La presentación del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible marca un antes y un después en la política económica del ejecutivo y deja una vez más en entredicho a la oposición de derecha, empeñada por boca de Rajoy en decirle a los ciudadanos que el gobierno no está haciendo nada.
A pesar de lo que se ha dicho, me parece que la ley es necesaria para tratar de corregir el rumbo de la economía española porque, si bien es cierto que esto solo se consigue finalmente cuando los sujetos económicos actuamos de otro modo, para que eso pueda llegar a producirse es necesario que los poderes públicos establezcan al mismo tiempo, y a ser posible con antelación, incentivos y desincentivos adecuados, que proporcionen recursos colectivos suficientes y, en general, un marco normativo de actuación que permita que la actividad se lleve a cabo de un modo o de otro.
Y me parece también, como acabo de señalar, que casi todo lo que está en el anteproyecto es necesario para cambiar de rumbo, aunque entiendo que hay algunas cuestiones que creo que son contradictorias con el objetivo que se pretende (como elevar obligatoriamente la edad de jubilación), otras insuficientes (como los compromisos en materia ambiental) y algunas muy importantes que se han soslayado.
Una observación previa importantes es que, en general, el Anteproyecto está dirigido a reorientar la actividad económica hacia otros sectores productivos, cuando la sostenibilidad tiene bastante más que ver con el cómo se produce que con el qué producir. No basta con que la actividad se reconduzca hacia nuevos sectores sino que, incluso en los que ahora forman la base del modelo productivo, se llevase a cabo de otro modo.
Y, además, eso no tiene que ver solamente con la dimensión material de la producción, que es fundamental, sino también con su inseparable dimensión distributiva (además de la ambiental).
También creo que, aunque no se haga explícito, el Anteproyecto es siervo de un modo de pensar que tiende a concebir, a mi juicio equivocadamente, que la base de la sostenibilidad es el crecimiento, cuando en realidad es más bien al contrario: el crecimiento entendido como un proceso ilimitado es lo verdaderamente insostenible. Digo esto porque de no prevalecer esta creencia, quizá se hubiera puesto más énfasis en las infraestructurales sociales que en las materiales, en el desarrollo de mercados internos más que en la internacionalización de la economía, en la vertebración más que en la competitividad, o más en el bienestar que en el crecimiento. Es decir, que se propondrían construir más escuelas de infancia, por ejemplo, que kilómetros de carreteras o de Aves.
Por otro lado, el Anteproyecto y en general la estrategia de economía sostenible del gobierno apenas si tiene recorrido sobre cuestiones que son centrales y de las que verdaderamente depende que se puedan consolidar un modo diferente de crear riqueza y de distribuirla. Para lograr incrementos de productividad que no lesionen el empleo, para reequilibrar nuestras cuentas exteriores, cuyo déficit volverá a ser insostenible una vez que la actividad se recupere si no se cambia de modelo y de pauta de reparto, para generalizar la innovación en el tejido productivo, para lograr que la economía española sea competitiva a través de vías distintas a la moderación salarial constante (la vía cutre de desarrollo que promueven la patronal, el Banco de España y los académicos que ambos promocionan), para disminuir nuestra dependencia energética o para disponer de los recursos públicos suficientes para favorecer todo ello, hacen falta más medidas y desgraciadamente más contundentes que contiene el Anteproyecto. Aunque cabe desear y esperar que en el iter que le llevará a convertirse definitivamente en ley se amplíen algunos de sus contenidos y compromisos en esos campos.
En cualquier caso, el mayor problema al que se enfrenta el Anteproyecto es que resultará imposible que la economía española avance hacia una mayor sosteniblidad si no afronta los factores que verdaderamente la limitan hoy día.
Es cierto que la insostenibilidad tiene que ver con un modo de producir que despilfarra y destroza recursos humanos, materiales y medioambientales, que genera residuos que ni siquiera contabiliza y que no repone todos los recursos ni el capital que consume. Pero no solo con eso. Un modelo económico como el actual de España es así mismo insostenible cuando se basa en la polarización de rentas más alta de Europa, cuando su sector financiero sigue una lógica que nada tiene que ver con la financiación de la creación de riqueza productiva y el empleo sostenibles en nuestro interior, cuando solo se propone competir bajando salarios y precarizando el empleo, cuando se jibariza constantemente al Estado y se reduce el gasto público que se necesita para crear el capital colectivo que satisface las necesidades sociales y alimenta y apoya a la iniciativa privada, cuando se deja que su inserción con el exterior sea sumamente dependiente y esclava de las grandes transnacionales o incluso de otros estados, cuando apenas si se hace nada para evitar que casi una quinta parte de la actividad económica sea “en negro” o que las rentas más altas hagan mutis por el foro a la hora de contribuir a la hacienda pública.
Como he apuntado antes, el mayor obstáculo para lograr que nuestra economía sea sostenible material, medioambiental y socialmente son las políticas económicas que vienen prevaleciendo en los últimos años de la mano del fundamentalismo liberal. Ni siquiera las ya de por sí tímidas medidas que se propone llevar a cabo el Gobierno (como está ocurriendo con la emblemática Ley de Dependencia) darán sus frutos sin reorientar la política económica general, sin reforzar las bases del Estado de Bienestar, sin combatir la desigualdad y sin frenar el poder de los grupos industriales y financieros que en definitiva son los que imponen el modelo en el que estamos.
Para avanzar hacia la sosteniblidad de la economía española hay que partir de la aplicación de políticas económicas distintas a las que se han impuesto en la Unión Europa y que aquí defiende la patronal y el Banco de España. Si nuestra economía está en la situación en la que está y por eso se desea cambiar su rumbo y su modelo productivo es un completo absurdo tratar de hacerlo aplicando las mismas políticas que han llevado a la situación en la que estamos y que han fortalecido el modelo que se quiere modificar.
Los grandes centros de poder se esfuerzan por sacar adelante sus propuestas y no debe ser fácil ni grato enfrentarse a ellos pero si el gobierno español desea verdaderamente hacer frente a la situación y no dejar empantanada a la economía española no tiene más remedio que articular un discurso y una práctica política diferente a la que con insistencia proclaman el Banco de España y la patronal. Claro que no lo podrá hacer solo. Precisa del apoyo de su propio partido y de otros de izquierdas, de los sindicatos y, sobre todo, de los ciudadanos.
"En la historia sólo hay una certeza: el hombre nunca aprende", dijo una vez el gran Winston Churchill. Esta aguda observación parece confirmarse una vez más con la actitud de los dirigentes de las grandes economías. Todo transcurre como si la salida actual de la crisis debiera hacernos olvidar que no se ha propuesto ninguna gran reforma estructural de la economía mundial. El sistema sigue siendo frágil, y nada nos garantiza que, en un futuro muy próximo, no sufriremos una nueva explosión. De momento, se imponen dos constataciones. Por un lado, la recuperación sólo ha sido posible gracias a una enorme inyección de fondos públicos en el sector privado, es decir, gracias a una contribución masiva del ahorro colectivo para único beneficio de los grandes bancos; por el otro, el retorno de un ligero crecimiento en los países ricos no crea prácticamente empleos, lo que significa que el desempleo sigue estancado o que crecerá aún más. Pero la recuperación global pone también en evidencia las contradicciones que están en el origen de la crisis. Estamos asistiendo en estos momentos a una verdadera guerra monetaria dentro del triángulo Estados Unidos, Europa, China. Estados Unidos sólo ha sido capaz de detener la crisis gracias a dos condiciones: porque los chinos han contribuido ampliamente a ayudarles, al mantener e incluso incrementar sus compras de bonos del Tesoro americano, y porque el monopolio de un dólar muy débil los pone relativamente a salvo de la competencia internacional. El reciente viaje de Barack Obama a China ha confirmado esta complicidad al ratificar de facto la paridad del dólar con el yuan.
La única solución equitativa sería la creación de una moneda mundial común que obedeciera a reglas conjuntas
Los europeos han hecho otra elección. El BCE quiere mantener un euro fuerte (cuyo valor de media es de uno y medio con respecto al dólar) y se dispone incluso a subir los tipos. Es en este contexto en el que se ha celebrado la reunión de Nankín, el 30 de noviembre, entre la UE y China. En esta ocasión, los europeos han querido ejercer presiones para que China revalorice el yuan, el cual, debido a su debilidad, proporciona a las mercancías chinas una ventaja comparativa invencible. Desplegamos aquí todos los argumentos: "competencia desleal", ya que los asalariados chinos no disponen prácticamente de derechos sociales ni de seguridad social, "deterioro del medio ambiente", "proteccionismo" del mercado chino, etcétera.
Es un espectáculo divertido ver a los dignatarios de Bruselas, acostumbrados generalmente a proponer rebajas de los derechos de los asalariados europeos en nombre de la flexibilidad del mercado de trabajo y de la competencia internacional, convertirse de golpe en paladines de la justicia social. Pero bueno, les daremos la razón... Sin embargo, la pregunta que queda en suspenso es la siguiente: ¿a santo de qué debiera aceptar China estas conminaciones, ya que lo único que hace es alinearse con el dólar, la moneda mundial dominante? Dicho de otro modo, ¿por qué los europeos no piden lo mismo a los estadounidenses?
El verdadero problema es que el conjunto del sistema monetario está infectado. Actúa sin ninguna lógica. El cuadro es edificante: un dólar más débil que nunca, con una tasa cero, y que sigue chupando del ahorro mundial; un euro fuerte, que permite principalmente a Alemania exportar en condiciones muy ventajosas sus mercancías dentro del mercado único; un yen japonés en alza, que penaliza las exportaciones de este país y, finalmente, un yuan chino imperial, la única moneda que en estos momentos puede competir con el dólar. Si las cosas siguen así, China se convertirá en unos 15 años en la primera potencia comercial del mundo, según la mayoría de los especialistas monetarios. La consecuencia de esta mutación es mecánica: comportará efectos sociales comparables a los engendrados por la dominación del dólar en el contexto de una economía mundial enteramente abierta, es decir, el alineamiento con los modelos sociales más precarios.
En verdad, si queremos establecer una buena gobernanza de la competencia internacional, la única solución equitativa sería la creación de una moneda mundial común que obedeciera a reglas fijadas conjuntamente. Durante la cumbre de Londres, se pensó en ello por unos momentos. Viendo que la reunión podía transformarse en un tribunal contra el yuan, el gobernador del Banco de Shanghai sugirió la creación de un patrón común en sustitución del dólar. Respuesta: Obama mandó de urgencia a Timothy Geithner, el secretario del Tesoro, a Pekín para defender el dólar como moneda mundial. Moral de la historia: si los europeos quieren que Pekín les tome en serio, que empiecen primero por barrer delante de su casa, exigiendo a Estados Unidos, como hacen con China, un comportamiento monetario más responsable.
El poder político real es ejercido a nivel mundial por un pequeño grupo de individuos sin escrúpulos que se encuentra en EE.UU., un país gobernado por dirigentes de sociedades secretas, que coincide que son los dueños de los seis principales bancos. Este pequeño grupo dirigente constituye el cerebro que domina el mundo”.
Louis de Brouwer, consultor de la ONU-UNESCO.
En las manifestaciones con motivo de la huelga general del pasado 19 de marzo en Francia, la pancarta de cabecera rezaba: “El pueblo antes que los banqueros”. En EE.UU. la furia popular se ha desatado hasta el punto de que se aconseja a los dirigentes de bancos y de AIG que no salgan a la calle con nada que les pueda identificar. En Inglaterra tambien se ha desatado la caza del banquero: Fred Goodwin, consejero delegado del Royal Bank of Scotland, se halla en paradero desconocido despues de recibir amenazas. El pueblo, empobrecido y airado, empieza a identificar al enemigo.
Los ciudadanos asisten estupefactos al espectáculo de unos gobernantes que esquilman las arcas públicas para salvar a una banca que no responde ante ellos, ni ante nadie, sobre el destino del dinero que reciben; unos gobernantes que parecen impotentes o resignados ante ella. La razon de esa parálisis-sumisión es porque, en su inmensa mayoría, están puestos ahí por ella, que los coopta o financia sus campañas electorales (Sarkozy y Gordon Brown son protegidos de la banca Rostchild; y Obama está virtualmente secuestrado por Wall Street); los pocos restantes están estrechamente “vigilados”. Son los gobiernos, pues, los que responden ante la banca y no al revés. Por otra parte, los bancos centrales, supuestamente independientes, son, en realidad, tentáculos del clan banquero para consolidar su poder mundial, y tampoco responden ante nadie ni son elegidos democráticamente (el analista mexicano Alfredo Jalife Rhame se refiere a ellos como “la dictadura centralbanquista”).
No existe en las constituciones ni en los programas electorales de los países con economía de mercado ninguna ley o principio que diga que cualquier empresa privada puede quebrar excepto los grandes bancos, ya que -hayan hecho lo que hayan hecho- “son demasiado importantes para dejarlos caer”. Una declaración semejante supondría una arbitrariedad y una vulneración de las reglas de dicha economía de mercado, salvo que se considerase a los bancos rescatados como empresas semipúblicas, bajo control, por tanto, del Estado; pero en el neoliberalismo la nacionalización de la banca está, por principio, excluída. Y sin embargo el lema -no declarado- “la banca primero” ha estado como una regla de oro detrás del comportamiento de todos los gobiernos occidentales, que saquean sin pudor los fondos publicos (¿no deberían ser procesados por malversarlos?) como si el reflotamiento de la banca privada constituyese una prioridad sobre cualquier otro problema económico o social. Las reticencias para salvar a la General Motors, empresa emblemática de la industria estadounidense, contrastan con la ayuda inmediata e incondicional recibida por el Citibank, ejemplo perfecto de banster (banco ganster). Este inicuo salvamento de los victimarios con dinero de las víctimas, dejando a éstas en el más completo desamparo, no tiene precedentes en la historia de las modernas democracias y desvela que los gobiernos neoliberales son meros instrumentos de una, hasta ahora camuflada, dictadura de Los Banqueros (con mayúscula, para referirnos a la gran banca, pues la pequeña está siendo absorbida por ésta).
El crédito bancario asequible es fundamental para el funcionamiento de la economía productiva capitalista. Su corte brusco y prolongado –y la inoperancia de los gobiernos- está dejando miles de pequeñas y medianas empresas quebradas y millones de trabajadores en paro. Cuando, tras un largo rescate -el Banco de Inglaterra prevé una década de resaca bancaria- vuelva a fluir habrán desaparecido muchos de los que lo necesitaban y los daños económicos y sociales serán cuantiosos e irreversibles. La reciente reunión del G20 que, presidida por los que crearon la crisis (¡la zorra al cuidado de las gallinas!), se autoarroga la representación del planeta, mantiene el principio de “la banca primero” entre otras medidas para, previo maquillaje, reflotar el sistema y empobrecer más aún a la gente. Como dice Lyndon Larouche, las recetas del G20 “acabarán con el paciente”. Todo ello justifica el calificativo de Juan Torres López de “crimen contra la humanidad” aplicado a esta política.
Un poco de historia
La cita que encabeza este artículo corresponde a unas declaraciones hechas hace más de una década. Sin embargo, pese a la caída de Lheman Brothers (mas bién una estratégica “demolición controlada”) y la absorción de Merrill Lynch, no ha perdido actualidad: el clan de los grandes banqueros sigue siendo, básicamente, el mismo; y a la siniestra secta Bildelberg, presidida por ellos, se la señala como “gobierno mundial en la sombra”. Recientemente, Daniel Kaufman y Simón Johnson, ex economistas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional respectivamente, denunciaban un “golpe de Estado” de la banca estadounidense, que en la última década corrompió a los políticos para que evitasen cualquier regulación o control de su actividad, propiciando la aparición de burbujas especulativas. Pero la historia de ese “golpe” viene de mucho más atrás.
Hay que remontarse al nacimiento de la FED (Reserva Federal Estadounidense) en 1913, una asociación de bancos privados que consigue asumir en régimen de monopolio importantes prerrogativas del Estado. Previamente, en el siglo XIX , la familia europea de los Rostchild había desembarcado en EE.UU. para asociarse con John Rockefeller I y formar un poderoso lobby de grandes banqueros e industriales en aquel país. A principios del siglo XX este clan ya había instalado allí diversas sucursales de lo que llamaron Federal Reserve Banks (conocida como la FED), una asociación de bancos privados con tal capacidad de presión que en aquel año consiguió del presidente Woodrow Wilson la autorización para emitir en exclusiva papel moneda con garantía del Estado y manejar los tipos de interés. Se dice que algún presidente que trató de revertir esta insólita situación murió en el intento. Cuando, después de la segunda guerra mundial el dólar sustituye al oro y deviene moneda-patrón, el poder económico-financiero de ese grupo de banqueros privados se expande internacionalmente. Este poder se multiplica hasta convertirse en la cúpula del poder capitalista mundial cuando, a partir de la crisis de los años setenta, la economía se financieriza y liberaliza (consenso de Washington) y el capital financiero pasa a dominar toda la economía productiva.
Como decíamos en otro trabajo, todo poder económico acaba convirtiendose en un poder político. En estrecha alianza con el poderoso complejo industrial-militar, la FED, en efecto, ha acabado controlando la política interior y exterior de la potencia mas grande del mundo: los Estados Unidos de Norteamérica. Ya lo predecía en el siglo XIX, con profética lucidez, uno de los padres de la patria norteamericana, Thomas Jefferson, cuando, a la vista de las intrigas de los banqueros, avisaba: “Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a ellos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron”. En esas estamos: millones de estadounidenses duermen en carpas o en automóviles en las afueras de las grandes ciudades.
Para desarmar la dictadura
Como si de un anti Robin Hood se tratara, el G20 busca, con sus recetas, perpetuar la criminal succión de riqueza de abajo hacia arriba; es decir, robar a los pobres para ayudar a los ricos. Ello nos acabaría abocando, como avisan algunos analistas, a una situación neofeudal: todos los derechos y todo el poder económico concentrado en unos pocos que someten a la servidumbre a la inmensa mayoría de la humanidad. Creen poder ahogar su previsible rebelión con sofisticadas técnicas de control social y eliminando a una buena parte de ella con un “caos controlado”. Antes de que estos nuevos señores feudales -que, como los de la Edad Media, son tambien “señores de la guerra”- lleven a cabo sus criminales propósitos y consoliden su dictadura, tenemos que derribar los pilares en que asientan su poder. Esos pilares son cinco: la erradicación de la banca pública, la red de bancos centrales seudoindependientes, los paraísos fiscales, el patrón-dólar y, en última instancia, el poder militar.
Empecemos por los más problemáticos: los paraísos fiscales fueron objeto de una condena formal en la última reunión del G20, pero, en la práctica, seguirán funcionando en los centro del poder financiero, Estados Unidos e Inglaterra. No obstante, la conciencia de su carácter criminal se extiende por el mundo y, si persistimos en su denuncia, cada vez será mas difícil seguir operando con ellos. En cuanto al dólar, atraviesa también una profunda crisis (China, alarmada, pidió sustituirlo por “derechos especiales de giro” del FMI en el G20) y, a la larga, su papel es insostenible por su falta de respaldo y la proliferación de monedas regionales u otros medios de intercambio. Algunos analistas -como el citado Jalife Rhame- piensan que la banca “anglosajona-israelí” desencadenaría una tercera guerra mundial si viese la hegemonía del dólar directamente amenazada. No obstante, ésta sería inevitable con la deshumanizada mentalidad de estos banqueros-guerreros. Como dice Danielle Bleitrach, comentando un trabajo de Rémy Herrera en la revista Afrique-Asie, “las dimensiones económicas y militares de la crisis están estrechamente relacionadas: la guerra agrava los desequilibrios de la economía estadounidense que las altas finanzas tratan de resarcir por medio del saqueo y la guerra perpetua..”.
Mas viable, de forma inmediata, sería una ofensiva contra los otros dos pilares, empezando por la reivindicación de una banca pública sin ánimo de lucro y democráticamente controlada. Como decíamos al principio, la conciencia de la responsabilidad de la banca privada respecto a la grave crisis que padecemos se extiende por todos los países occidentales. La indignación no se circunscribe a las clases populares, sino que abarca también a pequeños y medianos empresarios, víctimas directas del recorte del crédito. Pese a que, previsiblemente, los gobernantes lacayos presentarán una resistencia numantina, no podrían mantenerla por mucho tiempo, pues, a medida que avance la penuria, la presión social les desbordaría: se trata simplemente de exigir que el dinero de nuestros impuestos venga en nuestra ayuda y no en la de la odiada banca. Se trata, como dice Michel Husson, de reivindicar el crédito como un servicio público. La consecución de este objetivo -para el que habría que desplegar y combinar todas las formas de movilización ciudadana- supondría un torpedo en la línea de flotación de la dictadura de Los Banqueros. Facilitaría, además, la ofensiva contra los bancos centrales “independientes”, con los cuales una banca nacionalizada devendría incompatible; y, posteriormente, contra los paraísos fiscales y los gastos militares. En la UE esta movilización debería hacerse en dos frentes, el nacional, el europeo; para intentar coordinarse después con EU, donde la indignación ciudadana es aún mayor.
Decía recientemente el ex congresista y ex candidato presidencial Ron Paul, uno de los pocos políticos estadounidenses que se ha pronunciado por el cierre de la FED, afirmando que es una organización secreta insconstitucional: “Nos acercamos no a un fascismo al estilo Hitler, sino a otro de apariencia más suave, que se manifiesta en la pérdida gradual de libertades civiles, en el que las corporaciones lo dirigen todo... y el gobierno está en la misma cama con el gran dinero”. Le faltó señalar una similitud con el hitleriano: con una confianza ciega en su siniestra “agenda oculta”, este neofascismo sueña también con un imperio que dure mil años. Pero como aquél -y como todos los imperios- nos llevará, si no lo desarmamos, a un escenario de barbarie y destrucción.
Proponen un plan antifraude para recaudar 100.000 millones, diez veces más que la subida fiscal Cifran en 70.000 millones anuales el dinero negro en España y piden poder investigar a las Sicav por no cumplir requisitos.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado propuso hoy un 'Plan Especial de Actuación de la Administración Tributaria' que permitiría recaudar más de 100.000 millones de euros en cuatro años (2010-2013), prácticamante diez veces más que la subida de impuestos que ha aprobado el Gobierno, cifrada en 11.000 millones anuales.
Ésta es una de las principales propuestas del colectivo, que celebra entre hoy y mañana su XIX Congreso Anual en Valladolid, centrado en la crisis económica y en la lucha contra el fraude fiscal.
Para los inspectores de Hacienda, las dos únicas vías para reducir el déficit del Estado, cercano al 10% del PIB, no pueden ser únicamente la subida de impuestos o la reducción del gasto público, sino que es preciso poner "todo el empeño" para que los que no pagan sus impuestos lo hagan, lo que tendría un impacto recaudatorio "muy superior" a cualquier subida de impuestos.
De hecho, cifran en 70.000 millones de euros anuales la economía sumergida en España, teniendo en cuenta que, según ciertos informes, el fraude fiscal en el país se sitúa entre el 20 y el 25% del PIB y que la presión fiscal media supera el 30% del PIB. De acuerdo con estos datos, y sabiendo que el periodo de prescripción establecido en la Ley General Tributaria es de cuatro años, los inspectores cifran en aproximadamente 280.000 millones de euros las cuotas tributarias que se dejan de ingresar en cuatro ejercicios.
"La magnitud de estas cifras choca con el importe de 11.000 millones de euros como efecto recaudatorio de la subida de impuestos que pretende aprobar el Gobierno, con la particularidad de que el importe de la subida aprobada va a recaer sobre los que ya están pagando", reza el documento del colectivo de inspectores.
Además, indican que como resultado de las actuaciones realizadas en los años 2005 a 2008 con el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, la deuda recuperada se ha cuantificado en unos 28.000 millones de euros que, comparada con el fraude existente (280.000 millones en cuatro años), no llega al 10%.
QUE EL IEF CUANTIFIQUE LA ECONOMÍA SUMERGIDA.
A la vista de estos datos, la presidenta del colectivo de inspectores, Isabel Martínez, su portavoz, Francisco de la Torre, y el inspector José María Peláez defendieron, en el transcurso del congreso, la necesidad de poner en marcha un plan especial de atuación tributaria que, con un horizonte de cuatro años (2010-2013), suponga un incremento de los medios humanos y materiales en la lucha contra el fraude, así como la aprobación de medidas normativas y organizativas.
Además, proponen que el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) lleve a cabo un estudio en 2010 sobre el índice de fraude fiscal en España y, al final del plan, repita el mismo estudio para determinar el resultado del mismo.
Entre las medidas concretas que plantea el plan, además de incrementar en 600 el número de inspectores de Hacienda, en 3.000 el número de técnicos y en 2.000 el número de agentes tributarios y administrativos, apuesta por que se permita a los inspectores de Hacienda comprobar los requisitos de las Sicavs, que deben estar integradas por 100 partícipes para poder disfrutar de la tributación al 1% y que, según los datos del colectivo, la inmensa mayoría no cumple o lo hace de forma ficticia, al contar con inversores sólo de carácter nominal. Ahora esta función recae en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
"La situación de las Sicav constituye la única excepción en la historia de la democracia española en la que Hacienda no ha podido regularizar la situación fiscal de unos contribuyentes que han incumplido reiteradamente la ley", subrayan los inspectores, que destacan que, mientras se sube los impuestos a los contribuyentes que sí los pagan, resulta "inadmisible" la situación de "ausencia de control fiscal" de las Sicav.
En este sentido, Peláez, aunque admitió que el control de estas sociedades de inversión colectiva no tendría un impacto recaudatorio muy elevado, rechazó el argumento esgrimido por el Gobierno acerca de que elevar la tributación de estas sociedades pueda suponer una evasión de capitales. Así, indicó que el 50% del capital de las mismas está invertido en el extranjero. "Ahora si las Sicav quieren invertir en Luxemburgo, pueden hacerlo sin problemas", reiteró.
DEDICAR MENOS INSPECCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN.
Junto con la inspección de estos instrumentos, el plan propuesto por los inspectores de Hacienda contempla medidas para recuperar la deuda pendiente en los tribunales, que cifran en 4.500 millones de euros en lo relativo al delito fiscal y en 6.000 millones la que se encuentra en el Tribunal Supremo, mediante el refuerzo de la plantilla de los servicios jurídicos de la Agencia Tributaria, así como cambiar los sistemas de trabajo de la Inspección, potenciando más la investigación o reorientar los planes de inspección.
En este sentido, creen que, en el contexto actual de crisis en el sector de la construcción, no tiene sentido seguir dedicando el 40% de la plantilla de Inspección al control del sector inmobiliario, teniendo en cuenta además que parte de la deuda encontrada no se puede cobrar, dado que muchas de las empresas de este sector están en quiebra.
Por ello, apuestan por centrar la investigación en la economía sumergida, facturas falsas, testaferros, sociedades 'pantalla' y plan de signos externos (detectar aumentos de patrimonio no justificados).
Además de endurecer el régimen sancionador, incentivar la colaboración ciudadana con y reformar el delito fiscal para que los grandes defraudadores puedan ir a la cárcel, también vuelven a reiterar sus medidas contra el uso de paraísos fiscales, como establecer un gravamen especial del 24% sobre movimientos de fondos en estos estados, no reconocer la personalidad jurídica de las sociedades constituidas en paraísos fiscales o prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios.
Finalmente, proponen la aprobación de una nueva declaración sobre bienes, derechos y deudas, en sustitución del suprimido Impuesto de Patrimonio. Esta declaración, que no supondría ingresos de cuotas impositivas, sería muy útil, según los inspectores, como elemento de control para la lucha contra el fraude.
Incomprensiblemente, el gobierno se ha metido en un pantanal político a causa de sus propuestas fiscales contradictorias y de los anuncios de ida y vuelta sobre la conveniencia, un día, de subir impuestos o de bajarlos, otro.
El problema no radica en la discusión abstracta sobre si subir o bajar los impuestos es o no de izquierdas que solo contribuye a confundir a los ciudadanos.
Suponiendo que en estos momentos supiésemos con certeza qué medida se puede calificar claramente o no como de izquierdas, lo cierto es que lo relevante no sería la magnitud de las tasas impositivas sino su resultado sobre el conjunto de la sociedad y sobre cada grupo social en concreto. De lo que menos se habla.
Lo peor ni siquiera es el coste electoral que sin duda lleva consigo manifestar una carencia de estrategia tan evidente y presentarse ante los ciudadanos con propuestas que cambian un día detrás de otro.
Lo que me parece especialmente grave es que no tener las ideas claras en materia fiscal es carecer de las coordenadas básicas en que puede establecer el modelo económico del que tanto estamos hablando, es como conducir a ciegas o gobernar dejando que la sociedad marche a la deriva, algo que evidentemente apenas importa a quienes tienen las espaldas cubiertas con buenas rentas o patrimonios suficientes y que, por el contrario, perjudica muy gravemente a los más débiles y desprotegidos.
Detrás de cada impuesto no solo hay más o menos recaudación, lo que en cualquier caso no deja de ser importante, sobre todo, en una coyuntura como la actual. Hay además incentivos de uno y otro signo que pueden facilitar o dificultar decisivamente la creación de riqueza y empleo y, sobre todo, hay redistribución de las rentas, es decir, más o menos justicia y bienestar. Por eso las cuestiones impositivas y fiscales en general son tan importantes y no suelen funcionar bien sino cuando van de la mano de un amplio y transparente debate social. Y por eso no es ni mucho menos una casualidad que las democracias más asentadas y fuertes del planeta sean las que más confían en los impuestos para lograr mayor progreso y cohesión social y en donde, frente a los cantos de sirena de los ricos, hay una ciudadanía más convencida de su utilidad y que no está dispuesta a renunciar a ellos porque comprueba día a día que son la base de su bienestar.
Como tampoco es casual que el predominio de la ideología desfiscalizadora de los últimos años, en realidad la cobertura necesaria para llevar a cabo políticas que favorecen a los grupos con rentas y patrimonios más elevados, haya ido de la mano en los últimos treinta años de un debilitamiento paralelo de las democracias, que cada vez hurtan más debates sobre cuestiones económicas y financieras a los ciudadanos para dejar las decisiones políticas a los mercados o, simplemente, en manos de los grupos privados con mayor poder e influencia.
Se pueden dar las vueltas que se quiera pero lo cierto es que los estudios que se han realizado en todo el mundo y en España en particular sobre los efectos de las reformas fiscales de nuestra época no dejan lugar a dudas.
Las llevadas a cabo por el gobierno de Aznar y más tarde por el de Rodríguez Zapatero han beneficiado principalmente a los perceptores de rentas más elevadas, a las del capital y, particularmente, a las procedentes de la actividad inmobiliaria.
En contra de lo que la retórica gubernamental ha podido decir, lo cierto es que en España se ha producido en los últimos años un doble proceso de distribución y redistribución de las rentas que en muy buena medida se ha podido producir gracias a los cambios fiscales regresivos que se han ido adoptando. Uno, de las rentas del trabajo a las del capital. Y otro, desde las del capital nacional al extranjero como consecuencia de la venta de activos y de las condiciones fiscales tan privilegiadas que se han establecido para llevarlas a cabo y para disponer luego de las rentas generedas.
Los trabajadores y también miles de pequeños y medianos empresarios han sido los principales paganos de unas reformas fiscales que solo una inocua justicia constitucional ha podido considerar que respetan nuestra Constitución. ¿O es que acaso los principios de capacidad económica, justicia, igualdad o progresividad de su artículo 31 pueden realmente considerarse compatibles con la conversión de España en un "verdadero paraíso para el blanqueo de capitales" ("Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España". Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, Noviembre 2007), como han denunciado expertos nacionales y extranjeros? O con la existencia de SICAV que pagan un 1% en el momento de la obtención de las rentas y un 18% cuando se reparten; de las Sociedades y Fondos de Capital Riesgo, bonificados al 99%; de las Entidades de tenencia de Valores Extranjeros, exentas de tributación en dividendos y plusvalías; con el tipo de 18% en el IRPF para las rentas de los productos de ahorro; con la tributación única del 24% para algunos privilegiados no residentes; o, en términos más generales, con el predominio de los impuestos indirectos sobre los indirectos?
En lugar de hablar en irrelevantes términos genéricos sobre la subida o bajada de los impuestos, engañando así a la gente al hacerle creer que lo hacen de igual forma para todos, lo que en España hay que poner de una vez sobre la mesa es el carácter profundamente injusto que ha alcanzado nuestro sistema fiscal. Los técnicos del Ministerio de Hacienda denuncian que el 86% de los que tienen ingresos superiores a 10 millones de euros y el 45% de los que tienen entre 1 y 10 millones eluden sus obligaciones fiscales, mientras que los inspectores denuncian constantemente que no hay voluntad política de luchar contra el fraude fiscal que es el más alto de Europa. Y que nadie se lleve a engaño, porque eso ha sucedido y sucede mientras que los gobiernos siguen subiendo la presión fiscal, aunque eso es haciendo recaer la mayor parte de la recaudación y de su incremento en las espaldas de trabajadores y pequeños y medianos propietarios y empresarios.
¿Cómo se puede consentir que solo se haya investigado el 1% de los billetes de 500 euros que circulan en España o que no haya ya un plan efectivo contra el fraude fiscal que, según los técnicos que saben llevarlo a cabo, podría proporcionar al Estado unos 25.000 millones de euros anuales?
La cuestión que tenemos por delante en términos fiscales es bastante clara. Seguir aceptando que los ricos no tienen compromisos con la Hacienda Pública o invertir las reformas de estos últimos años para avanzar hacia una mayor justicia fiscal que permita que nuestros estándares de gasto se aproximen a los de nuestro entorno y para generar incentivos a favor de quienes crean riqueza y empleo y no, como hasta ahora, de quienes se dedican a la especulación y a dar pelotazos inmobiliarios o financieros.
Naturalmente, y sobre todo después de lo que se ha venido haciendo, no será fácil invertir esa tendencia pero al menos está claro por dónde habría que empezar para que eso sea posible. Resulta imprescindible el debate social claro, transparente y fiel a la verdad para que los ciudadanos entiendan de una vez que es la derecha, que ahora se opone a cualquier medida fiscal que tome el gobierno, la que subió los impuestos quince veces durante el gobierno de Aznar y quien realmente hace que suba la carga fiscal de los más débiles.
Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, colaborador habitual de Rebelión, editor de www.altereconomia.org y miembro del Consejo científico de ATTAC-España. Su web: www.juantorreslopez.com
El Secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha vuelto a declarar que lo que necesita la economía española es que se moderen los salarios. No me extraña que haya dicho una cosa así. Es bien conocido que se trata de un prestigioso economista liberal que no disimula sus posiciones ideológicas. En otras ocasiones ha defendido abaratar el despido o que las cajas de ahorro se conviertan en sociedades anónimas.
Los liberales piensan que los problemas relativos al empleo o desempleo son solo asuntos del mercado laboral y que, por tanto, se resuelven mediante el juego de los precios que determinan los movimientos de la oferta y la demanda de trabajo. Por eso afirman que para generar empleo (es decir, para disminuir la oferta sobrante de trabajo) lo que hay que hacer es reducir el precio del trabajo, los salarios, bien directos o indirectos. Y en consecuencia lo que proponen, como los sabios académicos que firmaron el documento de los 100, no es, en definitiva, sino que se establezcan condiciones más favorables para que los empleadores reduzcan sus costes laborales.
Hace muchos años que sabemos que eso es una falacia. Algo tan irreal como la creencia en los automatismos y en la autosuficiencia de los mercados que defienden esos economistas y que ha llevado a generar una crisis financiera global como la que se ha producido en los últimos tiempos.
Es evidente que las condiciones en que se desenvuelva el mercado de trabajo han de influir de algún modo en el volumen del empleo que genera la economía. Pero de ahí a despreciar todo lo demás y a considerar que solo reduciendo el precio del trabajo se va a crear mas empleo hay una distancia que solo se puede salvar si detrás de esa proposición hay algo más que es fácil de adivinar: una política que beneficia a los grandes empresarios y que termina aumentando las rentas del capital a costa de no crear más empleo o de crearlo en condiciones cada vez más miserables.
La creación o destrucción de empleo no depende solo de lo que ocurra en el mercado de trabajo, como quieren hacernos creer los economistas liberales como Campa, sino también en el mercado de bienes y servicios e incluso en la situación general de la economía. Aunque estos economistas se lo callan, lo cierto es que, si no hay suficiente demanda efectiva, por muy bajos que sean los salarios no se va a crear empleo porque las empresas contratan a más trabajadores no porque sus salarios sean más bajos sino porque van a obtener más beneficios.
Imponiendo un régimen de salarios bajos lo que se produce es una situación en la que la demanda efectiva está constantemente restringida. Es una estrategia que lo que crea es escasez y que limita el crecimiento potencial de la economía, que es lo que ha ocurrido en los últimos decenios y justo lo contrario de lo que ahora habría que procurar. Y, al mismo tiempo, proponer, como hacen Campa y los economistas liberales, que los salarios bajen para que nuestra economía sea más competitiva es sencillamente condenarla al empobrecimiento y la insostenibilidad.
¿De verdad que lo que necesita la economía española, cuando el presidente del gobierno habla de cambio del modelo productivo, es especializarnos en actividades que solo necesitan oferta de trabajo barata? ¿Ahora resulta que la apuesta es competir como hacen los países más atrasados, ofreciendo salarios reducidos y no mejorando nuestro tejido productivo mediante la calidad, la innovación y la producción de bienes y servicios de vanguardia?
Pero, como digo, no me extraña que un economista de la derecha liberal haga estos planteamientos. Lo que me produce sorpresa, frustración y pena es que una persona que tiene esa ideología sea el segundo máximo responsable de la política económica de un gobierno socialista en el que tantos millones de personas han confiado para mejorar sus condiciones de vida.
¿A qué estamos jugando? ¿Cómo es posible que un gobierno socialista pida más contención salarial en un país en donde el 63% de los trabajadores gana menos de 1.100 euros mensuales y en donde el número de mileuristas ha aumentado en siete millones en los tres últimos años? Y que lo haga sin más fundamento que el que proporciona un liberalismo que, por muy útil que sea a la gran patronal, es una ideología trasnochada que ya fue puesta en solfa científicamente hace un siglo.
Y no es sólo una cuestión de sensibilidad social, de estar preferentemente tratando de favorecer a quienes tienen rentas mas bajas, que ya es importante. Y, por supuesto, lo que se supone que esperan de un gobierno socialista sus votantes y simpatizantes. Es que además, como he comentado más arriba, proponer bajar aún más los salarios es insistir en un modelo que ha llevado a que nuestra economía sea más débil e inestable que las de nuestro entorno. Y que ahora nos llevaría a salir más tarde y con más limitaciones de la crisis.
Los informes de la OCDE pusieron de relieve que España ha sido el único país de los que pertenecen a ese organismo en el que los salarios han bajado en el periodo 1995-2005: ¿acaso vamos a ser tan ingenuos como para no entender que eso no ha tenido nada que ver con la gran pérdida de empleo que ahora padecemos y que muy posiblemente se consolide durante bastante tiempo?
Proponer, como hace el Secretario de Estado de Economía, el empobrecimiento de los trabajadores como política de salida de la crisis (en realidad, lo proponen siempre, pues conducen con piñón fijo en la expansión y la recesión, en el auge y en la crisis: siempre bajar los salarios) no es solamente una aberración desde el punto de vista social. Lo es igualmente como estrategia económica. Lo que nuestra economía necesita es más demanda efectiva, más capital social, más innovación, más conocimiento básico y aplicado y más igualdad. Es decir, más riqueza y mejor repartida y no más trabajadores pobres y más diferencias sociales, como proponen los ideologizados economistas de derechas como el Secretario de Estado de Economía.
La última reunión del G-20 ha seguido soslayando la identificación y el tratamiento realista de los aspectos clave que originaron la presente crisis internacional. Se soslaya que, a diferencia de los mercados de bienes de consumo, los mercados de bienes patrimoniales (acciones, inmuebles, terrenos…) se desequilibran con facilidad. Por ejemplo, cuando hay buena cosecha de tomates el precio suele bajar para facilitar su venta, pero no ocurre lo mismo con los bienes patrimoniales, que se atesoran en vez de consumirse: cuanto más en alza están sus precios, más se tienden a comprar y a acumular para beneficiarse de su esperada revalorización. El libre mercado es aquí fuente de inestabilidad, desata espirales explosivas de revalorizaciones y compras financiadas a crédito que configuran las consabidas burbujas, en las que se compra porque se piensa que va a subir el precio de las acciones o de los pisos y sus precios suben porque hay compras masivas.
Por mucho que los analistas acostumbren a justificar las elevadas cotizaciones en función de inventos diversos, la irracionalidad de los mercados acaba aflorando con el derrumbe de precios al que abocan estos procesos. En este contexto la clave del negocio pasa por aprovechar las plusvalías generadas durante el auge, sin sufrir las pérdidas ocasionadas por el declive. De ahí que hagan falta especialistas en comprar y vender en el momento oportuno y que, a medida que avanza el alza de las cotizaciones, las compra-ventas se multipliquen y el período de tenencia de los títulos (o de los inmuebles) se reduzca en el denodado empeño de obtener plusvalías y escabullir riesgos. Esta espiral podría cortarse fácilmente con impuestos disuasorios sobre las plusvalías realizadas a corto plazo que desincentiven este tipo de operaciones especulativas, pero el G-20 no se atreve a poner coto a este negocio, sólo a regular en alguna medida la retribución de los empleados que se ocupan de realizarlo. En este y otros aspectos han aflorado desavenencias entre los principales países beneficiarios de las burbujas, encabezados por EEUU, y el resto; entre los que esperan que las aguas vuelvan a su cauce y los que proponen tímidos controles o buscan reforzar su presencia en las finanzas mundiales.
Otro aspecto clave soslayado por el G-20 es la sobredimensión de los activos financieros y del negocio especulativo a ellos vinculado, pues la inestabilidad económica crece con el tamaño de las burbujas y corregirla exigiría un programa de adelgazamiento y saneamiento financiero que sigue sin plantearse. Al revés de lo que debería ocurrir, la marcha de los mercados financieros e inmobiliarios sigue marcando el pulso económico general, por lo que se espera que el repunte de las bolsas y la “vuelta a la normalidad” del mercado inmobiliario estadounidense traigan la salida de la crisis. Se olvida que este repunte es fruto del desplazamiento hacia el erario público de las deudas privadas y de la aplicación masiva del cóctel explosivo de abundante liquidez barata y permisividad financiera que habían desencadenado la crisis actual. La ceguera persiste.
Esforzarse por reavivar la economía mundial, al mismo tiempo que se responde a la crisis climática global, ha planteado un interrogante complejo: ¿las estadísticas nos están dando las "señales" correctas sobre qué hacer? En nuestro mundo orientado hacia el desempeño, las cuestiones de medición han cobrado mayor relevancia: lo que medimos afecta lo que hacemos.
Si tomamos malas decisiones, lo que intentamos hacer (digamos, aumentar el PIB) en realidad puede contribuir a empeorar los niveles de vida. También podemos enfrentarnos a falsas opciones y ver compensaciones entre producción y protección ambiental que no existen. Por el contrario, una mejor medición del desempeño económico podría demostrar que las medidas tomadas para mejorar el medio ambiente son buenas para la economía.
Hace dieciocho meses, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, creó una Comisión Internacional para la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social, debido a su insatisfacción -y la de muchos otros- con el estado actual de la información estadística sobre la economía y la sociedad. El 14 de septiembre, la Comisión dará a conocer su tan esperado informe.
El gran interrogante es si el PIB ofrece una buena medición de los niveles de vida. En muchos casos, las estadísticas del PIB parecen sugerir que a la economía le está yendo mucho mejor que las propias percepciones de la mayoría de los ciudadanos. Es más, el foco en el PIB crea conflictos: a los líderes políticos se les dice que lo maximicen, pero los ciudadanos también exigen que se preste atención a mejorar la seguridad, a reducir la contaminación del aire, del agua y el ruido, y demás -lo cual podría reducir el crecimiento del PIB.
El hecho de que el PIB pueda ser una medición deficiente del bienestar, o incluso de la actividad del mercado, obviamente es algo que se reconoce desde hace tiempo. Pero los cambios en la sociedad y la economía pueden haber agudizado los problemas, al mismo tiempo que los avances en la economía y las técnicas estadísticas pueden haber ofrecido oportunidades para mejorar nuestras mediciones.
Por ejemplo, si bien se supone que el PIB mide el valor de la producción de bienes y servicios, en un sector clave -el gobierno- normalmente no tenemos manera de hacerlo, de modo que solemos medir la producción simplemente por las inversiones. Si el gobierno gasta más -incluso de manera ineficiente- la producción aumenta. En los últimos 60 años, el porcentaje de la producción del gobierno en el PIB aumentó del 21,4% al 38,6% en Estados Unidos; del 27,6% al 52,7% en Francia; del 34,2% al 47,6% en el Reino Unido; y del 30,4% al 44% en Alemania. De manera que lo que era un problema relativamente menor se ha convertido en un problema importante.
De la misma manera, las mejoras de calidad -digamos, mejores autos en lugar de más autos- representan gran parte del aumento del PIB hoy en día. Pero evaluar las mejoras de calidad resulta difícil. La atención médica ejemplifica este problema: gran parte de la medicina se ofrece públicamente, y muchos de los avances son en calidad.
Los mismos problemas de hacer comparaciones en el tiempo se aplican a las comparaciones entre países. Estados Unidos gasta más en atención sanitaria que cualquier otro país (tanto per cápita como en porcentaje de los ingresos), pero obtiene peores resultados. Parte de la diferencia entre el PIB per cápita en Estados Unidos y algunos países europeos puede ser, en consecuencia, el resultado de la manera en que medimos las cosas.
Otro cambio pronunciado en la mayoría de las sociedades es un incremento de la desigualdad. Esto significa que existe una creciente disparidad entre el ingreso promedio (medio) y el ingreso mediano (el de la persona "típica", cuyo ingreso se ubica en el medio de la distribución de todos los ingresos). Si unos pocos banqueros se vuelven mucho más ricos, el ingreso promedio puede subir, a pesar de que los ingresos de la mayoría de la gente estén decayendo. De manera que las estadísticas sobre el PIB per cápita tal vez no reflejen lo que les sucede a la mayoría de los ciudadanos.
Utilizamos precios de mercado para valuar los bienes y servicios. Pero ahora, incluso los que tienen mucha fe en los mercados, cuestionan la dependencia de los precios de mercado, ya que están en contra de las valuaciones por ajuste al mercado. Las ganancias previas a la crisis de los bancos -una tercera parte de todas las ganancias corporativas- parecen haber sido un espejismo.
Entender esto arroja una nueva luz no sólo sobre nuestras mediciones del desempeño, sino también sobre las inferencias que hacemos. Antes de la crisis, cuando el crecimiento de Estados Unidos (utilizando mediciones estándar del PIB) parecía mucho más sólido que el de Europa, muchos europeos sostenían que Europa debía adoptar el capitalismo al estilo estadounidense. Por supuesto, todo aquel que hubiera querido podría haber visto un creciente endeudamiento de los hogares estadounidenses, lo que habría permitido corregir la falsa impresión de éxito ofrecida por la estadística del PIB.
Los recientes avances metodológicos nos han permitido evaluar mejor qué contribuye a la sensación de bienestar de los ciudadanos y reunir los datos necesarios para hacer ese tipo de evaluaciones de manera regular. Estos estudios, por caso, verifican y cuantifican lo que debería ser obvio: la pérdida de un empleo tiene un mayor impacto de lo que representa la pérdida del ingreso. También demuestran la importancia de la conectividad social.
Toda buena medición de lo bien que nos está yendo también debe tener en cuenta la sustentabilidad. De la misma manera que una empresa necesita medir la depreciación de su capital, también nuestras cuentas nacionales deben reflejar la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación de nuestro medio ambiente.
Los marcos estadísticos están destinados a resumir lo que está sucediendo en nuestra sociedad compleja en unos pocos números fácilmente interpretables. Debería haber sido obvio que no se podía reducir todo a un único número, el PIB. El informe de la Comisión para la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social, esperamos, conducirá a un mejor entendimiento de los usos, y abusos, de esa estadística.
El informe también debería servir de guía para crear un conjunto más amplio de indicadores que capturen de manera más precisa tanto el bienestar como la sustentabilidad, a la vez que debería dar impulso para mejorar la capacidad del PIB y las estadísticas relacionadas a la hora de evaluar el desempeño de la economía y la sociedad. Estas reformas nos ayudarán a dirigir nuestros esfuerzos (y recursos) de maneras que conduzcan al mejoramiento de ambos.
El autor es profesor universitario en la Universidad de Columbia y ganador del Premio Nobel de Economía en 2001, se desempeñó como presidente de la Comisión para la Medición del Desarrollo Económico y el Progreso Social.
La crisis económica que estamos padeciendo y que tanto daño está causando a tanta gente debería servir para aprender de la experiencia pasada y de las causas que han conducido a la situación en la que nos encontramos. En un primer momento parecía que iba a ser así. Los economistas que habían exaltado con tanto entusiasmo las bondades del mercado autorregulado se quedaron callados y daba la impresión de que se encontraban noqueados. No obstante, se han ido rehaciendo y vuelven a las andadas.
La ceguera que padecen resulta llamativa y el peso de lo que han aprendido y enseñado es demasiado grande para que vean con claridad lo que ha sucedido. La resistencia a cambiar sus formas de pensar es tan fuerte que dentro de poco les veremos volver a explicar lo mismo y a exaltar las excelencias del mercado sin intervenciones, que pueden resultar, desde su perspectiva, dañinas para el buen funcionamiento económico. El pensamiento económico es más importante de lo que puede suponerse, como ya lo señaló con claridad Keynes en la “Teoría General de la ocupación, el interés, y el dinero”.
Las responsabilidades de lo que ha pasado son muchas. En primer lugar, de los grandes intereses económicos, y sobre todo financieros, que han presionado a los gobiernos para fomentar la liberalización de los mercados, la eliminación o disminución de los mecanismos de regulación. En segundo lugar, de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), que han presionado en la dirección de favorecer la globalización neoliberal y financiera. En tercer lugar, de los gobiernos que se han doblegado a las exigencias de los poderosos y que han tomado medidas en la dirección liberalizadora y privatizadora. En cuarto lugar, de un pensamiento económico que argumentó la necesidad de tomar las medidas correspondientes para potenciar al mercado frente a las intervenciones públicas y que ha servido de soporte teórico al proceso creciente de pasar de un capitalismo regulado a un sistema desbocado.
Los economistas con sus enseñanzas teóricas han tenido una gran parte de responsabilidad tanto por la influencia que han ejercido en las esferas del poder económico y político, como por la que ejercen a través de la enseñanza. Los numerosos graduados que han salido en los últimos años de las facultades de Economía y de Administración y Dirección de Empresas, se encontraban convencidos del buen funcionamiento del mercado que les habían enseñado. Así desde la dirección de empresas, administraciones públicas y órganos de decisión política han recomendado políticas económicas que se basaran en una adecuada asignación de los recursos a través fundamentalmente del mercado, y de rechazar el uso de políticas públicas. Todo lo que supusiera regulación, empresas públicas o servicios públicos había que eliminarlo a favor de la privatización y del mercado. Han olvidado una idea básica que señala Stiglitz en el libro “Microeconomía”: el mercado, aunque sea eficiente, que no siempre lo es, no genera por ello modelos socialmente deseables.
Efectivamente, el mercado por sí mismo no posibilita la igualdad de rentas y de género, de derechos y oportunidades. Al mismo tiempo, causa daños al medio ambiente. Las políticas públicas, que en muchos casos responden a reivindicaciones sociales, tratan de llevar a cabo mecanismos que permitan modelos sociales más equitativos y sostenibles. Esto, que se aprende analizando la historia y el comportamiento diferente de las economías actuales y los resultados tan distintos que ofrecen, sin embargo ha desaparecido de los estudios de economía como materia central. Pero la abstracción teórica en la que se han movido las generaciones últimas les ha hecho irse despegando de la realidad concreta y optar por la elegancia formal de los modelos. Al mismo tiempo se han dejado seducir por el virtuosismo académico, que apenas tiene que ver con la realidad social en la que nos encontramos. La elección racional que tanto impacto ha tenido en la economía, y también en la sociología, ha conducido a errores apreciables a la hora de analizar a fondo las relaciones sociales existentes y los procesos dinámicos a los que las sociedades se encuentran sujetas.
Además de haber confiado tanto en el mercado, lo limitado de su análisis les ha impedido observar lo que estaba sucediendo. En el enfoque estrecho en el que han caído no tenía cabida el análisis de las burbujas especulativas financieras e inmobiliarias, la desigualdad económica y social, la pobreza y las capacidades de las gentes para realizar un proyecto digno de vida. Todo se reducía a magnificar el crecimiento sin adentrarse en el estudio sobre los pilares en que ese crecimiento se sustentaba y a quién se dirigían los frutos de ese crecimiento
De todos modos, siempre ha habido voces minoritarias, unas partiendo de la ortodoxia, pero negándose a hacer esas grandes simplificaciones, o desde la heterodoxia, que han supuesto un contrapunto a esos análisis. Han sido estos planteamientos los que han advertido de los peligros en los que la economía se había metido, y son estos enfoques los que nos pueden salvar de la debacle a la que la economía dominante nos ha conducido.
La crisis debe servir para repensar los supuestos teóricos de la ciencia económica, y estos a su vez deberán utilizarse para crear unas condiciones económicas diferentes de las que se han dado en las últimas décadas. El problema es que no parece que vayamos por ese camino ni en el pensamiento ni en la realidad. Los votantes se inclinan por optar por posiciones políticas de derechas y de centro derecha que son precisamente las que han hecho más para crear las condiciones de las causas que han originado la crisis. Los partidos de izquierda moderada se encuentran perdidos sin dar opciones diferentes y sin ofrecer a las gentes vías que se desmarquen de la ideología de la globalización financiera. Esto explica la crisis de la izquierda moderada y que ascienda, en algunos países, una izquierda con unas posiciones más críticas.
Lo que resulta evidente es que tanto en el ámbito de la teoría como de las realidades concretas las cosas no marchan bien, y es más, se va en dirección equivocada.
La cumbre del G-20 en Londres estuvo marcada por la aparente persecución de los paraísos fiscales. Su existencia ha sido siempre un escándalo, no sólo porque algunos países hiciesen del fraude fiscal y del dinero negro la industria nacional, sino también por la hipocresía de las grandes potencias que lo consintieron y permitieron que sus empresas y bancos domiciliasen sus filiales en los paraísos fiscales. Obama denunciaba durante la campaña electoral la existencia de un edificio en las Islas Caimán que albergaba 12.000 compañías estadounidenses. Tal como el entonces candidato afirmaba: “O es el mayor edificio del planeta o se trata de la mayor estafa fiscal del mundo, y todos sabemos cuál de las dos opciones es la verdadera”.
La OCDE venía ya desde hace algún tiempo elaborando una lista negra sin que su existencia tuviese ninguna repercusión, hasta que el G-20 amenazó con sanciones. A partir de ese momento, la lista se ha ido vaciando porque casi todos los inscritos se han apresurado a obtener el certificado de pureza de sangre. Certificado que, por otra parte, resulta muy fácil de conseguir, basta con firmar 12 acuerdos bilaterales con otros tantos países. La probabilidad, por tanto, de cubrir las apariencias aunque se continúe con las mismas prácticas fraudulentas es elevada. Hay quien afirma que la postura de los mandatarios internacionales en esta materia tiene mucho de función escénica, ante la dificultad de presentar avances efectivos en la regulación de los mercados financieros y la necesidad de hacer ver a sus ciudadanos que hacen algo al efecto. De hecho, en la declaración del G-20 en Pittsburgh ya no aparece más que una referencia de pasada a los paraísos fiscales.
Resulta difícil ser optimista acerca de la erradicación de los paraísos fiscales en el futuro. Todo apunta a que, una vez que pase la crisis, poco a poco todo volverá a la situación anterior. Y es que, además, ¿cómo combatirlos si con la libre circulación de capitales cada país se convierte en un paraíso fiscal respecto al vecino? Todos compiten para atraer capital ofreciendo las mejores condiciones fiscales. ¿Acaso no hemos escuchado estos días reiteradamente que no era posible gravar a los contribuyentes de ingresos elevados, ya que el capital viaja a la velocidad de la luz? Por ese motivo, parece ser que habrá que gravar con el mismo tipo impositivo al consejero delegado del BBVA, que se jubila con una pensión anual de tres millones de euros, que al contribuyente que cobra 60.000 euros anuales. En nuestro país existe el peligro incluso de que algunas comunidades, como el País Vasco, se transformen en un paraíso fiscal para otras comunidades, como La Rioja.
Es paradójico que de forma generalizada se repudien todas las medidas proteccionistas y se condene la llamada política de empobrecer al vecino, argumentando que el vecino reaccionará a su vez y no se habrá adelantado nada y, sin embargo, después se acepte con la mayor naturalidad que todos los países acometan prácticas claramente proteccionistas como el dumping fiscal y no se aplique en esta materia el mismo razonamiento.
La economía mundial está sometida al sector financiero. Una prueba: las transacciones diarias en los mercados de divisas son 110 veces superiores al valor de los bienes y servicios intercambiados en el comercio mundial. Es decir, los mercados de divisas responden a la especulación y no al comercio. Esto es un indicador de las masas de capital líquido que ahoga a la economía mundial.
Pero si la crisis global de 2008 marca la bancarrota de la globalización financiera, los gobiernos de los países ricos no parecen estar dispuestos a transformar la economía mundial en un espacio para el bienestar social. Mucha crisis y escándalo, pero el mundo sigue dominado por el sector financiero. En México, eso está claro con el paquete económico que el poder prepara contra el pueblo.
Hace poco, Noam Chomsky recogió un análisis de Barry Eichengreen (historiador del sistema monetario internacional) sobre las relaciones entre mundo financiero y democracia. Eichengreen sostiene que los controles de capital que acompañaron el sistema de Bretton Woods fueron el mecanismo empleado por los gobiernos para poder mantener el tipo de cambio y dotarse, al mismo tiempo, de suficiente margen de maniobra para aplicar políticas de bienestar social.
Los controles a los flujos de capital en la posguerra permitieron instrumentar políticas que, de otra forma, hubiera sido imposible poner en marcha. La política monetaria persiguió objetivos de crecimiento y pleno empleo, sin desestabilizar el tipo de cambio. En materia fiscal la inversión en bienestar social, con esquemas impositivos más progresivos, permitió reducir la desigualdad. Todo eso era posible porque los controles al capital le quitaban una restricción importante a la política macroeconómica.
En un rápido comentario, casi de paso, Chomsky señala que el corolario de este análisis es que la desaparición de los controles a la movilidad del capital debe entenderse como un ataque a la democracia. Su intuición es correcta. El vínculo entre los controles a la movilidad del capital, la democracia y el bienestar social sería directo. Las restricciones impuestas al capital financiero al finalizar la Segunda Guerra Mundial llevaban la cicatriz de la crisis de 1929 y la volatilidad de los años de entre guerras. Como lo explica Polanyi, de esa mezcla explosiva había surgido el fascismo. Los controles al capital reflejaron el ascenso del sindicalismo y de movimientos sociales de gran envergadura que hicieron posible los sistemas redistributivos de los años 1950-1970. Por cierto, Eichengreen (admirador de la globalización financiera) concluye que Polanyi nunca imaginó que la fortaleza de los mercados acabaría destruyendo los controles de capital.
Cuando se impuso la liberalización financiera, terminó cualquier semblanza de control democrático sobre la economía. Congresos y parlamentos se hicieron obsoletos. Los ministerios de hacienda y los bancos centrales se convierten en gigantescos establecimientos donde trabajan los empleados del capital financiero.
En un modelo de economía abierta la irrestricta movilidad del capital es un impedimento para la aplicación de políticas de bienestar social porque éstas son vistas como desestabilizadoras del tipo de cambio. Cualquier medida de política monetaria que reduzca las recompensas del capital financiero será castigada de inmediato. En ningún lado es más claro este dominio del capital sobre la política macroeconómica que en las finanzas públicas. En los países que abrazaron la globalización neoliberal, la política fiscal estuvo dominada por un objetivo básico: generar un superávit en el balance primario. Eso condujo durante décadas a una restricción criminal del gasto programable para desviar recursos hacia la esfera financiera.
Hace 2 mil años, Aristóteles describió un proceso de circulación monetaria que era la peor amenaza para el orden social. En la Política explicó que la moneda era un objeto ético-político. La medida de todas las cosas es la necesidad, pero no la necesidad de apropiarnos de ellas, sino la necesidad que tenemos los unos de los otros. Sin embargo, como esa medida no puede estar presente en las transacciones de todos los días, la moneda ofrece una medida operativa a los ciudadanos para realizar la justicia en las pruebas de la vida cotidiana. Pero Aristóteles advirtió que hay una forma de circulación monetaria que amenaza el orden social y terminaría por destruirlo. En esa circulación, el vínculo entre la moneda y la necesidad (como medida de todas las cosas) se rompe. Ese circuito monetario es el del préstamo con intereses. Aristóteles había lanzado la primera denuncia contra lo que sería el capital financiero. Debemos retomar su advertencia.
Un largo proceso histórico ha torcido las relaciones entre el espacio financiero y el de la democracia. Pero en la coyuntura actual estas dos dimensiones de la vida social vuelven a tocarse. Y deberíamos aprovechar el momento. No es fácil que el poder legislativo recupere el control que alguna vez tuvo sobre la oferta monetaria, las operaciones financieras y las finanzas públicas. Pero es urgente que lo haga, de lo contrario se viene una hecatombe que hará parecer a la crisis actual como un día de campo.
Primera regla del sistema fiscal: "Todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento del Estado en proporción (...) a sus ingresos", escribía allá por el siglo XVIII Adam Smith, uno de los padres fundadores del capitalismo. Apenas unos años después, unos pocos municipios del sureste de Francia protagonizaron una pequeña revolución contra el señorío de los Grimaldi. La dinastía monegasca decidió construir un casino para nutrir las maltrechas arcas del principado, que tras la revuelta ya no tenía siervos a quienes cobrar impuestos. El juego estaba prohibido en Francia, pero aún así el Estado francés financió el ferrocarril para que el dinero llegara cómodamente a Montecarlo. Inmediatamente después, Mónaco ideó un sistema fiscal más amable que el de los países vecinos con la misma idea, atraer a las grandes fortunas para que hicieran allí lo que era ilegal en el resto de Europa: escapar del fisco.
La regla de Adam Smith adoptó entonces la forma que ha llegado hasta nuestros días: Todos los ciudadanos deben contribuir al Estado en proporción a sus ingresos, excepto quienes tengan la posibilidad de llevarse el dinero a Montecarlo sin levantar sospechas. (Warren Buffet, el hombre más rico del mundo, lo dice de otra manera: "Primera regla: nunca perder dinero. Segunda regla: nunca olvidar la primera regla".
La de Mónaco es la historia de uno de los primeros paraísos fiscales de la era moderna, la que va de la revolución industrial al capitalismo de casino -de casino- de los últimos años. El éxito es contagioso, y la fórmula de los Grimaldi se ha ensayado en muchos otros lugares de Europa, de Asia, del Caribe; prácticamente en todos lados (algunos muy cercanos: Gibraltar y Andorra). Hay un edificio en las Islas Caimán que alberga a 12.000 empresas estadounidenses. "O es el mayor edificio del planeta, o se trata de la mayor estafa fiscal del mundo, y todos sabemos cuál de esas dos opciones es la verdadera", atacaba un afilado Barack Obama en la campaña electoral que le dio la victoria en las últimas elecciones en Estados Unidos. Y sin embargo, algo está cambiando en Mónaco y en las Caimán: la OCDE acaba de anunciar que ninguno de esos dos países puede ser considerado a día de hoy paraíso fiscal.
Lo mismo sucede con numerosos microestados, enclaves coloniales tan conocidos por sus playas de fina arena como por sus lavanderías de dinero (Aruba, Bermuda, Islas Vírgenes, Antillas Holandesas) y otros territorios similares en Europa y en medio mundo (San Marino, Jersey, Bahrein y alguno más), que en apenas unos meses han dejado de ser considerados paraísos fiscales. E incluso con países más poderosos y aparentemente respetables como Suiza, cuyos bancos se han enriquecido durante décadas gracias al secreto bancario, pero que en los últimos tiempos se han visto obligados a algo impensable hace apenas unos años: deben dar información a otros países sobre miles de clientes -miles de presuntos evasores de impuestos- para no ser señalados en ninguna lista. Eso sí, obligados -casi siempre- por los tribunales.
Una cruzada está en marcha: tras décadas de inmovilismo, de tabú, en apenas 10 meses se han firmado más de 100 acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal. La evasión de impuestos, que se había convertido en un deporte de élite practicado por las mayores instituciones financieras, los ejecutivos de banca más exitosos y las multinacionales más potentes, ha cambiado de estatus por obra y gracia de la madre de todas las crisis. Los paraísos fiscales reciben leña por todos lados: uno de los puntos más polémicos de las últimas elecciones en la India fue la competencia desleal de esos territorios; Australia, Reino Unido, Portugal y Alemania preparan represalias contra la inversión en paraísos; el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quiere obligar a los bancos de su país a deshacerse de las filiales que operan en países opacos. El número de ejemplos de esa nueva retórica política es apabullante. ¿Qué ha provocado ese giro en tan poco tiempo?
Ha sido el G-20, el club de los países más poderosos del mundo, el que ha generado esa fenomenal polvareda. Casi de carambola: ante la imposibilidad de presentar avances rápidos en la regulación financiera -el verdadero meollo de la crisis-, las mayores potencias la han tomado con aspectos fronterizos, como los bonus de los ejecutivos o los paraísos fiscales: medidas de menor calado en ese objetivo declarado de prevenir crisis futuras, pero mucho más rentables en televisión.
Las últimas cumbres del G-20 han supuesto un impulso político sin precedentes que ha puesto las lavanderías de dinero sucio en el centro de todas las dianas. Tras la reunión de abril en Londres, la OCDE publicó por sorpresa una lista negra de paraísos fiscales que levantó ampollas. Suiza estaba en esa lista, al igual que varios países de la eurozona: Austria, Bélgica y Luxemburgo. El G-20, además, les amenazó con sanciones a partir de marzo de 2010. La crisis mueve montañas: esas amenazas han provocado una estampida de paraísos que han logrado cumplir, en un tiempo récord, los requisitos necesarios para abandonar esa ominosa lista. Evidentemente, hay truco. Pero a la vez los avances respecto a la situación de partida son innegables.
Los paraísos fiscales -o centros financieros off shore, en la jerigonza que tanto gusta en las finanzas globales- surgen como una suerte de caja B en la que los ricos guardan su dinero para no pagar impuestos. Son territorios que ofrecen escasa o nula tributación y que facilitan la evasión fiscal mediante la opacidad: se niegan a dar, e incluso a conocer, la identidad y el origen de las inversiones que reciben, y viven -muy bien, por cierto- mayoritariamente de esas prácticas oscuras. En la década de los setenta del siglo pasado empiezan a darse a conocer desde los márgenes del capitalismo. Son los años del laissez faire financiero, de los Reagan y Thatcher, en los que se va desmantelando el control del Estado sobre la banca ante la enorme presión política por desregular y liberalizar, los dos grandes abracadabras de la época.
Pero es en los años noventa cuando la desregulación alcanza sus máximas cotas y los paraísos se consolidan como un sector fundamental para las finanzas globales, caracterizadas por el libre movimiento de capitales. En ese caldo de cultivo florecen los estados transfiscales, que se benefician del cinismo, la hipocresía y la mano ancha de los grandes países para desarrollar sus fenomenales ventajas competitivas: bajos impuestos, opacidad y secretismo, los tres ingredientes básicos que permiten a las entidades financieras diseñar el sistema bancario en la sombra que ha saltado por los aires con la crisis.
Las turbulencias financieras destapan -y convierten en denuncia- lo que todo el mundo sabía: Bear Stearns, uno de los bancos de inversión que provocó la crisis, operaba desde las Islas Caimán. Lo mismo hacían todos los grandes bancos de negocios estadounidenses, considerados los grandes culpables del huracán financiero. Las entidades europeas, muy reguladas en sus países de origen, tenían centenares de filiales en esos territorios. Hasta Bernard Madoff, el estafador estadounidense, contaba con varios fondos de alto riesgo radicados en Luxemburgo. Y lo más importante: todo sigue igual. "Los mayores ejemplos de secreto bancario, lavado de dinero y fraude fiscal no están en los valles alpinos ni en las islas tropicales, sino en el patio trasero de las grandes economías: la City de Londres y Wall Street, Fráncfort y Tokio, funcionaban regularmente con filiales off shore. No hay que olvidar que la crisis se detonó en los grandes centros financieros mundiales, y no en los paraísos", asegura el analista Moisés Naïm.
La OCDE sostiene que la campaña "está erradicando el secreto bancario a efectos fiscales", asegura desde París Grace Pérez-Navarro, subdirectora del Centro de Políticas Fiscales, adscrito a la institución que concentra a las economías desarrolladas. Los expertos reconocen el ingente trabajo realizado por parte de la OCDE. Y aún así, arrecian las críticas. Nadie fuera de la OCDE parece contento con lo que sucede: ni los paraísos, ni los que denuncian a los paraísos fiscales.
En 2000, la organización que dirige el mexicano Ángel Gurría estableció una serie de firmes criterios técnicos que definían lo que era -y lo que no era- un paraíso fiscal, y estableció 2005 como límite para su desaparición. Fracasó estrepitosamente. Pero el G-20 de Londres le dio la oportunidad de redimirse y la institución unificó sus criterios antiparaíso en uno solo: desde entonces basta con firmar 12 acuerdos bilaterales de intercambio de información fiscal para no aparecer en la lista negra. Y eso es lo que han hecho Jersey, las Islas Caimán, Suiza, el inevitable Mónaco y tantos otros países.
"Es el fin de la época del secreto bancario", declaró con la solemnidad que le caracteriza Sarkozy tras la cumbre de abril. "Es el principio del fin", matizó el primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown. Los expertos se decantan con claridad por la interpretación británica. "La lista de la OCDE es ridícula", ataca Richard Murphy, del think tank Tax Justice Network. "Bélgica sale de la lista negra por firmar acuerdos con países como San Marino; Liechtenstein y Mónaco firman un pacto entre ellos y dejan de ser considerados paraísos. Es absurdo. Necesitaríamos miles de esos acuerdos para que el sistema empezara a funcionar. Más que pactos bilaterales, es esencial llegar a acuerdos multilaterales que supongan un intercambio de información automática, pero no parece que la OCDE persiga ese objetivo", aclara.
"Esa avalancha, ese barullo que hay contra los paraísos hace que los cambios aprobados sean algo más que mera retórica, pero la mejoría es aún muy, muy limitada", concluye Murphy, un antiguo auditor en una multinacional que desde hace más de una década lucha contra la impunidad de los paraísos fiscales. Y que es persona non grata en Jersey por la intensa actividad que despliega contra las prácticas fiscales de ese enclave británico.
Juan Hernández Vigueras, autor de La Europa opaca de las finanzas (Icaria), califica de "rimbombante y vacía" la actuación del G-20 y de la OCDE. "El auténtico problema es la regulación financiera, o mejor dicho la falta de regulación, y lo que ocurre con los paraísos fiscales es consecuencia directa de ese asunto. La prueba de la frivolidad con la que se trata el problema es que ni EE UU, ni el Reino Unido ni ningún país europeo de los que ha nacionalizado o dado ayudas a los bancos ha tomado medidas contra las filiales de esas entidades en paraísos fiscales. De lo que se deduce que del G-20 han salido, una vez más, grandes palabras y magros resultados".
Incluso el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, reconoce que varios paraísos fiscales han "escapado rápidamente" de la lista negra firmando acuerdos de colaboración entre ellos, una práctica que puede vulnerar el espíritu de la norma establecida por la OCDE. Pérez-Navarro defiende la batalla emprendida por esa institución: "La mayoría de los convenios tributarios son bilaterales, incluso dentro de la UE. Ha habido avances importantes y es falso que la mayoría de los acuerdos firmados sean cosméticos. Sí es cierto que hay algunos paraísos fiscales que pactan con otros paraísos fiscales para llegar a esos 12 acuerdos. Pero si continúan por ese camino no quedarán fuera de la lista negra por mucho tiempo. El Foro Global -el organismo de la OCDE encargado de esa lista- va a examinar no sólo el número de acuerdos, sino también la calidad de los mismos". "El proceso de revisión ya está en marcha", advierte.
La cumbre del G-20 en Pittsburgh apenas ha aportado avances, más allá del debate sobre el nuevo sistema de revisión y sanciones, que deben estar listos en la primavera del año que viene. La OCDE avanza que entre las opciones que se barajan figuran retenciones adicionales sobre intereses, dividendos y otros pagos a empresas o personas radicadas en paraísos fiscales; declaraciones adicionales por parte de los contribuyentes o empresas sobre operaciones en jurisdicciones no cooperativas, y el final de las deducciones que en muchos países disfrutan aún las inversiones en paraísos fiscales.
Pero eso aún queda lejos. Federico Steinberg, investigador del Instituto Elcano, considera que la crisis ha puesto sobre la mesa asuntos heterodoxos, como los paraísos o los bonus de los ejecutivos. "Esos debates tienen la virtud de que rompen tabúes y son propuestas valientes, pero es poco probable que tengan éxito: el dinero siempre sabe por dónde escapar", asegura Steinberg. "Aún así, hay que aplaudirlas aunque sólo sea por la polémica que han generado y por los avances que puedan producirse, aunque sean relativos", sostiene.
Los dardos del G-20 contra los paraísos provocan opiniones encontradas. Antonio Garrigues Walker, fundador del capítulo español de Transparencia Internacional, aseguraba esta semana que, a pesar de los esfuerzos, en realidad "no se hace nada". "¿Por qué siguen siendo intocables? ¿Cuál es la fuerza invencible, quién tiene el poder que hace que se mantengan sin apenas daños si todo el mundo sabe que son una fuente de corrupción?", se preguntaba. Sin embargo, en el lado oscuro el desasosiego es evidente. El primer ministro luxemburgués, Jean Claude Juncker, califica de "populismo mediocre" la presión del G-20 sobre los paraísos. "Lo que hace el G-20 es descargar sus frustraciones", añadía hace unos meses el presidente de la patronal bancaria suiza, Pierre Mirabaud.
Daniel J. Mitchell, economista del think tank neoliberal Cato Institute, asegura desde Washington que el ataque contra lo que califica como "jurisdicciones con bajos impuestos" viene de la mano de las grandes potencias mundiales: Alemania, Francia, Reino Unido y EE UU. Y ese asalto tiene intenciones aviesas: "El G-20 y la OCDE no son más que vehículos para ese ataque" de países ahogados por un déficit público galopante, apunta. "El objetivo es crear un cartel de Estados partidarios de los impuestos altos, una suerte de OPEP para Gobiernos. Es una pésima noticia", critica.
Pese a la lógica reacción de los defensores del status quo, no parece probable que los paraísos fiscales desaparezcan de la agenda política. Por muy tímidos que sean los avances, los propios paraísos aceptan que llega la hora de la transparencia. Pero los economistas consultados sugieren que los problemas no se circunscriben a esos territorios. Los males del capitalismo financiero son más profundos, y están en el epicentro del sistema: "Larry Summers, el último secretario del Tesoro de Bill Clinton, y Paul O'Neill, que lo fue de George W. Bush, han aunado esfuerzos para proteger a los paraísos fiscales y a los fondos que ahí se colocan", afirmaba recientemente el Nobel de Economía Joseph Stiglitz.
El economista de la universidad australiana de Griffith Jason Sharman ha demostrado que eso es así en EE UU, pero también en Europa y casi en cualquier rincón del mal llamado mundo desarrollado. Con apenas 10.000 dólares, Sharman demostró que es posible crear empresas en un periquete sin proporcionar los nombres de los accionistas ni la más mínima información fiscal: apenas un carné de conducir y un puñado de dólares le permitieron poner en marcha sociedades en Nevada o Delaware (EE UU), en Bermuda o en Suiza. En el Reino Unido creó compañías sin dar un solo nombre. En la práctica, los países de la OCDE tienen una regulación más laxa que los paraísos fiscales clásicos en algunos aspectos, asegura en un interesante trabajo.
Sharman y otros expertos denuncian que Gobiernos que legislan con dureza en sus territorios abren a los bancos y a las multinacionales la puerta de atrás para no pagar impuestos: Liechtenstein y Luxemburgo están en el corazón de Europa, Jersey a apenas unas millas de la costa de Inglaterra, y EE UU tiene muy cerca muchas de esas lavanderías de dinero. "Hay un peligro evidente y es focalizarse únicamente en los pequeños jugadores, ignorando las deficiencias en los grandes países. Los paraísos fiscales han explotado esa evidente hipocresía y las acciones del G-20 no pueden perder de vista ese aspecto. El problema es que EE UU, especialmente, hace un pésimo trabajo en la recogida de información fiscal, que es tan mala o peor en muchos casos que la que proporcionan algunos de los países de las listas negras", cierra.
La transparencia llegará; queda saber cuándo. Algunos paraísos fiscales están haciendo un esfuerzo por diversificarse: Liechtenstein es el primer exportador mundial de dentaduras postizas. Bermuda apuesta por los casinos. La Isla de Man ha puesto en pie una incipiente industria espacial. Y Mónaco dice tener ya más empleos en el sector industrial que en el sector financiero. Tal vez así consiga dejar de ser el "lugar soleado lleno de gente sombría" que describió Somerset Maugham.
Claudi Pérez- El País
Santander: 52 filiales en países opacos
Iñigo de Barrón. El País
Nada provoca más recelos en la banca que preguntar por los paraísos fiscales. En realidad, en el mundo financiero no se habla en términos tan sospechosos: los bancos prefieren el eufemismo "establecimientos off-shore". Hasta 2003, numerosos bancos y cajas en España tenían filiales en paraísos fiscales: la legislación daba grandes ventajas a las emisiones realizadas desde estos países. Al Banco de España nunca le gustó esa situación, así que forzó un cambio legislativo: ahora prácticamente sólo el Santander y el BBVA mantienen posiciones en países off shore.
La entidad presidida por Emilio Botín es la que más presencia tiene, con 52 filiales (algunas de ellas inactivas), frente a las 14 del BBVA, que dice estar "en proceso de liquidación" en nueve de ellas. Como explica en el informe de auditoría del Santander, de las 52 entidades, 17 pertenecen directamente al grupo (aunque sólo cuatro están operativas); 32 son de las filiales británicas (Sovereign, Alliance & Leicester y Bradford & Bingley) y tres del norteamericano Sovereign. En total, gana 248 millones de euros, el 2,8% de lo que obtiene el grupo. Desde 2005, el Santander ha cerrado 24 unidades de estos territorios y su intención es seguir haciéndolo, pero se le acumula el trabajo porque cada vez que compra un banco en el extranjero incorpora sus filiales off shore. El grupo está presente en Bahamas, Antillas Holandesas, Jersey, Panamá, Guernsey, Caimán y la Isla de Man. Su actividad principal es banca privada para clientes extranjeros, operaciones de financiación, intermediación e inversión en el mercado americano, gestión de participaciones del grupo, emisión de deuda, seguros y leasing. Las filiales más representativas son Santander Bank and Trust (banca privada) y Santander Bahamas International (operaciones de financiación). Ambas están radicadas en Bahamas y tienen 120 empleados. En Jersey mantiene con 130 empleados. "El Santander tiene establecidos los controles adecuados para evitar la existencia de riesgos reputacionales y legales. Las cuentas de estas unidades son auditadas por Deloitte", advierte el banco en su memoria.
El BBVA ofrece menos datos de su actividad en paraísos. Tras el escándalo de las cuentas opacas y de los planes de pensiones para consejeros pagados con dinero procedente de Jersey, que provocaron la salida de la cúpula y la mitad del consejo, el BBVA lleva cinco años reduciendo su presencia en esos países. En 2008 se retiró de 36 centros financieros off shore. Ahora tiene nueve filiales en Islas Caimán, que están en proceso de cierre, dependiendo de la fecha de amortización de sus emisiones; tres entidades en Caimán; una en Antillas Holandesas, y otra en Panamá. Su actividad se centra en banca de empresa, gestión de riesgos financieros y de balance y banca comercial, pero no ofrece servicios de banca privada. Y no informa del beneficio que obtiene en los paraísos.
ATTAC trabaja en el estudio y difusión de las Campañas para la implantación europea y global de un impuesto contra los movimientos especulativos de capitales, la llamada Tasa Tobin (denominada actualmente por la Red europea Tributación de las Transacciones Cambiarias o TTC); y dedica su atención al estudio y observación de los efectos negativos que generan los centros financieros offshore o extraterritoriales, convertidos en paraísos fiscales parano residentes; asimismo busca la coordinación de las actividades que son el contenido de las campañas periódicas contra estos subproductos de la globalización financiera. ATTAC España está integrada en la European Currency Transactions Tax Network o Red europea por la Tributación de las Transacciones Cambiarias (www.cttcampaigns.info) y está representada en el comité directivo de la Red por la Justicia Fiscal o Tax Justice Network, una coalición de expertos, asociaciones, sindicatos y ONG´s en defensa de sistemas tributarios más justos y equilibrado, y contra los paraísos fiscales para la financianción de los servicios públicos y la protección social de las comunidades nacionales. (www.taxjustice.net)
¿Qué es ATTAC?
Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras especulativas y la Acción Ciudadana.
Movimiento Internacional de ciudadanos para el control democrático de los mercados y sus instituciones.
¿Sabía Ud. que su futuro y el de los suyos se decide en foros internacionales a los que sólo pueden asistir los grupos de interés de los opulentos y especuladores?
Debido a esto el progreso sólo favorece a la minoría que ha establecido las reglas del juego. Muchas personas sufren las angustias de la inseguridad, el riesgo, la precariedad y el desempleo.
En 1.960, el 20% más rico tenía 30 veces más que el 20% más pobre. En 1.990, 60 veces más. En 1.995, 82 veces más. En 2.003 ...
No se trata, como quieren hacernos creer, de una evolución "inevitable", sino de las reglas de juego impuestas por las organizaciones y los grupos mundiales del poder económico. Estos grupos no cesan de hablar a favor de la liberalización y la desregulación, y en contra de las preocupaciones ecológicas y la sociedad del bienestar tachándola de "Estado asistencial" cuando ellos sólo favorecen el "asistencialismo" a los opulentos.
Para lograr esto han hurtado al ciudadano su derecho a decidir sobre su futuro, e incluso, a estar informado.
¿Qué es ATTAC?
Nacido a partir de una propuesta del Director del periódico Le Monde Diplomatique, ATTAC es un movimiento internacional de ciudadanos preocupados por los asuntos colectivos y empeñados en buscarles solución.
¿Qué pretende?
La finalidad de ATTAC es devolver el poder a los ciudadanos.
¿Qué objetivos se propone?
Establecer mecanismos democráticos de regulación y control de los mercados y del sistema financiero internacional.
Impulsar y fortalecer el desarrollo de una opinión pública mundial independiente, activa y bien formada.
No es aceptable, ni justo, y no puede tener futuro el hecho de que para afianzar e incrementar el poder y la riqueza de una ínfima minoría, se imponga la destrucción de la naturaleza y la miseria, el riesgo y la inseguridad de la gran mayoría.
ATTAC plantea como medidas de control democrático, entre otras:
Gravar con el impuesto conocido como Tasa Tobin las transacciones especulativas en los mercados de divisas.
Suprimir los paraísos fiscales.
ATTAC colabora con otros movimientos, con redes sociales y con publicaciones para conseguir sus objetivos. Son ya miles las personas en el mundo que se han unido a ATTAC y participan en redes y grupos de información, de estudio y debate, y en campañas nacionales e internacionales.
La presentación del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible marca un antes y un después en la política económica del ejecutivo y deja una vez más en entredicho a la oposición de derecha, empeñada por boca de Rajoy en decirle a los ciudadanos que el gobierno no está haciendo nada. 
