El mercado para legos

Un nuevo dios recorre el mundo, el mercado. Son muchos quienes temen su presencia. Nada más pronunciar su nombre se ponen a temblar, les entra el miedo, pierden la compostura y no saben dónde meterse. Entre sus cualidades destaca la omnipresencia. Su sombra cubre el planeta. Quienes lo provocan sufren la ira del supremo. Posee un hambre insaciable, nunca está satisfecho y exige tributos a diario. Las ofrendas tributadas provienen del sector público. Traga compañías de electricidad, hospitales, redes telefónicas, de navegación, viviendas sociales, universidades, etcétera. Nunca le hace asco a la privatización. Se pierde por la desregulación. Le encanta ver a los suyos portar viandas llenas de contratos basura, trabajo precario y despido libre. Se pirra por la esclavitud infantil, los inmigrantes sin papeles, la trata de blancas, el desahucio por impago o el lavado de dinero. Se atiborra de corrupción, fraude fiscal y subidas de IVA. A banqueros, empresarios y trasnacionales les ofrece, a cambio de profesar su doctrina, un trato de favor. Los exonera de impuestos, pagos a la seguridad social y les otorga el plácet para ejercer la usura. Asimismo, les bendice cuando realizan cualquier transacción donde se cobran comisiones abusivas a costa del sufrimiento de las mayorías sociales empobrecidas.

Invocarlo en vano es una insensatez. Mejor plegarse a sus designios, de lo contrario desata su furia y castiga a los paganos con incertidumbre, miseria, hambre y muerte. Sus seguidores constituyen una secta. Fanáticos que practican rituales de sangre cuyo chivo expiatorio, el Estado del bienestar, degüellan, ofreciendo su cabeza al capital financiero y las trasnacionales. En su nombre se convocan reuniones internacionales, aquelarres en las cuales prima el despilfarro, acompañado de buenas viandas. Son cónclaves cuyos apóstoles se dan a la tarea de redactar homilías y sermones a los infieles. En ellos fijan objetivos e identifican a los enemigos, declarándoles una guerra a muerte. Tras la hecatombe, derrotado el hereje, se le ofrece una paz consistente en la reconstrucción. Es el momento para hacer negocios, repartir comisiones, ahondar en la corrupción y poner gobiernos conversos. Así, el dios mercado se siente satisfecho y pletórico. En caso de resistencia, sus cruzados invaden el territorio permitiendo aumentar los beneficios del complejo industrial-militar, uno de sus más leales seguidores.

Para venerar al nuevo profeta se erigen catedrales. Entre las más conocidas, citamos la sede del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Asimismo, un lugar rancio se transforma en templo de peregrinación diaria, las bolsas de valores. De allí emanan los oráculos para el conjunto de los mortales. Con un lenguaje críptico nos declaman los idus del día. No hay país, grande o pequeño, rico o pobre, que no se precie de tener, al menos, uno de estos templos. Allí, también ventilan sus pecados y bendicen su suerte. Igualmente posee, como toda religión totalitaria, un tribunal inquisidor, un centro para el control de la fe y la doctrina. En este caso son las agencias de calificación de riesgos. Con casi un centenar de ellas esparcidas por el mundo, destacan tres: Standar&Poor’s, Moody’s Investor Service y Fitch Ratings. Al más mínimo desliz se abalanzan sobre el infractor, al cual torturan hasta que se retracte, utilizando todos los métodos a su alcance. La ortodoxia debe ser garantizada a cualquier precio.

Al nuevo dios no hay nada que se le resista, pertenezca al reino vegetal, animal o mineral. Bosques, selvas tropicales, océanos, ríos, plantas, animales, oro, plata, coltán, petróleo, forman parte de los bienes tributados por sus acólitos. El mercado tiene cara de pocos amigos, siempre está dispuesto a provocar el caos. Aunque todo hay que decirlo, hubo un tiempo donde su poder era escaso y sus adoradores unos pocos cientos. Sin embargo, lentamente, sus discípulos fueron tejiendo redes y ganando adeptos hasta convertirlo en dios de dioses. En esta labor de proselitismo se le atribuyeron milagros como bajar la inflación, racionalizar los recursos, gestionar mejor y haber vencido al maligno en forma de comunismo. Con su espada justiciera luchó contra todo aquel que defendiera políticas de igualdad, pleno empleo, redistribución de la renta o patrocinara la inversión pública. Los herejes y resistentes han sido perseguidos. Considerados escoria deben ser destruidos. Sólo les queda un camino, entonar el mea culpa. Y para expiar los pecados tendrán que hacer penitencias. La primera y más destaca consiste en divulgar el evangelio escrito por sus apóstoles: Hayek, Von Mises, Smith, Mandeville, Rawls o Friedman.

La economía de mercado se ha impuesto por la fuerza. Sin poder demostrar ninguno de sus milagros, se refugia en la violencia y ejerce la censura. La mejor manera para garantizar su hegemonía es recurrir al miedo y sembrar la desesperanza. Cada vez que es combatida se aferra a su profecía: “sin mercado no hay vida, intentar controlarlo nos aboca al fracaso como especie. O lo cuidamos y facilitamos su expansión o vendrán tiempos de estanflación, recesión e ingobernabilidad. No habrán centros comerciales, televisores de plasma en 3D, celulares, ordenadores, pensiones, ni crecimiento. Banqueros y empresarios se verán avocados a despedir a millones de gentes y por último se restringirá el uso de tarjetas de crédito. Volveremos a la edad de piedra. Para evitar que la profecía se cumpla y su maldición caiga sobre nuestras almas, debemos mantenernos firmes. La solución propuesta es sencilla, hay que apostatar de la democracia, incluso la representativa, la justicia social, la igualdad, la dignidad, la ética, y la cooperación social para el bien común. ¡¡Por favor soltemos amarras y demos la bienvenida al nuevo mesías!!

En la economía de mercado, sus voceros anuncian la salvación de la humanidad si dejamos actuar su mano invisible mediante la ley de la oferta y demanda. Defensores acérrimos del lucro, la usura, practicantes del individualismo, la moral egoísta, la competitividad y el despilfarro, no tienen escrúpulos en mentir. Tras años de predicar las buenaventuras del dios mercado, ninguna de sus promesas se han cumplido. Más inflación, desempleo, pérdida de derechos sociales y políticos, por tanto involución en los derechos humanos. La crisis actual lo atestigua. Aún así, le rezan, ponen velas y brindan las últimas ofrendas para saciar su hambre de privatización, esperando de esa manera colmar su voraz apetito y apacigüe su ira sacándonos de la crisis. Bienaventurados los incrédulos, de ellos será el reino del mercado. Amén.

Marcos Roitman Rosenmann

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2011/07/30/opinion/024a1mun

¿Cuánto cuesta la especulación?

Las turbulencias financieras que sacuden a Europa desde la semana pasada han hecho pasar desapercibido un extraordinario episodio de especulación con deuda pública en España. El episodio es particularmente ilustrativo por varias razones: evidencia lo fácil que sería poner en marcha normas que impidieran operaciones de este tipo; permite calcular cuánto nos cuesta a la ciudadanía la especulación con deuda pública; invita a cuestionarse la legitimidad de una deuda que, en parte, se alimenta de jugadas de los bancos, como la que nos ocupa.

El mercado de deuda pública se organiza en dos partes. Por un lado, cuando el Estado emite nuevos títulos de deuda, lo hace en el llamado mercado primario. Los agentes financieros (en su mayoría bancos) que compran esta deuda nueva lo hacen en este mercado. Pero no conservan los títulos de deuda en sus carteras hasta su plazo de vencimiento, sino que pueden venderlos a otros agentes en el denominado mercado secundario. El volumen de títulos que se negocia en este segundo mercado es muy importante, ya que, al margen de que haya nuevas emisiones de deuda pública en el primario, los agentes financieros reestructuran sus carteras de activos vendiendo y comprando títulos entre ellos de forma continua. Por eso, porque es mucho más dinámico, es en este mercado donde se define el precio de esos títulos de deuda (y con él su tipo de interés). Cuando el Estado emite deuda nueva en el mercado primario, el tipo de interés por el que se están intercambiando los títulos en el secundario define el que habrá que ofrecer para colocar los nuevos títulos. Hasta aquí, todo normal.

El Estado anunció que la semana pasada emitiría nuevos títulos de deuda. A lo largo de la semana, realizó cuatro subastas por un total de 7.250 millones de euros. Una operación de financiación frecuente para los estados. Pero, a río revuelto, ganancia de pescadores. En un contexto de incertidumbre como el existente, los bancos sabían que la ocasión era propicia para obtener ganancias extra con estas emisiones. Y no dejaron pasar la oportunidad.

Una vez hecho público que el Estado emitiría deuda en el mercado primario, los bancos acudieron al secundario a vender masivamente los títulos que tenían en sus carteras. Inundaron el mercado de deuda española, dando la impresión de que, si nadie la quería, sería por su mala calidad. En los mercados financieros se actúa por mimetismo, y una operación generalizada por parte de los bancos (principales participantes) arrastra a los demás y define el precio de mercado que prevalece. Como consecuencia, los tipos de interés de la deuda española subieron como la espuma poco antes de la primera subasta anunciada. Los bancos consiguieron así aumentar el dinero que el Estado tendría que pagarles por la deuda que iba a emitir.

Si los mercados funcionaran, un mayor tipo de interés para los títulos de deuda (una mayor rentabilidad exigida) reflejaría el mayor riesgo que corren los compradores al adquirirlos. Como se arriesgan a que quizás no les devuelvan la cantidad adeudada, necesitan más alicientes para decidirse a comprar. Pero las subidas de tipos de interés en el mercado de deuda pública durante la semana pasada no fueron fruto de un incremento en el riesgo asociado a los títulos. Los potenciales compradores no estaban preocupados, en absoluto, por la capacidad del Estado para devolver su deuda. La deuda pública española se sitúa en torno al 60% del PIB, no sólo muy por debajo de los niveles de endeudamiento griego (143%), italiano (119%) o portugués (93%), sino también del alemán (83%) y el francés (82%). De hecho, según los últimos datos anuales disponibles, cumplimos los severos criterios de austeridad fiscal impuestos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Una prueba irrefutable de ello es que, una vez que el Estado sacó sus títulos a la venta, por cada euro de deuda que se ofertaba había una demanda dispuesta a comprar 2,6.

Como resultado del movimiento especulativo de los días previos, los títulos subastados el jueves (bonos a 10 y a 15 años) tuvieron que colocarse a un 5,92% y un 6,22%, respectivamente. Una rentabilidad más de un 25% por encima de la que exigió el mercado la ocasión anterior en la que se subastaron títulos de este tipo. Los títulos de vencimiento a 18 meses se colocaron casi a un 4%, cuando en febrero de 2010 lo hicieron a 1,25%. Estos tipos artificialmente elevados, que los bancos prefabricaron los días anteriores con sus ventas intencionadas, han supuesto un coste adicional de 488 millones de euros para el Estado. Sólo en una semana. A esto hay que añadir que los bancos también recompraron, con esta nueva y ventajosa rentabilidad, la deuda antigua que acababan de vender en el mercado secundario. Para los bancos la operación ha sido redonda: no sólo compran deuda nueva muy rentable, sino que elevan la rentabilidad de los títulos que ya tenían. Como contrapartida, para el Estado, ha sido ruinosa: recursos públicos regalados a los especuladores. Si se contabiliza el dinero público gastado en este tipo de operaciones especulativas, el saldo en lo que va de 2011 se aproxima a los 3.500 millones de euros. Es una especie de subvención a la especulación. ¿De verdad no hay un destino mejor para nuestro dinero?

Bibiana Medialdea. Profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid

Fuente: Público

http://blogs.publico.es/dominiopublico/3752/%C2%BFcuanto-cuesta-la-especulacion/

¿Quiénes son los dueños de las agencias de ráting?

Las grandes agencias de ráting, sobre las que recaen duras críticas por su papel en la crisis de la deuda, comparten entre sus accionistas a las grandes gestoras de fondos. El debate respecto a su futuro está sobre la mesa.

Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch levantan numerosas suspicacias en el Viejo Continente. José Manuel Durao Barroso les acusa de tener un sesgo antieuropeo, mientras que Herman Van Rompuy considera necesario romper su oligopolio y Angela Merkel reclama la creación de una agencia europea de calificación. Estas críticas sólo fueron contestadas por el principal accionista de Fitch, el francés Marc Ladreit de Lacharrière.

Moody’s y Standard & Poor’s dieron la callada por respuesta. Como primer paso, el alemán Deutsche Bank, el italiano UniCredit y Morgan Stanley respaldan ya el liderazgo para una agencia europea de ráting. En España, surgen las voces a favor de la creación de una agencia española que participe en el proyecto europeo.

Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch son las tres grandes agencias de ráting globales. Esta afirmación es especialmente cierta para las dos primeras y se puede aplicar, aunque en menor medida, a la tercera. Sus calificaciones de riesgo de los Estados soberanos y de los emisores corporativos marcan el día a día de los mercados financieros. Tanto que los nombres de estas tres empresas son ahora, en un mundo acosado por una grave crisis económica, vocablos de uso común. Pero ¿Quiénes son sus accionistas? ¿Quién manda en las tres grandes agencias de ráting?

Un rasgo común de todas ellas es que sus accionistas de referencia entroncan directamente con la industria financiera y concretamente con la gestión de activos. Es más, muchos de ellos son usuarios de las calificaciones de las agencias de las cuales poseen importantes paquetes de acciones. De hecho una buena parte de ellos promueven fondos de inversión.

Todos ellos con su ráting aparejado, lo que en sí mismo es un paso obligado para que sus inversores objetivo puedan adquirir participaciones. Otro aspecto relevante es la coincidencia de algunos de estos gestores de activos en el capital de Moody’s y de la editora McGraw Hill, la propietaria de Standard & Poor’s. Distinta es la situación en Fitch, cuyo capital se reparte entre el grupo francés Fimalac (60%) y la corporación Hearst (40%).

Moody’s

Moody´s Corporation (MCO) cotiza en la bolsa de Nueva York y sus diez primeros accionistas concentran el 53,5% del capital. Destacan especialmente dos de ellos: Berkshire Hathaway y The Capital Group. El primero de ellos es el conglomerado financiero que lidera el conocido gurú y financiero Warren Buffet.

Llegó a tener hasta un 20% del capital, pero ahora está en retirada con una participación a la fecha del 12,47%. Parece ser que el llamado por sus admiradores “oráculo de Omaha” se sintió muy incómodo (por las repercusiones en sus otras actividades) al haber sido citado por el Congreso de Estados Unidos. Se le convocó para testificar sobre los fallos de las agencias de calificación en la evaluación de riesgos antes del estallido de la crisis subprime en agosto de 2007. The Capital Group, directamente o a través de varios de sus fondos, es actualmente el mayor accionista de Moody’s.

No en vano posee el 16,4% de las acciones, aunque puede concentrar más derechos de voto si agrupa otras participaciones de varios de los fondos que promueve, entre ellos los de American Fund. Fue fundada en 1931, tiene su sede en Los Ángeles y declara gestionar en torno a un billón de dólares.

Otros miembros de la industria financiera con participaciones relevantes en el capital de Moody’s son: T Rowe Price (5,95%) fundada en 1937, con sede en Baltimore y con activos en gestión por 510.000 millones de dólares; Value Act (3,63%) fundada en 2000, con sede en San Francisco y Boston y con una cartera de 5.000 millones de dólares; Vanguard Group (3,36%) fundada en 1975, con sede en Valley Forge y 1,6 billones de dólares en cartera; State Street (3,36%), un hólding de servicios financieros con sede en Boston que tiene su origen en uno de los bancos más veteranos de EEUU y que declara gestionar (2,1 billones) de dólares; BlakcRock (3,28%) con sede en Nueva York, fundado en 1988 y considerado uno de los mayores (si no el mayor) gestor de activos del mundo con una cartera de 3,65 billones de dólares; Neuberger Berman (2,86%) fundado en 1939, con sede en Nueva York y cerca de 200.000 millones de dólares en gestión; Invesco (2,55%) fundado en 1997, con sede en Atlanta y con una cartera de 617.000 millones de dólares.

Standard & Poor’s

A diferencia de Moody’s Standard & Poor’s (S&P) no cotiza. Sí lo hace, en la bolsa de Nueva York, su propietario el grupo editorial McGraw Hill. Es ahí donde se encuentran algunas coincidencias con su máximo competidor. De hecho tienen varios accionistas comunes. Estos son: The Capital Group (12,31%); State Street (4,34%); Vanguard Group (3,84%); BlackRock (3,84%) y T Rowe Price (3,32%).

Otros miembros de la industria financiera que se encuentran entre los diez primeros accionistas de McGraw Hill son: OppenheimerFunds (3,38%) fundada en 1960, con sede en Nueva York y que pertenece al grupo asegurador MassMutual Finantial; Dodge Cox (2,35%) fundada en 1930, con sede en San Francisco; Fiduciary Management (2,05%) fundada en 1980, con sede en Milwaukee y 12.300 millones de dólares en gestión; Independent Franchise Partners (1,37%) fundada en 1996, con sede en Londres y con una cartera de 5.100 millones de dólares. La lista de los diez principales accionistas de McGraw Hill que concentra el 39,49% del capital la cierra el fondo de pensiones de los maestros de Ontario (Canadá) con una participación del 1,94%.

Fitch

La tercera gran agencia de ráting global, aunque a gran distancia de sus dos principales competidores es Fitch. Se trata de una compañía con doble sede (en Nueva York y en Londres) que reclama tener un carácter europeo. Su capital se lo reparten la francesa Fimalac (60%) y The Hearst Corporation.

La primera la fundó en 1991 el francés Marc Ladreit de Laccharière, uno de los empresarios franceses más discretos e influyentes. Cotiza en la bolsa de París y su fundador posee cerca de un 80% del capital. Fimalac, que entre otras inversiones es propietario del grupo Sofres, inició su andadura en el mundo de las calificaciones en 1993.

Lo hizo al adquirir una pequeña casa de ráting londinense llamada IBCA. En 1996 compró otra agencia de calificaciones especializada en el mundo del seguro llamada Quest, que integró en IBCA. Finalmente en 1997 pasó a controlar la norteamericana Fitch´s Investor Services, que absorbió IBCA. En esta aventura le acompañó el grupo editorial Hearst, cuyo capital controla en su totalidad los descendientes de William Randolf Hearst.

Ángel Boixadós
Expansión

http://www.expansion.com/2011/07/28/empresas/banca/1311889721.html?a=c6f26bf17f37156342d466333f87fea2&t=1312024807

El mayor problema en España y en la Eurozona no es ni el déficit ni la deuda pública

Como he indicado en otro texto, los conceptos de déficit público y deuda pública son conceptos que se utilizan constantemente (en la literatura económica, así como en la popular) en términos alarmantes, como si el crecimiento del déficit y de la deuda pública representaran un problema gravísimo para nuestras economías en la Unión Europea (UE). En realidad, frecuentemente ambas se presentan como las causas del estancamiento de las economías en la Unión Europea de los Quince (UE-15). Estas afirmaciones, constantemente reproducidas no sólo en los medios de mayor difusión, sino también en revistas de información económica, no tienen ninguna base científica. El déficit público del estado estadounidense en 2010 fue del 10.6% del PIB, mayor que el promedio de los países de la Eurozona (6%). Y dentro de EEUU hay un estado, California, que, tanto en términos absolutos, como proporcionales, tiene una deuda pública que es mayor que la de Grecia o cualquier otro país de la Eurozona. Y a pesar de ello, el dólar es más estable que el euro y no es sujeto de campañas especulativas como está ocurriendo ahora con el euro. El hecho de que esto ocurra no se debe ni a causas económicas, ni a causas monetarias, ni a causas financieras. Se debe única y exclusivamente a causas políticas, que son las que configuran los problemas económicos, monetarios y financieros. No hay que confundir (aunque tal confusión ocurre constantemente) los síntomas (los problemas) con las causas de la enfermedad (la distribución del poder en cada sociedad).

El problema de la falta de estabilidad del euro se debe a que no hay un estado que le de soporte frente a las avalanchas especulativas. El dólar, en cambio, tiene un estado federal que lo apoya (apoyando también a California). Que ello no ocurra en la Eurozona (y en la UE) se debe al excesivo poder del capital financiero en los países de la UE-15, poder que se lleva a cabo con la complicidad de las grandes corporaciones transnacionales, así como de las clases dominantes de cada país de la Eurozona. Son estos grupos y clases los que crearon la estructura de la Eurozona con el objetivo de debilitar al mundo del trabajo. Hoy estamos viendo la aplicación de políticas de claro corte neoliberal (desregulación de los mercados laborales, con dilución y debilitamiento de los convenios colectivos y sindicatos, y reducción de la protección social y del estado del bienestar) que tienen el propósito de reducir los salarios y debilitar a las clases trabajadoras (erróneamente definidas como clases medias, término que se utiliza en EEUU para definir a las clases trabajadoras) de los países de la Eurozona.

Evidencia que apoya tal postura

Varios indicadores muestran la veracidad de tal postura, raramente visibles en los medios y/o en los forums de debate político dominantes. Uno de ellos es el énfasis en salir de la crisis a base de reducir el déficit público mediante recortes del gasto público. El objetivo que se utiliza en la argumentación neoliberal en defensa de estas reducciones de gasto público (en transferencias y servicios públicos) es que hay que disminuir la deuda pública que el déficit genera. Pero el mayor problema que existe en España no es la deuda pública, sino la privada. La deuda pública representa sólo el 13% de toda la deuda. La gran parte de la deuda es deuda privada (87%). ¿Por qué, entonces, este énfasis en querer reducir la deuda pública?

En realidad, en este intento de reducir el déficit y la deuda pública, se están recortando también las pensiones públicas que no tienen nada que ver con el déficit público. La Seguridad Social no está incorporada en el presupuesto del estado, y la mayoría de las pensiones son las contributivas, que no se pagan con impuestos y que no afectan, por lo tanto, al déficit. Pero el hecho de que se reduzcan las pensiones no tiene nada que ver con la reducción del déficit y de la deuda pública. Lo que en realidad se desea es disminuir la protección social (de la cual la Seguridad Social es un elemento clave) para debilitar al mundo del trabajo.

Un tanto parecido ocurre con el descenso de los salarios de los empleados públicos. El objetivo más importante de esta medida no es ahorrar fondos públicos (que podría conseguirse aumentando selectivamente los impuestos, tal como ha sugerido el sindicato de Inspectores de Hacienda del propio Ministerio de Economía del Estado español), sino presionar para bajar los salarios, tanto públicos como privados, resultado de la interconexión salarial entre el sector privado y el sector público.

En realidad, el endeudamiento público en España es hoy incluso bajo (en términos proporcionales), y ello es una de las causas del elevado endeudamiento privado, que es el mayor problema que tiene España. Y este endeudamiento privado se debe a varios factores. Uno de ellos es la mala distribución de las rentas en España, otro tema raramente citado en los medios y en el debate político. Desde que España ha entrado en el euro, las rentas del trabajo como porcentaje de la renta total han ido disminuyendo en una proporción incluso mayor que en el promedio de la Eurozona. Y ello a pesar de que el porcentaje de la población que se ha ido incorporando al mercado de trabajo ha ido aumentando. Lo que este dato indica es que –en contra de lo que muestra la argumentación neoliberal- los salarios han crecido menos que la productividad. ¿Cómo se explica, sino, que las rentas del capital hayan crecido más rápidamente que las rentas del trabajo durante este periodo?

Las causas del crecimiento del sector financiero

Esta pérdida de la capacidad adquisitiva ha forzado el enorme crecimiento del endeudamiento, el cual no tuvo un impacto negativo en la demanda (hasta que apareció la crisis en 2008), debido a la facilidad de conseguir créditos a bajos intereses, resultado de tener el euro como moneda. Ello benefició, en particular, a los países periféricos de la Eurozona, incluida España, para los cuales el cambio de su moneda al euro significó un aumento de la estabilidad y acceso al crédito. De ahí que la introducción del euro significara el crecimiento del endeudamiento y, por lo tanto, del sector financiero dentro de las economías, crecimiento que se hizo a costa de los sectores de la economía productiva. La burbuja inmobiliaria en España es un ejemplo de ello.

Este endeudamiento fue financiado por capital extranjero. De nuevo, este endeudamiento exterior fue predominantemente del sector privado (83%). Sólo una parte muy pequeña de la deuda externa procede del sector público (17%). Es sorprendente, pues, que toda, o casi toda, la atención se centre en la deuda exterior pública, cuando el mayor problema es la deuda exterior privada. En realidad, todo el énfasis (que abarca la atención mediática y política) en la “presión de los mercados financieros” es claramente desorbitada. La mayoría de la deuda pública española es doméstica (54%), y sólo una minoría (44%) es extranjera (procediendo predominantemente de bancos alemanes y franceses). Los desorbitados intereses que se imponen a la deuda pública (por parte de unas agencias de evaluación que son meros instrumentos de la banca) representan un enorme flujo de fondos públicos a la banca, de la cual la mayoría es la banca española (y otras entidades financieras). Y ahí está el otro problema que raramente se cita. La banca y las entidades financieras reciben dinero prestado del Banco Central Europeo a unos intereses muy bajos (1%).Y con este dinero compran deuda pública a unos intereses de la deuda pública que van del 6% en España a un 12% en Portugal (los bancos españoles son los que poseen más deuda pública portuguesa) y 17% en Grecia. Así se forran de dinero según el proceso que llaman de capitalización, sin que dediquen estos fondos a proveer crédito.

Y para colmo, según las reglas del juego, el Banco Central Europeo no puede prestar dinero directamente a los Estados. Últimamente, ante la gravedad de la crisis, ha comenzado a comprar bonos públicos de los Estados en situación difícil, pero, incluso ahora, no puede comprar bonos directamente al Estado, sino que tiene que comprar bonos públicos a los bancos (lo que se llaman mercados secundarios). La mayoría de la deuda externa es la que deben las instituciones financieras a los bancos alemanes y franceses. En realidad, los bancos de los países centrales de la Eurozona han prestado 1.579 billones de euros a los países periféricos, de los cuales sólo el 17% son en deuda pública a los estados periféricos. La enorme austeridad impuesta a los estados parece desproporcionada teniendo en cuenta que es una parte muy menor. Pero lo que es digno de mención es que cuando la banca entró en crisis, con graves problemas de insolvencia debido a la deuda externa, fueron los estados, incluyendo los estados periféricos, los que invirtieron enormes cantidades de fondos públicos para salvarla, ayuda que se hizo sin poner condiciones. En realidad, parte de la deuda pública se debe al esfuerzo público para ayudar a la banca. Y la llamada ayuda de la “troika” (Consejo Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional) es, en realidad, ayuda a los estados para que paguen a los bancos, incluyendo los bancos de los países centrales.

¿Por qué se intenta debilitar al mundo del trabajo?

Según la argumentación neoliberal, la salida de la crisis en la Eurozona pasa por la aplicación del modelo alemán al resto de países. El modelo alemán es el modelo exportador, basado en unos salarios bajos (en relación con su productividad) que crean una plusvalía que genera una acumulación de euros. Pero tal modelo es inviable, entre otras razones, porque un modelo exportador requiere países importadores. Y puesto que los importadores son países de la Eurozona, la reducción salarial y los recortes de gasto público reducen la demanda. Es más, intentar salir de la crisis a base de reducir salarios y protección social es profundamente erróneo, pues ignora la historia económica, que muestra como las recesiones necesitan medidas expansivas para salir de ellas. De ahí que las proyecciones de recuperación son inviables. Y la experiencia así lo demuestra. Desde que España entró en el euro, ha sido un alumno ejemplar de las enseñanzas neoliberales. En realidad, redujo su déficit, y de hecho tuvo un superávit, incluso a pesar de reducir los impuestos, sobre todo de las rentas superiores. Ello no le sirvió de nada (repito, de nada) para evitar la enorme crisis. En realidad, facilitó que la crisis fuera particularmente dañina, pues la reducción de impuestos significó que se creara un déficit estructural de su estado que explica que, una vez explotara la burbuja, el déficit del estado se disparara.

¿Cuáles son las alternativas?

La situación actual es insostenible. Quiere decir que los países periféricos estarán estancados durante muchos años. Sólo hay dos alternativas. Una de ellas es establecer una estructura federal europea, un Estados Unidos de Europa, comprometida en unas políticas expansivas de estímulo económico. El desarrollo de instituciones financieras, económicas y fiscales a nivel europeo, que sean responsables a instituciones democráticas (escasamente desarrolladas a este nivel, donde el Parlamento Europeo es una institución con escasas competencias en las áreas económicas, financieras y fiscales) sería imperativo en esta alternativa. Esta vía es la que están presionando componentes de las izquierdas europeas y de los sindicatos.

La otra alternativa para los países de la periferia es salir del euro. Ahora bien, incluso esta opción depende de cómo se haría la salida del euro. Gran Bretaña no está en el euro y, sin embrago, es el país de la Unión Europea que está recortando más los gastos públicos. De ahí que una variable de enorme importancia, en caso de considerarse esta alternativa, sería discutir cómo se haría esta salida del euro y quien absorbería los costes de esta salida.

Es un indicador de la escasa cultura democrática existente en España que no se haya iniciado un debate sobre estas alternativas. El único debate visible mediáticamente es cómo, cuándo y cuánto debe reducirse el déficit y la deuda pública. Y así estamos.

Vicenç Navarro
revista digital SISTEMA

COMUNICADO DE ATTAC MADRID ANTE LA INTERVENCIÓN DE LA CAM

ATTAC considera que una entidad financiera intervenida por la Administración debe tener como prioridad servir a la sociedad. La gestión disparatada de sus anteriores titulares, cuyas responsabilidades penales deben delimitarse con claridad, no puede ser el castigo de sus víctimas y la ambición desmedida debe sustituirse por una respuesta a las necesidades sociales.

Attac Madrid-Vivienda

Ante la intervención del Banco de España en la Caja del Mediterráneo (CAM) con una inyección de capital de 2.800 millones y 3.000 millones más de liquidez para evitar que atraviese dificultades si hubiera retirada de depósitos los próximos días, ATTAC exige que el organismo regulador cambie las políticas respecto a la vivienda de dicha entidad.

La mala gestión de la entidad ha llevado a la CAM a una situación que solo puede solucionarse mediante la aportación de esa enorme cantidad proveniente del bolsillo de los ciudadanos. Una morosidad del 9,47% ha tenido como consecuencia que la entidad posea, debido a los créditos fallidos, más de 3.200 millones en suelo, promociones y pisos vacíos.

Por ello y para que la gestión por parte de la Administración corresponda a la voluntad de la ciudadanía, ATTAC exige:

- Que se elabore un censo de la totalidad de los pisos vacios en que la CAM posea la titularidad. Aquellos pisos situados en entornos en los que existan problemas de acceso a la vivienda deberán ser gestionados como alquileres sociales. Nunca esos alquileres podrán suponer más de un 30% de los ingresos de aquellos que tengan derecho, en función de sus circunstancias, a acceder a dicha vivienda.

- Paralización inmediata de todas las ejecuciones judiciales de hipotecas que en este momento esté llevando a cabo la CAM en que estén involucradas personas y familias, que en el contexto de la crisis económica, se encuentren en paro o en situaciones de precariedad. Casos como el de María José y sus dos hijos, desahuciados con urgencia el pasado día 20 de julio por parte de esta entidad y condenados ahora a vivir en un garaje y soportar una deuda de por vida de más de 200.000 €, no pueden volver a repetirse en una Caja que recibe 2.800 millones de la sociedad. A partir de este momento la CAM debe aceptar la dación en pago y mantener a los afectados en su vivienda mediante el pago de un alquiler social.

ATTAC considera que una entidad financiera intervenida por la Administración debe tener como prioridad servir a la sociedad. La gestión disparatada de sus anteriores titulares, cuyas responsabilidades penales deben delimitarse con claridad, no puede ser el castigo de sus víctimas y la ambición desmedida debe sustituirse por una respuesta a las necesidades sociales.

Julio de 2011-

http://www.levante-emv.com/economia/2011/07/24/autopsia/827057.html

Corrupción y turismo residencial en España: la otra historia de la burbuja inmobiliaria

En la Costa del Sol, Málaga, 32 alcaldes y ex-acaldes de 29 municipios están involucrados en delitos relacionados con el urbanismo y la ordenación del territorio ^[1]. A miles de kilómetros de distancia, en la costa nordestina de Brasil se inició a mediados de la década pasada el macroproyecto turístico Lagoa do Coelho Resort que pretendía construir más de 30.000 viviendas, varios campos de golf, hoteles de lujo, etc. Los particulares que invirtieron en el proyecto tuvieron que constituir una plataforma de afectados ya que la empresa tras haber cobrado el 40 % del precio de venta de casi 500 apartamentos, no llegó siquiera a iniciar las obras, y los avales entregados a cambio no tenían ningún valor ^[2]. El empresario español propulsor del proyecto ingresó en prisión por estafa. Y si nos dirigimos hacia Centroamérica, encontramos la población de San Juan del Sur (Nicaragua), donde unos treinta norteamericanos han visto como los bancos se llevan las casas que compraron en el resort Pelican Eyes Piedras y Olas. El representante de este proyecto hipotecó las casas sin el consentimiento de los propietarios y se largó con el dinero ^[3].

Estos casos de corrupción, ilegalidades y delitos aparecen por toda la geografía turística mundial. A pesar de su separación geográfica presentan en común su ubicación dentro del sector del turismo residencial. Todos estos casos y muchos cientos más están relacionados con la compra-venta de viviendas en espacios turísticos en donde poder cumplir los sueños de unas vacaciones o un retiro en un paraíso de sol, mar, exotismo contenido y máxima seguridad. Esta reiteración nos hace preguntarnos si existe algún elemento dentro del proceso de producción del turismo residencial que lleve a una parte relevante del sector a introducirse en aguas cenagosas y oscuras al margen de la legalidad. Las causas de la abundancia de actividades ilegales y de casos de corrupción ligados al turismo residencial residen, en primer lugar, en la propia estructura del turismo residencial, en su naturaleza geofágica y altamente especulativa^[4]. Un segundo conjunto de elementos explicativos los situaríamos fuera del sector relacionados con el tiempo que nos ha tocado vivir, dominado por el capitalismo global corporativo ^[5].

Este sector económico ligado al ocio residenciado comienza a desarrollarse en las costas del Mediterráneo español a partir de la década de los 70. Fue evolucionando y expandiéndose territorialmente hasta llegar a su fase de internacionalización que ha sido corta pero intensa. Esta fase se inicia en 2001 y llega hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera en 2008. Se ha definido el turismo residencial como el sector que se dedica a la transformación de tierra en suelo urbanizable y a la construcción y posterior venta de viviendas orientadas al ocio residenciado. Sin embargo, el turismo residencial es más que un sector dedicado a la construcción para veraneantes o residentes jubilados foráneos. Engloba el conjunto de prácticas socioeconómicas que incluyen, entre otras, no sólo la construcción de viviendas e infraestructuras y servicios anexos, sino también el aparato legislativo que lo estimula o protege, las infraestructuras y servicios de transportes que conectan a los usuarios internacionales con las ofertas residenciales, y la cultura global hiperconsumista que promueve un determinado estilo de ocio definido por la hipermovilidad y la mutilocalidad residencial.

El turismo residencial es un consumidor imparable de suelo. O produce y vende viviendas o el sector se paraliza y muere. Y debe reproducirse a la máxima velocidad posible para aumentar los beneficios y disminuir los costes. De ahí que todo vale para que este proceso productivo esté en constante movimiento. La legislación urbana o ambiental, la planificación que ponga cortapisas al proceso generativo de suelo y vivienda debe ser vulnerada, ignorada o eliminada. Además hay que tener en cuenta el carácter especulativo que ha adquirido el sector en el último decenio. El negocio ya no está sólo en vender casas. De hecho la venta de casas pasa a ser la fase menos relevante en el proceso de producción social del turismo residencial. Hasta que se vende la vivienda hay una serie de pasos que, basados en la inversión de capitales intangibles y no crematísticos, pueden generar grandes ingresos. La recalificación de tierra en suelo urbanizable otorga un valor añadido que ya es objeto de comercialización. La información in advance sobre qué tierras pueden ser urbanizables tiene un alto valor. El desplazamiento un par de centímetros de una raya en un master plan o en un plan general de urbanismo puede aumentar de forma inmediata el valor de una tierra en millones de euros. La decisión de construir una carretera que conecta zonas aisladas y de pronto las hace accesibles al mercado global repercute directamente en el precio del suelo. En la última etapa del turismo residencial las viviendas no se compran para habitarse sino esperando que la burbuja de precios haga subir su valor en poco tiempo y que se pueda vender a otro comprador con unas notables plusvalías. Todas estas acciones son un capital de intangible no productivo pero altamente codiciable. Y, por supuesto, favorecen tramas de traspaso de información privilegiada, de recalificaciones indebidas, de permisos de construcción ilegales, etc., etc.

La burbuja inmobiliaria del 2001 al 2008 ha impulsado la codicia y ha aumentado la velocidad vertiginosa de obtención de beneficios. No importa si no hay usuarios finales. El objeto es puramente especulativo: comprar barato, sea tierra, sean permisos o licencias de construcción, o viviendas para vender lo antes posible y a mayor precio. Estamos ante una economía piramidal y al final de la pirámide siempre hay un tonto que carga con el peso de la misma. Cualquier atajo que facilite este proceso es bienvenido aunque no sea legal.

Estos atajos se ven facilitados por el modelo de capitalismo global y corporativo en el que se ha situado la economía política mundial. El turismo residencial se ha convertido en un producto y, al mismo tiempo, en un agente generativo y reproductor de esta fase evolutiva del capitalismo caracterizado por su internacionalización, por sus propuestas desregulatorias de la economía y por el control de los aparatos estatales por parte de los grandes agentes económicos. El estado ha dejado de ser ese ente regulador de las relaciones entre economía y sociedad para convertirse en un instrumento para facilitar la acumulación de capitales por parte de las elites. Elites que, sin reparo, surgen de la simbiosis de la cúpula de la esfera política y empresarial. Los partidos políticos son los primeros interesados en esta simbiosis porque una parte importante de su financiación la reciben de las empresas constructoras. Alcaldes, ministros o inclusos ex presidentes del Gobierno se alían con promotores urbanísticos y consiguen ajustar las leyes a sus intereses. El caso más claro lo supone la polémica ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRUV) de la Comunidad Autónoma de Valencia (España) que dejaba en manos de los agentes urbanizadores privados la planificación y ordenación del territorio y que dio pie a toda una serie de abusos que han sido denunciados por el Parlamento Europeo en el Informe Auken. En otras regiones, por ejemplo Centroamérica o el Caribe, se dan grandes beneficios fiscales a la inversión inmobiliaria extranjera y se vende sin reparo el patrimonio costero enajenado de la soberanía popular ^[6].

En el último capítulo que se ha escrito de esta historia, aparecen como protagonistas los cientos de miles de viviendas que se levantaron durante el boom inmobiliario a lo largo de toda la periferia del placer y que se han quedado sin vender ^[7]. Están a la espera del repunte de la economía global y de que aparezcan nuevos tontos que crean que pueden pegar el gran pelotazo especulativo encontrando a otros tontos que compren esa inversión segura y que nunca baja de precios que es una vivienda junto al mar.

NOTAS: [1] Encarna Maldonado, “Alcaldes y ex alcaldes de 29 municipios, implicados en delitos urbanísticos”, Málaga Hoy, 20 de julio de 2011. Y sobre el Caso Malaya (Marbella) ver el dossier publicado por el periódico El País. [2] Ver: Foro de los Afectados Lagoa do Coelho Resort. [3] Léster Quintero, “Les hipotecaron el sueño americano a más de 30 gringos”, El Nuevo Diario, 7 de julio de 2011. [4] Antonio Aledo, “De la tierra al suelo”, Arbor, Vol 184, No 729, 2008. [5] Sobre las relaciones entre el turismo y el capitalismo global corporativo, ver: BLÁZQUEZ, Macià, Ernest CAÑADA e Ivan MURRAY, Búnker playa-sol. Conflictos derivados de la construcción de enclaves de capital transnacional turístico español en El Caribe y Centroamérica. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 10 de julio de 2011, vol. XV, nº 368. [6] Imprescindible: Montiel, Antonio y Naredo, José Manuel, El Modelo Inmobiliario Español y su culminación en el caso valenciano, Barcelona, Icaria, 2011. [7] Para el caso del nordeste brasileño ver: Monti, Ewerton, “La crisis económica internacional de 2008 y el turismo: Efectos y medidas de respuesta en Rio Grande do Norte, Brasil”, Investigaciones Turísticas, núm. 11, 2011.

Antonio Aledo es profesor de sociología en la Universidad de Alicante y colaborador de ALBA SUD
Fuente: sinpermiso
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4321

Economía. "Sólo parches"

Los estados actuales se endeudan como desde mucho antes lo hacían los reyes y los nobles. Siempre necesitan más dinero, que usan para fines muy distintos. Una parte de ese dinero se obtiene de tributos e impuestos. Pero nunca es suficiente. Esa parte se complementa con deuda. La deuda es pública.

Hoy en Europa y Estados Unidos hay una crisis real de endeudamiento de los gobiernos que se está enfrentando con parches. Así, difícilmente arreglaran las cosas más allá del muy corto plazo.

Preguntarse, entonces, por qué se endeudan los Estados no parece ocioso. Las respuestas son, por supuesto variadas y distintas, también, entre unos y otros países.

Con las deudas se paga por las guerras; se paga por los programas de atención social, sea la salud, la educación, las pensiones o los subsidios a los productores y a los consumidores; se paga para promover la construcción de infraestructuras y también se paga la corrupción, que en algunos casos es brutal. Además, se paga por los excesos que recurrentemente cometen empresarios, financieros y especuladores cuando los gobiernos intervienen por muy diversas razones, controvertidas por supuesto, para controlar los daños.

En los últimos tres años, se ha intervenido con fondos públicos en la crisis financiera desatada por la especulación inmobiliaria y la explosión en los bancos de los títulos llamados derivados. Se ha provocado un sensible incremento de la deuda pública tanto en Europa como en Estados Unidos.

Este es sólo el más reciente episodio, pero es de una magnitud muy grande y ocurre en un entorno de debilidad económica general y de flacos liderazgos políticos, lo que se expresa en una creciente insatisfacción social.

Los niveles de endeudamiento se elevaron significativamente con la crisis generada por la más reciente caso de especulación que estalló en septiembre de 2008.

En el conjunto de la Unión Europea la deuda pasó de 59 por ciento del PIB en 2007 hasta 80 por ciento en 2010. Las cifras para Alemania con 65 y 83 respectivamente; en Irlanda 25 y 96; en España 36 y 60; en Francia 64 y 82; en Portugal 68 y 93. Pero en Grecia la deuda como proporción del PIB pasó de 105 por ciento a 143, y en Italia de 104 a 119 por ciento.

Lo primero que se aprecia es que los comportamientos no son iguales y que los inversionistas (lo que llama de modo abstracto como los mercados) no distinguen unos de otros casos; tampoco las empresas calificadoras de riesgos. Esto agrava las condiciones de la crisis y los costos para los ciudadanos una vez que se imponen los ajustes para pagar las deudas.

En el caso estadunidense la deuda pública pasó en el mismo lapso del orden de 50 por ciento del PIB hasta más de 90. Buena parte de ese incremento se gestó en el gobierno de Bush con el aumento del gasto militar (Afganistán e Irak), la reducción de impuestos, y la intervención en la crisis financiera (el programa inicial TARP fue del orden de 700 billones de dólares). Al mismo tiempo y por causas demográficas crecía el gasto en pensiones y en servicios de salud y seguridad social.

Los estímulos adicionales instrumentados por el gobierno de Obama no han conseguido que la economía recupere de modo firme su crecimiento, al tiempo que ha tenido que seguir incrementando el gasto público y, así, el nivel del endeudamiento. Este llega ahora a 14 billones de dólares (trillones según se denominan allá) y de los cuales alrededor de 4.5 billones están en manos de inversionistas extranjeros; 1.5 billones son del gobierno chino.

El plan que aceptaron los gobiernos de la zona euro liderados por Alemania y Francia salva apenas al euro y tiende un puente para que no estalle el impago de la deuda de Grecia. No se sabe que tan largo es el puente ni cual es su resistencia. Puede ser un parche.

En Estados Unidos no hay acuerdo político entre el presidente y el Congreso para elevar el nivel legal del endeudamiento público, lo que puede llevar a una paralización de los pagos de la deuda, las pensiones y otros gastos. En las circunstancias actuales de fragilidad económica y financiera, ante una fuerte incertidumbre y un enfrentamiento real entre los inversionistas y los gobiernos la situación es de mucho riesgo.

¿Riesgo para quién? La verdad, para todos, tanto aquellos que son acreedores y el resto de la gente que es, en efecto, deudor. Ambos están atrapados. De alguna manera la condición de fragilidad que hoy existe y que sucede en el centro del sistema capitalista mundial puede verse como la más delicada desde la crisis de la década de 1930 y que se extendió hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

En todo caso, en medio de las estrategias limitadas que siguen los gobiernos europeos y de Estados Unidos hay un aspecto que tiende a dejarse de lado y es la necesidad imperiosa de crecimiento del producto y del empleo, o sea, del gasto en inversión y en consumo.

Nada de lo que hoy se está aplicando conduce a un mayor nivel de producción, que se sostenga por un largo periodo y vaya reduciendo sobre una base sólida y sostenible la deuda y el déficit públicos en esos países.

No se crean los incentivos para que eso suceda y, en cambio, se privilegia el entorno de la deuda y su reproducción en condiciones de creciente fragilidad. El costo sobre la mayoría de la gente, en sociedades en las que se ha acrecentado la desigualdad, será inevitablemente muy grande.

León Bendesky

La Jornada

Agencias calificación."Contra un sistema corrompido"

“Esperemos hacernos ricos y retirarnos antes de que se derrumbe este castillo de naipes”, decía el email de un ejecutivo de la agencia de calificación de solvencia Standard & Poor’s, que pudieron leer los investigadores del Congreso de Estados Unidos en la indagación sobre causas y responsables de la crisis financiera. “Estamos vendiendo nuestra alma al diablo de los beneficios”, se podía leer en otro correo electrónico de un alto empleado de Moody's. Ambos correos, muy reveladores.

Las agencias de rating comenzaron a trampear en los ochenta al trabajar para las propias compañías a las que calificaban. Empezaron a ocultar irregularidades de sus clientes y maquillar resultados. Moody's aceptó otorgar una calificación superior a la empresa financiera Countrywide Financial, tras la protesta airada de sus directivos por una baja calificación.

Es conocido que, en 2007 y 2008, las agencias de rating dieron la calificación de solvencia más alta a productos financieros envenenados. Miles de productos financieros tóxicos (muchos relacionados con hipotecas basura, que no se cobrarán jamás), recibieron la máxima nota de solvencia. A añadir la desfachatez de que las propias agencias de rating habían contribuido a diseñar esos productos en algún caso.

Mala fe, engaño y, sobre todo, codicia obscena en la perversa mutación de las agencias de rating. ¡Todo por la pasta! Las mismas que amenazan a la Unión Europea si reestructura la deuda de Grecia. Pues desde hace semanas, Europa sufre una crisis intensa por ataques especulativos contra las deudas soberanas, está amenazada por otro estallido financiero y con varios países miembros asomándose al abismo. A esa crisis contribuyen las agencias de rating con sus discutibles calificaciones de insolvencia. Los bonos de deuda portuguesa, por ejemplo, han sido reducidos a basura por las agencias sin siquiera considerar el durísimo (e injusto) plan portugués de recortes, incluido un arbitrario impuesto del 50% de la paga extraordinaria navideña. Y España, Italia o Irlanda han de pagar tres, cuatro o cinco mil millones más de intereses por su deuda debido a la desconfianza inducida por las agencias; porque si una deuda soberana aparece como menos fiable, da más intereses a quien la compra.

“Europa no puede permitir que tres empresas privadas estadounidenses la destrocen”, declaró la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding. Y el gobierno alemán las acusa de ser un oligopolio y todos claman por ponerles coto... Toda Europa arremete contra las agencias de rating. Pero nadie mueve un dedo.

¿Se verá obligada Europa a pactar con las agencias una posible reestructuración de la deuda? Pero ¿quién diablos ha elegido a esas agencias?

Puesto que dirigentes políticos y económicos europeos no mueven ficha, mientras las maquinaciones de las agencias de rating arrojan a la pobreza e inseguridad a millones de europeos, una primera respuesta ciudadana contra esas insaciables agencias ha sido la querella presentada en la Audiencia Nacional de España por dos partidos políticos de izquierda y varia entidades ciudadanas (ATTAC, Observatorio de Derechos Económicos y Sociales...). Los querellantes han aportado ejemplos de la Unión Europea mostrando como las agencias siguen un patrón para hundir la deuda soberana en beneficio de terceros. Terceros como fondos de inversión (Capital Group, BlackRock, Vanguard...), que casualmente son accionistas de las agencias y se benefician del mayor interés que han pagar los gobiernos. También en Portugal se han querellado contra las agencias de rating. Y sería bueno que cundiera el ejemplo.

Agencias de calificación, bancos y aseguradoras de productos financieros constituyen un tridente perverso. Porque a la indecencia de las agencias de rating e insaciabilidad de la banca, cabe sumar la voracidad de los especuladores poseedores de seguros de impago (CDS). Los CDS hoy suponen 61 billones de dólares de la economía; mucho más que toda la economía real.

Este sistema está corrompido. Como ha escrito el asesor financiero Marco Antonio Moreno, “sólo el colapso total de los bancos centrales y del sistema financiero podrá derrocar a los detentadores de seguros de impago (CDS) de su tiranía, y devolver el mundo a una economía real”. Pero recurrir a la vía judicial contra los responsables de la crisis no es mala idea.

- Xavier Caño Tamayo es Escritor y periodista

Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS), España.

http://www.alainet.org/active/48215〈=es

El Banco de España nacionaliza la CAM y despide a los gestores

El Fondo de Restructuración inyectará 2.800 millones de capital y 3.000 millones de liquidez para evitar problemas ante una posible fuga de depósitos

La Caja Mediterráneo (CAM) firmó su sentencia de muerte cuando no logró mantenerse en la fusión capitaneada por Cajastur. En marzo, por culpa propia o ajena, la CAM rompió aquel acuerdo y quedó como un barco a la deriva, sin rumbo ni patrón. Ayer, cuatro meses después, la Comisión Ejecutiva del Banco de España hizo pública la nacionalización de la entidad y la destitución de todos sus gestores. Según los primeros cálculos, el Estado se quedará con al menos el 80% del capital tras inyectar los 2.800 millones.

La mala gestión de la entidad, demostrada en su enorme apetito por el ladrillo, incluso cuando la crisis ya había comenzado, así como la fuerte injerencia política del PP, que provocó la entrada en ruinosos proyectos faraónicos, han acabado con la que fuera la cuarta mayor caja de España. Ayer se enterraron 136 años de historia de una entidad con 3,3 millones de clientes.

El organismo dirigido por Miguel Fernández Ordóñez ha decidido inyectar 2.800 millones de capital y 3.000 millones más de liquidez para evitar que atraviese dificultades si hubiera retirada de depósitos los próximos días. "Todas las medidas adoptadas hoy garantizan que CAM pueda seguir operando con normalidad y cumpla con todas sus obligaciones frente a terceros. Por tanto, los depositantes y los acreedores pueden estar absolutamente tranquilos", aseguró ayer el Banco de España en una nota.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró que los clientes de la caja "pueden estar absolutamente tranquilos" porque la entidad seguirá desarrollando su actividad con normalidad tras ser intervenida por el Banco de España. José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, señaló que la venta se hará lo más rápido posible y con el menor coste para los contribuyentes, según Bloomberg.

Campa admitió que se podría establecer un "esquema de protección de activos", es decir, que el Estado ofrecerá dinero al que la asuma porque el déficit de capital es mayor que los 2.800 millones que pondrá el FROB. La entidad que menos dinero reclame por asumir los activos y pasivos de la CAM será la que se la adjudique.

CAM es la tercera caja que quiebra desde el inicio de la crisis. La primera fue Caja Castilla La Mancha, en marzo de 2009, la segunda fue Cajasur, en mayo de 2010, que pasó a manos de la BBK tras recibir 395 millones de ayudas y la tercera ha sido la CAM. Una caja por año; un ritmo quizá demasiado lento para la gravedad de la crisis inmobiliaria, que tenía atrapadas a las entidades desde el principio de la crisis. También se puede resumir así: ha caído una caja controlada por el PSOE, otra de la Iglesia y otra del PP. Algunos afirman que no es casualidad el signo político.

Antes del fracasado Banco Base, la caja alicantina ya había roto un intento de fusión con Caja Murcia y otro con Caja Madrid y Caixa Galicia.

El proceso legal clave para la operación ha sido el traspaso de todos sus activos financieros a un banco, Banco CAM, constituido como sociedad por acciones. Desde medianoche es una realidad en el Registro, y esto es lo que ha facilitado la nacionalización. Desde hoy sábado, la CAM estará administrada por el FROB "con el objetivo último de estabilizar el grupo, capitalizarlo y proceder a su reestructuración".

Una vez saneada, la caja será subastada entre entidades competidoras. Bruselas debe autorizar el proceso. El Santander, el BBVA, el Banco Popular, el Sabadell, Unicaja, Ibercaja, las cajas vascas (lideradas por BBK) así como BNP Paribas, estudiaron las cuentas de la entidad, pero no llegaron a realizar ninguna oferta. Según directivos de estas entidades, el saneamiento de la CAM tiene un coste entre 3.000 y 4.000 millones. Es decir, mucho más de lo que ha inyectado el Estado, pero la cifra final no se conocerá hasta que las entidades que acudan a la subasta escriban la cifra. Si se concluye que la CAM no vale nada porque sus necesidades de provisión son mayores que sus recursos propios (2.600 millones), podría desaparecer la obra social. Sobre todo si es adquirida por un banco.

Desde hoy los competidores actualizarán los informes realizados durante meses bajo el control de Nomura. Hay mucho en juego porque quien se quede con la CAM será el líder del negocio minorista en España, ya que la entidad tiene 1.000 oficinas.

El presidente del BBVA, Francisco González, ha reconocido que quiere duplicar su cuota de negocio en España en tres años, una operación que pasa necesariamente por una adquisición. Incluso ha admitido recientemente que la reestructuración de las cajas es una oportunidad para consolidar un nuevo mapa del sector. El Santander también ha confesado su interés en posibles compras. Ayer mismo, el Banco Popular comentó que "estudiarían" las oportunidades que surjan por la venta de cajas.

Los rumores sobre el futuro de la CAM se dispararon desde primera hora de la tarde. Fuentes conocedoras de la operación aseguraron que el último intento de evitar la nacionalización fue una fusión con Ibercaja. Desde hace días, la CAM estudiaba el proceso y, según algunas fuentes, se presentó un último plan ayer mismo por la mañana, que no fue admitido por el supervisor. La entidad aragonesa proponía una fusión con la CAM y, posteriormente, solicitar ayuda al FROB. No pudo ser. La versión oficial del supervisor dice que el jueves le dio a la CAM un plazo de 10 días para presentar un plan solvente, pero ayer pidió su intervención y se cerró el proceso "ante la imposibilidad de encontrar de inmediato una solución viable".

¿Está mucho peor financieramente la entidad alicantina que otras entidades que han pedido ayuda al FROB, como Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa o Unnim? Algunos expertos dicen que la CAM ha caído porque no tenía un equipo gestor de confianza para Ordóñez y sí un presidente, Modesto Crespo, que no ha demostrado controlar el consejo (esta semana hubo un conato de rebelión interna que irritó al supervisor y pudo precipitar el proceso); además de un Gobierno autonómico de soporte, la Generalitat valenciana, que había perdido fuerza política a chorros tras el escándalo de los trajes del presidente Camps.

"Financieramente no estará mucho peor que las demás, pero se ha quedado sin respaldo político y sin gestores. Eso la hizo muy vulnerable", comenta un experto. Otro analista apunta que los planes sobre la CAM se han acelerado porque el Gobierno recibió la indicación en Bruselas, tras la cumbre del Eurogrupo, de que acelerara la recapitalización de las cajas.

Técnicamente no se ha considerado una intervención porque ha sido la propia caja la que ha pedido ayuda. Según el supervisor, la entidad manifestó ayer "al Banco de España la imposibilidad de encontrar de inmediato una solución viable para el negocio financiero" y solicitó "la sustitución de sus administradores por otros designados por el FROB, para que el Fondo proceda a ampliar el capital del Banco y dé plena seguridad a sus depositantes y acreedores".

La nota de prensa de la CAM decía que había acordado "solicitar al Banco de España la anticipación por parte del FROB" para "ofrecer la mayor estabilidad y normalidad a su ejercicio financiero". También afirmó: "Para facilitar la transición operativa y de gestión de la CAM, el consejo ha puesto a disposición del FROB sus órganos de administración, así como la junta general de accionistas del Banco CAM".

El FROB confió la gestión de la CAM a dos de los administradores de la intervenida Cajasur: José Antonio Iturriaga y Tomás González Peña, a los que se suma el auditor Benicio Herranz Hermosa. A corto plazo, ellos serán los nuevos timoneles de un barco dañado, pero pronto llegará un patrón, que nada tendrá que ver con Alicante, para iniciar un rumbo completamente diferente.

Íñigo de Barrón
El País

Deutocracia

A tres años de la crisis, son ya cientos de miles los indignados que en diferentes ciudades europeas impugnan el ataque a los derechos sociales básicos de la población. Frente a ello, cada nuevo recorte en educación o en sanidad, cada nueva contrarreforma laboral, cada propuesta de incremento de la edad de jubilación es presentado como un requisito ineluctable para honrar las deudas, obtener más fondos y salvar el euro. La circularidad del proceso aboca a un túnel sin salida. ¿Hasta dónde habrá que recortar, privatizar o desregular para saciar a los acreedores? ¿Y para pagar exactamente las deudas de quién?

La deutocracia, en realidad, es eso: el gobierno de los acreedores. Un puñado de tenedores de deuda capaz de imponer su voluntad sobre la de millones de personas. La categoría ha dado título a un sugerente documental realizado, no por casualidad, por periodistas griegos: Leonidas Vatikiotis, Knaterina Kitidi y Ari Hatzistefanou. Su trabajo reúne varias virtudes. De entrada, muestra cómo el crecimiento de la deuda pública obedece a los subsidios y privilegios otorgados a sectores económicos muy minoritarios. O como en el caso español, al rescate de una deuda privada generada sobre todo por un grupo irresponsable de entidades financieras. Estas políticas no han sido gestadas por quienes padecen los recortes. Han sido acordadas por gobiernos colonizados por unos poderes salvajes que no dudan, llegado el caso, en especular contra ellos. Y que cuentan como aliados con todo tipo de intermediarios: agencias de rating, bancos centrales, órganos de regulación que no regulan.

Las preguntas son obligadas: ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar que la ya deteriorada democracia no acabe devorada por la insaciable deutocracia? Lo primero, como se desprende del documental griego, es detener el perverso chantaje que pide más ajustes, más rescates y nuevos recortes. Y para eso hace falta remover la opacidad con la que funciona este mecanismo. Dejar claro el origen, la composición y las condiciones de reproducción de la deuda. Deslindar la pública de la privada. Y rechazar aquellos pagos cuya legitimidad no pueda probarse. La propuesta de no pagar la deuda ilegítima no es nueva. Ocupó un papel central en países que experimentaron colapsos financieros similares a los de la eurozona como Ecuador o Argentina. En ellos, la sociedad civil, los movimientos sociales, presionaron para que la deuda de sus países –o al menos una parte de ella– fuera considerada “odiosa”. Esta última noción fue desarrollada por un jurista ruso, Alexander Sack, en 1920. Exministro zarista y nada sospechoso de radicalismo, Sack entendía que una deuda podía considerarse odiosa o ilegítima cuando: a) se había gestado sin conocimiento ni aprobación del pueblo; b) se gastaba en actividades que no redundaban en beneficio del pueblo; c) el prestamista era consciente de esta situación.

No hace falta ser un avezado fiscal para advertir que buena parte de la deuda europea responde a esta caracterización. Al menos en el caso español, sería impensable sin las ingentes ayudas otorgadas a la banca, a los promotores inmobiliarios y a grandes constructores. Este proceso ha tenido lugar casi sin debate. Sin que la responsabilidad de estos grupos en la crisis haya sido debidamente esclarecida y sin beneficio alguno para la mayoría de la población. El crecimiento de la deuda pública no ha servido para proteger a las familias con hipotecas fraudulentas e impagables. Tampoco para redirigir el crédito hacia emprendimientos social y ambientalmente sostenibles. Y menos para reforzar unos servicios públicos infradotados en relación con la media europea. Todo lo contrario. Los rescates han tenido lugar sin mayores contraprestaciones. Y sus beneficiarios no han dudado en utilizarlo para engrosar sus ingresos o para especular contra los propios poderes públicos. Ni los grandes inversores, ni las agencias de rating, ni la Unión Europea, ni los supuestos órganos de control interno, como el Banco de España, han sido ajenos a este proceso. Es más, mientras más ha crecido la deuda pública, mayores han sido los intereses exigidos por sus compradores y más dura la exigencia de recortes sociales y laborales.

Nada de esto es inevitable. En Islandia, la población ha logrado imponer un referéndum para no pagar la deuda generada por unas pocas entidades financieras. Y ha conseguido sentar en el banquillo a algunos banqueros y políticos. En España, Grecia, Portugal e Italia, se han iniciado acciones penales contra las agencias de rating por exagerar la mala situación financiera de ciertos países con fines especulativos. Los movimientos sociales y sindicales griegos han ido más allá y han impulsado, con juristas y economistas, un comité de auditoría de la deuda. Este comité se inspira en una experiencia similar que tuvo lugar en Ecuador en 2005. Su objetivo es determinar qué deudas deben pagarse y cómo, y cuáles no. ATTAC y otras organizaciones sociales están proponiendo que estos comités se expandan por toda Europa. Rechazar la deuda ilegítima y escalonar el pago del resto es fundamental para frenar el colapso social que se avecina. Porque lo que está en juego no es sólo la supervivencia de algunos derechos sociales básicos. Es la disputa entre democracia y deutocracia, entre democracia y oligarquía. O, como dicen los indignados, entre la libertad real, para todos, o la servidumbre indefinida a manos de un puñado de poderes financieros y económicos y de sus intermediarios políticos.

Gerardo Pisarello, Jaume Asens.
Juristas y miembros del Observatorio del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona

Fuente: Público

"Debtocracy - Χρεοκρατία - Deudocracia"

http://www.youtube.com/watch?v=KX82sXKwaMg

Katerina Kitidi y Ari Hatzistefanou

La riqueza mundial en plena crisis

Se ha publicado el informe anual sobre el estado de la riqueza mundial (World Wealth Report 2011), que desde hace quince años editan Merril Lynch y Capgemini.

La riqueza mundial en plena crisis

En esta época de angustias económicas, de ataques de los mercados a los pueblos vulnerables y periféricos (así nos califican los tecnócratas financieros a los españoles) y cuando los medios de información nos han convencido de que si la catástrofe económica no nos aplasta mañana, lo hará pasado mañana, leer el informe citado puede producir las mismas sensaciones que experimentaría un habitante del Sahel que estuviera leyendo “La fisiología del gusto” de Brillat-Savarin en un campo de refugiados de la ONU, mientras espera que del camión de ACNUR le caiga el paquete de comida.

Una vez vencido el repelús que da saber que Merril Lynch es “la división de gestión de la riqueza” del Bank of America, y apartando la nariz del tufillo que desprende todo lo que se mueve en torno a Wall Street y a esos mercados que nos atacan a diario sin que nadie parezca saber cómo defenderse de ellos, merece la pena echar un vistazo al documento en cuestión.

Para empezar, sepamos que ML divide a sus más privilegiados clientes en dos categorías: los NHWI, que forman la base fundamental, y los ultraNHWI, una porción selectísima de la anterior. Ahorraré al lector la interpretación de estas abstrusas siglas y, simplificando, basta decir que para moverse en esas esferas de la riqueza privilegiada, es preciso ser “rico” o “ultrarrico”, palabras que usaré como traducción al español de las respectivas siglas.

Los “ricos” son quienes poseen más de un millón de dólares en dinero a mano, disponible en todo momento y listo para gastar, como si dijéramos, en calderilla; como esos euros que guardamos en el bolsillo para la cervecita de media mañana. Por lo que se deduce del informe, no les ha sentado mal a los ricos la crisis económica, pues en el año 2010 su número creció un 8,3% hasta sumar 10,9 millones de seres privilegiados, cuya riqueza global aumentó un 9,7% en ese mismo tiempo, alcanzando la cifra de 42,7 billones (billones españoles: añádanse doce ceros) de dólares, superior, incluso, a la máxima conseguida en 2007, antes de que comenzara la crisis.

Los “ultrarricos”, por su parte, son los que tienen treinta millones de dólares como dinero “suelto”, para poder gastar en el acto y sin apuros. Este selecto grupo, la crema de los ricos, creció un 10,2% en el mismo año y su riqueza aumentó en un 11,5%. Comparados con los simplemente ricos, se observa que los ultrarricos progresan más rápidamente, lo que confirma la ley general de que el correcto desarrollo del capitalismo no solo hace a los pobres más pobres y a los ricos más ricos, sino que, incluso dentro de estos, beneficia más a los que más poseen. Pertenecen a esta élite mundial del dinero unos La riqueza mundial en plena crisis103.000 individuos; cabe sospechar que su relación con los misteriosos e invisibles mercados que tanto nos atosigan es mucho más que estrecha.

Los ricos, en general, están bastante bien repartidos entre Norteamérica, Asia-Pacífico y Europa (3,4 – 3,3 – 3,1 millones, respectivamente) aunque donde más rápidamente crece su número es en África y en Oriente Medio, lo que es natural puesto que en esas regiones se trata de una especie todavía poco propagada (ambas, junto con Latinoamérica, solo suman 1 millón de potentados). Por el contrario, es en EEUU, Japón y Alemania donde se concentra algo más de la mitad de estos adinerados ciudadanos.

No nos sirve de mucho consuelo constatar la alegría que al leer este informe sentirán los constructores de mansiones de lujo, los vendedores de yates-crucero y de automóviles de muy alta gama (de Bentley para arriba, digamos). También se frotarán las manos los gestores de macrofondos de inversión en paraísos fiscales y otras oficinas relacionadas sea con la venta de lingotes de oro, sea con el blanqueo de ingentes y opacos fondos. Pero los ciudadanos corrientes de los países sacudidos por la crisis (de EEUU para abajo, digamos también), que somos la mayoría, seguiremos haciéndonos las mismas preguntas sin respuesta.

Nos preguntamos, con irritación y vergüenza, si es que no existen medios para ganar la guerra que “los mercados”, aliados con las agencias de calificación de riesgo, han declarado a varios países europeos.

Los europeos, por ejemplo, seguiremos sin entender por qué la culta y próspera Unión Europa es incapaz de salir en ayuda de un país, Grecia, cuyo producto interior bruto apenas roza el 2% del europeo. Nos será difícil aceptar que los Estados europeos pongan a disposición de los banqueros, sin apenas condición alguna, tres veces más dinero del que piensan utilizar para salvar a Grecia, mientras exigen a este país unas condiciones canallescas que llevarán a la ruina a muchos ciudadanos.

Nos preguntamos, por último, con irritación y vergüenza, si es que no existen medios para ganar la guerra que “los mercados”, aliados con las infames agencias de calificación de riesgo, han declarado a varios países europeos. Hoy en día, nuestra seguridad corre más peligro en el ámbito del dinero y las finanzas que en el de los atentados terroristas o los misiles nucleares que pueda lanzar Irán. Contra esto ya se destinan medios y recursos; en el campo de batalla financiero, por el contrario, Europa parece derrotada y rendida antes de luchar. ¿Tendrá algo que ver con el creciente enriquecimiento de los ya muy ricos?

Alberto Piris. General de Artillería en la reserva. www.ceipaz.org

Fuente: Revista Fusión.com