El capitalismo se parece cada vez
más a la imagen de Dios habitual en las religiones monoteístas. Un ser lejano,
inasible, irresponsable, incorporal, que se manifiesta a través de oráculos, al
que no se le pueden pedir explicaciones... Y, como ocurre al menos con el
catolicismo, si las cosas nos van mal, si nos equivocamos, es culpa de nuestra
alma mortal, no de sus fallos de diseño. Sin duda, el capitalismo real es otra
cosa, personas concretas que se enriquecen, que adoptan decisiones, que
influyen sobre las condiciones de vida de millones de personas, cuyo modelo
organizativo y comunicativo actual está diseñado para que ese poder y ese
comportamiento aparezcan diluidos bajo la forma inmaterial de “los mercados”,
“los reguladores globales”.
Los acontecimientos recientes nos
dan nuevas pistas sobre cómo se ha producido este “endiosamiento” (en el
sentido de la opacidad) del capital y nos ayudan a entender mejor cuales son
sus mecanismos de poder.
Subcontratas
La exitosa huelga de las basuras
de Madrid ha sido, más allá de la merecida victoria obrera, una buena lección
para mucha gente. De una parte sobre el comportamiento de estas empresas,
verdaderos tahúres que “compiten” por mercados cautivos con cartas marcadas:
rebajan precios que después acaban traduciendo en una rebaja de condiciones
laborales y (posteriormente) en un deterioro del propio servicio. Algo que ya
se ha experimentado en otros muchos casos y que constituye un mecanismo que
garantiza beneficios a costa de generar costes a la sociedad: a la propia
plantilla y a los receptores del servicio. De otra, sobre el papel de la
alcaldía, responsable de subcontratar sin control un servicio público y después
desentenderse de las consecuencias laborales que genera el contrato. Aunque Ana
Botella es una muestra visible de irresponsabilidad social, con matices propios
de cada cual, cosas parecidas se pueden oír de la mayor parte de nuestros
políticos (yo se las oí hace cuatro meses al alcalde de Barcelona, una persona
más accesible que su colega madrileña, refiriéndose a otro conflicto de otra
subcontrata municipal).
Las subcontratación no es sólo el
producto de las políticas privatizadoras del sector público sino que constituye
una fórmula creciente en el funcionamiento del mundo empresarial. La
justificación de su proliferación descansa en una particular lectura de la
división del trabajo: la complejidad de las actividades productivas es tal que
cuanto más especializada es una empresa mejor conocimiento tendrá de su parcela
y por tanto más productiva será. La subcontratación permite a las empresas
concentrarse en aquellas facetas donde son más productivas y dejar que cada
especialista se ocupe de su tarea. Esto, que como principio teórico puede
resultar creíble, en la práctica es mucho más oscuro y, junto a razones de
eficiencia, se detectan fácilmente otras que o tienen poco que ver con ésta o
que directamente cuestionan su verdad.
Si la eficiencia técnica fuera la
razón fundamental del crecimiento de las cadenas de subcontratación lo que
encontraríamos es la proliferación de empresas especializadas negociando de tú
a tú entre sí y generando entre todas una actividad productiva compleja. En la
práctica, la realidad es bastante distinta (y parto del conocimiento de
investigaciones propias o ajenas): la subcontratación se traduce en la
formación de una estructura empresarial jerarquizada, en la que las rentas
empresariales son más importantes cuando más alto se está en la jerarquía del
proceso. La subcontratación es tanto más habitual cuanto más intensiva en
trabajo humano es una actividad; y también los salarios y las condiciones de
trabajo son peores cuanto más baja está la actividad en la jerarquía
organizativa, cuanto mayor es la consideración de “auxiliar” de la actividad
que se realiza (la limpieza suele ocupar en muchos casos el nivel más bajo de
ingresos y consideración).
La vida laboral de los empleados
en subcontratas suele estar marcada por una doble disciplina: el poder de su
empresario directo y el poder del cliente. La subcontratación no siempre lleva
a la eficiencia. Cuando lo que requiere el subcontratante es un servicio a
medida, complejo a menudo, se encuentra con que el subcontratador le ofrece un
servicio estándar que casa mal con sus necesidades y es fuente de numerosos
problemas de ajuste (un ejemplo de este tipo lo suele proporcionar la
externalización de servicios informáticos). En cambio lo que siempre le da una
enorme ventaja al subcontratante es la elusión de buena parte de sus
responsabilidades laborales y sociales, como ponen en evidencia los numerosos
casos de las grandes multinacionales pescadas in fraganti (algunas de tan
glamurosas como Apple o Nike) con explotación brutal en las plantas de sus
proveedores (lo que generalmente da pie a algún ejercicio de constricción,
alguna operación publicitaria y un cambio de proveedor para salir airosos del
tema).
Pero aún resulta más patente que
la eficiencia técnica y la especialización tienen poco que ver con el meollo
del asunto cuando se analiza a qué se dedican las empresas de subcontratas
públicas y las llamadas “empresas de servicios” que actúan en el sector
privado. Estas últimas lo que hacen es simplemente cubrir parte de la actividad
de trabajo manual en todo tipo de empresas industriales; si son especialistas
de algo es de gestionar mano de obra manual barata. En el caso de las contratas
públicas, la cosa es tanto más escandalosa puesto que son las mismas empresas
que tradicionalmente han vivido de los contratos de obra pública las que han
creado filiales de servicios que se ocupan de todo aquello que el sector
público externaliza. No hay más que ver quién está detrás del conflicto de
Madrid: FCC (Esther Koplowitz y familia), OHL (el grupo industrial del ex
Ministro tardofranquista Villar Mir) y Sacyr, empresa creada por antiguos
directivos de Ferrovial bien relacionados con Felipe González y que tras
diversos avatares ahora tiene como principal accionista a la familia Carceller
(descendiente del ministro de Industria de Franco durante la guerra civil,
propietaria del grupo petrolífero Disa, principal accionista de la cervecera
Damm y ahora inmersa en un intrincado proceso por fraude fiscal), a quienes se
sumaba la propia Ferrovial (de la familia Del Pino, cuyo fundador fue un alto
directivo del Ministerio de Obras Públicas durante el franquismo). Si ampliamos
el radio de visión más allá de las basuras de Madrid, nos encontramos con que
de forma sistemática aparecen estas mismas empresas, el resto de grandes
constructoras (ACS, Acciona...) y alguna empresa más (Eulen) entre las
tradicionales adjudicatarias de gran parte de servicios externalizados. Otra
forma de seguir sacando dinero de las arcas públicas en un modelo más estable
que el de las obras. Hace pocas semanas los tribunales impidieron al
Ayuntamiento de Guadalajara sacar a concurso la externalización de todas las
actividades públicas por cincuenta años, en un solo paquete, en una muestra
clara que lo que prima no es la especialización y el conocimiento, sino la
entrega de lo público a una casta de empresas rentistas. Seguro que el intento
no es el único.
Más allá de externalizar riesgos,
fragmentar la acción colectiva, discriminar precios y/o ceder rentas, la mayor
parte de políticas externalizadoras tienen otro aspecto común: el desprecio por
el trabajo directo y la presunción de la excelencia directiva. Los empresarios
y políticos que externalizan actividades lo hacen en parte convencidos de lo
trivial de las tareas subcontratadas, de la no necesidad de mimarlas,
supervisarlas, entenderlas. De que el trabajo básico es cosa de subpersonas y
que en cambio lo sublime es simplemente dirigir. Toda la expansión de la
externalización esta atravesada por este desprecio del trabajo común, por esta
ignorancia de la importancia de la cooperación. Forma parte del proceso de
deslegitimación de los derechos de la gente común, de la justificación del
aumento de las desigualdades, de la despreocupación por los resultados reales
de la actividad laboral y de la obsesión por el excedente monetario. Capitalismo
especulativo, depredador, ignorante en estado puro.
Fondos financieros
Otro rasgo común de los tiempos
es la creciente —el proceso no es nuevo pero diría que tras la crisis se ha
acelerado— pérdida de identidad de la propiedad capitalista y su sustitución
por empresas que tienen en común su opacidad societaria, que se presentan más
como organizaciones, fondos de inversiones, empresas de capital riesgo, etc. En
el capitalismo decimonónico cada empresa tenía su propietario claramente
definido. En el período del capitalismo financiero aún persistían líneas de
propiedad patentes, el capital financiero se asociaba a bancos concretos, o
muchas grandes empresas industriales estaban bajo control de algún propietario
o cuando menos de una élite directiva arraigada en la empresa. Ahora, de forma
creciente, las empresas pasan a manos de fondos financieros que gestionan
capitales de orígenes diversos, que tienen como señuelos a unos pocos
directivos. A la hora de exigir responsabilidades, se hace difícil detectar
todas sus líneas de poder. Su enfoque de funcionamiento es mucho más voraz que
en el capitalismo tradicional, puesto que se basa en la búsqueda de
rentabilidad financiera a corto plazo. Sus responsabilidades más difíciles de
detectar puesto que utilizan un entramado de formas societarias donde casi
nunca queda claro quién es quién, donde la extracción de excedente de una de
sus empresas participadas se camufla como devolución de préstamos o pago por
servicios, donde la maraña societaria ayuda a eludir el pago de impuestos. Subcontratas
y empresas financieras constituyen una estructura pensada para aumentar la
extracción de plusvalía, para eludir responsabilidades.
Por muy escandalosa que sea la
sentencia del Prestige, lo peor de todo es que los responsables primarios del
suceso (los que fletaron un buque en mal estado) ni siquiera se sentaron en el
banquillo. Lo que se descubre en muchas empresas en crisis es que antes han
sido descapitalizadas por sus fondos propietarios, como es el caso de Panrico. Hoy
asistimos en nuestro país a un proceso acelerado de cesión a este tipo de
empresas de gran parte de los fondos inmobiliarios y de créditos dudosos de los
grandes grupos bancarios. Ellos son los que van a hacer el trabajo sucio de
acosar a los deudores, a los hipotecados, y dejar al margen la imagen de una
banca que había sido golpeada por las movidas de la PAH y de las preferentes.
Cuando escribo estas líneas, en
mi barrio hay una reunión para ver como nos defendemos de una de estas
operaciones especulativas: una empresa propiedad de un ente territorial (un
consell comarcal) ha vendido a uno de estos fondos (Azora) casi trescientas
viviendas públicas. Es la misma empresa que ha comprado en Madrid tres mil
viviendas a Imvisa. La empresa es un simple gestor de fondos financieros
(reconoce en su web que el 60% del capital está en manos de entidades
financieras y fondos de pensiones) dirigida por dos ex altos directivos del
área financiera del Santander y presidida por el ex presidente de Goldman Sachs
España, banco que también está implicado en la operación madrileña. ¿Cuál será
su gestión? ¿A quién deberemos dirigirnos si se producen los más que probables
desalojos de morosos (basta un mes de retraso con la nueva ley) o el gestor no
cumple su tarea de mantenimiento de los bloques?
Detrás de estas empresas-pantalla
están los ricos, los grandes capitalistas y las entidades financieras, pero
este modelo organizativo hace más difícil su control social, diluye
responsabilidades, mixtifica la relación que existe entre la propiedad
capitalista y los efectos sociales de su gestión. Con estos mecanismos de
delegación-camuflaje la verdadera clase dominante toma cada vez más la forma de
una casta de parasitarios-rentistas.
Autoritarismo tecnocrático
La tercera pata del proceso de
liquefacción del capital pasa por presentar sus intereses como meras opciones
técnicas. Un proceso que tiene el doble efecto de debilitar las críticas y
trasladar el enfrentamiento del campo capital-trabajo al de la relación
ciudadano/súbdito-élite política. La forma como se ejerce esta traslación es
variada. Las políticas de puertas giratorias son quizás su versión más
evidente, pero el proceso se encuentra mucho más sofisticado, por ejemplo, en
el control que ejercen los grandes intereses económicos en las instituciones
reguladoras (bancos centrales o reguladores sectoriales) o en los procesos de
elaboración de propuestas “técnicas”, como es el caso del comité de expertos
que ha legitimado el asalto a las pensiones.
Este desvío del poder desde la
política a los expertos y reguladores tiene dos ventajas claras para el
conflicto social. La una, que cuanto más méritos profesionales y académicos
presentan esos “expertos” más difícil es que sus críticos obtengan un mínimo de
credibilidad social. Su legitimidad se ha cocido a fuego lento, en los abruptos
mecanismos de control que pueden detectarse en algunos ámbitos académicos
(especialmente en el de la economía) o en el simple hecho de que tienen un
largo historial de conocimiento del tema (por ejemplo alguno de los
participantes en la comisión de expertos de las pensiones lleva mucho tiempo
publicando la misma matraca, aunque en algunos casos sus previsiones
—demográficas y financieras— fueran desmentidas por la realidad. La condición
de “especialista” en el tema es en cambio vedada a gente que ha realizado
trabajos más sustanciosos pero que no forma parte del punto de vista que
interesa a las élites). La otra ventaja es que la ira de la gente contra las
agresiones cotidianas acaba dirigiéndose hacia los políticos que nombran y
acatan esas propuestas expertas, lo que deja fuera de plano el papel que tienen
los principales beneficiarios de las mismas.
Es evidente que para que estas
políticas sean factibles se requiere la cooperación activa de académicos y
técnicos. Y para ello funcionan los mecanismos de adoctrinamiento, promoción,
adulación (y marginación de los disidentes) detectables en la mayor parte de
espacios de poder. El camuflaje del capital requiere aliados y cómplices. Y por
ello el análisis de las formas de dominación no puede reducirse a la simple
constatación del dominio capitalista sino que debe contemplar todos los
procesos sociales que ayudan a generar esta masa social de legitimadores del
sistema.
El autoritarismo tecnocrático
tiene su cara abrupta en el mero autoritarismo político. Cuando las masas
incultas (y algunos demagogos) se rebelan contra sus asépticos planes no queda
otra que hacerles entrar el bien por la vía del palo. Por ello cada vez la
deriva del autoritarismo tecnocrático va tomando la forma de un sistema
político meramente autoritario. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana (seguro que
elaborada por insignes juristas para que pase todos los filtros) es la mera
prolongación de la lógica de la reforma laboral (que a su vez hilvanaron
insignes especialistas en derecho laboral, uno de ellos presidente del Tribunal
Constitucional) y de la nueva ley de pensiones (elaborada por insignes
sociólogos y economistas académicos).
El
capitalismo se parece cada vez más a la imagen de Dios habitual en las
religiones monoteístas. Un ser lejano, inasible, irresponsable,
incorporal, que se manifiesta a través de oráculos, al que no se le
pueden pedir explicaciones... Y, como ocurre al menos con el
catolicismo, si las cosas nos van mal, si nos equivocamos, es culpa de
nuestra alma mortal, no de sus fallos de diseño. Sin duda, el
capitalismo real es otra cosa, personas concretas que se enriquecen, que
adoptan decisiones, que influyen sobre las condiciones de vida de
millones de personas, cuyo modelo organizativo y comunicativo actual
está diseñado para que ese poder y ese comportamiento aparezcan diluidos
bajo la forma inmaterial de “los mercados”, “los reguladores globales”.
Los acontecimientos recientes nos dan nuevas pistas sobre cómo se ha
producido este “endiosamiento” (en el sentido de la opacidad) del
capital y nos ayudan a entender mejor cuales son sus mecanismos de
poder.
Subcontratas
La exitosa huelga de las basuras de Madrid ha sido, más allá de la
merecida victoria obrera, una buena lección para mucha gente. De una
parte sobre el comportamiento de estas empresas, verdaderos tahúres que
“compiten” por mercados cautivos con cartas marcadas: rebajan precios
que después acaban traduciendo en una rebaja de condiciones laborales y
(posteriormente) en un deterioro del propio servicio. Algo que ya se ha
experimentado en otros muchos casos y que constituye un mecanismo que
garantiza beneficios a costa de generar costes a la sociedad: a la
propia plantilla y a los receptores del servicio. De otra, sobre el
papel de la alcaldía, responsable de subcontratar sin control un
servicio público y después desentenderse de las consecuencias laborales
que genera el contrato. Aunque Ana Botella es una muestra visible de
irresponsabilidad social, con matices propios de cada cual, cosas
parecidas se pueden oír de la mayor parte de nuestros políticos (yo se
las oí hace cuatro meses al alcalde de Barcelona, una persona más
accesible que su colega madrileña, refiriéndose a otro conflicto de otra
subcontrata municipal).
Las subcontratación no es sólo el producto de las políticas
privatizadoras del sector público sino que constituye una fórmula
creciente en el funcionamiento del mundo empresarial. La justificación
de su proliferación descansa en una particular lectura de la división
del trabajo: la complejidad de las actividades productivas es tal que
cuanto más especializada es una empresa mejor conocimiento tendrá de su
parcela y por tanto más productiva será. La subcontratación permite a
las empresas concentrarse en aquellas facetas donde son más productivas y
dejar que cada especialista se ocupe de su tarea. Esto, que como
principio teórico puede resultar creíble, en la práctica es mucho más
oscuro y, junto a razones de eficiencia, se detectan fácilmente otras
que o tienen poco que ver con ésta o que directamente cuestionan su
verdad.
Si la eficiencia técnica fuera la razón fundamental del crecimiento
de las cadenas de subcontratación lo que encontraríamos es la
proliferación de empresas especializadas negociando de tú a tú entre sí y
generando entre todas una actividad productiva compleja. En la
práctica, la realidad es bastante distinta (y parto del conocimiento de
investigaciones propias o ajenas): la subcontratación se traduce en la
formación de una estructura empresarial jerarquizada, en la que las
rentas empresariales son más importantes cuando más alto se está en la
jerarquía del proceso. La subcontratación es tanto más habitual cuanto
más intensiva en trabajo humano es una actividad; y también los salarios
y las condiciones de trabajo son peores cuanto más baja está la
actividad en la jerarquía organizativa, cuanto mayor es la consideración
de “auxiliar” de la actividad que se realiza (la limpieza suele ocupar
en muchos casos el nivel más bajo de ingresos y consideración).
La vida laboral de los empleados en subcontratas suele estar marcada
por una doble disciplina: el poder de su empresario directo y el poder
del cliente. La subcontratación no siempre lleva a la eficiencia. Cuando
lo que requiere el subcontratante es un servicio a medida, complejo a
menudo, se encuentra con que el subcontratador le ofrece un servicio
estándar que casa mal con sus necesidades y es fuente de numerosos
problemas de ajuste (un ejemplo de este tipo lo suele proporcionar la
externalización de servicios informáticos). En cambio lo que siempre le
da una enorme ventaja al subcontratante es la elusión de buena parte de
sus responsabilidades laborales y sociales, como ponen en evidencia los
numerosos casos de las grandes multinacionales pescadas in fraganti
(algunas de tan glamurosas como Apple o Nike) con explotación brutal en
las plantas de sus proveedores (lo que generalmente da pie a algún
ejercicio de constricción, alguna operación publicitaria y un cambio de
proveedor para salir airosos del tema).
Pero aún resulta más patente que la eficiencia técnica y la
especialización tienen poco que ver con el meollo del asunto cuando se
analiza a qué se dedican las empresas de subcontratas públicas y las
llamadas “empresas de servicios” que actúan en el sector privado. Estas
últimas lo que hacen es simplemente cubrir parte de la actividad de
trabajo manual en todo tipo de empresas industriales; si son
especialistas de algo es de gestionar mano de obra manual barata. En el
caso de las contratas públicas, la cosa es tanto más escandalosa puesto
que son las mismas empresas que tradicionalmente han vivido de los
contratos de obra pública las que han creado filiales de servicios que
se ocupan de todo aquello que el sector público externaliza. No hay más
que ver quién está detrás del conflicto de Madrid: FCC (Esther Koplowitz
y familia), OHL (el grupo industrial del ex Ministro tardofranquista
Villar Mir) y Sacyr, empresa creada por antiguos directivos de Ferrovial
bien relacionados con Felipe González y que tras diversos avatares
ahora tiene como principal accionista a la familia Carceller
(descendiente del ministro de Industria de Franco durante la guerra
civil, propietaria del grupo petrolífero Disa, principal accionista de
la cervecera Damm y ahora inmersa en un intrincado proceso por fraude
fiscal), a quienes se sumaba la propia Ferrovial (de la familia Del
Pino, cuyo fundador fue un alto directivo del Ministerio de Obras
Públicas durante el franquismo). Si ampliamos el radio de visión más
allá de las basuras de Madrid, nos encontramos con que de forma
sistemática aparecen estas mismas empresas, el resto de grandes
constructoras (ACS, Acciona...) y alguna empresa más (Eulen) entre las
tradicionales adjudicatarias de gran parte de servicios externalizados.
Otra forma de seguir sacando dinero de las arcas públicas en un modelo
más estable que el de las obras. Hace pocas semanas los tribunales
impidieron al Ayuntamiento de Guadalajara sacar a concurso la
externalización de todas las actividades públicas por cincuenta años, en
un solo paquete, en una muestra clara que lo que prima no es la
especialización y el conocimiento, sino la entrega de lo público a una
casta de empresas rentistas. Seguro que el intento no es el único.
Más allá de externalizar riesgos, fragmentar la acción colectiva,
discriminar precios y/o ceder rentas, la mayor parte de políticas
externalizadoras tienen otro aspecto común: el desprecio por el trabajo
directo y la presunción de la excelencia directiva. Los empresarios y
políticos que externalizan actividades lo hacen en parte convencidos de
lo trivial de las tareas subcontratadas, de la no necesidad de mimarlas,
supervisarlas, entenderlas. De que el trabajo básico es cosa de
subpersonas y que en cambio lo sublime es simplemente dirigir. Toda la
expansión de la externalización esta atravesada por este desprecio del
trabajo común, por esta ignorancia de la importancia de la cooperación.
Forma parte del proceso de deslegitimación de los derechos de la gente
común, de la justificación del aumento de las desigualdades, de la
despreocupación por los resultados reales de la actividad laboral y de
la obsesión por el excedente monetario. Capitalismo especulativo,
depredador, ignorante en estado puro.
Fondos financieros
Otro rasgo común de los tiempos es la creciente —el proceso no es
nuevo pero diría que tras la crisis se ha acelerado— pérdida de
identidad de la propiedad capitalista y su sustitución por empresas que
tienen en común su opacidad societaria, que se presentan más como
organizaciones, fondos de inversiones, empresas de capital riesgo, etc.
En el capitalismo decimonónico cada empresa tenía su propietario
claramente definido. En el período del capitalismo financiero aún
persistían líneas de propiedad patentes, el capital financiero se
asociaba a bancos concretos, o muchas grandes empresas industriales
estaban bajo control de algún propietario o cuando menos de una élite
directiva arraigada en la empresa. Ahora, de forma creciente, las
empresas pasan a manos de fondos financieros que gestionan capitales de
orígenes diversos, que tienen como señuelos a unos pocos directivos. A
la hora de exigir responsabilidades, se hace difícil detectar todas sus
líneas de poder. Su enfoque de funcionamiento es mucho más voraz que en
el capitalismo tradicional, puesto que se basa en la búsqueda de
rentabilidad financiera a corto plazo. Sus responsabilidades más
difíciles de detectar puesto que utilizan un entramado de formas
societarias donde casi nunca queda claro quién es quién, donde la
extracción de excedente de una de sus empresas participadas se camufla
como devolución de préstamos o pago por servicios, donde la maraña
societaria ayuda a eludir el pago de impuestos. Subcontratas y empresas
financieras constituyen una estructura pensada para aumentar la
extracción de plusvalía, para eludir responsabilidades.
Por muy escandalosa que sea la sentencia del Prestige, lo
peor de todo es que los responsables primarios del suceso (los que
fletaron un buque en mal estado) ni siquiera se sentaron en el
banquillo. Lo que se descubre en muchas empresas en crisis es que antes
han sido descapitalizadas por sus fondos propietarios, como es el caso
de Panrico. Hoy asistimos en nuestro país a un proceso acelerado de
cesión a este tipo de empresas de gran parte de los fondos inmobiliarios
y de créditos dudosos de los grandes grupos bancarios. Ellos son los
que van a hacer el trabajo sucio de acosar a los deudores, a los
hipotecados, y dejar al margen la imagen de una banca que había sido
golpeada por las movidas de la PAH y de las preferentes.
Cuando escribo estas líneas, en mi barrio hay una reunión para ver
como nos defendemos de una de estas operaciones especulativas: una
empresa propiedad de un ente territorial (un consell comarcal)
ha vendido a uno de estos fondos (Azora) casi trescientas viviendas
públicas. Es la misma empresa que ha comprado en Madrid tres mil
viviendas a Imvisa. La empresa es un simple gestor de fondos financieros
(reconoce en su web que el 60% del capital está en manos de entidades
financieras y fondos de pensiones) dirigida por dos ex altos directivos
del área financiera del Santander y presidida por el ex presidente de
Goldman Sachs España, banco que también está implicado en la operación
madrileña. ¿Cuál será su gestión? ¿A quién deberemos dirigirnos si se
producen los más que probables desalojos de morosos (basta un mes de
retraso con la nueva ley) o el gestor no cumple su tarea de
mantenimiento de los bloques?
Detrás de estas empresas-pantalla están los ricos, los grandes
capitalistas y las entidades financieras, pero este modelo organizativo
hace más difícil su control social, diluye responsabilidades, mixtifica
la relación que existe entre la propiedad capitalista y los efectos
sociales de su gestión. Con estos mecanismos de delegación-camuflaje la
verdadera clase dominante toma cada vez más la forma de una casta de
parasitarios-rentistas.
Autoritarismo tecnocrático
La tercera pata del proceso de liquefacción del capital pasa por
presentar sus intereses como meras opciones técnicas. Un proceso que
tiene el doble efecto de debilitar las críticas y trasladar el
enfrentamiento del campo capital-trabajo al de la relación
ciudadano/súbdito-élite política. La forma como se ejerce esta
traslación es variada. Las políticas de puertas giratorias son quizás su
versión más evidente, pero el proceso se encuentra mucho más
sofisticado, por ejemplo, en el control que ejercen los grandes
intereses económicos en las instituciones reguladoras (bancos centrales o
reguladores sectoriales) o en los procesos de elaboración de propuestas
“técnicas”, como es el caso del comité de expertos que ha legitimado el
asalto a las pensiones.
Este desvío del poder desde la política a los expertos y reguladores
tiene dos ventajas claras para el conflicto social. La una, que cuanto
más méritos profesionales y académicos presentan esos “expertos” más
difícil es que sus críticos obtengan un mínimo de credibilidad social.
Su legitimidad se ha cocido a fuego lento, en los abruptos mecanismos de
control que pueden detectarse en algunos ámbitos académicos
(especialmente en el de la economía) o en el simple hecho de que tienen
un largo historial de conocimiento del tema (por ejemplo alguno de los
participantes en la comisión de expertos de las pensiones lleva mucho
tiempo publicando la misma matraca, aunque en algunos casos sus
previsiones —demográficas y financieras— fueran desmentidas por la
realidad. La condición de “especialista” en el tema es en cambio vedada a
gente que ha realizado trabajos más sustanciosos pero que no forma
parte del punto de vista que interesa a las élites). La otra ventaja es
que la ira de la gente contra las agresiones cotidianas acaba
dirigiéndose hacia los políticos que nombran y acatan esas propuestas
expertas, lo que deja fuera de plano el papel que tienen los principales
beneficiarios de las mismas.
Es evidente que para que estas políticas sean factibles se requiere
la cooperación activa de académicos y técnicos. Y para ello funcionan
los mecanismos de adoctrinamiento, promoción, adulación (y marginación
de los disidentes) detectables en la mayor parte de espacios de poder.
El camuflaje del capital requiere aliados y cómplices. Y por ello el
análisis de las formas de dominación no puede reducirse a la simple
constatación del dominio capitalista sino que debe contemplar todos los
procesos sociales que ayudan a generar esta masa social de legitimadores
del sistema.
El autoritarismo tecnocrático tiene su cara abrupta en el mero
autoritarismo político. Cuando las masas incultas (y algunos demagogos)
se rebelan contra sus asépticos planes no queda otra que hacerles entrar
el bien por la vía del palo. Por ello cada vez la deriva del
autoritarismo tecnocrático va tomando la forma de un sistema político
meramente autoritario. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana (seguro que
elaborada por insignes juristas para que pase todos los filtros) es la
mera prolongación de la lógica de la reforma laboral (que a su vez
hilvanaron insignes especialistas en derecho laboral, uno de ellos
presidente del Tribunal Constitucional) y de la nueva ley de pensiones
(elaborada por insignes sociólogos y economistas académicos).
El que el gran capital trate de ser etéreo no impide que lo podamos
ver. Simplemente se requiere de un mayor esfuerzo colectivo para
conseguir que todo el mundo vea al rey desnudo. Y para empezar a tomar
medidas de recuperación democrática y de mayor transparencia social,
para atacar directamente los intereses de esta casta de rentistas
parásitos en que han devenido las élites capitalistas locales y
mundiales.
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http://www.mientrastanto.org/boletin-119/notas/capitalismo-etereo-de-subcontratas-fondos-financieros-y-autoritarismo-tecnocratico#sthash.ggXaf0JC.dpuf
