La cifra marea, pero se ha estimado por el Banco Mundial que más de ocho billones de euros están a buen recaudo en los paraísos fiscales sin que sus propietarios paguen ni un sólo céntimo al erario público de sus respectivos países. Son los escondrijos de una cuarta parte de la riqueza privada mundial, según datos del Fondo Monetario Internacional. Para muestra un sólo botón, en las Islas Caimán, con 52.000 habitantes y un territorio de unos 260 Km cuadrados, están instalados 600 bancos, operan 2.200 fondos especulativos y de pensiones, se estima que manejan más de medio billón de euros y hay domiciliadas y en activo unas 44.000 empresas. Los etéreos “mercados” tienen nombre y apellido aunque permanezcan en el anonimato.
Constructores sin escrúpulos, narcotraficantes, grupos terroristas, políticos corruptos o dictadores de países tercermundistas comparten sus botines con las grandes empresas multinacionales que, a través de complejas operaciones de ingeniería financiera de dudosa legalidad, desvían gran parte de sus excedentes a estas cuevas financieras.
Para situar esta cifra de 8 billones de euros en una dimensión entendible, hagamos un sencillo cálculo para el que vamos a considerar -por la dificultad de depurar el dato- que todo el dinero que se refugia en estos paraísos fiscales fuese de procedencia presuntamente legal, es decir que no proceda de actuaciones claramente delictivas como el cohecho, el tráfico ilegal o el saqueo sistemático de las arcas públicas, y que, por tanto, la única irregularidad de esta riqueza fuese el de no tributar en los países en los que se ha generado. Apliquemos para ello el tipo general del Impuesto de Sociedades vigente en nuestro país -el 30%- sobre el total de recursos escamoteados a los respectivos erarios públicos y obtendremos un montante de 2,4 billones de euros.
Una vez realizado este cálculo, para entender mejor la cifra resultante, que sigue siendo inabarcable, pongámosla en relación con el total de recursos que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional van a tener que destinar a los planes de recate de los países europeos que lo han precisado y que asciende a 270 mil millones de euros (110 Grecia, 85 Irlanda y 75 Portugal). Pues bien, esta comparación pone de relieve que con los impuestos que dejan de pagar los recursos existentes en los paraísos fiscales se podrían rescatar hasta nueve veces a los tres países europeos. Dicho de otra forma, con toda seguridad ningún ciudadano de un país del mundo occidental se hubiese visto obligado -como lo está siendo- a ver reducido su sueldo, congelada su pensión o renunciado a importantes beneficios del Estado del bienestar por la razón de que existan desequilibrios entre los ingresos y gastos públicos.
En el año 2007, antes por tanto de la crisis económica, el Fondo Monetario Internacional ya había estimado que de pagar impuestos estos fondos se cubrirían de sobra los Objetivos del Milenio, es decir, se erradicaría la pobreza y se conseguiría un desarrollo humano sostenible antes del año 2015.
Este panorama induce a pensar que la eliminación de los paraísos fiscales debería ser la actuación prioritaria de los políticos del mundo y que, sólo después de que éstos desaparecieran, podría exigirse sacrificios a los que más sufren las consecuencias de una crisis en cuya gestación no han tenido ninguna responsabilidad.
En tanto que estas cuevas financieras persistan con el beneplácito de las autoridades mundiales, que no nos hablen de ajustes presupuestarios que han de soportar nuestras menguadas economías por las exigencias de unos “mercados” que, además de no tributar, pretenden seguir enriqueciéndose a costa de nuestras privaciones. Mientras que así sea, se está incubando una revolución social cuyas consecuencias no me atrevo a pronosticar. ¡Ojalá! me equivoque.
Gerardo Rivas Rico es licenciado en Ciencias Económicas
El Plural
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