Attac-España y a la que está vinculado el autor de este articulo).

A modo de resumen incompleto del citado informe noruego, expondremos algunos de sus apartados más significativos a nuestro juicio, a la espera que el gobierno noruego o alguna ONG publique pronto su traducción íntegra al español.

La imprecisión de la expresión “paraísos fiscales”

Una muestra del rigor y la solvencia de este informe es que comience por subrayar que “paraíso fiscal” (tax haven) “no es un término preciso” y que “no existen criterios generalmente aceptados que determinen los elementos que deberían pesar en la clasificación de paraísos fiscales. Por tanto, el concepto no tiene aplicación en el derecho internacional o en los textos legales nacionales, pero aparece en ciertas propuestas legislativas que buscan la autorización de medidas contra las estructuras dañinas y la falta de intercambio de información fiscal en asuntos tributarios”.

Sin embargo, se reconoce que paraíso fiscal es una expresión muy conocida y usada frecuentemente en los medios de comunicación y en las conversaciones diarias, aplicándose con imprecisión a Estados caracterizados por la adopción de tipos impositivos inusualmente bajos, tanto para toda la economía como para las sociedades fantasma de propietarios extranjeros. A menudo paraíso fiscal tiene como sinónimo centro financiero extraterritorial u offshore y jurisdicción con secretismo (secrecy jurisdiction), pero no existe consenso sobre qué define esa condición.

Este grupo de trabajo muestra sin pretenderlo la falacia de las declaraciones de los gobiernos del G-20 cuando decían combatir los paraísos fiscales sin precisar previamente de que estaban hablando. Y cuando llegó la hora, el G-20 se acogió al falso criterio determinante de la suscripción de convenios bilaterales de intercambio de información fiscal a petición de parte, como se denuncia en nuestro libro Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20 (Icaria. Colección Más Madera, junio 2009)

En cualquier caso, dependiendo de la definición que se elija, aparecen entre 30 ó 70 paraísos fiscales, lo que supone que entre el 15 y el 30 % de los países del mundo podrían entrar en la catalogación de “paraísos fiscales” y las expresiones afines. De ahí que a la Comisión haya considerado oportuno no incluir ningún listado en su informe, aunque ofrece un cuadro comparativo con los listados de la OCDE, del FMI, del Senado estadounidense y de Tax Justice Network. La Comisión gubernamental noruega considera que “los paraísos fiscales” se caracterizan por el modo en que se regula el secreto bancario y su protección, dentro de un sistema normativo construido de manera que pretende sortear los intereses públicos y privados en otros Estados, es decir, aquellos Estados donde los propietarios de las compañías tienen su domicilio o están sometidos a sus obligaciones legales. Luego “el secretismo y la falta de transparencia son la principal característica”, se concluye en el informe.

Son particularmente interesantes las análisis de ciertas estructuras de los paraísos fiscales, como las regulaciones del secreto bancario, las ficticias sociedades instrumentales y los fideicomisos (trusts) así como sus efectos perjudiciales en general; incluso se dedica un apartado para exponer la interferencia de los paraísos fiscales con los derechos humanos definidos por la Convención europea de 1950.

El significativo sector financiero de los paraísos fiscales

En un apartado especifico ilustrado con cuadros de datos reales, la Comisión noruega señala que el capital fluye a las “secrecy jurisdictions” de muchas maneras diferentes. En parte, los fondos entran como depósitos u otros tipos de cuentas bancarias; otra parte se vale de sociedades mercantiles instrumentales, fideicomisos (trusts) y otras entidades propias de los paraísos fiscales y luego ese dinero se coloca en bancos o en otras entidades financieras antes de que sea canalizado hacia países con actividades rentables financieramente.

Aunque sean importantes las inversiones directas hacia o desde los paraísos fiscales, son muchos mayores las inversiones financieras y es mucho mayor el sector financiero en esos países y territorios offshore. Y cita, entre los paraísos fiscales mas notorios (con pequeñas economías y grandes balances financieros), el caso de las Islas Caimán que disponen de la mayor cifra de depósitos bancarios con 1,67 billones $ (doce ceros); en comparación con los 150,000 millones $ de las Islas Vírgenes Británicas. Cierto número de paraísos fiscales, incluidos Hong Kong, Holanda y Suiza, reciben mayores inversiones que las Islas Vírgenes, pero estos países tienen una actividad económica sustancial que no está asociada con el secreto bancario.

En un cuadro estadístico (Página 107) con las cifras de activos bancarios internacionales, Suiza aparece en segundo lugar y el enorme sector bancario de las Caimán dispone de unos activos internacionales que totalizan 700 veces su PIB; mientras los activos nacionales e internacionales de los bancos noruegos se corresponden con 1,3 veces el PIB y los de los bancos de la Eurozona alcanzan 2,5 veces el PIB conjunto.

Con datos de 2008 se recoge otro cuadro sobre la importancia de los sectores financieros en los paraísos fiscales. Por comparación, mientras los EEUU y el Reino Unido representan los dos centros financieros mayores del mundo, con una actividad financiera muy significativa, el sector financiero de la Isla de Jersey representa el 50 % de su PIB y muchos otros paraísos fiscales superan el 17 % del PIB.

La Comisión registra, asimismo, la importancia de las sociedades instrumentales o ficticias domiciliadas en paraísos fiscales que ejercen su actividad económica fuera de esa jurisdicción, en el plano internacional. Como ejemplos relevantes, el citado informe registra que el número de sociedades o compañías por cada 1000 habitantes es de 17.917 en las Islas Vírgenes Británicas; de 1815 en las Islas Caimán y de 213 en las Bermudas. Como comparación, Noruega tiene 40 sociedades mercantiles por 1000 habitantes.

Los flujos de capital desde y hacia los paraísos fiscales

El referido informe reconoce que no se puede determinar con precisión el alcance del dinero ilícito que fluye desde los países en vías de desarrollo hacia los paraísos fiscales; pero es indiscutible que excede con mucho, por ejemplo, a la ayuda al desarrollo o a las inversiones directas en esos países. El Banco Mundial estimaba en 571,000 millones $ el volumen total registrado de capital que llegó a los países en desarrollo en 2006; mientras que la ayuda de los países donantes alcanzó los 70,000 millones $. Sobre el dinero ilegal que sale desde los países en desarrollo, la estimación mas solvente (Kar & Mamadoy, 2008) señala que el total de estos flujos de capital ilegal se sitúa entre los 641,000 y 979,000 millones $. Incluso la estimación menor sugiere que los flujos de salida de capitales exceden las entradas netas de capital. Los fondos que salen corresponden grosso modo a diez veces la ayuda al desarrollo que se concede a los países en desarrollo.

Aunque no todo el dinero ilícito va a parar a los paraísos fiscales, el informe considera documentado que son enormes las inversiones en esas jurisdicciones y que gran parte de esos fondos colocado allí no se declaran para la tributación. Y el informe hace referencia a la estimación que hizo Tax Justice Network para 2004, que cifraba entre 11 y 12 billones $ las fortunas personales colocadas en paraísos fiscales. Y las estadísticas oficiales indican que esas cifras se elevaron en años posteriores, aunque la crisis financiera ha llevado a su disminución desde 2007.

La justificación de la utilización de paraísos fiscales por Norfund

El informe gubernamental referido deja constancia que en la información aportada por el propio fondo soberano Norfund (Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo) a la Comisión, se explica por qué los fondos de inversiones en los que invierte están a menudo localizados en paraísos fiscales. Los directivos del Fondo estatal argumentan que “no es el secretismo lo que hace a los paraísos fiscales atractivos para localizar los fondos sino el hecho de que estas jurisdicciones frecuentemente ofrecen lo siguiente:

  • La gestión segura y menores costes en las transacciones entre los países de origen de los inversores y las compañías en las que se invierten los fondos.
  • Un buen marco legal estable especialmente a la medida de las exigencias del sector financiero.
  • Disposiciones que evitan la tributación innecesaria en terceros países.
  • Y estabilidad política.”

Más aún, los directivos del Norfund aseguran que con frecuencia los paraísos fiscales donde se localizan los fondos disponen de sistemas avanzados para los pagos transfronterizos, destacando, por ejemplo, que los fondos en la Isla Mauricio en los que participa se benefician de las redes bancarias de que disponen en el continente africano los bancos que utilizan; en muchos casos con disposiciones legales muy apropiadas para los fondos porque permiten operaciones que no serían posibles bajo la legislación noruega. Otras argumentaciones abundan en esta defensa.

Es obvio – añadimos nosotros – que, como era de esperar, los argumentos presentados por los gestores son puramente funcionales, pero resultan muy ilustrativos de la filosofía neoliberal que fundamenta las practicas de las entidades financieras globales, privadas y públicas, y que subyace en la globalización de los mercados financieros sin control por los Estados.

Los efectos dañinos de los paraísos fiscales

La Comisión noruega ha identificado los conocidos efectos dañinos que genera la utilización de los paraísos fiscales. Puesto que estos centros financieros offshore o para no residentes contribuyen a la pérdida de ingresos fiscales en los países en desarrollo; asimismo contribuyen a su perpetuación al proporcionarles rentas y legitimación, al mismo tiempo que disminuyen el crecimiento en los países pobres; e igualmente contribuyen al blanqueo de dinero sucio y al fraude fiscal

Sin embargo, el citado informe apunta otros nuevos efectos dañinos menos divulgados, de los cuales tres merecen especial atención; como son el hecho de que los paraísos fiscales incrementen la prima de riesgo en los mercados financieros internacionales; que socaven el funcionamiento de los sistemas tributarios y las finanzas públicas; y que dañen la calidad institucional y el crecimiento de los países en desarrollo.

A) Los paraísos fiscales incrementan la prima de riesgo en los mercados financieros internacionales

La crisis financiera ha revelado que muchas entidades financieras soportaban deudas extracontables que parcialmente estaban registradas en paraísos fiscales y, por tanto, eran opacas. Los ejemplos incluyen instrumentos de inversión y productos estructurados registrados en paraísos fiscales, que al final aumentaban los riesgos de la contraparte y al aumento de los costes de los préstamos las primas de riesgo para todos los países. El informe referido alude a las consecuencias nefastas del funcionamiento financiero opaco que la crisis ha puesto de manifiesto; y que por nuestra parte hemos desvelado con el análisis de casos de rescate bancarios significativos y del sistema bancario en la sombra analizados en nuestro reciente libro ya citado sobre el rescate de los paraísos fiscales por la cumbre de Londres del G-20.

B) Los paraísos fiscales socavan el funcionamiento de los sistemas tributarios y las finanzas públicas

Al ofrecer normas de secreto bancario y domicilios ficticios combinados con regímenes de “cero impuestos” destinados a incentivar la llegada de fondos que dejan de tributar en sus países de origen, los paraísos fiscales incrementan la competencia para atraer el capital volátil, haciendo difícil para los demás países mantener sus tipos impositivos sobre el capital y, por consiguiente, contribuyen a disminuir esta tributación. Los países en desarrollo tienen una base impositiva más estrecha que la de los países ricos y la mayor parte de sus ingresos fiscales procede de la tributación del capital. Según esto, menores impuestos sobre el capital significan bien una disminución en los ingresos y/o bien impuestos más elevados sobre una base mas estrecha. En definitiva, el resultado es que los paraísos fiscales contribuyen a elevar los costes socioeconómicos de la tributación y debilitan el crecimiento en los países en desarrollo.

C) Los paraísos fiscales dañan la calidad institucional y el crecimiento de los países en desarrollo

Las mayores consecuencias negativas potenciales de los paraísos fiscales son su contribución a la debilitación de la calidad de las instituciones y del sistema político en los países en desarrollo. Esto se debe a que incentivan el propio interés de ciertos políticos y burócratas en que se debiliten esas instituciones propias. La falta de una efectiva vigencia de las organizaciones locales significa que los políticos pueden en mayor medida aprovecharse de las oportunidades que los paraísos fiscales les ofrecen para ocultar los beneficios derivados de los delitos económicos, de la corrupción, de la búsqueda ilegal de ingresos provenientes del erario público o de la ayuda exterior. Al facilitar la ocultación de los beneficios de la delincuencia económica, los paraísos fiscales crean incentivos políticos para demoler en lugar de fortalecer las instituciones y/o debilitar en vez de reforzar los procesos de la gobernación democrática.

Apelando a la benevolencia del lector, hemos de expresar nuestra complacencia porque este Informe oficial del gobierno noruego corrobore la conclusión básica de nuestra primera investigación al respecto sintetizada en el subtítulo “cómo los centros offshore socavan las democracias” de nuestro libro Los paraísos fiscales (AKAL, 2005).

Recomendaciones del informe noruego

La principal recomendación del Informe de la Comisión gubernamental atañe a la política de desarrollo de Noruega como país que, como es sabido, es muy activo internacionalmente. La Comisión señala que las autoridades noruegas deberían aumentar su compromiso para reforzar y mejorar los regímenes fiscales y las medidas anticorrupción en los países en desarrollo, trabajando para reforzar sus procesos democráticos, la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras cosas.

Pero, asimismo, el Informe de la comisión gubernamental presenta unas “guidelines for Norfund”, es decir una serie de pautas detalladas para las políticas de este Fondo noruego de inversiones para países en desarrollo, que incluyen la preparación de unas directrices éticas sobre las opciones de la localización de esas inversiones y sobre cómo este Fondo estatal debería informar de sus operaciones.

“En opinión de la Comisión, Norfund debería gradualmente dejar de hacer nuevas inversiones financieras mediante paraísos fiscales en un período de tres años desde la aprobación del Informe de la Comisión. La Comisión ha notado que las consecuencias de eso probablemente serán que Norfund incremente las inversiones directas en compañías de países en desarrollo sin que necesariamente tenga un efecto negativo en los beneficios de las inversiones de la institución. Más aún, la Comisión es de la opinión que, como Norfund tiene objetivos relacionados con la creación de valor y los ingresos fiscales en países en desarrollo, la rentabilidad antes de impuestos de sus inversiones debería ser el parámetro de inversiones más importante. La gestión de conformidad con la rentabilidad post impuestos significa que Norfund dedicaría recursos para minimizar sus pagos tributarios en países en desarrollo. Esto no es reconciliable con el objetivo de la institución de contribuir al desarrollo en los países pobres. A la Comisión no le ha parecido apropiado recomendar que el gobierno pida a Norfund que se retire de los fondos existentes en paraísos fiscales.”

La Comisión dice haber optado, pues, por un período de transición que enviará una señal importante sobre el significado de la no utilización de los paraísos fiscales. Una conclusión final que no puede considerarse revolucionaria; pero que hemos de admitir que marca un camino para todos los gobernantes europeos, particularmente españoles, que han expresado públicamente su disposición a combatir los paraísos fiscales.-

Juan H. Vigueras – Consejo Científico de ATTAC España

http://www.redjusticiafiscal.org

martes, 14 de julio de 2009

Cumbre del G8: otro canto de sirena

En la Cumbre del año pasado los líderes de los ocho países más ricos del mundo miraron a otro lado cuando los más pobres les hicieron demandas imperiosas para hacer frente a la repentina elevación en los precios de los alimentos que estaba produciendo la especulación financiera, una actividad que las instituciones gobernadas por los ricos habían consentido cuando no alentado mediante sus medidas liberalizadoras. Ahora, en Italia, al menos han incluido en la agenda cuestiones como la seguridad alimentaria y el cambio climático que hasta hace bien poco ni siquiera merecían la naturaleza de problemas que hubieran de ser planteados abiertamente en las cumbres. Incluso se ha hablado con cifras en la mano y de cantidades más generosas. Novedades que han merecido las alabanzas de muchos medios de comunicación, de dirigentes políticos y creadores de opinión de las tendencias más variadas. “Papi” Silvio manifestaba su propio sentir y cabe pensar que el de los demás líderes al decir que tenía “la gran satisfacción de anunciar que se ha acordado crear un fondo contra el hambre de 20.000 millones de dólares”.

Las agencias enseguida anunciaban que “el G8 se moviliza contra el hambre”, que toma las riendas de la lucha contra el cambio climático y que Obama ha logrado imponer un impulso nuevo y más contundente para que este grupo de países privilegiados se convierta efectivamente en el motor que permita aplicar las soluciones que tanto se echan en falta en el mundo.

Mucho más, si se tiene en cuenta que el acuerdo sobre ese fondo se enmarca en un ambicioso conjunto de reuniones diversas y siete documentos, y que recogen los debates y decisiones de la Cumbre y que tratan sobre el liderazgo responsable para un futuro sostenible, del avance en el Tratado de No Proliferación, de la lucha contra el terrorismo, de la necesidad de elaborar una agenda global, de los problemas económicos y del cambio climático, de los compromisos para afrontar la situación del continente africano y de la seguridad alimentaria.

Es verdad, pues, que se incorporan elementos novedosos y algunos compromisos que desde luego serían extraordinariamente importantes si se resolvieran en medidas concretas. Pero ni siquiera así se puede considerar que el resultado de la Cumbre sea alentador. No me parece que podamos considerar que se haya dado una respuesta decente ante la situación en la que se encuentra, concretamente, la economía y el Planeta en su conjunto. ¿Cómo podemos sentirnos satisfechos como Berlusconi, o aceptar que se diga que el G8 se ha movilizado contra el hambre, porque se proponga crear un fondo de 20.000 millones de dólares? ¿Cómo no tener en cuenta que esa cantidad es unas 900 veces más pequeña que la que sólo Europa y Estados Unidos han dedicado a rescatar bancos irresponsables cuando no sencillamente corruptos? ¿Se puede considerar que poner esa cifra en tres años significa una verdadera “movilización” contra el hambre cuando cada día mueren entre 25.000 y 30.000 personas de hambre, cuando sólo en 2009 va a haber 100 millones más de personas hambrientas como consecuencia de la crisis económica? ¿Acaso es decente decir que eso es una medida contundente y comprometida, satisfactoria, contra el hambre cuando estamos hablando de una cantidad que es más o menos la misma que en un año malo como 2008 ganaron solo el Banco de Santander y el BBVA? Y lo que es peor, ¿cómo creer que esta vez los países ricos sí van a cumplir sus promesas y que van a movilizar de verdad esos recursos, algo que hasta ahora nunca, nunca, nunca han hecho?

No cumplieron su propio compromiso de 2005 en Escocia, no cumplen sus compromisos con los Objetivos del Milenio, no han cumplido tampoco con su promesa del año pasado de donar 6.400 millones de dólares para reforzar a la FAO. Nunca cumplen y ahora nos quieren hacer creer que están dispuestos a cambiar el mundo porque hablan de un compromiso mayor pero sin dedicar ni un minuto ni una sola línea de sus conclusiones a explicar por qué no han hecho lo que nos dijeron otras veces que iban a hacer. Como tampoco han cumplido sus compromisos relativos al medio ambiente que ahora pretende hacer creer que saldrán reforzados tras la Cumbre.

¿Cómo sentir satisfacción y no indignación cuando los líderes que han incumplido esos compromisos y ni siquiera se detienen a analizar su incumplimiento dicen ahora en sus conclusiones que “han decidido actuar resolutivamente para implementar decisiones para erradicar la pobreza y el hambre”? ¿Acaso hay algo más resolutivo que cumplir inmediatamente con las demandas de las Naciones Unidas, o con sus propios compromisos anteriores? ¿Por qué no se limitan a cumplir con sus propias propuestas y promesas? ¿Es satisfactorio que se acuerde que los líderes de los países más poderosos del mundo van a llegar al acuerdo de acordar que hay temas sobre los cuales son necesarios acuerdos para alcanzar respuestas eficientes? ¿Acaso no están claros esos problemas y no están sus soluciones desde hace años sobre la mesa, propuestas por cientos de organizaciones civiles, por las Naciones Unidas, por instituciones o científicos y otros líderes de todas las tendencias? ¿Cómo creernos que su “compromiso para promover la salud global” es sincero si para alcanzarla bastaría con que hicieran frente a las obligaciones que ellos mismos establecieron al respecto en los Objetivos del Milenio? Y, ¿cómo no pensar que eso es puro humo si al mismo tiempo no se habla de aumentar el gasto público y de establecer sistema sanitarios públicos que es lo único que puede garantizar un objetivo como ese?

Los documentos del G8 vuelven a estar cargados de palabrería. E incluso de mentiras, como cuando dicen que “los mercados abiertos son la llave del crecimiento económico y el desarrollo”. Una clamorosa mentira porque ni uno solo de los países que ahora afirman eso ha llegado a su situación actual de desarrollo privilegiado renunciando a la protección o abriendo sus mercados. Es más, ni siquiera ahora lo hacen, o lo hacen solo en los ámbitos en los que, protegiéndose, han logrado hacerse ya con el dominio de los mercados.

De esta manera, el G8 no busca ayudar a los países pobres sino que lo que hacen en realidad es “quitarle la escalera”, en la expresión de Ha-Joon Chang, que ellos utilizaron para que ya no puedan subir hasta su exclusiva y privilegiada posición. El G8 vuelve a mencionar los acuerdos de las reuniones de Washington y Londres del G30 sobre la crisis financiera pero sin promover ni un solo avance, sin concretar ni una sola medida que sirva de impulso o para galvanizar actuaciones efectivas. Es más, habla de adoptar medidas que tengan en cuenta la situación de los más necesitados y de los países más pobre pero no se menciona ni una sola que comporte la seguridad de que eso es lo que va a ocurrir. Todo lo contrario, porque textualmente se afirma que ese beneficio de los más pobres va a ser el resultado del relanzamiento del crecimiento económico que va a provocar la apertura de los mercados. Una quimera (u otra mentira) tan grande que, como está siendo evidente, ni ellos mismos se la creen y ponen en marcha otros tipo de medidas intervencionistas.

Ulises se hizo amarrar al mástil de su barco para evitar el canto de las sirenas. Nuestra tabla de salvación no puede ser otra que un proyecto social distinto al de los poderosos que crean los problemas y luego cantan para hacernos creer que son ellos quienes tienen las soluciones.

Juan Torres López - Consejo Científico de ATTAC España

Artículo publicado en Sistema Digital

domingo, 12 de julio de 2009

Está claro quién manda

Cuando los banqueros necesitan algo no hay diferencias políticas que valgan. Se descuelgan unos cuantos teléfonos y a mandar, que para eso estamos. Todas las descalificaciones que ha venido realizando el Partido Popular, incluidas las últimas payasadas de Aznar sobre las causas de las crisis bancarias, se han desvanecido, eso sí, “críticamente”, cuando ha habido que votar en el parlamento el denominado Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Lo que le conviene e iba buscando la banca para hacer frente de modo sigiloso a los problemas que ella misma ha creado pero cuyos costes no está dispuesta a pagar de su bolsillo.

En mi opinión, no es una buena respuesta a la opaca situación en la que se encuentra nuestro sistema bancario.

Principalmente significa dar “manos libres” al Banco de España y esto, aunque se acepte como una especie de mandamiento inexcusable, no es más que la manifestación de que nuestra democracia es una democracia limitada porque la deliberación y la participación de los ciudadanos no llega a donde está el dinero, lo que significa que no tienen nada que decir sobre las cuestiones de las que en realidad depende su bienestar y sus condiciones de vida. Como ha explicado claramente en esta misma página Vicenç Navarro el Banco de España es responsable del desempleo que sufre nuestra economía y es fácil adivinar las consecuencias de dejar que los recursos que se suponen que han de salvar a los bancos se apliquen a partir de sus principios liberales.

El dinero del fondo es de los españoles y por eso debería estar sometido al mismo debate y control que cualquier otro recurso público y no debería ponerse a disposición de los banqueros sin más, sobre todo, porque ya hemos podido comprobar hasta qué punto su comportamiento es irresponsable y capaz de destrozar la economía.

Seguramente, España esté siendo en estos momentos el país que ha hecho y esté haciendo un esfuerzo mayor en relación con su PIB para rescatar directa o indirectamente a su sistema financiero (a pesar de que su crisis aún no se ha manifestado en toda su crudeza y extensión) y, sin embargo, es muy posible que sea también en donde la situación de los bancos se ha abordado con menos transparencia. ¿Cómo es posible que nos quedemos tan tranquilos o que aceptemos sin rechistar que se pongan miles de millones de nuestros euros al servicio de la banca sin que previamente se haya hecho un diagnóstico de lo que verdaderamente le ocurre? Y si se ha hecho, ¿cómo es que nada de eso se puede saber? ¿Cómo creer que su situación es ejemplar si al mismo tiempo se reclaman ayudas multimillonarias? Y si no lo es, ¿cómo poner dinero sin conocer las causas y a los responsables del problema, sin analizar lo que haya podido provocar la situación cuya solución resulta ahora tan onerosa para los contribuyentes? ¿Es lógico utilizar por las buenas el dinero de los ciudadanos para dárselo a bancos o cajas que en lugar de financiar a las empresas y a los consumidores se dedican a abrir sucursales o a comprar bancos en otros países, a amortizar la deuda con la que han obtenido rentabilidades altísimas, aunque socialmente irresponsables, a moverlo en paraísos fiscales, a seguir especulando en los mercados internacionales, o, aunque sea solo una pura expresión simbólica pero significativa, a financiar la compra de futbolistas millonarios?

El Fondo va a dedicarse a reordenar el sistema financiero, lo que en román paladino significa que va a financiar la concentración bancaria mediante fusiones y absorciones que lógicamente desean y siempre van buscando los bancos de más dimensión para ganar mercados (o incluso los virreyes de las cajas para seguir en sus poltronas). Pero eso no es nada neutral. Por un lado, esconde, como tendremos oportunidad de ver, lo que llaman la “despolitización” de las cajas que en realidad va a suponer que los intereses sociales tengan una representación mucho más limitada.

Se puede tener la valoración que se quiera del papel que han tenido las autonomías, los ayuntamientos y los partidos en la gestión de estas entidades. Y muy posiblemente se pueda concluir que no ha sido precisamente ejemplar desde el punto de vista de la transparencia ni el mejor para fomentar el desarrollo integral y sostenible de nuestra economía. Pero eso no puede llevar a intervenir por la puerta de atrás, bordeándose las leyes generales e incluso la propia Constitución.

Por otro lado, la reordenación que persigue el Fondo (o mejor dicho, que persigue la banca) en realidad está dirigida a recapitalizar bancos proporcionando a los más poderosos un reparto del mercado mucho más favorable sin que tengan que fotografiarse y enseñar las vergüenzas acumuladas en estos años anteriores de alegría financiera.

Se pone en marcha este proceso de concentración sin valorar previamente los efectos que va a tener sobre la competencia y sin considerar, o al menos sin plantear públicamente, que el mayor tamaño de las entidades bancarias no ha sido precisamente una garantía de seguridad y solvencias financieras sino más bien todo lo contrario. Lo que puede provocar que con este fondo se financie precisamente una reordenación del mercado que, sin la regulación más estricta que es de todo punto necesaria, puede provocar a medio plazo nuevos problemas bancarios de mayor envergadura. Un remedio, quizá, peor que la enfermedad.

Y, sobre todo, se pone en marcha el Fondo y los recursos sin tener en cuenta lo que ha sucedido con los que hasta ahora se han movilizado, sin previsiones sobre su impacto real y, lo que quizá sea más importante, sin que las autoridades monetarias hayan dado ni un solo paso decisivo y contundente para poner en marcha una nueva regulación, un nuevo orden financiero que evite los males de fondo que han provocado la crisis.

Es natural que los bancos hayan dado la bienvenida al fondo, a su fondo. Ellos sabrán lo que han tenido que hacer en los entresijos para lograr salir de la situación que han creado prácticamente sin despeinarse. Pero no creo que la solución adoptada dé la necesaria seguridad financiera a los ciudadanos y a las empresas. La banca se ha vuelto a llevar el gato al agua.

Artículo publicado en Sistema Digital.

Juan Torres López