jueves, 28 de febrero de 2008

Inspectores de Hacienda piden el bloqueo financiero para Liechtenstein y otros paraísos fiscales

Madrid, 27 de febrero de 2008 .- La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) considera que la medida más importante y efectiva que se debería adoptar para luchar contra los paraísos fiscales y el fraude fiscal es la reforma del artículo 56 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales y a los pagos entre Estados miembros y entre estos y terceros países.


En los últimos días se está conociendo la trascendencia de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades fiscales alemanas en relación con el fraude cometido mediante la utilización en Liechtenstein en su condición de paraíso fiscal, en donde figuran implicados también ciudadanos o empresas españolas, como ha reconocido la propia Agencia Tributaria (AEAT).


Las características de opacidad y anonimato de los paraísos fiscales los convierten en territorios que se utilizan para ocultar todo tipo de rentas, incluidas las provenientes de actividades delictivas, como el terrorismo, tráfico de armas y drogas. Sin embargo, resulta extraordinariamente extraño que un puñado de pequeños países puedan tengan en jaque al resto del mundo y más aún cuando se ha demostrado que los paraísos fiscales se han utilizado también en numerosas ocasiones en actividades tan graves como la financiación del terrorismo y del narcotráfico.


Los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) no se sorprenden ante el descubrimiento del caso de Liechtenstein, ni siquiera cuando se conozcan los detalles de las personas implicadas o de los volúmenes de fondos de dinero negro canalizados hacia dicho país porque la utilización de los paraísos fiscales para evadir impuestos, en cuantías que suponen la cuarta parte de toda la riqueza mundial, es una práctica a la que ningún Estado parece dispuesto a poder límites.


IHE cree que resultaría muy fácil aislar y ahogar financieramente y, por tanto, eliminar la posibilidad de utilizar a determinados territorios como paraísos fiscales, si el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europa incluyera, como excepción al principio de libertad de los movimientos de capitales, los movimientos efectuados entre los Estados miembros y los territorios calificados como paraísos fiscales.


En el ámbito de la Unión Europea existe una enorme hipocresía en relación con la existencia y utilización de los paraísos fiscales. Cuando se descubre un caso como el que nos ocupa de Liechtenstein, todos los países implicados manifiestan su interés por llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, incluida España, pero lo cierto es que previamente no se han adoptado las medidas necesarias para evitarlo.


MEDIDAS NECESARIAS EN LA LUCHA CONTRA LOS PARAISOS FISCALES


La medida más importante y efectiva que sería necesario adoptar es la reforma del artículo 56 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales y a los pagos entre Estados miembros, y también entre estos y terceros países, un principio que está basado en el capitalismo financiero y que rige sobre cualquier otro.


En este sentido, una medida coherente que debería llevar a cabo el Gobierno español sería la propuesta a las Instituciones Europeas de dicha modificación para que los ciudadanos y empresas de países pertenecientes a la Unión Europea, entre ellos España, no puedan utilizar países como Liechtenstein, y otros tan cercanos a nosotros, como Gibraltar y Andorra, para la evasión de impuestos.


Ningún Estado miembro puede adoptar de forma unilateral medidas que supongan la restricción de movimientos de capitales con los países calificados como paraísos fiscales. Por ello, en el caso español, de poco han valido las medidas antiparaíso existentes en nuestra legislación, y, en concreto, que Liechtenstein esté incluido en la lista de 48 territorios calificados como paraísos fiscales en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio.


De forma supletoria, y mientras no se adoptara dicha medida por la Unión Europea, los Inspectores de Hacienda proponen que el Gobierno español adopte de forma unilateral las siguientes medidas, dentro del ámbito de sus competencias normativas y de actuación:


Medida 1. Establecer un impuesto especial sobre movimientos de fondos con los territorios calificados como paraísos fiscales.


Medida 2. No reconocer, en la legislación mercantil y fiscal española, personalidad jurídica para intervenir en el tráfico mercantil a las sociedades constituidas en paraísos fiscales.


Medida 3. Modificar la legislación bancaria, estableciendo la prohibición de que las entidades bancarias españolas puedan tener filiales o sucursales en territorios calificados como paraísos fiscales.

Subsidiariamente, obligar a los bancos españoles a informar a las autoridades tributarias de las operaciones de sus filiales o sucursales en paraísos fiscales, en los mismos términos que sus propias operaciones realizadas en territorio nacional


Medida 4. Modificar la regulación del delito fiscal en el Código Penal para agravar las penas cuando el fraude fiscal se cometa mediante la utilización de paraísos fiscales.


Medida 5. Llevar a cabo un plan de comprobación de empresarios, profesionales, artistas y deportistas con residencia en paraísos fiscales.


La Agencia Tributaria española ha manifestado que cuando disponga de la información sobre los ciudadanos españoles implicados iniciará las correspondientes actuaciones y, en caso de que proceda, se remitirán los expedientes a los Juzgados.

Pero si a los ciudadanos españoles y a los medios de comunicación les interesa especialmente conocer la identidad de las personas implicadas, a los profesionales de inspección lo que nos preocupa es ver el resultado final de este entramado fiscal.


A la vista de casos precedentes, es muy posible que los ciudadanos asistan atónitos dentro de 10 o 12 años a la imposición de unas condenas por Delito Fiscal que no supondrán el ingreso en prisión para nadie y que se saldarán con multas que con toda probabilidad y si no se modifica la actual legislación pagarán, en parte, con el dinero existente en el paraíso fiscal.

Todas estas medidas han sido propuestas en los últimos años y en numerosas ocasiones por Inspectores de Hacienda del Estado, tanto al Gobierno de turno como a los diferentes Grupo Parlamentarios en el Congreso.


Para IHE mientras no se adopten las medidas propuestas y otras de igual calado, seguirán saltando a la actualidad nuevos casos como el destapado en Alemania y otros países, que no suponen una brillantez en los resultados contra el fraude fiscal, sino todo lo contrario.

Para más información

Departamento de Comunicación
Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado
Teresa Nevado
Tel. 91 5500204

www.inspectoresdehacienda.org

Carta abierta al Secretario de Estado de Economía


Sr. David Vegara Figueras
Secretario de Estado de Economía
Desde ATTAC España nos dirigimos a usted, como Presidente del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), en relación a la noticia de reciente aparición en prensa, respecto al actual requerimiento que dicho organismo hace a diversos despachos de abogados de información exhaustiva, al mismo tiempo que se movilizan recursos de inspección y a las autoridades judiciales y policiales.

Nos congratula leer en prensa que un servicio tan necesario en la persecución del delito fiscal y financiero a través del lavado de dinero, parece ser cumplimenta con celo sus funciones supervisoras. Y nos congratula muy especialmente que el supuesto objeto de inspección de estos notables despachos sea valorar si estos son, o no, agentes que intervienen en la creación de sociedades opacas en reconocidos Paraísos Fiscales o centros financieros extraterritoriales o para no residentes.

No deja de sorprendernos que en las informaciones que da la prensa sobre presuntas irregularidades financieras aparezcan, ya era hora, citados estos Paraísos Fiscales que son en la actualidad el principal instrumento a nivel internacional del delito fiscal y financiero; de la especulación financiera; de los delitos societarios de grandes empresas y multinacionales; de la elusión, evasión y fraude fiscal; del crimen y el tráfico organizados y del terrorismo internacional. Alguna esperanza hay, ¡¡se puede hacer visible lo invisible, se puede nombrar lo innombrable: Paraísos Fiscales!!

Paraísos Fiscales que vienen multiplicando exponencialmente su actividad al amparo del principio básico que regula la política económica neoliberal de la UE que viene consagrada en el marco del Tratado de la UE aprobado recientemente en Lisboa por el gobierno español (Título IV art.63) “quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países “y debido a su trascendencia esperamos que su ratificación por el pueblo español sea sometida a consulta ciudadana en referéndum. Tal es, al menos, la opinión mayoritaria expresada por las encuestas de opinión realizadas al efecto.

Pues bien, para nosotros Sr. Secretario de Estado, el principio de prevención ha de actuar necesariamente sobre las causas para prevenir y paliar los efectos. Y preguntamos ¿Se ha analizado suficientemente por el Gobierno que usted representa el papel fundamental que en el actual sistema económico/financiero internacional representan los Paraísos Fiscales? ¿Cree usted Sr. Secretario General que la existencia de estos vacíos o limbos jurídicos extraterritoriales, en los que choca cualquier intento de persecución del delito por parte de la comunidad internacional, hace que sea factible el principio de prevención, esta vez en lo que se refiere al blanqueo de capitales? ¿Cuáles son las actuaciones del Gobierno en los organismos internacionales en que está representado (OCDE, FMI, NN.UU, UE, etc) con el fin de poder controlar la delincuencia e inestabilidad financiera que proporciona la mera existencia de estos Centros Offshore Extraterritoriales o Paraísos fiscales y que actuaciones deberían darse? No sabemos exactamente qué preguntas se hace el Gobierno, pero en ATTAC consideramos que cualquier política seria de prevención debe de poder dar respuesta a estas preguntas y dar pasos hacia la consecución de medidas preventivas eficaces.

Le volvemos a manifestar el agrado con que acogemos la noticia, igual que hemos seguido con interés y satisfacción las operaciones judiciales y policiales en las operaciones Ballena Blanca o Malaya, pero queremos así mismo expresarle que no podemos estar satisfechos con la actuación del Gobierno en cuanto a una posible política preventiva integral de persecución del delito fiscal y financiero y del lavado de dinero, ya que cualquier política que se precie en este sentido ha de venir avalada por un enfoque señalado para combatir el delito offshore, vía paraísos fiscales.

No ha sido este el enfoque que se ha prodigado desde el Gobierno de España, ya que de los 48 Paraísos Fiscales reconocidos en el Real Decreto 1080/1991 se han ido eliminando de la lista diversos países, 9 en 2005 mediante clausulas de intercambio de información con estos territorios, en algunos casos con medidas para evitar la doble tributación. También en 2007 su Gobierno borró del listado el Paraíso Fiscal de Panamá, debido a los intereses apremiantes del Gobierno por posibilitar que empresas Españolas pudieran contratar en las obras de ampliación del Canal. Sin embargo es notorio que el intercambio de información al que aluden dichos acuerdos no puede hacerse efectivo en la mayoría de los casos, pues las legislaciones particulares de estos territorios offshore posibilitan a negocios y capitales fraudulentos y delictivos el anonimato más absoluto. Así que los acuerdos tomados por el Gobierno de España reduciendo el listado de los considerados paraísos fiscales, son mayoritariamente papel mojado y, eso sí, contribuyen a dotar a estos offshore de una imagen falsa de prestigio y respetabilidad.

En este sentido y dentro de la denominada banca offshore han resultado infructuosos los intentos normativos hacia estos territorios establecidos por el Comité de Basilea en 1992, con intentos de aplicación de cuestiones tan sencillas como la obligatoriedad de identificación de los clientes. Y es que las facilidades para abrir cuentas en filiales o sucursales bancarias o para constituir sociedades opacas en estos territorios es absoluta. Las cuentas cifradas o numeradas, la simplicidad y facilidad para la constitución de sociedades opacas, fideicomisos y fundaciones hace inútil todo tratado de intercambio de información. Esto, unido a las leyes que en muchos de estos Centros siguen regulando el secreto bancario, hace posible que el principio de opacidad y la absoluta o nula tributación sigan siendo las dos grandes causas que atraen todo tipo de capitales.

Esta atracción de capitales, en el caso que nos ocupa del lavado de dinero, es posibilitada por la facilidad para la colocación de los capitales que pretenden lavarse en cuentas o sociedades offshore, el encubrimiento de estos mediante sucesivas transacciones financieras protegidas por legislaciones que amparan el secreto empresarial y bancario, así como la integración final de los capitales blanqueados a través del sistema financiero y su regreso al delincuente como dinero legal.

En una carta anterior le expresábamos la necesidad de avanzar en la implementación/adopción de medidas legislativas, así como de incrementar los recursos para hacer efectiva la supervisión y control necesarios en combatir y prevenir el delito fiscal y financiero. En ese sentido nos hacíamos eco del Informe del GAFI 2005 (Grupo de Acción Financiera Internacional) que al analizar las acciones sobre el lavado de dinero en España apuntaba a la casi nula existencia de inspectores dedicados a la supervisión de determinados colectivos que pueden ser proclives a vehicular el lavado, como notarías, despachos de abogados, inmobiliarias, asesorías fiscales registradores de la propiedad, joyerías, marchantes de arte, etc. También nos hacíamos eco de las diversas demandas de las Organizaciones de Inspectores de Hacienda del Estado y distintos cuerpos de dicho Ministerio, en el sentido de la necesidad de aumentar significativamente los recursos humanos para la Inspección. Sin embargo en ATTAC estamos absolutamente convencidos de la necesidad de combatir las causas y de que en este sentido es apremiante para la Comunidad Internacional combatir la opacidad y desregulación financiera y fiscal vía paraísos fiscales e ir planteando su paulatino desmantelamiento como reductos de “no ley” y escenarios de iniquidad y delincuencia.

Somos conscientes de que las acciones para combatir estos paraísos fiscales y como consecuencia el lavado de dinero, han de tener amplio eco en la Comunidad internacional, por ello le requerimos buena disposición para plantear medidas eficaces en los foros e instituciones internacionales donde España a través de su Gobierno estén representados. También para comenzar por casa, nuestro Manifiesto por la Justicia Fiscal Global planteaba al Gobierno que representa una reivindicación que le reproducimos:

“Que se avance en la abolición de los paraísos fiscales. En este sentido pedimos al Gobierno Español que no reconozca jurídicamente a las sucursales bancarias y empresas creadas en dichos “paraísos”.

Mesa de Coordinación de ATTAC España
25/2/2008

martes, 26 de febrero de 2008

ALEMANIA *APRIETA LOS TORNILLOS* A LOS PARAÍSOS FISCALES

Bertrand Benoit y Hugh Williamson en Berlin. FINANCIAL TIMES 22 Febrero 2008. Traducción y comentarios de jhvigueras.

Alemania ha previsto un plan para "apretar los tornillos" a los paraísos fiscales en Europa, según declaró el viernes el ministro de finanzas en medio de una creciente reacción global del gobierno contra los centros financieros con normas de secreto bancario que fomentan el fraude fiscal.

El aviso de Peer Steinbrürck sube un escalón más en la tensión con LIECHTENSTEIN que ha brotado sobre una gigantesca investigación fiscal en las cuentas bancarias que los alemanes tienen en el Principado. El señor Steinbrück dijo que Berlín estaba considerando medidas bilaterales contra Liechtenstein, tales como tasas sobre las transferencias al Principado o la obligación de los bancos alemanes de declarar tales transferencias.

Angela Merkel, la canciller alemana, también señaló que presionaría Mónaco para incrementar la cooperación con las autoridades fiscales en otros países cuando el miércoles se reúna con el Príncipe Alberto que gobierna el Principado

El empujón diplomático de la señora Merkel se produce como resultado de una investigación tributaria de al menos 750 personas sospechosas de fraude fiscal que ha entrado en su segunda semana. La investigación surge de los documentos sobre cuentas alemanas en el banco LGT de Liechtenstein, que la agencia de inteligencia BND adquirió por 4,2 millones € (6,2 millones $) en 2006. Otros países incluidos los EEUU, Finlandia y Suecia han abierto o están considerando la apertura de investigaciones.

La señora Merkel se reunió con el primer ministro de Liechtenstein, Otmar Hasler, en Berlin esta semana y hablará de la evasión fiscal el próximo mes con el Presidente Sakorzy de Francia, que desde hace tiempo ha presionado a Mónaco para se abra. Un portavoz de la señora Merkel, Thomas Steg, dijo que la canciller hablaría con "palabras claras" diciéndole al monarca monegasco que adopte "un comportamiento leal" (fair)

Un portavoz del señor Steinbrück dijo que Alemania estaba utilizando un "diálogo constructivo" con Liechtenstein y otros paraísos fiscales. Sin embargo, si esto no funciona entonces serán necesarias "más medidas bilaterales extraordinarias", añadió. Dijo que estas medidas no tendrían lugar antes de Junio como pronto, tras una reunión en Paris de la OCDE sobre cuestiones fiscales, que están coordinando los esfuerzos globales para reducir el secretismo de los paraísos fiscales. Es posible que las medidas bilaterales se demoren hasta después de las elecciones en EEUU en Noviembre, puesto que Washington ha jugado un papel importante en la acción de la OCDE contra los paraísos fiscales, dijo.

Berlín tiene a la vista a Liechtenstein, Mónaco y Andorra, tres países clasificados como "no cooperantes" por la OCDE porque se niegan a revelar datos bancarios y evasores sospechosos a las autoridades fiscales extranjeras.

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COMENTARIOS DE URGENCIA SOBRE ESTAS NOTICIAS

Estas reiteradas noticias recientes sobre Liechtenstein y Alemania son un ejemplo de cómo "nos venden la moto". Veamos algunos hechos probados.

La CDU, partido de la señora Merkel, utilizó Liechtenstein para su financiación ilegal, según las investigaciones de la citada agencia alemana de inteligencia en 1999 que tuvieron mucho eco mediático entonces.

Y los EEUU de Bush han impedido que el proyecto de la OCDE contra los paraísos fiscales de 2000- 2005 alcanzara sus modestos objetivos, por los que ningún parlamento europeo se ha interesado.

Liechtenstein es socio de la UE desde 1995 como miembro del EEE, el Espacio Económico Europeo. La banca LGT es propiedad de la familia real de Liechtenstein, cuyo Príncipe tiene la nacionalidad austriaca.

Y Francia suscribió en 2002 un nuevo tratado de amistad con Mónaco, sin obligarle a modificar ninguna de las normas que favorecen la evasión fiscal y el blanqueo de dinero sucio, según la propia investigación de los parlamentarios de izquierdas (etapa Jospin), cuyo informe está disponible en Internet.

Más aún, el articulo 56 del Tratado de Roma, que se mantiene tras las reformas del Tratado de Lisboa, prohíbe a los Estados miembros de la UE cualquier restricción a los movimientos de capitales dentro de la UE y con terceros países. Por tanto, las pretendidas medidas contra Liechtenstein son "flatus vocis", palabras vacías.

Esos y muchos otros datos al respecto están documentados en castellano en mis dos libros publicados (AKAL, 2005 e ICARIA, 2008)

Por eso puedo afirmar que las declaraciones del gobierno alemán son un ejercicio de cinismo político. Para colmo el gobierno Brown se niega a pagar 100,000 libras por una información similar que le ofrecen sobre sus defraudadores fiscales en el enclave alpino (FT, 24/2/2008).

El asunto de los paraísos fiscales ejemplifica el dominio de los poderes financieros sobre los Estados, en particular en la Unión Europea. Por eso, por encima de un problema de fiscalidad, es un problema político de primer orden.-

Juan Hdez. Vigueras

Comité de apoyo de ATTAC 24/2/2008

domingo, 24 de febrero de 2008

La Nacionalización del Northern Rock: un caso de libro


Enric Pastor - ATTAC Pais Valencià
La reciente nacionalización del Banco Northern Rock por parte del gobierno inglés me sugiere, como militante de ATTAC, algunas reflexiones y me confirma varías opiniones.

En primer lugar me hace ver la situación de las personas atrapadas entre la subida de los tipos de interés y la bajada del precio de mercado de los pisos que está pagando. En los EE.UU. las autoridades han tomado medidas del tipo de los "cheques-regalo" que tanto estamos viendo por aquí en la carrera electoral.

Ese dinero, en realidad, es una ayuda más a los propios bancos que han hecho las famosas hipotecas "sub-prime", pues el dinero acaban finalmente en los cajones de los bancos que están sufriendo la morosidad por parte de los hipotecados, las víctimas reales, aunque e estos les suponga una cierta ayuda circunstancial.

Por otra parte, leyendo informaciones de aquí y de allá, veo que los mecanismos por los cuales pasa todo esto, los venimos denunciando -y vaticinando sus consecuencias- desde nuestra creación, en ATTAC.

Veamos como funciona la cosa.

Según el relato que hizo el diario "The Guardian",

1.- El banco, siguiendo las prácticas típicas para las hipotecas "de riesgo", tenía gestionadas el 70 %, por valor de unos 53.000 millones de libras no directamente, sino que lo hacía una compañía "off shore" filial del propio banco, radicada en la isla de Jersey, uno de los más conocidos "paraísos fiscales".

2.- La dicha filial estaba utilizando las hipotecas "traspasadas" para "apuntalar" una serie de bonos del propio banco, sacados con la idea de recuperar liquidez. Parece que el conjunto de depósitos utilizado por el banco para obtener fondos colaterales de sus acreedores, incluido el Banco de Inglaterra, se redujo de manera drástica.

3.- Ante la situación, el Banco de Inglaterra le proporcionó un crédito el mes de septiembre contra valores específicos y seguros. Ante la continuación de los problemas, el mes de noviembre de 2007 el Banco de Inglaterra hizo otra inyección de liquidez, esta vez contra valores menos seguros, lo que obligó a que se buscaran "fiadores" ajenos al banco, para garantizar el cobro de los créditos del Banco de Inglaterra qué, como es natural, se nutre de los impuestos de los contribuyentes. Parece que el importe de los préstamos fue de unos 11.000 millones de libras cada vez (unos 32.000 millones de euros, en total).

4.- Al tratar de comprar el banco algunos interesados, el valor ofrecido era muy inferior a su valor en bolsa, en aquel momento. Un análisis detectó que el 75 % de la cartera de hipotecas del banco, por valor de unos 58.000 millones de libras, tenía crecientes problemas por atrasos en los pagos o por regreso al banco de las propiedades, ahora con valores inferiores de mercado al fijado en la hipoteca.

5.- Una serie de datos dan algunas claves del problema:

  • Las hipotecas pactadas sobre el 90% del precio de la vivienda habían subido a 16.000 millones desde los 2.700 millones tres años antes
  • El préstamo excedía el valor de las propiedades en unas 2.500 hipotecas por valor de 263 millones de libras, mientras que tres años antes los números eran solos de 158 viviendas y 13 millones de libras
  • El mes de noviembre de 2007 unos 10.000 clientes tenían atrasos en los pagos de un mes o más, mientras que tres años antes sólo eran unos 2.500 los clientes morosos
  • El 2003 el Northern Rock se había debido quedar con 80 propiedades. A lo largo del 2007, el número creció alrededor de un millar. Evidentemente, una bajada de los precios inmobiliarios provocaría fuertes pérdidas en el patrimonio del banco.

6.- Los analistas de The Guardian han sabido también que el banco ha admitido haber incumplido las condiciones de ciertos valores vendidos mediante su compañía basada en Jersey (Granite Master Issues), que era la que le debería proporcionar dinero en caso necesario con la gestión de las hipotecas cedidas, pero el banco decidió ignorar los incumplimientos. El analista del diario afirma que las relaciones entre el banco y su filial son "difusas", creando incertidumbre sobre la real gestión de las hipotecas. "Sería preocupante para el Banco y para el tesoro (la hacienda) especialmente si en estos momentos los créditos (del Banco de Inglaterra) se utilizaran en beneficio de Granite, en vez de serlo del Northern Rock"

Hasta aquí el caso concreto del banco inglés. Pero, qué pasa en el resto de los bancos europeos?. Pues pasa que el ministro de Finanzas italiano en funciones, Tommaso Padoa-Schioppa, propuso crear un regulador europeo que investigue a los 40 o 50 principales bancos o que, al menos, todos los reguladores (bancos estatales y organismos de inspección) utilizaran el mismo código de actuación, tesis que no prosperó, aunque cada vez se defiende más esta posición por analistas como André Sapir, profesor de la Universidad Libre de Bruselas.

Hay que recordar que el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales de los países de la UE han inyectado cerca de 348.000 millones de euros de dinero fresco a los bancos europeos para solventar los problemas que, en este caso, nadie ha destapado. Una enorme nube de silencio se ha extendido para impedir que se conocieran los bancos en problemas, jugando así con el dinero de los contribuyentes europeos con la habitual carencia de transparencia del BCE.

Frente a esta situación el gobierno laborista (socialdemócrata(?) de la "tercera vía") ha optado por nacionalizar las pérdidas (perdón, quería decir) el banco. Brown ha dicho que el país podrá obtener beneficios en el futuro con la reventa de Northern Rock a inversores privados. “Cuando pase la actual inestabilidad de los mercados, el Estado venderá Northern Rock tan pronto como sea posible”, ha afirmado el primer ministro. “De haber traspasado ahora el banco a alguna de las ofertas privadas que existían, el contribuyente no se hubiera beneficiado de esas ganancias potenciales”. Curioso criterio para defender una actuación de "Robin Hood al revés" a la espera de que "los mercados" le refloten el banco...si es que lo hacen (nadie es capaz de asegurarlo) y no tenemos un caso como el de Banca Catalana o Banesto.

Para concluir. En este "sainete" no falta ninguna cuestión de las muchas que en ATTAC venimos denunciando:

  • Peligrosidad de los denominados "paraísos fiscales" para la seguridad de las transacciones financieras y la estabilidad económica mundial
  • Vacío normativo internacional para la actuación de bancos y otros actores financieros fuera de sus fronteras nacionales
  • Actuación paliativa de las autoritas políticas, siempre al rescate de bancos en problemas, ignorando los auténticos perdedores: los que han perdido su casa por no poder hacer frente a los pagos.
  • Socialización de las pérdidas de bancos privados. Todavía estamos a la espera de encontrar cuando se nacionaliza un banco que tenga ganancias (claro, seria "comunismo"...)
  • La peligrosa red "difusa" que une entidades financieras legales, filiales "paralegales" y sus actuaciones directamente ilegales en los "paraísos fiscales", auténtica selva dónde la única ley que vale es la del máximo beneficio, pasando por encima de lo que sea
  • Impunidad:Por ahora, que se sepa, ningún directivo del Northern Rock ha pasado ni siquiera a declarar por comisaría para aclarar el tema de los riesgos "imprudentes" (o delictivos, directamente) asumidos por su banco y las auténticas relaciones con la filial "offshore" de la isla de Jersey
  • Irresponsabilidad quasi(?)-delictiva de los gestores financieros que usufructuan nuestros ahorros

Continuará?, muy probablemente, SÍ.

sábado, 23 de febrero de 2008

Los paraisos intocables

Micro Estado enclavado en el corazón de Europa central entre Suiza y Austria, Lichtenstein es un paraíso fiscal tipo. En el pequeño principado hay implantadas 74 mil multinacionales, atraídas por las ventajosas condiciones fiscales.


El sector financiero supone el 30% de los ingresos del principado. El caso zumwinkel demuestra que a pesar de sus esfuerzos, la Unión Europea no consigue limitar la atracción de los paraisos fiscales, y ello pese a la ley sobre la fiscalidad del ahorro que entró en vigor en uno de enero de 2005.


Tras 15 años de negociaciones, los países signatarios se comprometían a aplicar una carga impositiva del 15% hasta junio de 2008, y posteriormente, hasta el 35% sobre los intereses generados por el ahorro.


Esas sumas transferidas a continuación a los países de origen de los clientes habrían generado en 2006 entre 120 y 150 millones de euros. Pero Suiza, Mónaco, San Marino, Andorra y Lichtenstein se niegan a desvelar la identidad de sus clientes. Entre esos 5 paraisos fiscales, tres forman parte de la lista negra de la OCDE: Monaco, Lichtenstein y Andorra


Los tres se niegan a eliminar la discriminación fiscal entre residentes y no residentes y no transmiten información sobre los clientes bancarios objeto de una investigación. No es de extrañar teniendo en cuenta que son países que han construido su éxito económico a base de ventajas fiscales y secretos.


La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico no puede sancionar a esos países, pero si puede sugerir medidas que a la larga resultan más ventajosas que la no cooperación.


Andorra, por ejemplo, que es un país sin tradición en la imposición directa prepara un impuesto de sociedades para alejarse de la lista negra. Chipre, Gibraltar, o Luxemburgo son otros lugares considerados paraisos fiscales o bancarios, aunque el caso de Suiza es el más conocido.


En la Confederación Helvética, el secreto bancario está inscrito en la ley, y los extranjeros se benefician de un forfait fiscal que se obtiene multiplicando por cinco el alquiler anual del contribuyente independientemente de sus ingresos.


La carga impositiva sobre las empresas es del 6,4%, en vez del 30% de promedio en Europa.

jueves, 21 de febrero de 2008

LOS AGÜEROS DE CAPITALISMO DEL DESASTRE.

Juan Hdez. Vigueras. Comité de Apoyo de Attac.

Los anuncios agoreros de crisis económica e inmigración desbordante por parte de la derecha junto con la realidad de sus ataques a la sanidad pública madrileña, dan actualidad al reciente libro de Naomi Klein.

En un mundo dominado por el capitalismo financiero global, es fácil contemplar la sutil campaña de amedrentamiento social de la derecha española como una preparación del terreno para sus políticas futuras de terapia de choque, como las que describe este libro, que casualmente ha sido ignorado por los grandes medios de comunicación. Pero que hay que leer para entender cómo funciona la política de hoy. Porque la doctrina del shock que expone, muestra que para aplicar medidas políticas hondamente impopulares que enriquecen a unos pocos y empobrecen a muchos, se busca siempre la desmoralización generalizada, una crisis o un desastre colectivo real, imaginario o manufacturado para la ocasión. De este modo, las situaciones de crisis social creadas, provocadas o no desde el exterior, vienen ofreciendo la ocasión propicia para la introducción y el avance de la privatización, la desregulación estatal y los profundos recortes de las prestaciones sociales, aunque sean tremendamente impopulares entre los ciudadanos del país en cuestión como está sucediendo en Francia. Es el argumento decisivo para sacar adelante medidas en favor de sus “reformas” para superar las crisis supuestas o reales o las supuestas tropelías de los gobiernos que ahora llaman populistas.

¿Exageraciones interesadas desde la izquierda?

Pues, el terrorismo es un caso paradigmático de cómo este capitalismo globalizado lo ha convertido en un mercado floreciente de armas y artilugios electrónicos que ofrecen empresas dominadas por gentes de extrema derecha. Como nos cuenta Naomi Klein, el gran exponente de esta doctrina del shock es Israel, que ha construido una economía que progresa con los desastres de la violencia y la destrucción de Palestina; todo un modelo de economía post 11 Septiembre, con 350 empresas dedicadas a la venta de productos para la seguridad interior y numerosas convocatorias mundiales de congresos y conferencias de expertos delante de los cuales el Estado sionista exhibe sus logros en el control de fronteras, de pasajeros en aeropuertos, etc. Toda una actividad económica que le ha convertido en el cuarto comerciante en armas del mundo, mayor que el Reino Unido. Una transformación económica que, por cierto, coincide con el abandono de la política negociadora para la paz.

La doctrina del shock explica con gran coherencia los eventos históricos sucedidos de las últimas décadas en diversos lugares del mundo, desde el Chile de Pinochet a la privatización de las escuelas tras la catástrofe del Katrina, la invasión de Irak o por qué triunfó Yeltsin sobre Gorbachov, aportando datos el libro referido que no siempre nos han sido ofrecidos. Y más aún, sugiere la urgencia de una reflexión política seria de las amenazas que sufren las democracias más asentadas, desde los EEUU hasta la Unión Europea.

¿Recordamos las declaraciones que hizo en Madrid Jeff Bush, el gobernador de Florida?

Pues la información de este libro de la escritora canadiense nos permite entender mejor lo que en vísperas del ataque a Irak decía el hermano del Presidente imperial sobre las grandes oportunidades para los negocios que iba a ofrecer la anunciada guerra. Y aquellas imágenes televisivas de los destrozos del Museo de Bagdad hemos de encuadrarlas dentro de una terapia de choque que buscaba la implantación del neoliberalismo mediante la destrucción cultural y económica del Estado irakí. Si la invasión se vendió públicamente sobre la base del miedo a las armas de destrucción masiva, fue porque, como explicaría después Paul Wolfowitz, era “el único argumento que podría compartir todo el mundo”.

Pero el verdadero plan de la guerra era la introducción del mercado libre, esta vez mediante la guerra abierta como en su momento denunció ATTAC-España en sus comunicados. Naomi relata los desastres de la Administración del virrey Bremen que contribuyó con su corrupción y su política de privatizaciones a ultranza a generar un conflicto sectario político religioso. El dinero de la ayuda internacional no fue para reconstruir Irak y dar empleo recuperando sus fábricas sino para los grandes contratistas de EEUU, al mismo tiempo que Bush ejecutaba su concepto de gobierno vacío en manos de subcontratistas.

Para quienes puedan pensar que el capítulo sobre “choque terapéutico” elaborado por la CIA parece un reflejo de la teoría conspirativa de la historia, hemos de recordarles el secretismo manipulador inhumano que han puesto de relieve las imágenes de la prisión irakí de Abu Graib, de Guantánamo o los vuelos secretos de la CIA que convierten en cuentos infantiles los relatos de espionaje de la Segunda Guerra Mundial. Este no es un libro cualquiera porque cuenta el desarrollo del proyecto doctrinal neoliberal que pretende convertir el planeta en un mercado dominado por las grandes corporaciones y Wall Street.

Es la ingeniería social y económica aplicada que Naomi Klein llama "el capitalismo del desastre". El padre del fundamentalismo neoliberal, el economista Milton Friedman, observaba que “solamente una crisis – real o percibida- produce cambios de verdad. Cuando sucede una crisis, las acciones que se adopten dependerán de las ideas que subyacen alrededor. De ahí la función básica de desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y disponibles hasta que lo políticamente imposible se torne políticamente inevitable”. Por tanto, del mismo modo que alguna gente hace acopio de agua y de conservas para prepararse ante grandes desastres, los seguidores de la Escuela de Chicago hicieron acopio de ideas sobre cómo imponer la libertad del mercado mediante diversas “terapias de choque”.

El sucio secreto de la era neoliberal – afirma Naomi Klein- es que las ideas del socialismo en democracia nunca fueron derrotadas en una gran batalla de ideas ni fueron sometidas a votación en elecciones sino que fueron expulsadas con terapias de choque en coyunturas políticas decisivas” (pág. 450) vendiendo la falsa idea central de que “capitalismo y libertad son parte del mismo proyecto”. -

martes, 19 de febrero de 2008

Rebaja de impuestos a las mujeres: ¿la acción positiva como arma arrojadiza?

Maria Pazos
Por si fuera poca la proliferación de medidas supuestamente encaminadas a ‘compensar’ la desigualdad de género, una muy importante se añade a la lista: la reducción de impuestos a las mujeres trabajadoras. Una ‘acción positiva’, según el PP, con una doble finalidad: incentivar el empleo femenino y compensar a las mujeres por su menor renta. Ambos objetivos son loables, pero ninguno de ellos se verá favorecido por este camino.

En cuanto a las diferencias salariales, a primera vista parece evidente que un ingreso adicional para todos los componentes del grupo que tiene menores ingresos disminuirá la diferencia de medias entre ambos grupos. Sin embargo, tendríamos que considerar que parte de esta rebaja de impuestos a las mujeres se trasladará a los beneficios empresariales. Si ahora una mujer casada (que es la que puede plantearse la opción de quedarse en casa) está dispuesta a trabajar por un determinado salario, con la rebaja estará dispuesta a trabajar por menos. Esto permitirá a los empresarios ofrecer menores salarios a las mujeres (no solamente de las mujeres casadas), introduciendo un peligroso factor de permanencia de la desigualdad salarial.

Las causas de las diferencias salariales son complejas y todas ellas deben ser eliminadas. Los prejuicios de los empresarios, su prevención frente a los costes extra-laborales que les puede acarrear las mayores ausencias de las mujeres por razones de cuidado, la falta de poder reivindicativo de las propias mujeres. Y algunos de estos fenómenos se verían reforzados por la rebaja de impuestos a las mujeres: los empresarios encontrarían justificación para pagar menos, las mujeres perderían argumentos para exigir igualdad de trato. En definitiva, significaría renunciar al principio de ‘a trabajo igual salario igual’ que tanto nos ha costado adoptar.

La baja tasa de empleo femenino, por su parte, es una rémora para la economía de nuestro país y también un grave problema social. Las mujeres que no tienen empleo tampoco tienen independencia económica. Como consecuencia, están mucho más indefensas ante la violencia de género, tienen más riesgo de pobreza y exclusión social, más problemas de salud y de autoestima. Pero ¿quiénes son estas mujeres, cómo combatir sus problemas y cómo incorporarlas al empleo? Dos son los colectivos implicados: las desempleadas y las llamadas inactivas o excluidas del mercado de trabajo. En ninguno de los dos casos se están tomando las medidas adecuadas y, aunque la existencia de programas especiales ‘para mujeres’ puede dar la impresión de que se les da trato de favor, la realidad de la corriente principal de las políticas públicas es muy diferente.

En España el paro femenino es persistentemente casi el doble que el masculino. Sin embargo, según los indicadores proporcionados por la Comisión Europea, los Servicios de Empleo dedican menos tiempo, y proporcionan menos ofertas de trabajo, a las mujeres que a los hombres. Las categorías de desempleo compuestas mayoritariamente por mujeres no obtienen la dedicación específica (y el presupuesto) que se requeriría, Parados/as de larga duración, ex–cuidadores/as, parados/as cabezas de familias monoparentales con necesidad de servicios de educación infantil para sus hijos/as mientras ellas/os se forman y buscan empleo, paradas/os mayores de cierta edad sin experiencia laboral previa o con periodos importantes de desconexión del mundo laboral, etc. Todas las personas con estos problemas deben ser atendidas especialmente, no solamente las mujeres, y naturalmente no por ser mujeres sino porque su reinserción es más difícil y sus necesidades mayores.

Así que no es necesario, y a mi entender no es conveniente, establecer medidas ‘para las mujeres’ en políticas activas de empleo, sino que basta con eliminar las prácticas viciadas que dan preferencia al trabajador industrial ‘de toda la vida’ y ‘padre de familia’. Estas prácticas contravienen los principios rectores de las políticas públicas según los cuales debe dedicarse más atención a quien más lo necesita. No se trata, pues, de ofrecer un trato de favor o ventajista a las mujeres sino de eliminar los sesgos de género, así llamados porque consisten en ofrecer un trato preferente a los hombres mientras se descuidan las situaciones que afectan a las mujeres. Con la neutralidad nos basta, la cuestión es distinguir entre las políticas verdaderamente neutrales frente al género y la apariencia de neutralidad (políticas llamadas en la literatura feminista ‘gender blind’ o ‘ciegas frente al género’). La cuestión, también, es vigilar los indicadores y presupuestos correspondientes desagregados por sexos dentro de cada categoría, pues existen evidencias estadísticas de que los hombres son más visibles que las mujeres, así en los servicios de empleo como en las empresas, en el sistema educativo y en todos los ámbitos y situaciones de la vida. ¿De qué nos sirven los programas especiales (sistemáticamente con un presupuesto simbólico) si se nos ignora en los programas generales? La mitad de la atención, ni más ni menos, eso es lo que necesitan las mujeres, y falta muchísimo para llegar a ello. Sistemas como las cuotas, la evaluación de género de (todas) las políticas de empleo, etc, son necesarios, no para dar preferencia a las mujeres sino para eliminar la preeminencia de la que hoy en día son objeto los hombres. No es necesario llamar a eso acción positiva: es simplemente justicia.

Las políticas activas de empleo no son suficientes, pues el mercado de trabajo es solamente una parte de la organización social. La reserva de mano de obra está compuesta, mayoritariamente, por mujeres casadas y otras que desarrollan tareas de cuidados en el entorno familiar, ya sea mantenidas por sus familias o por las, recientes en España, prestaciones para el cuidado. Son estas personas, y no otras, las que necesitan políticas específicas para su incorporación al mercado de trabajo. Las mujeres solas, con o sin cargas familiares, registran ya tasas de actividad similares a las de los hombres.

Sin embargo, las políticas públicas incitan a las mujeres a caer y/o a continuar en esa situación de cuidadoras que tan malas consecuencias les acarrea. La tributación conjunta en el IRPF y las crecientes oportunidades de retirada del mercado de trabajo para el cuidado de hijos/as y dependientes (por ejemplo las excedencias por cuidado de hijos/as, y muy especialmente ahora el artículo 18 de la Ley de Dependencia), la desigualdad entre los permisos de maternidad y paternidad, desincentivan la participación laboral de las mujeres casadas. Todas estas medidas tienen efectos negativos sobre el empleo de estas mujeres que se retiran, pero también del empleo femenino en su conjunto. Un empresario, a la hora de contratar a una mujer o a un hombre, no sabe si esas personas van a tener hijos o dependientes que cuidar. Lo que sí saben es que las mujeres tienen una probabilidad mucho más alta de ausentarse por razones de cuidado, lo que puede originarle costes extra-laborales importantes. Este fenómeno, que se conoce como ‘discriminación estadística’, afecta a todas las mujeres. No sería más lógico empezar por eliminar estos des-incentivos diferenciales? Si se quieren igualar las tasas de empleo de ambos sexos, lo más urgente es igualar e individualizar totalmente el sistema de impuestos y prestaciones. Para ello tampoco se necesitan programas especiales dirigidos a mujeres.

Pero ¿se quiere verdaderamente que las mujeres abandonen su rol de cuidadoras y/o de dependencia económica de sus maridos? ¿Se quiere que las mujeres casadas se incorporen al empleo de calidad? En ese caso, no basta con eliminar los obstáculos fiscales al trabajo asalariado de estas mujeres, ni siquiera bastaría con incentivar fuertemente su empleo. Con muchos menos impuestos podrían verse más impulsadas a trabajar pero, ¿qué harían con los niños/as y dependientes? Parece que en todo esto se olvida un importante detalle: si las mujeres casadas trabajan a tiempo completo en menor medida que los hombres, ello se debe en gran parte al coste de oportunidad (aunque esto se ignora en los modelos económicos clásicos, su disyuntiva no es ocio – trabajo sino trabajo doméstico – trabajo asalariado). ¿O es que se pretende que estas mujeres, ante unos salarios reales más atractivos, se incorporen al empleo sin abandonar el trabajo doméstico? ¿O quizás se piensa en que se incorporen a tiempo parcial, en posiciones precarias y con doble jornada de trabajo? Esto les complicaría aún más la vida y no les proporcionaría independencia económica. Queda, pues, pendiente la pregunta clave: ¿Qué hacemos con el trabajo doméstico?

Los ‘hasta 75 euros más al mes de ingresos’ que ha prometido el PP, ni cualquier subvención o desgravación indiscriminada para todas las mujeres trabajadoras, alcanzará a ser una ayuda significativa para el cuidado infantil a aquellas familias necesitadas. No moverá tampoco la tasa de actividad de las mujeres no casadas, pues estas ya están plenamente incorporadas. ¿A qué viene entonces este despilfarro? Es además un intervencionismo sin precedentes pretender incidir en los desequilibrios del mercado de trabajo subvencionando el 50% de la oferta. Sería divertido si no fuera trágico: los neoliberales convertidos en el colmo de intervencionistas. ¿Qué fue de la mano invisible?

A estas alturas tenemos ya suficiente experiencia acumulada para no tener que discutir en el vacío. Sabemos los efectos de unas y otras medidas, las políticas que han aumentado en algunos países las tasas de actividad de las mujeres casadas. Sabemos que, para que la mayoría de las mujeres puedan compatibilizar maternidad y empleo de calidad, son necesarias dos condiciones: servicios públicos de cuidado y corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico. Y sabemos las políticas que aumentan la dedicación de los hombres al trabajo doméstico: permisos de paternidad intransferibles, políticas educativas igualitarias e intervenciones específicas para el entrenamiento desde pequeños, horarios más cortos, eliminación de los topes de cotización a la Seguridad Social y de todos los demás incentivos a las jornadas excesivamente largas, etc. ¿Cómo es posible que los mismos que hacen oídos sordos a todas estas evidencias científicas inventen medidas tan imaginativas por no decir rocambolescas?

Tanta imaginación unidireccional solo tiene una explicación: en realidad estas personas no se imaginan ni por un momento que las mujeres puedan incorporarse al empleo en igualdad de condiciones que los hombres, y mucho menos que los hombres puedan compartir el trabajo doméstico en pie de igualdad. De hecho, siguen defendiendo un modelo de familia tradicional donde la mujer esté sometida al marido y cuide de los hijos en casa. Por eso ni piensan en eliminar la tributación conjunta, proponen alargar el permiso de maternidad y no impulsan un sistema de educación infantil público.

Que las mujeres se incorporen al empleo y a la vez sigan desempeñando su rol diferencial; que tengan niños/as y a la vez trabajen fuera de casa sin participación de sus maridos y sin servicios públicos. Todo esto puede alcanzar a un sector de la clase media, a costa del empleo precario de las mujeres inmigrantes; y ni siquiera permitirá que esas mujeres profesionales tengan la misma disponibilidad y las mismas posibilidades de promoción que sus compañeros hombres. Pero esta ‘solución’ no servirá para la mayoría de las mujeres. La mayoría no podrá permitirse pagar con su sueldo el cuidado de sus hijos/as y, aún con doble jornada, se verá abocada al trabajo precario, a periodos de inactividad y al tiempo parcial.

Estas supuestas ‘ventajas’ para las mujeres, como la rebaja de impuestos propuesta, nunca son tan generosas como para llegar a equilibrar las verdaderas diferencias (en este caso, aproximadamente el 30% de diferencia de ingresos medios). Tampoco atienden las necesidades de las personas realmente necesitadas. Mucho menos eliminan los factores que empujan a las mujeres a la dependencia económica. Sin embargo, contribuyen a la permanencia de la desigualdad: en lugar de atajar las causas, contribuyen a la falsa impresión de que se da preferencia a las mujeres. No se necesitan ‘políticas para las mujeres por ser mujeres’ ni compensaciones en lugar del salario y la posición que se han ganado por su formación y su trabajo, sino aplicar los principios de la actuación de los poderes públicos y de la política social a toda la ciudadanía.

En resumen, en lugar de tanta imaginación desperdiciada, ¿no sería más barato, más eficiente y más justo emprender de una vez por todas el camino de la igualdad? Basta con imaginarse una sociedad de personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad y poner en pié las políticas públicas que se han demostrado eficaces para conseguirla. Imaginar que los hombres pueden cambiar de comportamiento y asumir su parte en el trabajo doméstico y de cuidados, al igual que las mujeres ya están asumiendo su parte en el trabajo asalariado. ¡Venga chicos, vosotros podéis!