Nuestro objetivo prioritario: cuestionar la deuda

Comienza semana con las habituales zanahorias que nos distraen como a los conejos encarrilados en busca de una presa que jamás alcanzarán por mucho que corran. Con temores que nos reflejan en espejos ajenos para que seamos dóciles y cumplidores como manda la UE. Y el FMI. Y el BCE que ya directamente coloca al frente del Banco Central Europeo a un ex empleado de Goldman Sachs.

Sube el PP en las encuestas mientras ya no oculta sus intenciones. Rajoy encarga a FAES un informe sobre la viabilidad del “copago” sanitario. Re-pago, ya pagamos la sanidad con nuestros impuestos. Y se consagra que será el lobby ultraneoliberal FAES quien nos va a gobernar si Rajoy llega a la Moncloa. Persistir y agrandar el error, para entendernos.

Con buena vista y paciencia se puede, sin embargo, encontrar la aguja en el pajar: nos aguarda semana de infarto porque los especuladores van a por nuestra deuda, elevando la prima de riesgo. Aunque no sé si es información o más invitación al sometimiento.

Los griegos andan buscando ellos solos solución a sus graves problemas, al margen de políticos y voceros mediáticos. El documental “Deudocracia” nos cuenta varios detalles. Los que un periodismo riguroso y cumpliendo su espíritu de servicio a la sociedad debería priorizar para que fuera absolutamente visible.

Van a auditar su deuda. Quien la contrajo, en qué condiciones. Hay precedentes -los he comprobado-. EEUU esgrimió el concepto de “deuda odiosa” vigente en el derecho internacional para no pagar a España precisamente cuando la guerra de Cuba. Lo cierto es que sí, parece incongruente exprimir a la sociedad para pagar a los prestasmistas cuando ese contrato lo suscriben los gobernantes al margen de la población. Si se trata de privar a alguien del dinero que exige, o de reducirlo ¿Por qué están eligiendo los gobernantes a los bancos en lugar de a sus ciudadanos?

Así se define la Deuda Odiosa:

“Las deudas odiosas son aquellas contraídas en contra de los intereses de la población de un país, sin el consentimiento de los ciudadanos y con pleno conocimiento por parte de los acreedores. De esta forma, estas deudas no pueden hacerse valer contra un estado deudor.”

América Latina padeció ya nuestro calvario, en lo que llaman la “década pérdida”, de la que ha comenzado a recuperarse. ¿Cómo? Aventando al FMI y sus políticas neoliberales, las mismas que de la mano con esta organización, aplica la UE.

Argentina que fue uno de los países que más padeció, llegó a sufrir el “corralito”: la congelación de los bienes personales de los ciudadanos. En 2001, la revuelta social consigue que el presidente De la Rúa huya del país en helicóptero.

Más interesante aún es el caso de Ecuador. El actual presidente Rafael Correa, ejerció un derecho muy poco habitual en política: dimitió cuando el FMI y el Banco Mundial presionaban. Y regresó en loor de multitudes -pero eso sí sin partido político, populista-. Una de sus primeras decisiones fue expulsar al representante del Banco Mundial y pedir a la delegación del FMI que saliese de las instalaciones del Banco Central. Uno de estos funcionarios encontró un nuevo destino: Grecia.

Ecuador auditó su deuda. Se analizaron todos los contratos de deuda desde 1956 a 2006. Se examinaron la deuda en bonos, la deuda con el FMI, con el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales. El Comité descubrió que una gran parte de la deuda era ilegítima y el gobierno declaró el cese de los pagos del 70% de la deuda de Ecuador. Con alguna estratagema, bien es verdad.

En esta tarea están embarcados ahora los ciudadanos griegos, soñando también en helicópteros. Ése debe ser también el camino de todos los ciudadanos abandonados por los poderes públicos. ¿Más PP ultraFAES? ¿Más temblores porque sube la prima de riesgo? ¿Más concesiones y recortes sociales para pagar una deuda contra la población?

Porque ¿Qué deuda tenemos? ¿Hemos de pagar los fastos de Gallardón, por ejemplo, en su aventura de las Olimpiadas en las que gastó para nada un dineral? ¿Su M30? ¿El circuíto de F1 de Valencia? ¿Los robos de los corruptos políticos? ¿El despilfarro? ¿Algunas arbitrarias subvenciones? Yo ya digo que no.

Aprenda el PSOE en el gobierno a decir no también, a pensar en sus ciudadanos. Otros lo han hecho. Algunos países de América Latina han tardado dos décadas en recuperarse de la apisonadora neoliberal. Si bien algunos de sus políticos no terminan de abandonar por completo la senda machaconamente sugerida: presunto “libre mercado”, docilidad. Aprenda y aprendamos todos porque, eso sí, la abdicación de la Política conduce al populismo que no deja de tener sus defectos. Muchos. Nos sitúan entre la espada y la pared. Hay otras vías.

Auditar la deuda. Ése es el camino. Para empezar.

Rosa Mª Artal

El Periscopio

Auditorías de la deuda pública: una alternativa a los planes de ajuste

El CADTM plantea estudiar el origen de los endeudamientos y en caso de ser ilegítimo cancelar su pago.

El dogma neoliberal impone indefectiblemente planes de ajuste y recortes sociales a los países con dificultades para afrontar su deuda, pública o privada, como condición para acceder a nuevos préstamos. Estos principios de la ortodoxia liberal, defendidos a ultranza por instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo, son bien conocidos en países dependientes de África y América Latina, cuya población los ha sufrido en sus carnes. La disciplina social ligada a la crisis de la deuda se extiende ahora a los países de la periferia europea: Grecia, Irlanda y Portugal, por el momento.

Para los economistas del sistema no hay alternativa. Sin embargo, organizaciones como el Comité por la Anulación de la Deuda Externa del Tercer Mundo (CADTM) llevan más de dos décadas trabajando en propuestas socialmente más justas, como las Auditorías de la Deuda, de gran potencial transformador en el actual contexto europeo de crisis de las deudas soberanas. El grupo valenciano del CADTM ha explicado estos planteamientos habitualmente ignorados por los medios de comunicación oficiales en el local de Ca Revolta (Valencia).

Las Auditorías parten del análisis del origen y composición de la deuda pública de un país con el fin de determinar si es “ilegítima” u “odiosa”. En caso de serlo, debería procederse a su anulación. Según Laura Pérez, del CADTM-Valencia, “se trata de un derecho democrático esencial como es el derecho a la información pública, además de una apuesta decidida por la participación y movilización ciudadana en las cuestiones de estado; es, en definitiva, un instrumento de control de la transparencia y la conducta democrática de los poderes públicos”.

Yves Julien, también miembro del CADTM-Valencia, insiste en la excelente oportunidad que supone la actual crisis financiera para realizar Auditorías como alternativa a los planes de austeridad. “Permiten abrir un nuevo espacio de reflexión y participación democrática frente a los rescates de la banca privada, el Pacto del Euro y todo tipo de reformas neoliberales frente a las cuales, nos dicen, no hay alternativa”, subraya, y añade una idea primordial: “Los gobiernos utilizan a menudo la deuda pública como argumento para imponer planes de austeridad”.

El estudio de la deuda contraída por un país ha de incluir un conjunto de variables: contexto histórico y social; quién contrajo los créditos; quiénes fueron los acreedores y su comportamiento; el destino de los recursos; las disposiciones del contrato; evolución de las tasas de interés; porcentaje de presupuesto público y del PIB dedicado al pago de la deuda; políticas de privatización realizadas; y la relación entre la deuda y la distribución de la riqueza, entre otros aspectos.

Además del CADTM, organizaciones sociales como Jubileo Sud, Jubileo 2000, Quien debe a Quien, Observatori del Deute de la Globalització y la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) vienen trabajando en la idea de la Auditoría que, en definitiva, trata de responder a tres preguntas: ¿Cuánto se debe? ¿Por qué se debe? (en esta cuestión radica la esencia del problema) y ¿A quién se debe?

El análisis del débito para comprobar su legitimidad tiene una función eminentemente práctica, ya que el recorte de derechos básicos que implica el endeudamiento afecta directamente a la vida cotidiana de las poblaciones. Pero todo este trabajo parte de unas premisas teóricas bien elaboradas y conceptos netamente definidos. La deuda ilegítima sería la derivada de un préstamo cuyos fondos se hubieran empleado, por ejemplo, para la violación de los derechos humanos o la destrucción del medio ambiente. La otra noción clave, la deuda odiosa, requiere tres condiciones: préstamo asumido por un régimen despótico; utilizado contra el bienestar de la población y todo ello con el conocimiento de los acreedores.

No resulta difícil encontrar ejemplos de los dos conceptos. Entre otros casos, se considera deuda ilegítima la contraída para la construcción del embalse de Inga (Congo-Zaire); la central nuclear de Bataan (Filipinas) o el proyecto de embalse hidroeléctrico de Yacireta (Argentina-Paraguay); puede catalogarse asimismo como deuda odiosa el gasto militar de la dictadura ruandesas entre 1990 y 1994, los desfalcos de Fernando Marcos en Filipinas o la deuda de la dictadura griega de los coroneles, que se cuadruplicó en siete años.

Pero el modelo más acabado y paradigma de aplicación de las Auditorías lo constituye Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa. Entre 2007 y 2008 el gobierno canceló deudas consideradas ilegítimas contraídas por entidades públicas con bancos privados, con un ahorro de 300 millones de dólares a lo largo de 20 años que podrían invertirse en mejorar la sanidad pública, educación y creación de puestos de trabajo. También se decidió en noviembre de 2008 suspender el reembolso de bonos de deuda que vencían en 2012 y 2030. Todo ello tras un análisis del origen de la deuda a la que se calificaba de “eminentemente especulativa y fuente de una pérdida de la capacidad soberana del estado”.

Al hilo, entre otros, del ejemplo ecuatoriano, se están impulsando iniciativas similares en otros países, sobre todo los más afectados por la denominada crisis del endeudamiento. En Grecia, algunos parlamentarios, intelectuales y organizaciones ciudadanas han formado una comisión independiente para estudiar las cuentas públicas del país, cada vez más asediadas por los especuladores internacionales. En mayo de este año Grecia también acogió una Conferencia Internacional de Promoción de Auditoría de la Deuda. En Túnez e Irlanda, organizaciones ciudadanas trabajan en la misma línea.

Las Auditorías, en todos los casos, se vinculan a un frontal rechazo de los planes de ajuste y recortes sociales. Así lo explica Jerome Duval, del CADTM: “La reducción de los déficits públicos ha de realizarse mediante un incremento de los ingresos fiscales, gravando en mayor medida tanto a las empresas y al capital financiero, como a la renta, el patrimonio de las familias más ricas y las transacciones financieras; para conseguir esto, resulta imprescindible romper con la lógica capitalista e imponer un cambio radical de sociedad”. Y añade que actualmente “las instituciones financieras, culpables de la crisis, se enriquecen y especulan con las deudas de los estados, y esto con la complicidad activa del BCE y el FMI”.

Por ello, dado que el endeudamiento público se inserta en una ofensiva capitalista global, el CADTM plantea un conjunto de medidas que acompañen a las Auditorías de la deuda: prohibición de los paraísos fiscales; lucha contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y de los más ricos; reducir drásticamente el tiempo de trabajo para crear empleo al tiempo que se aumentan los salarios y las pensiones; y socializar las numerosas empresas y servicios privatizados en los últimos 30 años. Todo ello con la esperanza de que otro mundo es posible y está en construcción.

Enric LLopis
Rebelión

Porque España no sale de la recesión

¿Cómo un país sale de una recesión? Primordialmente a base de dos intervenciones públicas. Una es seguir políticas expansivas de gasto público que estimulen la economía mediante el crecimiento de empleo y aumento de la demanda de bienes y servicios. Las recesiones que existieron durante el siglo XX se resolvieron a través de grandes inversiones públicas, tanto en infraestructuras físicas como en transferencias y servicios públicos (sobre todo servicios públicos del estado del bienestar). Así, en EEUU, la Gran Depresión se terminó a base de una enorme expansión del gasto público –el New Deal y la II Guerra Mundial- que se invirtió en la infraestructura del país, en los servicios públicos y en el establecimiento del estado del bienestar (la creación de la Seguridad Social). Tal expansión del gasto público fue acompañada de un estímulo por parte del gobierno federal de EEUU a la sindicalización de la fuerza laboral como medida de estimular el crecimiento de los salarios a fin de aumentar la demanda. El estado federal no contrataba a ninguna empresa que no estuviera sindicalizada. La burguesía financiera e industrial estadounidense se opuso a cada una de estas medidas, atacando al Presidente Roosevelt, al cual definieron como “un traidor a su clase” (el Presidente Roosevelt procedía de una de las familias más ricas de EEUU), calificación que era motivo de orgullo por su parte.

La otra gran recesión (casi depresión) fue el fin de la II Guerra Mundial en Europa. El desempleo era masivo y las economías europeas estaban en una situación muy precaria. Las salvó una enorme expansión del gasto público, junto con el Plan Marshall, que estimuló la demanda y con ella la economía. Es más, la influencia de las izquierdas en los gobiernos europeos facilitó el aumento de los salarios y la notable expansión del estado del bienestar.

Ahora, sin embargo, se está intentando salir de la crisis a base de austeridad del gasto público, reducción del estado del bienestar y disminución de los salarios, todas ellas medidas que retrasarán todavía más el crecimiento económico y la creación de empleo. La evidencia de ello es abrumadora, siendo Grecia el caso más claro. A más recortes, mayor recesión, mayor déficit y mayor necesidad de endeudamiento. Las políticas que se están siguiendo en la Unión Europea son las contrarias a las que las economías necesitan para salir del agujero en el que se encuentran. Esto debería ser obvio para cualquier persona que mantuviera la capacidad de analizar la realidad económica sin estar imbuida por el dogma neoliberal promocionado por la banca, que es, por cierto, el único grupo fáctico que se beneficia de esta situación en que los países están profundamente endeudados. En realidad, toda la austeridad impuesta a los estados es para asegurarse que la banca no pierda su dinero prestado, y continúa recibiendo enormes cantidades de dinero como forma de pago de los elevados intereses de los bonos del estados, elevados com consecuencia de la percepción de gran riesgo que las agencias de evaluación de bonos (que son meros instrumentos de la banca) promueven. De ahí que todas las políticas de austeridad se justifiquen bajo el argumento de “dar confianza a los mercados financieros”

La otra intervención que un estado debe hacer para salir de la recesión es el cambio monetario. Es decir, que el país en recesión disminuya el precio de su moneda, con lo cual los productos y bienes que produce son más baratos y pueden exportarse más competitivamente. Ahí, el centro de la estrategia es hacerse más competitivo a base de reducir los precios, incluyendo el precio de la moneda. Así, cuando Argentina estaba en una profunda recesión en el año 2001, decidió abandonar su moneda desligándola de la paridad con el dólar que le había impuesto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como medida de garantizar los intereses de la banca y que habían tenido un impacto muy negativo en su economía, sumergiéndola en una profunda recesión, algo semejante a lo que le está pasando a Grecia. Cuando Argentina “salió del dólar”, los productos argentinos se abarataron y Argentina se recuperó, creciendo un total del 63% en seis años.

Ahora bien, esto no lo pueden hacer los países miembros de la eurozona, pues la política monetaria es responsabilidad del Banco Central Europeo, que en realidad es un lobby de la banca. De ahí que los países PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España) tengan un problema gravísimo, impuesto por la manera como funciona la eurozona y el control que las derechas (y la banca) tienen sobre tales instituciones. Por un lado no pueden seguir políticas expansivas, y por otro no pueden reducir el precio de la moneda para poder salir de la recesión. Es imposible que tales países puedan salir de la recesión a base de tales políticas. Así de claro.

La solución que dan las derechas es que, si no pueden reducir el precio de la moneda, deben reducir dramáticamente los salarios. Es lo que se llama la “devaluación doméstica”, lo cual contribuye todavía más a la recesión. Y así estamos. La situación actual, además de indignante, es insostenible.

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Vicenç Navarro.
http://www.vnavarro.org

Las falacias del neoliberalismo

Este artículo señala que el monopolio existente en los medios de mayor difusión del país (que influencian en gran manera la cultura política de España) por parte del dogma neoliberal explica la falta de rigor científico de muchos de sus supuestos que se reproducen sin ninguna crítica en aquellos medios. Este artículo muestra datos empíricos (sistemáticamente ignorados) que cuestionan cada uno de aquellos supuestos. Hoy se están realizando políticas públicas neoliberales que dañan enormemente a las clases populares sin que exista ninguna base científica que apoye su postulado. No es, pues, el conocimiento científico sino la defensa de intereses financieros y económicos lo que está guiando tales políticas.

El monopolio del pensamiento económico por parte del neoliberalismo en España es casi absoluto. La falta de diversidad en los medios de información económica y en los medios de mayor difusión (tanto prensa, como radio y televisión) es abrumadora, lo cual explica que posturas claramente ideológicas, sin ninguna base empírica que los apoye, se presentan como verdades científicas sin que exista la oportunidad de cuestionarlas y mostrar su falacia o error. La impermeabilidad del dogma neoliberal a los datos es una de las consecuencias de un dominio casi total en la literatura económica, lo cual les permite sostener tesis altamente cuestionables o ampliamente erróneas sin haber sido sometidas a un escrutinio y debate con posturas más críticas de la sabiduría convencional que reproducen.

Una de tales falacias es que la única manera posible de salir de la crisis en la que se encuentra España es a base de las políticas de recortes del gasto público social, reduciendo todavía más su escasamente desarrollado estado del bienestar. De esta manera se están imponiendo unos enormes recortes de tal gasto y del empleo público en el país que tiene el gasto público social (que financia las transferencias públicas –como las pensiones- y los servicios públicos –como la sanidad, la educación, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios de ayuda a las personas con dependencia, la vivienda social, entre otros-) más bajo de la UE-15, el grupo de países de la UE con semejante desarrollo económico que el nuestro. Y todo ello justificado con el argumento de que hay que reducir el gasto público social a fin de salir de la crisis. El “gran debate mediático” se centra, pues, en como recortarlo, y ello a pesar de la enorme evidencia que existe de que estas medidas son totalmente contraproducentes, tal como muestra lo que está ocurriendo en Grecia y en Irlanda, donde tales recortes están empeorando espectacularmente la recuperación económica. En realidad, lo que debiera hacerse es la expansión muy marcada de ta gasto público para estimular la economía y la creación de empleo.

EL ERROR ARGUMENTAL DE LA SABIDURÍA CONVENCIONAL

Estos brutales (y no hay otra manera de definirlos) recortes se hacen para disminuir el déficit del Estado asumiendo erróneamente que tal reducción estimulará el crecimiento económico y la creación de empleo. El mecanismo por el cual lo primero (la reducción del déficit) llevará a lo segundo (el crecimiento económico y creación de empleo) es –según las tesis neoliberales- mediante la reducción de los intereses bancarios, es decir, el precio del dinero, lo cual, asumen los economistas neoliberales, facilitará el crédito; es decir los empresarios podrán conseguir más fácilmente dinero de los bancos e invertir más para crear empleo y los ciudadanos podrán también obtener préstamos y consumir bienes y servicios, y con ello estimular la economía creando ocupación. Tales autores también asumen que bajar los intereses quiere decir que el valor de la moneda –el euro, por ejemplo- disminuye y con ello los productos españoles y europeos son más baratos y pueden venderse más fácilmente, aumentando la competitividad de la economía española y de las economías de los países miembros de la Eurozona.

Miremos ahora los datos. Los intereses bancarios han sido muy bajos y, sin embargo, la economía está estancada, es decir, el crecimiento económico es muy bajo. ¿Dónde está la evidencia de que la bajada del déficit del Estado está estimulando la economía? El problema existente hoy en España no es que el déficit sea demasiado alto o que los intereses sean demasiado altos. El problema existente es que no hay suficiente demanda de bienes y servicios porque no existe la capacidad de consumo de la población, resultado de su excesivo endeudamiento (como consecuencia de la disminución de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional), causado, en parte, por el enorme crecimiento (9 puntos) del desempleo durante el periodo de crisis (2008-2011) el más elevado de la OCDE. Por otra parte, existe la dificultad de conseguir crédito debido a su falta de disponibilidad, resultado del deseo de los bancos de recapitalizarse, comprando deuda publica. Los bancos reciben dinero del Banco Central Europeo, a unos intereses bajísimos (1%) y con este dinero compran bonos del estado (que les proporcionan unos intereses del 6% al 12% o más).

De ahí que las políticas que tales economistas neoliberales están proponiendo y el gobierno (con el apoyo del PP) están realizando son profundamente erróneas y están provocando mucho dolor. Destruir empleo público quiere decir que, para que no tenga efecto económico, debe crearse en el sector privado un número igual al de empleos públicos destruidos. Pero este sector privado apenas está creando empleo. De ahí que destruir empleo público quiere decir destruir empleo en su conjunto, disminuyendo la demanda.

EL ESTADO NO NECESITA A LOS MERCADOS FINANCIEROS. EN REALIDAD SON LOS MERCADOS FINANCIEROS LOS QUE NECESITAN A LOS ESTADOS Y A SU DEUDA PÚBLICA.

Existe otra falacia que se reproduce en los medios de difusión, de que hay que bajar el déficit porque, en caso contrario, los mercados financieros no prestarán dinero al Estado, al no fiarse de que los estados puedan devolverles el dinero. Pero el Estado puede conseguir dinero a partir de otras medidas. Una de ellas aumentando los impuestos. Si el estado español, en lugar de ingresar una cantidad equivalente al 34% del PIB, ingresara el 52% (como Suecia), el estado español (central, autonómico y municipal) obtendría 200.000 millones de euros más de los que consigue, cantidad más que suficiente para cubrir los déficits del estado (y los enormes déficits de gasto público social de España).

Otra medida de evitar el endeudamiento privado es que el Estado imprima dinero. España ya no puede hacerlo. Es lo que hacen los bancos centrales, como el Federal Reserve Board de EEUU. Pero, resultado del enorme poder de la banca en la Eurozona, el Banco Central Europeo sólo puede imprimir y prestar dinero a la banca privada, no a los estados, algo que es escandaloso y que justificaría una rebelión (incluso a base de masiva desobediencia civil) en contra del excesivo poder de la banca sobre la UE y sobre los estados.

LA FALSEDAD DE QUE VIVIMOS POR ENCIMA DE NUESTRAS POSIBILIDADES

Otro dogma impermeable a los datos es el de que vivimos por encima de nuestras posibilidades. La repetición de esta falsedad es masiva, cuando es muy fácil ver que tal aseveración no es sostenible. España se gasta mucho menos en su estado del bienestar de lo que nos corresponde por el nivel de desarrollo económico que tenemos. El PIB per cápita en España es ya el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15. En cambio, el gasto público social per cápita es sólo el 74% del gasto público social per cápita promedio de la UE-15. Si en lugar del 74% fuera el 94%, tendríamos 66.000 millones de euros más de lo que nos gastamos. El dinero, pues, existe. Lo que ocurre es que el Estado (sea central, autonómico o municipal) no lo recoge. Tal como indiqué en un párrafo anterior, los ingresos al estado español representan una cantidad equivalente al 34% del PIB, el porcentaje más bajo de la UE-15 (cuyo promedio es 44%). Y si miramos quién no paga impuestos, se puede ver por qué el Estado no los recoge. La mayoría de la población que está en nómina paga impuestos a nivel europeo. El trabajador de la manufactura, por ejemplo, paga el 74% de los impuestos que paga su homólogo en Suecia. El 1% de renta superior de España, sin embargo, paga sólo el 20% de lo que paga su homólogo en Suecia. Y ahí está la razón de que el Estado no lo recoja. Las fuerzas conservadoras y neoliberales han tenido una enorme influencia sobre el Estado. Y éste no se atreve a enfrentarse ni a los ricos ni a los poderes fácticos del país, sea la banca, sea la gran patronal. Esta cobardía explica también que a pesar de la enorme transferencia de fondos públicos a la banca (ver mi artículo “Los ricos y la deuda pública” Público 02.06.11) la banca no concede créditos a los pequeños empresarios y a los ciudadanos, retrasando la recuperación económica.

LA SUPUESTA RIGIDEZ DEL MERCADO DE TRABAJO COMO CAUSA DEL DESEMPLEO

Otro dogma neoliberal es que el elevado desempleo en España se debe al excesivo poder de los sindicatos y excesiva protección de los trabajadores que tienen contratos fijos (los llamados insiders), haciendo imposible para los desempleados (a los que se les llama outsiders) conseguir trabajo. Lo que hay que hacer –según los neoliberales- es eliminar los contratos fijos y que el empresario pueda despedir más fácilmente. Se enfatiza, pues, que para crear empleo hay que facilitar que al trabajador se le pueda despedir más fácilmente. La paradoja neoliberal es que la mejor manera de crear empleo es facilitar la destrucción de empleo.

Pero tal teoría ignora elementos esenciales, confundiendo varios hechos. Uno es que la tasa de desempleo es distinta a la tasa de crecimiento de desempleo. Un país como España tiene un elevado desempleo porque no hay suficiente creación de empleo: es decir, no hay suficientes puestos de trabajo. Éste ha sido tradicionalmente el caso español y responde en gran parte al escaso desarrollo de su sector público y, muy en especial, de su estado del bienestar. Si España tuviera, por ejemplo, el porcentaje de la población adulta que tiene Suecia trabajando en los servicios públicos del estado del bienestar, España tendría cinco millones más de puestos de trabajo de los que tiene ahora (una cifra, por cierto, mayor que el número de desempleados en España). En otras palabras, si el estado del bienestar nuestro fuera como el sueco, no habría desempleo en España. Y ello podría pagarse con los 200.000 millones de euros que tendríamos de más si las políticas fiscales fueran como las de Suecia.

La otra tasa, distinta a la tasa de desempleo, es la del crecimiento del desempleo. Y ahí, tal crecimiento en España (de 9 puntos del 2007 al 2009) no tiene nada que ver (repito, nada que ver) con el grado de regulación del mercado ni con el supuestamente excesivo poder de los sindicatos. Los países que, junto con España, han visto crecer más su desempleo, son EEUU e Irlanda (7.2 y 4.7 puntos, respectivamente) que tienen unos mercados de trabajo completamente desregulados. En realidad, Alemania es uno de los países con mercados de trabajo más regulados y con sindicatos más fuertes y su desempleo no sólo no ha aumentado, sino que ha descendido (-1.2 puntos) durante el periodo de crisis (y ello a pesar de haber visto descender espectacularmente su PIB como consecuencia de la recesión mundial que ha afectado mucho a una economía basada en exportaciones). Y el hecho de que no haya aumentado el desempleo se debe a la cogestión de las empresas (con los trabajadores y sindicatos ocupando parte de los consejos de dirección de las empresas), pactando una reducción del tiempo de trabajo en las empresas en lugar de una reducción de los trabajadores.

LOS INDIGNADOS LLEVAN RAZÓN

El pensamiento neoliberal es la ideología de la banca, de la gran patronal y de las rentas superiores. Se presenta como conocimiento científico y se promociona a través de instituciones (tales como Fedea y los gabinetes de estudios de los grandes bancos y cajas de ahorro) patrocinadas por estos poderes fácticos o a través de instituciones públicas como el gabinete de estudios del Banco de España (que actúa más como un lobby de la banca que como lo que debiera ser: una institución pública que regula la banca). Tal ideología se reproduce también en gran parte de los departamentos de economía de las universidades, cuyos miembros consideran su máxima realización académica la publicación de artículos en revistas, financiadas por la banca y/o próximas a ella. Ni que decir que hay muchas y notables excepciones. Pero hoy, la mayoría de la cultura económica académica en España es de orientación neoliberal.

El monopolio que tal ideología tiene en los medios académicos y no académicos diluye el rigor que cualquier debate académico debiera tener. Su promoción tiene poco que ver con la fortaleza científica de sus argumentos (que es muy escasa), sino con el control de las cajas de resonancia e instrumentos de difusión al servicio de los grupos con mayor poder económico y financiero del país. Como bien dijo el economista John Kenneth Galbraith hace ya cincuenta años en EEUU, “la misión de los departamentos de economía de las universidades de EEUU parece ser la de reforzar el dominio de la clase dominante”. Lo mismo podría decirse ahora de España, donde incluso se llega a negar la existencia de tal dominio.

Y el establishment político está totalmente absorbido en esta ideología, una ideología, por cierto, altamente rentable a nivel personal, pues la gran mayoría de los diseñadores de las políticas económicas (Ministros de Economía y Finanzas, Secretarios y Directores Generales, asesores económicos en la Moncloa), independientemente de su coloración política, proceden y/o terminan trabajando para los grupos de poder, promotores del neoliberalismo. Este maridaje del poder financiero y del poder económico con el poder político viola la propia esencia de la democracia, pues supone la captura del Estado por tales grupos de poder. De ahí que haya que agradecer que los indignados se movilicen y agiten para denunciar las enormes insuficiencias de la democracia española, ejerciendo presión para que cambie y mejore. La situación actual, con los enormes costes en sufrimiento que genera, es auténticamente indignante. El movimiento 15-M tiene razón.

Vicenç Navarro. Sistema Digital

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La gran banca de Europa se encamina a beneficio récord este año

Los ciudadanos serán los que a partir de 2013 releven a los bancos para hacerse responsables de la quita griega en una aplicación del concepto socializar las pérdidas y privatizar el beneficio. Este flotador salvavidas que ha lanzado el BCE y la Unión Europea a la banca tiene el objetivo de evitar el ahogo del sistema financiero, como defiende el propio Trichet.

Sin embargo, las previsiones de beneficio para los próximos años apuntan que las entidades del Viejo Continente tienen oxígeno más que suficiente. Se espera que los veinte bancos europeos de mayor capitalización alcancen un beneficio de 107.400 millones de euros en 2012, un 6% más que los resultados récord de 2006. Un camino al que ya se encamina el sector en el presente ejercicio, donde se prevé que se quede a tan sólo un 19,4% de las cifras de hace cinco años.

Los excelentes resultados que se esperan en la banca europea hicieron que Alemania (junto con Francia es el más expuesto a la deuda griega), Austria, Finlandia y Países Bajos insistieran este martes en que sólo apoyarán un segundo rescate para Grecia si también participan los bancos privados, aportando entre el 20 y el 30% del importe total.

Y es que, según las estimaciones de Fitch, éstos recortarán aproximadamente un 40% su exposición a la deuda griega, mientras que por ejemplo el FMI y la UE incrementarán su peso al pasar de controlar 10.000 millones a casi 50.000 millones de euros en 2013, en el caso del primero, y de 20.000 a más de 100.000 millones en el caso del organismo europeo.

Miedo a que la historia se repita

La quiebra del estadounidense Lehman Brothers en septiembre de 2008 supuso una hecatombe en el conjunto del sector bancario y el fin de una época dorada para la banca . Tanto es así que en 2009, las ganancias fueron la mitad que las alcanzadas en 2007. Una relación causa efecto que algunas autoridades europeas, como el ministro alemán de Finanzas -Wolfgang Schäuble-, consideran que puede volver a suceder con la reestructuración de la deuda helena. "Una reestructuración podría suponer un alto riesgo con consecuencias similares a la quiebra de Lehman", aseguró.

Sin embargo, las cifras que barajan los expertos para este año no parecen corroborarlo. Las previsiones apuntan a que la mayor parte de la gran banca europea incrementará los beneficios de 2010 y que incluso el británico Royal Bank of Scotland saldrá este año de pérdidas al esperar 840 millones de euros (744 millones de libras) de beneficio neto. Barclays y DnB NOR son la nota discordante en medio de este optimismo. Los expertos esperan que el británico recorte un 9% sus resultados, hasta unos 3.780 millones de euros (3.340 millones de libras), y que el noruego haga lo propio con una caída de cerca del 8% del beneficio neto del ejercicio pasado.

No obstante, la situación más complicada será, según las previsiones que baraja el consenso de mercado recogido por FactSet, la que vivirá Lloyds Banking Group, que dirige el español Antonio Horta. Y es que los expertos prevén en el británico unas pérdidas de más de 770 millones de euros, frente a los 370 millones en números rojos que acumuló en 2010. El consenso de mercado baraja que habrá que esperar a 2012 para que ninguno de los grandes bancos cierre en números rojos, ya que se prevé que Lloyds Banking cierre con unas ganancias de unos 4.535 millones de euros.

Un sector con buena salud

Las cuentas de resultados de la gran banca europea están todo menos enfermas, aunque el comportamiento que tienen en bolsa pueda presagiar lo cotrario. El tema de la reestructuración de la deuda griega se ha convertido desde hace unos meses en un auténtico quebradero de cabeza para la eurozona y no ha traído más que inestabilidad en los mercados.

La última propuesta fue la que realizó el germano Wolfgang Schäuble la semana pasada, cuando abogó porque fueran los tenedores primarios de la deuda griega -es decir, los bancos- los que contribuyan a rescatar al país. Para ello, propuso un canje del papel griego emitido por otro cuyo vencimiento se retrasase siete años más.

Las mejoras en las cuentas de resultados serán, según los expertos, especialmente notables en Credit Agricole, Deutsche Bank y Unicredit. En estas tres entidades se espera que los aumentos superen los tres dígitos al cerrar con ganancias superiores a los 4.080, 5.700 y 2.930 millones de euros, respectivamente. Aunque sólo el sueco Swedbank, DnB NOR, Intesa, Standard & Chartered, BNP Paribas y Santander lograrán batir las cifras de 2006, el año del beneficio récord de la banca europea.

¿Y España?

En el caso español, se espera que este año Santander incremente sus números hasta los 9.070 millones de euros, mientras que las estimaciones apuntan a que las ganancias de BBVA superarán los 4.700 millones. Mejoras que por el momento y al contrario que la mayoría de sus comparables no se destinarán a retribuir más al accionista.

Y es que ambos abonarán el mismo dividendo -de 0,6 y 0,4 euros por título en cada caso- con cargo a los resultados de este año. Habrá que esperar al de con cargo a 2012 para ver que las mejoras se trasladan en importes más elevados. Pese a ello, ambas entidades se colocan entre las diez compañías del selectivo español que más retribuirán en el presente ejercicio. Algo que en el caso de BBVA es una novedad, puesto que lleva desde 2008 sin ocupar esta posición.

Sin embargo, el optimismo de las cuentas de resultados también se palpa en las recomendaciones que asigna el consenso de mercado que recoge FactSet, puesto que ninguno de los grandes bancos tiene colgado el distintivo de venta, aunque sólo aconsejan tomar posiciones en el caso de HSBC, Barclays, BNP Paribas, Société Générale, Intesa Sanpaolo y en DnB NOR.

Virginia Martínez

http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/3168596/06/11/la-gran-banca-de-europa-se-encamina-a-beneficio-record-este-ano.html

Competitividad, salarios y productividad

El llamado pacto por el euro sitúa a la competitividad en el centro de su programa de acción política. Se nos dice que hay que aumentar la competitividad y que así, junto con otras medidas subordinadas a aquella, se logrará salir de la crisis. En otros documentos ya hemos explicado el pacto al completo y por qué no funcionará. Ahora voy a aprovechar esta nota para explicar los conceptos fundamentales que están en el debate, tales como la citada competitividad, la productividad y su vinculación con los salarios.

Desde lo micro: competitividad, salarios y productividad

La competitividad es una medida relativa del poder de mercado de un determinado país, es decir, mide la capacidad para vender los productos nacionales en el extranjero. Si Alemania puede vender un producto a 5 euros y España no puede bajar sus precios de 10 euros, se dice que Alemania es dos veces más competitiva que España. Como consecuencia, Alemania podrá expandir sus mercados con más facilidad, ya que los consumidores de todo el mundo preferirán comprar el producto a 5 euros que a 10 euros.

Por lo tanto, la clave para determinar el grado de competitividad son los precios por unidad de producto. Y en la determinación de los precios importan dos variables fundamentales: los costes (los laborales y los de otro tipo) y el margen de beneficio que impone la empresa.

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En cada una de esas variables importan otras variables más. Aquí vamos a suponer que sólo hay costes laborales (CLU). Sobre el margen, es muy importante porque refleja la estructura de mercado, es decir, el grado de competencia empresarial.

La estructura de mercado importa porque no es lo mismo competitividad que competencia, aunque sean conceptos relacionados. Alemania podría ser competitiva a nivel mundial, pero quizás en la Unión Europea podría no tener competencia (debido, por ejemplo, a las regulaciones europeas). La falta de competencia (ninguno o pocos competidores) supone mayor capacidad para subir sus márgenes de beneficios. De hecho, la competencia obliga a rebajar los márgenes (y así los precios), y su falta permite que puedan mantenerse “artificialmente” altos.

Y los costes laborales unitarios son la clave de todo el pacto por el euro. A la hora de determinar el precio de un producto sabemos que tendrá que ser siempre superior a todos los costes para que haya ganancia. Si los precios fueran iguales a los costes, entonces el margen sería 0 y eso no tiene sentido. De todos los costes los costes laborales unitarios son el más importante.

Los costes laborales unitarios son el ratio entre la remuneración salarial (que incluye salarios nominales y otros pagos al trabajo, como las cotizaciones) y la productividad. De acuerdo con la siguiente fórmula sería la relación entre la remuneración salarial por trabajador (W) y el valor monetario de la producción por trabajador (Y), que a su vez es únicamente la cantidad producida por trabajador (Q) por el precio unitario del producto (P).

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La productividad es la producción (física o en términos monetarios) por trabajador o por hora trabajada, lo que significa que un aumento de productividad provoca un aumento de la capacidad productiva, es decir, nos permite producir más en el mismo tiempo. Por ejemplo, si Botín trabaja en la mina y extrae 2 kilos de mineral por día de trabajo, y Rubalcaba extrae 4 kilos… se dice que Rubalcaba es más productivo. Quizás porque Rubalcaba tiene más habilidades con el pico, quizás porque emplea un mecanismo mejor para extraer el mineral, quizás porque usa herramientas más adecuadas, quizás porque el mineral de Botín es más complicado de extraer o quizás porque este último no da palo al agua y sale a descansar cada poco tiempo.

Hay que hacer una observación: medir la productividad es un imposible que los economistas intentan solucionar como pueden. Si bien es fácil medir en términos físicos (por ejemplo, dos mesas producidas por un sólo trabajador), en términos monetarios la cosa se complica mucho más. Por ejemplo, basta observar que un incremento en los precios por producto (P) supone de facto un incremento en la productividad. Algo sin sentido. De modo que la estructura de mercado (la competencia) influye también en el valor final de la productividad. Por ejemplo, puede ser que el mineral que extraen Botín y Rubalcaba se revalorice mundialmente porque resulta que ahora es esencial para producir móviles de última generación. Esa subida de precio por unidad de mineral supone que Botín y Rubalcaba producen más (en términos monetarios) por el mismo tiempo. Un equivalente a esta situación sucedería si, por ejemplo, desapareciesen los competidores y la empresa pudiese subir los márgenes que aplica y de esa forma subiese el precio.

En cualquier caso, si podemos producir más productos por trabajador (Q) en el mismo tiempo significa que la relación entre esa cantidad de productos (Q) -que sube- y los precios de los productos (P) -que se mantiene, por suposición- ha cambiado. Se dice que con incrementos de productividad los productos se han abaratado en términos relativos, porque producir cada uno de ellos nos cuesta menos. El denominador de la ecuación de CLU ha subido, de modo que los CLU han bajado. Pero siempre y cuando no suba la remuneración salarial (el numerador).

A lo macro: el pacto por el euro y las estrategias empobrecedoras

¿Es justo que los incrementos de productividad no se traduzcan en subidas de salario? Por supuesto que no. Si eso sucede el incremento de la capacidad productiva beneficia en su totalidad al empresario, que puede aprovechar para mantener los precios pero subir los márgenes y quedarse con todo el beneficio. En términos marxistas, por cierto, se dice que se ha incrementado la plusvalía relativa. Es decir, que ha aumentado el grado de explotación del trabajador. Por eso en teoría el ajustar los salarios con la productividad es una medida razonable.

Pero hay más. El pacto por el euro, por ejemplo, propone la rebaja de las cotizaciones sociales. Y eso es un elemento de la remuneración salarial (el numerador). Además, el pacto habla de forma implícita de rebajas salariales, porque su objetivo es reducir los CLU y eso puede hacerlo incidiendo en el denominador (incrementos de productividad) o incidiendo en el numerador (rebajas salariales).

Los economistas de la CEPAL, como ya explicamos aquí, hablaban de dos tipos de estrategias. La competitividad espuria era aquella estrategia que buscaba aumentar la competitividad vía rebajas salariales, es decir, vía empobrecimiento. Y la competitividad auténtica sería la que se sustentaría en incrementos de productividad y mantenimiento o incluso subidas salariales. El pacto por el euro, en su tradición neoliberal, apuesta claramente por la primera vía. El incremento de la productividad mencionado en el pacto no tiene fundamento, porque el propio pacto rebaja el gasto público (que es la principal herramienta para espolear la productividad) y empeora las condiciones laborales (flexibilidad laboral, negociación colectiva, edad de jubilación, etc.) que producen un evidente deterioro de la productividad.

En efecto, el pacto por el euro considera que España, y los países de la zona euro, tienen que recuperar competitividad y que para eso tienen que rebajar los CLU. Se supone que así las empresas podrán rebajar los precios y poder competir en mejores condiciones con el resto de países. Pero hay dos problemas. El primero, que la estructura de mercado puede permitir que los descensos en los CLU se traduzcan en incrementos de margen y no en rebajas de precios. Por ejemplo, en sectores oligopolísticos -que son la mayoría de los que compiten en el exterior- el pacto se traducirá en un incremento de beneficios empresariales y no de precios. El segundo, y más preocupante, es que los CLU son una medida relativa y si todos los países hacen lo mismo entonces todo se mantiene igual.

El sistema económico capitalista es competencia, y no todos pueden ganar. Las exportaciones de unos países tienen que ser las importaciones de otros. El comercio intraeuropeo es, según la Organización Mundial del Comercio, del 75%. Eso significa que las exportaciones de los países europeos son en tres cuartas partes del total las importaciones de otros países europeos. El pacto por el euro intenta incrementar la competitividad de todos los países por igual, y eso es un absurdo. Si España consigue bajar sus precios podrá competir con Alemania siempre que… Alemania no haga lo mismo. Y Alemania lleva una ventaja insuperable (ver gráfico adjunto) y cuenta con mejores empresas, sectores de más alto valor añadido y una mejor productividad (resultado de mejores inversiones públicas en educación, innovación, infraestructuras, horarios laborales, etc.). En definitiva, España jamás podrá salir de la crisis compitiendo contra Alemania.

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¿Qué tiene que hacer España entonces? Pues eso lo veremos mañana, que repasaremos las alternativas al pacto del Euro que existen desde la izquierda verdaderamente alternativa. Y el martes hablaremos de los escenarios futuros a los que nos enfrentamos.

Alberto Garzón Espinosa

Piju$ Economicus

Mercados especulativos. "Jaque al euro"

El euro está en jaque, aunque aún protegido por el par de alfiles y algunos peones. El paso se marca al ritmo de la deuda, primero fue Irlanda y luego Grecia, que durante meses ha amenazado con arrastrar a otros países. Portugal ya sucumbió, España e Italia están en la mira de los especuladores.

Desde la década de 1980, y en repetidas ocasiones desde entonces y hasta principios de este siglo, las crisis financieras internacionales se habían desplazado con bastante eficacia hacia los países periféricos, fueran de América Latina o de Asia. Luego sobrevino también el estancamiento de la economía japonesa que dura ya muchos años y que ha sido como un preludio de la situación actual.

Finalmente la crisis alcanzó al centro de lo que Fernand Braudel llamó la economía mundo. El sistema financiero de Estados Unidos estuvo a punto de colapsar en septiembre de 2008 cuando quebró el banco de inversión Lehman Brothers y la fragilidad se extendió como reguero de pólvora por Europa.

Hoy, la deuda de varios países europeos parece en el papel todavía administrable, pues la producción irlandesa, griega y portuguesa es una parte menor (alrededor de 6 por ciento) del conjunto de la Unión Europea (UE).

Pero los bancos europeos son acreedores de poco más de 145 mil millones de dólares de deuda griega (Francia dos quintas partes, Alemania una quinta, Reino Unido una décima y Portugal 7 por ciento), así que la quiebra de ese país arrastraría a todos. Además, provocaría un episodio a mayor escala como el de hace tres años, pero con menor resistencia.

Las condiciones de la crisis llevaron al pacto por el euro que firmaron los gobiernos de 17 países a principios de marzo pasado, pero éste no logra consolidarse.

Dicho pacto pretende reforzar la economía de la región y el valor del euro mediante el incremento de la competitividad y mayor nivel de producción, que vaya rebajando el peso de la deuda. Para ello se han ido estableciendo compromisos para moderar el alza de los salarios, hacer más flexible las condiciones laborales para las empresas, contener el gasto en las pensiones y prestaciones sociales.

Además se trata de coordinar las políticas fiscales, asunto que ha probado ser bastante conflictivo. Eso lo demuestran reacciones como las huelgas generales en Grecia o las protestas sociales en España y Francia, o bien, con las nuevas formas de nacionalismo en Finlandia. La economía es política por naturaleza.

Todo esto significa que se recarga el costo de la crisis económica y financiera sobre la gente, los que aún tienen trabajo y, sobre todo, los desocupados. Los ajustes en muchas partes están siendo muy severos y su repercusión se extenderá por varios años. Los rescates se hacen cada vez más abultados y la austeridad que se aplica es crecientemente insensata. Esto es lo único que saben hacer los doctores de la deuda en los gobiernos, los bancos centrales y el en FMI.

Entre tanto, lo que prevalece son los intereses de las instituciones financieras que están en el epicentro de la crisis e, igualmente, el de los rentistas que se defienden de la caída de los rendimientos de los bonos y otros títulos de deuda. La situación que existe es precaria, por decir lo menos y, por supuesto, aún puede desbordarse.

Tan sólo en días recientes se advirtió que no hay siquiera una táctica común en Europa para tratar la crisis. Grecia, que ya recibió más de 300 mil millones de euros para refinanciarse no puede cubrir los pagos pendientes y requiere una restructura de la deuda.

Cómo hacerla ha sido el punto de discrepancia más reciente, principalmente entre Alemania, Francia y el Banco Central Europeo (BCE). El gobierno de Merkel quería una intervención forzosa del sector privado para que compartiera el costo del nuevo rescate y los posibles descuentos sobre el valor de la deuda. Sarkozy y el BCE se opusieron y por ahora ganaron la partida.

La victoria puede ser pírrica en tanto no haya mecanismos efectivos de contención de la insolvencia existente y de la que se puede provocar en otros países de la UE. La gestión de las condiciones de la deuda, por ahora, se está haciendo bajo los principios más ortodoxos de las políticas monetaria y fiscal. Eso mismo indica que la contención en el mejor de los casos tenderá a preparar el campo para un nuevo episodio de crisis.

Está cambiando el modo en que se establecen los términos del conflicto que representa la crisis financiera. El equilibrio muy inestable que existe se ha conseguido mediante toda una serie de argumentos convencionales, avalados y puestos en práctica por los gobiernos de todos los países involucrados independientemente de su signo político.

Las reformas planteadas han sido sólo tímidas y, en el caso del proyecto de ley llamada Dodd-Frank (Ley de reforma de Wall Street y de protección al consumidor) en Estados Unidos, que es la más amplia, se ha quedado en la congeladora por la reticencia de la Reserva Federal. Esto indica los límites políticos o la falta de disposición del gobierno de Washington para una reforma a fondo.

Por ahora los gobiernos y las instituciones financierasdel mundo están haciendo de funámbulos, unos de manera estelar y otros como acróbatas de reparto.

L. Bendesky
La Jornada

El camino financiero a la servidumbre

Los estrategas financieros no tienen la intención de permitir que la actual crisis de la deuda sea desperdice. Ha llegado la hora de las ejecuciones hipotecarias o, para ser más exactos, una contrarrevolución para eliminar las ventajas del Siglo XX logradas por la socialdemocracia: pensiones y seguridad social, atención pública de la salud y otras infraestructuras que proveen servicios esenciales a precios subvencionados o gratuitamente. El modelo básico sigue las reformas neoliberales en la antigua Unión Soviética desde de 1991: privatización de las empresas públicas, un impuesto uniforme elevado para los trabajadores, pero solo impuestos nominales para los bienes raíces y las finanzas y la desregulación de los precios de la economía, las condiciones de trabajo y los términos crediticios.

Lo que se va a revertir es la agenda “moderna”. Hace un siglo el objetivo era movilizar la creciente productividad y tecnología de la Revolución Industrial para elevar los niveles de vida y utilizar la imposición progresiva, la regulación pública, los bancos centrales y la reforma financiera para distribuir equitativamente la riqueza y hacer que las sociedades fueran más iguales. Actualmente el objetivo financiero es lo contrario: concentrar la riqueza en la cumbre de la pirámide económica y reducir los ingresos de la fuerza laboral. A las altas finanzas les encantan los salarios bajos.

La palanca política para lograr este programa es financiera. La constitución de la Unión Europea (UE) impide que los bancos centrales financien los déficit gubernamentales, dejando ese papel a los bancos comerciales, pagándoles intereses para que creen crédito que los bancos centrales rápidamente monetizan para ellos en Gran Bretaña y EE.UU. Los gobiernos deben endeudarse para rescatar a los bancos por los préstamos dañados, como sucede cada vez con más préstamos a medida que las finanzas empobrecen la economía, destruyendo su capacidad de pagar. No obstante, como vivimos en democracia, los votantes tienen que estar de acuerdo en pagar. Los gobiernos son soberanos y la deuda en última instancia es una criatura de la ley de los tribunales.

Pero primero hay que comprender lo que sucede. Desde la perspectiva de los banqueros, el beneficio económico es lo que acaban obteniendo. El aumento de los estándares de consumo, e incluso la inversión pública en la infraestructura, se ven como impedimentos. Los banqueros y los dueños de bonos apuntan a aumentar el beneficio no tanto mediante el aumento del beneficio con inversiones tangibles de capital, sino por medios más depredadores, encabezados por un retroceso de las ventajas de la mano de obra y el endurecimiento de las condiciones de trabajo mientras se obtienen subsidios públicos. Los bancos “crean riqueza” otorgando más crédito (es decir apalancamiento de la deuda) para aumentar los precios de los activos por bienes raíces y empresas que ya existenm activos que se ejecutan o se venden bajo la presión de la deuda por propietarios privados o gobiernos. Un comentarista calificó recientemente esta última estrategia de privatización como el “equivalente a vender la cubertería familiar para volver a alquilarla si queremos comer” (1).

Emprendida en nombre de los libres mercados, esta contrarrevolución rechaza el ideal clásico de los mercados libres de ingresos no devengados, pagados a intereses especiales. El objetivo financiero es extraer un beneficio maximizando el margen de ganancias de los precios sobre los costes. Mediante la oposición a la empresa y la infraestructura del gobierno como camino a la servidumbre las altas finanzas tratan de convertir la infraestructura pública en casetas de peaje para extraer renta económica (la “economía de la comida gratuita”) mientras reemplazan los sindicatos por mano de obra no sindicalizada para que trabajen con más intensidad.

Este nuevo camino a la neoservidumbre es un saqueo de activos. Pero para lograrlo, el sector financiero necesita un saqueo político para reemplazar la democracia por tecnócratas financieros. Su tarea es pretender que no hay revolución alguna, simplemente un aumento de “eficiencia”, “creación de riqueza” al apalancar con deudas la economía hasta el punto en el cual todo el beneficio se paga como intereses a los administradores financieros que emergen como los nuevos planificadores centrales de la civilización occidental.

Camino de servidumbre de Frederick Hayek mostró una distopía de funcionarios públicos que tratan de regular la economía. Al atacar al gobierno de un modo tan unilateral, su extremismo ideológico trató de reemplazar el sistema de limitaciones y chequeos de las economías mixtas por un sector privado “libre” de regulación y de protección del consumidor. Su visión era la de una economía posmoderna “libre” de las reformas clásicas para armonizar los precios del mercado con el valor-precio. En lugar de purificar el capitalismo industrial de los privilegios especiales de extracción de renta heredados de la época feudal, la ideología de Hayek allanó el camino para que el poder financiero descontrolado convierta en una parodia los “mercados libres”.

Los planificadores financieros de la Unión Europea afirman que Grecia y otros países deudores tienen un problema fácil de curar por medio de la imposición de austeridad. Los ahorros para pensiones, la seguridad social y el seguro médico deben reducirse a fin de “liberar” más servicio de la deuda a spagar a los acreedores. Al insistir en que Grecia solo tiene un “problema de liquidez”, los extremistas del Banco Central Europeo (BCE) consideran que una economía es “solvente” mientras tenga activos que privatizar. El miembro del consejo ejecutivo del BCE Lorenzo Bini Smaghi explicó el plan en una entrevista con Financial Times:

FT: Otmar Issing, su antiguo colega, dice que Grecia es insolvente y que “no será físicamente posible” que reembolse sus deudas. ¿Tiene razón?

LBS: Está equivocado porque Grecia es solvente si aplica el programa. Tienen activos que puede vender y reducir su deuda y tiene los instrumentos para cambiar sus sistemas tributarios y de gastos para reducir la deuda. Es la evaluación del FMI, es la evaluación de la Comisión Europea.

Los países pobres en desarrollo no tienen activos, sus ingresos son bajos, y por lo tanto se convierten fácilmente en insolventes. Si se considera el estado financiero de Grecia, no es insolvente.

El problema crucial es la voluntad política por parte del gobierno y del parlamento. Los ingresos de la privatización de 50.000 millones de euros, de los que se habla –algunos mencionan más– reducirían la relación del pico de la deuda al PIB de 160% a cerca de un 140% o 135% y eso podría reducirse aún más (2).

Una semana después Bini Smaghi insistió en que el sector público “tiene activos negociables por un valor de 300.000 millones de euros y no está en bancarrota. ‘Hay que considerar a Grecia solvente y pedirla que pague sus deudas… señalando que el banco se mantiene firmemente opuesto a todo plan que permita que Grecia alargue los pagos de su deuda u obligue a los inversionistas a aceptar menos que un pago total, recorte” (3). Hablando en Berlín, dijo que Grecia “no es insolvente”. Podría pagar los bonos que debe a banqueros alemanes (22.700 millones de dólares), a los banqueros franceses (15.000 millones de dólares) y al BCE (al que se dice que debe 190.000 millones de dólares) vendiendo tierras públicas y puertos, derechos de agua y alcantarillado, propiedad del sistema telefónico y otra infraestructura básica. Aparte de recibir un pago total y de recibir altas tasas de interés que reflejen las expectativas de no pago del “mercado”, los bancos gozarían de un nuevo mercado con el financiamiento de las adquisiciones de privatización.

Advirtiendo que la falta de pago crearía beneficios inesperados a los especuladores que han apostado a que Grecia haría default, Bini Smaghi se negó a reconocer el corolario: que pagar el monto total crearía beneficios inesperados para los que apuestan a que se obligue a Grecia a pagar. También afirmó que: “La reestructuración de la deuda griega… desalentaría a Grecia de modernizar su economía”. Pero mientras menos servicio de la deuda paga una economía, más ingresos tiene para invertir productivamente. Y “solucionar” el problema arrojando los activos públicos al mercado crearía beneficios inesperados a los compradores de activos en dificultades. Como lo describe sin ambages el Wall Street Journal; “Grecia está en venta –barata– y Alemania está comprando. Las compañías alemanas están a la caza de gangas en Grecia mientras el gobierno afectado por las deudas actúa vendiendo activos de propiedad del Estado a fin de estabilizar las finanzas del país” (4).

En lugar de elevar los niveles de vida mientras crean una sociedad más igualitaria y justa, las “reformas” del BCE orientadas a favor de los acreedores quieren imponer un retroceso hacia la oligarquía. No la oligarquía post-feudal de terratenientes propietarios de tierras conquistadas por medios militares, sino una oligarquía financiera que acumula créditos bancarios y bonos que crecen inexorable y exponencialmente, dejando poco para que el resto de la economía invierta o consuma.

La distinción entre iliquidez e insolvencia

Si el propietario de una casa pierde su trabajo y no puede pagar su hipoteca, tiene que vender la casa o ver que el banco la embarga. ¿Es insolvente, o simplemente “sin liquidez”? Si solo tiene un problema de liquidez, un préstamo le ayudará a ganar los fondos para pagar la deuda. Pero si cae en el patrimonio negativo que ahora asedia a un cuarto de los bienes raíces de EE.UU., más préstamos solo profundizarán su déficit neto. El fin de este proceso, perder su casa, no solo significa falta de liquidez. Tiene penurias y sufre de insolvencia. Pero para el BCE solo se trata de un problema de liquidez.

El balance público incluye la tierra y la infraestructura ya que son activos beneficio a los que se puede renunciar sin cambiar fundamentalmente el estatus o las relaciones sociales del propietario. En realidad forman parte de los medios de supervivencia en el mundo actual, por lo menos supervivencia como parte de la clase media.

Para comenzar, la renegociación de su préstamo no solucionará una situación de insolvencia como la del propietario de la casa en paro antes mencionado. Prestarle dinero para pagar los intereses del banco (junto con los pagos atrasados y otras sanciones financieras) o extender el préstamo solo aumentará el balance de la deuda, dando al banco que lo embarga un derecho mayor sobre cualquier propiedad que el deudor pueda tener disponible para apoderarse de ella.

Pero el dueño de la casa está en peligro de quedarse sin vivienda, viviendo en la calle. Lo que está en juego es si la solvencia debe definirse en el modo de sentido común tradicional, en términos de la capacidad del ingreso de cumplir con las actuales obligaciones, o un enfoque que se basa puramente en el balance usado por los acreedores que buscan extraer el pago despojando de los activos. Es la posición en la que se encuentra Grecia. ¿Es solo un problema de liquidez si al gobierno se le dice que venda 50.000 millones de dólares en instalaciones turísticas de primera clase, puertos, sistemas de agua y otros activos públicos a fin de pagar a los acreedores extranjeros?

Lo que está en juego es el lenguaje respecto a los derechos legales de los acreedores frente a los deudores. EE.UU. ha tenido desde hace tiempo un corpus de leyes sobre este tema. Hace algunos años, por ejemplo, el especulador inmobiliario Sam Zell compró el Chicago Tribune en una operación por endeudamiento. El periódico quebró poco después, eliminando el plan de propiedad de acciones de los empleados (ESOP). Presentaron una demanda según la ley de cesión fraudulenta, que dice que si un acreedor hace un préstamo sin saber cómo podrá pagarlo el deudor en el curso normal de los negocios, se asume que el préstamo se hizo con la intención de realizar una ejecución hipotecaria de la propiedad, y se considera fraudulento.

Esta ley viene de tiempos coloniales, cuando los especuladores británicos echaban el ojo a ricas tierras agrícolas en Nueva York. Su truco era otorgar préstamos a los agricultores, y luego cobrarlos cuando el agricultor tenía poca capacidad para pagarlos, antes de la cosecha. Era ciertamente un problema de liquidez que los oportunistas financieros convirtieron en un saqueo de activos. Algunos prestamistas, fuera de toda duda, crearon un verdadero problema de insolvencia al otorgar préstamos que iban más allá de la capacidad de pagar de los agricultores, y luego embargaban sus tierras. Las colonias anularon ese tipo de préstamos. Las leyes por cesión fraudulenta se conservan desde que EE.UU. logró su independencia de Gran Bretaña.

Actualmente, los acreedores utilizan el apalancamiento de la deuda para obligar a Grecia a vender su dominio público –después de otorgar créditos más allá de su capacidad de pagar por ellos-. Por eso la pregunta que ahora se presenta es si se debe considerar que la nación es “solvente” si la única manera de transferir su deuda pública (es decir, prorrogarla reemplazando antiguos préstamos dudosos por obligaciones más nuevas y más inexorables) es perder sus tierras e infraestructura básica. Esto alteraría fundamentalmente la relación entre los sectores público y privado, reemplazando su economía mixta por otra de planificación centralizada, planificada por depredadores financieros con poca preocupación de que la economía se polarice entre ricos y pobres, acreedores y deudores.

El camino financiero a la servidumbre

Los lobistas financieros están convirtiendo el idioma inglés –y la terminología económica en todo el mundo– en un campo de batalla. Se permitirá que los acreedores se apoderen de los activos de deudores insolventes –desde dueños de casas y compañías a naciones enteras– como si fuera un funcionamiento normal del “mercado” y la ejecución hipotecaria fuera simplemente una manera de restaurar la “liquidez”. En cuanto a la “solvencia”, el BCE arrebataría a Grecia sus activos del sector público. Funcionarios bancarios han hablado de lanzar potencialmente 150.000 millones de euros de propiedad al mercado,

La mayoría de la gente lo consideraría un problema de solvencia. Solvencia significa la capacidad de mantener el tipo de sociedad que se tiene, con las limitaciones y chequeos públicos y privados y los niveles de vida existentes, Es incompatible con la reducción de pensiones, de la seguridad social y del seguro de salud para impedir que los dueños de bonos y los banqueros sufran una pérdida. Esta última política no es nada menos que una revolución política.

La liquidación de activos que los banqueros de Europa exigen a Grecia parece una prueba para impedir que el movimiento “no pagaré” se extienda a movimientos de “indignados” contra la austeridad financiera en España, Portugal e Italia. Los banqueros están tratando de impedir que los gobiernos condonen las deudas, extiendan los préstamos y reduzcan las tasas de interés.

Cuando a una nación se le exige que reemplace su economía mixta mediante la transferencia de la propiedad de la infraestructura y de las empresas públicas a una clase financiera (en su mayor parte extranjera), no se trata solo de “restaurar la solvencia” utilizando activos a largo plazo para pagar deudas a corto plazo a fin de mantener el patrimonio neto del balance. Es una transformación radical a una economía de planificación centralizada, cambiando el control de las manos de los representantes elegidos a las de administradores financieros, cuyo margen de tiempo es a corto plazo y extractivo, no a largo plazo y protector de la igualdad social y las necesidades básicas.

Los acreedores exigen una transformación política para reemplazar a los legisladores democráticos por tecnócratas nombrados por banqueros extranjeros. Cuando el beneficio económico se promete a los banqueros en lugar de invertirlo en el interior, no nos vemos solo ante “insolvencia” sino ante un ataque agresivo. Las finanzas se convierten en una continuación de la guerra, por medios económicos que deben ser politizados. Actuando por cuenta de los bancos comerciales (de los que salen la mayoría de sus directores, los que quieren “descender del cielo” para recibir sus recompensas después de servir a su clase financiera), el Banco Central Europeo insiste en una revolución política para reemplazar el gobierno democrático por una elite tecnocrática –no de ingenieros industriales, sino de “ingenieros financieros”, un nombre elegante para los guerreros financieros de despojo de activos.- Si Grecia no se ajusta, amenazan con causar un caos financiero interior destruyendo a los bancos griegos. Esta actitud de “la zanahoria y el garrote” amenaza si Grecia no acepta: el BCE y el FMI retendrán préstamos necesarios para mantener la solvencia de su sistema bancario. La “zanahoria” se ofreció el 31 de mayo cuando aceptaron suministrar 86.000 millones de dólares en euros si Grecia “posterga por el momento una reestructuración, dura o blanda,” de su deuda pública (5).

Es una parodia presentar simplemente esta revolución como un ejercicio financiero para resolver el “problema de liquidez” como si fuera compatible con los últimos cuatro siglos de reformas políticas y económicas clásicas de Europa. Por eso la protesta en la plaza Syntagma frente al Parlamento ha ido creciendo cada semana, llegando a más de 70.000 participantes el domingo pasado, 5 de junio.

Algunos manifestantes establecieron un paralelo con los políticos de Wisconsin que abandonaron el Estado para impedir un quórum en la votación del programa anti-sindical que trató de imponer el gobernador Walker. Al día siguiente, el 6 de junio, algunos ministros del gabinete se unieron a treinta diputados del Partido Socialista Panhelénico (Pasok) del primer ministro George Papandreou amenazando con “renunciar a sus escaños parlamentarios antes que aprobar medidas que recortaban miles de puestos de trabajo del sector público, volver a aumentar los impuestos y deshacerse de activos del Estado por 50.000 millones de euros, según personas informadas del partido. “El problema principal del partido son los estrictos recortes en el sector público… que llegan al corazón del modelo de protección social del Pasok de suministro de puestos de trabajo en entidades estatales para sus seguidores”, dijo un alto funcionario socialista” (6).

En vista de la renuencia popular a cometer suicidio financiero, el jefe de la oposición conservadora, Antonis Samaras, también se opuso a pagar a los banqueros europeos, “exigiendo una renegociación del paquete acordado la semana pasada con la “troika” de la UE, el FMI, y el BCE”. Era obvio que ningún partido podría obtener apoyo popular para la exigencia del BCE de que Grecia renuncie al gobierno popular y “nombre a tecnócratas experimentados para reducir a la mitad una docena de ministerios esenciales a fin de implementar el programa de la UE y el FMI” (7).

El presidente del BCE, Trichet, actúa como si siguiera a Erasmo al llevar a Europa más allá de su “concepto estricto de la condición de Estado”. “Esto se debe realizar reemplazando a funcionarios elegidos por una burocracia de planificadores cosmopolitas amigos de los banqueros. El problema de la deuda pide nuevas “medidas de política monetaria, las las llamamos decisiones ‘no estándar’, estrictamente separadas de las decisiones ‘estándar’, y orientadas a restaurar una mejor transmisión de nuestra política monetaria en estas condiciones anormales del mercado.” Lo que tenemos que hacer es que estas condiciones sean una nueva normalidad, y que se re-defina la solvencia para que refleje la capacidad de una nación de pagar deudas mediante la venta del dominio público.

El BCE y la UE afirman que Grecia será “solvente” mientras tenga activos que vender. Pero si las poblaciones en las actuales economías mixtas piensan que la solvencia existe bajo las proporciones públicas/privadas existentes, resistirán el intento del sector financiero de seguir adelante con adquisiciones y embargos hasta que posea todos los activos del mundo, todos los activos hasta ahora públicos y corporativos y los de individuos y sociedades.

Para minimizar la oposición a esta dinámica los economistas favoritos del sector financiero restan importancia al peso de la deuda, pretendiendo que puede ser pagada sin perjudicar la vida económica y, en el caso griego por ejemplo, utilizando la contabilidad chatarra de “valoración según modelos” y derivados y permutas financieras para ocultar simplemente su magnitud. Dominique Strauss-Kahn en el FMI afirma que la crisis de la deuda post-2008 es solo un “problema de liquidez” a corto plazo y de falta de “confianza”, no insolvencia que se refleja en una incapacidad subyacente de pago. Los bancos prometen que todo irá bien cuando la economía “vuelva a la normal” – como si pudiera “pedir prestado para salir de deudas”, al estilo de Bernanke.

De eso trata la actual guerra financiera. Está en juego la relación del sector financiero con la economía “real”. Desde la perspectiva de esta última el papel apropiado del crédito –es decir, la deuda– es financiar la inversión y gasto de capital productivo, porque las deudas se pagan con el beneficio económico. Esto requiere un sistema financiero regulatorio y un sistema tributario para maximizar el crecimiento. Pero ésta es precisamente la política fiscal contra la cual lucha el sector financiero actual. Exige una deducción preferencial de impuestos sobre intereses a fin de alentar el financiamiento de deudas en lugar de derechos de propiedad. Ha deshabilitado las leyes y regulaciones de veracidad en créditos para mantener las tasas de interés y los aranceles en línea con los costes de producción. Y bloquea que los gobiernos hagan que los bancos centrales financien libremente sus propias operaciones y suministren dinero a las economías. Y para colmo ahora exigen que la sociedad democrática ceda ante el régimen de la autoridad financiera autoritaria.

Finanzas y democracia: del refuerzo mutuo al antagonismo

La relación entre la banca y la democracia ha pasado por muchos serpenteos durante los siglos. Antes este año, el intento de la oposición democrática contra el intento del BCE y del FMI de imponer austeridad y ventas de privatización tuvo éxito cuando el presidente Grimsson de Islandia insistió en un referendo nacional sobre el pago de la deuda de Icesave que dirigentes de Althing habían negociado con Gran Bretaña y Hoaldna (si uno puede caracterizar una abyecta capitulación como una verdadera negociación). Dicho sea a su favor, una fuerte mayoría de 3 a 2 de los islandeses votaron “No”, salvando a su economía de ser llevada a una esclavitud por deudas.

Históricamente se ha requerido acción democrática para imponer el cobro de deudas. Hasta hace cuatro siglos los tesoros reales eran generalmente guardados en el dormitorio real, y los préstamos a los gobernantes tenían el carácter de deudas personales. Los banqueros se vieron repetidamente timados, especialmente por déspotas Habsburgos y Borbones en los tronos de España, Austria y Francia. Los préstamos a ese tipo de gobernantes tendían a expirar a su muerte, a menos que sus sucesores siguieran dependiendo de los mismos financistas en lugar de volverse hacia sus rivales. Las numerosas bancarrotas del autocrático gobernante Habsburgo de España, Carlos V, agotaron su crédito, impidiendo que la nación reuniera los fondos para derrotar a los rebeldes Países Bajos del norte.

El problema que enfrentaban los banqueros era cómo convertir los préstamos en obligaciones nacionales permanentes. La solución de este problema dio una ventaja a las democracias parlamentarias. Fue un factor importante que permitió a los Países Bajos a lograr su independencia de la España de los Habsburgos en el Siglo XVI. La república holandesa comprometió a toda la nación a pagar sus deudas públicas, obligando al propio pueblo, a través de sus representantes elegidos quienes destinaban impuestos a sus acreedores. Los banqueros consideraron la democracia parlamentaria como una condición previa para hacer préstamos seguros a los gobiernos. Esta seguridad para los banqueros solo podía ser lograda si los electorados tenían por lo menos una voz nominal en el gobierno. Y la acumulación de préstamos de guerra fue un elemento clave en la rivalidad militar en una época en la cual la máxima para la supervivencia era “el dinero es el nervio de la guerra”.

Mientras los gobiernos seguían siendo despóticos, descubrieron que su capacidad para incurrir en más deudas era limitada. En esa época “la posición del rey como prestatario era confusa, y todavía era dudoso si sus acreedores tenían algún remedio en su contra en caso de default”. (8) El anterior financiamiento holandés-inglés no había satisfecho a los acreedores en este aspecto. Cuando Carlos I pidió prestados 650.000 florines holandeses a los Estados Generales Holandeses en 1625, la alianza militar de los dos países contra España ayudó a retardar la lucha constitucional implícita respecto a quién era responsable en última instancia por las deudas británicas.

El logro financiero crucial del gobierno parlamentario fue por lo tanto establecer a las naciones como cuerpos políticos cuyas deudas no eran solo las obligaciones personales de los gobernantes, sino verdaderamente públicas y vinculantes, no importa quién ocupara el trono. Por este motivo las dos primeras naciones democráticas, Holanda y Gran Bretaña, después de su vinculación dinástica de 1688 entre Holanda y Gran Bretaña en la persona de Guillermo I, y la emergencia de la autoridad parlamentaria sobre las finanzas públicas desarrollaron los mercados de capital más activos y se convirtieron en las principales potencias militares de Europa. “Una deuda financiada no podía ser formada mientras el rey y el parlamento luchaban por la autoridad”, concluye el historiador financiero Richard Ehrenberg. “Recién después de la revolución [de 1688] el Estado inglés se convirtió en lo que la república holandesa había sido hace tiempo – una verdadera corporación de individuos firmemente asociados, un organismo permanente”. (9)

En breve, las naciones emergieron en su forma moderna adoptando las características financieras de ciudades-Estado democráticas. Los imperativos financieros de las guerras del Siglo XVII ayudaron a que esas democracias fueran victoriosas, porque los nuevos sistemas financieros nacionales facilitaron los gastos militares en una escala ampliamente expandida. Por el contrario, mientras más despóticas eran España, Austria y Francia, más dificultades encontraban para financiar sus aventuras militares. Austria se quedó “sin crédito y consecuentemente sin muchas deudas” a fines del Siglo XVIII, el país menos digno de crédito y peor armado en Europa, como señaló Sir James Steuart en 1767. (10) Llegó a depender enteramente de subsidios y garantías de préstamo británicas en la época de las guerras napoleónicas.

La época moderna del financiamiento de la guerra se desarrolló por lo tanto al unísono con la expansión de la democracia parlamentaria. La situación fue similar a la que tenían los tribunos plebeyos en Roma en los primeros siglos de su República. Podían vetar todo financiamiento militar hasta que los patricios hicieran concesiones políticas. La lección no se perdió en los parlamentos protestantes del Siglo XVIII. Para que las deudas de guerra y otras obligaciones nacionales fueran vinculantes, los representantes elegidos del pueblo tenían que garantizar impuestos. Esto solo se podía lograr dando al electorado una voz en el gobierno.

Por lo tanto el deseo de ser reembolsados fue lo que apartó la preferencia de los acreedores de las autocracias hacia las democracias. Finalmente solo podían cobrar a las democracias. Esto, por cierto, no reflejaba necesariamente convicciones políticas liberales por parte de los acreedores. Simplemente querían que se les pagara.

Las ciudades comerciales soberanas de Europa desarrollaron las mejores calificaciones crediticias, y por lo tanto pudieron emplear mercenarios. El acceso al crédito fue “su arma más poderosa en la lucha por su libertad”, señala Ehrenberg, en una época en la que “el aumento en el uso de armas de fuego las había obligado a rodearse de fortificaciones más sólidas”. (11) El problema era que “cualquiera que daba crédito a un príncipe sabía que el reembolso de la deuda dependía solo de la capacidad y voluntad de pagar de su deudor. El caso era muy diferente en las ciudades: si alguien tenía poder como jefe supremo, también había corporaciones, asociaciones de individuos que daban una garantía común. Según la ley generalmente aceptada cada burgués individual tenía una obligación legal por las deudas de la ciudad, con su persona y su propiedad.”

Ahora han cambiado las cosas: de los votantes islandeses a las grandes multitudes que se reúnen en la plaza Syntagma y otros sitios por toda Grecia para oponerse a las condiciones que el primer ministro Papandreou ha estado negociando para un préstamo de rescate de la UE al gobierno – a fin de rescatar a bancos alemanes y franceses. Ahora, cuando las naciones no buscan dinero para la guerra sino para subvencionar a insensatos banqueros depredadores, Jean-Claude Trichet del BCE sugirió recientemente que se saque la política financiera de las manos de la democracia.

Pero si un país todavía no cumple, pienso que todos estarán de acuerdo en que la segunda etapa tendrá que ser diferente. ¿Sería ir demasiado lejos si consideráramos, en esa segunda etapa, que se diera a las autoridades del área del euro una influencia mucho más profunda y terminante en la formación de las políticas económicas del país si éstas se extravían de modo dañino? ¿Una influencia directa, mucho más allá y por sobre la vigilancia reforzada que se está considerando actualmente?...

Lo que está en juego es la soberanía en sí, cuando se trata de la responsabilidad gubernamental por las deudas. Y al respecto la guerra que libra contra Grecia el Banco Central Europeo (BCE) ser considerada en el mejor de los casos como un ensayo general no solo para el resto de Europa, sino para lo que los lobistas financieros quisieran introducir en EE.UU.

Notas:

1 Yves Smith, “Wisconsin’s Walker Joins Government Asset Giveaway Club (and is Rahm Soon to Follow?)” Naked Capitalism, February 22, 2011.

2 Ralph Atkins, “Transcripción: Lorenzo Bini Smaghi,” Financial Times, May 30, 2011.

3 Jack Ewing, “In Asset Sale, Greece to Give Up 10% Stake in Telecom Company,” The New York Times, June 7, 2011.

4 Christopher Lawton and Laura Stevens, “Deutsche Telekom, Others Look to Grab State-Owned Assets at Fire-Sale Prices,” Wall Street Journal, June 7, 2011.

5 Landon Thomas Jr., “New Rescue Package for Greece Takes Shape,” The New York Times, June 1, 2011.

6 Kerin Hope, “Rift widens on Greek reform plan,” Financial Times, June 7, 2011.

7 Ibíd. Vea también, Kerin Hope: “Miles protestan contra austeridad griega,” Financial Times, 6 de junio de 2011: “‘Ladrones, ladrones…¿dónde se fue nuestro dinero?’ gritaban los manifestantes, soplando silbatos y agitando banderas griegas mientras la policía antidisturbios cerraba sus filas alrededor del edificio del parlamento en la plaza Syntagma en el centro de la capital… Pancartas colocadas cerca decían ‘Retirad las nuevas medidas’ y ‘Grecia no está en venta’ – una referencia a los planes del gobierno de incluir propiedades estatales y bienes raíces para el desarrollo turístico en el proyecto de privatización.”

8 Charles Wilson, England’s Apprenticeship: 1603-1763 (London: 1965), p. 89.

9 Richard Ehrenberg, Capital and Finance in the Age of the Renaissance (1928), p. 354.

10 James Steuart, Principles of Political Oeconomy (1767), p. 353.

11 Ehrenberg, op. cit., pp. 44f., 33.

Michael Hudson es ex economista de Wall Street, distinguido profesor investigador de la Universidad de Missouri, en Kansas City, y autor de numerosos libros, entre ellos: “Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire” (nueva edición, Pluto Press, 2002) y “Trade, Development and Foreign Debt: A History of Theories of Polarization v. Convergence in the World Economy”. Puede contactarse con él en: mh@michael-hudson.com

Fuente: http://www.informationclearinghouse.info/article28319.htm

Rebelión

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens