miércoles, 30 de marzo de 2011

Crímenes económicos contra la humanidad

Según la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es "cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil". Desde la II Guerra Mundial nos hemos familiarizado con este concepto y con la idea de que, no importa cuál haya sido su magnitud, es posible y obligado investigar estos crímenes y hacer pagar a los culpables.

Situaciones como las que ha generado la crisis económica han hecho que se empiece a hablar de crímenes económicos contra la humanidad. El concepto no es nuevo. Ya en los años 1950 el economista neoclásico y premio Nobel Gary Becker introdujo su "teoría del crimen" a nivel microeconómico. La probabilidad de que un individuo cometa un crimen depende, para Becker, del riesgo que asume, del posible botín y del posible castigo. A nivel macroeconómico, el concepto se usó en los debates sobre las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial durante los ochenta y noventa, que acarrearon gravísimos costes sociales a la población de África, América Latina, Asia (durante la crisis asiática de 1997-98) y la Europa del Este. Muchos analistas señalaron a estos organismos, a las políticas que patrocinaron y a los economistas que las diseñaron como responsables, especialmente el FMI, que quedó muy desprestigiado tras la crisis asiática.

En la actualidad son los países occidentales los que sufren los costes sociales de la crisis financiera y de empleo, y de los planes de austeridad que supuestamente luchan contra ella. La pérdida de derechos fundamentales como el trabajo y la vivienda y el sufrimiento de millones de familias que ven en peligro su supervivencia son ejemplos de los costes aterradores de esta crisis. Los hogares que viven en la pobreza están creciendo de forma imparable. Pero ¿quiénes son los responsables? Los mercados, leemos y oímos cada día.

En un artículo publicado en Businessweek el 20 de marzo de 2009 con el título "Wall Street's economic crimes against humanity", Shoshana Zuboff, antigua profesora de la Harvard Business School, sostenía que el que los responsables de la crisis nieguen las consecuencias de sus acciones demuestra "la banalidad del mal" y el "narcisismo institucionalizado" en nuestras sociedades. Es una muestra de la falta de responsabilidad y de la "distancia emocional" con que han acumulado sumas millonarias quienes ahora niegan cualquier relación con el daño provocado. Culpar solo al sistema no es aceptable, argumentaba Zuboff, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis solo a las ideas, y no a quienes los cometieron.

Culpar a los mercados es efectivamente quedarse en la superficie del problema. Hay responsables, y son personas e instituciones concretas: son quienes defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros; los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y quienes les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero público, a cambio de nada. Empresas como Lehman Brothers o Goldman Sachs, bancos que permitieron la proliferación de créditos basura, auditoras que supuestamente garantizaban las cuentas de las empresas, y gente como Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal norteamericana durante los Gobiernos de Bush y Clinton, opositor a ultranza a la regulación de los mercados financieros.

La Comisión del Congreso norteamericano sobre los orígenes de la crisis ha sido esclarecedora en este sentido. Creada por el presidente Obama en 2009 para investigar las acciones ilegales o criminales de la industria financiera, ha entrevistado a más de 700 expertos. Su informe, hecho público el pasado enero, concluye que la crisis se hubiera podido evitar. Señala fallos en los sistemas de regulación y supervisión financiera del Gobierno y de las empresas, en las prácticas contables y auditoras y en la transparencia en los negocios. La Comisión investigó el papel directo de algunos gigantes de Wall Street en el desastre financiero, por ejemplo en el mercado de subprimes, y el de las agencias encargadas del ranking de bonos. Es importante entender los distintos grados de responsabilidad de cada actor de este drama, pero no es admisible la sensación de impunidad sin "responsables".

En cuanto a las víctimas de los crímenes económicos, en España un 20% de desempleo desde hace más de dos años significa un enorme coste económico y humano. Miles de familias sufren las consecuencias de haber creído que pagarían hipotecas con sueldos mileuristas: 90.000 ejecuciones hipotecarias en 2009 y 180.000 en 2010. En EE UU, la tasa de paro es la mitad de la española, pero supone unos 26 millones de parados, lo cual implica un tremendo aumento de la pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Según la Comisión sobre la Crisis Financiera, más de cuatro millones de familias han perdido sus casas, y cuatro millones y medio están en procesos de desahucio. Once billones de dólares de "riqueza familiar" han "desaparecido" al desvalorizarse sus patrimonios, incluyendo casas, pensiones y ahorros. Otra consecuencia de la crisis es su efecto sobre los precios de alimentos y otras materias primas básicas, sectores hacia los que los especuladores están desviando sus capitales. El resultado es la inflación de sus precios y el aumento aún mayor de la pobreza.

En algunos casos notorios de fraude como el de Madoff, el autor está en la cárcel y el proceso judicial contra él continúa porque sus víctimas tienen poder económico. Pero en general, quienes han provocado la crisis no solo han recogido unas ganancias fabulosas, sino que no temen castigo alguno. Nadie investiga sus responsabilidades ni sus decisiones. Los Gobiernos los protegen y el aparato judicial no los persigue.

Si tuviéramos nociones claras de qué es un crimen económico y si existieran mecanismos para investigarlos y perseguirlos se hubieran podido evitar muchos de los actuales problemas. No es una utopía. Islandia ofrece un ejemplo muy interesante. En vez de rescatar a los banqueros que arruinaron al país en 2008, la fiscalía abrió una investigación penal contra los responsables. En 2009 el Gobierno entero tuvo que dimitir y el pago de la deuda de la banca quedó bloqueado. Islandia no ha socializado las pérdidas como están haciendo muchos países, incluida España, sino que ha aceptado que los responsables fueran castigados y que sus bancos se hundieran.

De la misma forma que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la humanidad, es hora de hacer lo mismo con los económicos. Este es un buen momento, dada su existencia difícil de refutar. Es urgente que la noción de "crimen económico" se incorpore al discurso ciudadano y se entienda su importancia para construir la democracia económica y política. Como mínimo nos hará ver la necesidad de regular los mercados para que, como dice Polanyi, estén al servicio de la sociedad, y no viceversa.

Lourdes Benería es profesora de Economía en la Universidad de Cornell. Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona.

El País

domingo, 27 de marzo de 2011

Los jefes de Moody's salen de la crisis que ellos provocaron con sueldos récord

Las agencias de calificación han salido tocadas de la crisis financiera. Su credibilidad está en entredicho , el Congreso de Estados Unidos les ha proclamado culpables de la crisis y sus beneficios han retrocedido al nivel de hace varios años. Sus altos ejecutivos, sin embargo, han pasado la página con sueldos y bonus récord, al menos en el caso de Moody's. La convocatoria de junta recién realizada por la compañía indica que la retribución de su presidente ejecutivo, Raymond McDaniel, subió un 69% en 2010 hasta los 9,15 millones de dólares (unos 6,4 millones de euros).

Los cinco directivos mejor pagados de la firma se repartieron 20 millones de dólares, con un aumento del 60%. Moody's concede mucha importancia a la paga variable, y lo justifica en el alza de los beneficios de 2010, pero como en muchas empresas, la paga variable varía más hacia arriba que hacia abajo. La cúpula de Moody's gana el doble que en 2005 pese a que desde entonces el resultado operativo ha caído el 17% y el beneficio neto cerca del 10%. La firma hizo alguna rebaja de los sueldos cuando los resultados se desplomaron, pero con el repunte, los ha situado en niveles récord. Los directivos ganan ahora más que en 2006, en plena burbuja, pese a que entonces el beneficio operativo era un 63% superior. La crisis les ha salido rentable.

Entre los conceptos retributivos de 2010, uno llama la atención. Moody's premia a su presidente, entre otros motivos, por sus logros al "ayudar a restaurar la confianza en las calificaciones de Moody's Investors Service al elevar el conocimiento sobre el papel y la función de las calificaciones (...)". El premio se aprueba semanas después de que el Congreso de EE UU haya señalado a las agencias de calificación entre los culpables de la crisis financiera y haya resaltado justo a Moody's como caso de estudio sobre las malas prácticas que provocaron la crisis.

McDaniel fue uno de los ejecutivos que compareció ante la comisión de investigación del Congreso sobre las causas de la crisis y el informe final no le deja en muy buen lugar ni a él ni a otros directivos de Moody's que actuaron bajo sus órdenes.

"Concluimos que los fallos de las agencias de calificación crediticia fueron engranajes esenciales en la maquinaria de la destrucción financiera. Las tres agencias fueron herramientas clave del caos financiero. Los valores relacionados con hipotecas en el corazón de la crisis no se habrían comercializado y vendido sin su sello de aprobación. Los inversores confiaron en ellas, a menudo ciegamente. (...) Esta crisis no habría podido ocurrir sin las agencias. Sus calificaciones ayudaron al mercado a dispararse y sus rebajas de 2007 y 2008 causaron estragos", concluye el informe.

El documento resalta que de 2000 a 2007 Moody's consideró de máxima solvencia (triple A) a 45.000 valores relacionados con hipotecas. El informe repasa los modelos de cálculo desfasados, las presiones de las firmas financieras y cómo se anteponía el ansia por ganar cuota de mercado a la calidad de las calificaciones. La comisión señala que hubo un "claro fallo de gobierno corporativo en Moody's, que no se aseguró de la calidad de decenas de miles de calificaciones".

El presidente ejecutivo de Moody's acudió a testificar ante la comisión acompañado por Warren Buffet, el principal accionista de la agencia. Pero Buffet se lavó las manos. "Al ser preguntado sobre si estaba satisfecho con los controles internos de Moody's, Buffet contestó que no sabía nada sobre la gestión de la agencia: 'No tenía ni idea, no he estado nunca en Moody's, no sé ni dónde están'. Buffet dijo que invirtió en la compañía porque el negocio de las agencias de calificación era 'un duopolio natural, lo que le daba un increíble poder sobre los precios", relata el informe de la comisión.

Otros testimonios muestran que cumplir las normas no era prioritario para Moody's. Un antiguo director de Cumplimiento, Scott McCleskey, contó a la comisión cómo en una cena el entonces responsable del área de calificaciones, Brian Clarkson, apodado el Dictador, presumía de los buenos resultados logrados gracias a los títulos hipotecarios. Se acercó a McCleskey y delante de todos los miembros del consejo les espetó: "¿Cuántos ingresos ha generado Cumplimiento este trimestre? Nada, nada". Al ser preguntado al respecto, Clarkson dijo a la comisión que no recordaba esa conversación.

Otro antiguo alto ejecutivo señaló cómo al llegar a Moody's en 1997 el mayor temor de los analistas era errar en una calificación. Cuando se fue, lo que todos temían era que se considerase que ponían en peligro la cuota de mercado de la firma.

La comisión reveló que un informe enviado a McDaniel subrayaba que de los tres factores de competencia entre agencias, precio, servicio y calidad de las calificaciones, este último se había convertido en el menos importante y que incluso penalizaba el negocio, lo que "podía poner todo el sistema financiero en peligro", según el informe.

Moody's pasó de tomarse hasta dos meses para analizar un producto financiero estructurado a poner 30 sellos de triple A cada día. En 2006 se convirtió en una "fábrica de triples A". Los resultados fueron desastrosos: el 83% de los títulos hipotecarios valorados triple A ese año acabaron siendo degradados.

Pese a los "fallos abismales" que la comisión relata, Moody's ha mantenido incólume su plan de bonus en metálico de 2004 y ahora premia a su jefe por sus esfuerzos para restaurar una credibilidad que precisamente se ha visto dañada estando él al frente de la compañía. La empresa le ha otorgado un bonus del 157% de su objetivo. Y además el incentivo de los altos ejecutivos se ha "ajustado" otro 10% al alza por una encuesta sobre la satisfacción de los inversores.

En el informe también se ve cómo las agencias se iban equivocando una y otra vez al valorar la solvencia de las entidades que acababan cayendo como Bear Stearns, Lehman o AIG. Moody's tenía para AIG una calificación similar a la que otorga al Santander o al BBVA e incluso después de la quiebra de Lehman, cuando la Reserva Federal maniobraba a la desesperada para salvar a la aseguradora, la rebaja de calificación fue de solo dos escalones, hasta A2, superior a la que concede a la gran mayoría de entidades españolas.

En la transcripción de la declaración de McDaniel, una frase aparece destacada: "Los inversores no deberían confiar en las calificaciones [de las agencias] para comprar, vender o mantener valores". Es un consejo del presidente de Moody's.

Fallos abismales

- La comisión del Congreso de EE UU que investigó la crisis concluyó hace unas semanas que las agencias de calificación fueron piezas esenciales de la "maquinaria de destrucción financiera".

- Raymond McDaniel lleva siendo presidente ejecutivo de Moody's Corp desde 2005 y con él se produjo el auge de las calificaciones de alta solvencia a títulos respaldados por hipotecas basura.

- El Congreso de EE UU ha elegido a Moody's como caso de estudio para ilustrar los "fallos abismales" de las agencias sin los cuales la crisis no habría ocurrido.

- Pese a ello y pese a la caída de beneficios de Moody's desde su punto álgido, la empresa ha dado a McDaniel y sus ejecutivos retribuciones récord en 2010.

Miguel Jiménez. El País

jueves, 24 de marzo de 2011

Los bancos son culpables y deben hacer frente a sus responsabilidades

La reciente crisis financiera internacional emergió en verano de 2007 cuando los productos con los que negociaba y especulaba la banca demostraron carecer de valor. Durante los años anteriores el sistema bancario estadounidense había hecho suculentos beneficios con un negocio basado en una burbuja especulativa que tarde o temprano tenía que estallar. En efecto, los cinco grandes bancos de inversión estadounidenses tuvieron en 2006 beneficios por valor de 130.000 millones de dólares, sin contar bonus y complementos.

Pero todo el sistema financiero se benefició de la euforia financiera estadounidense y, gracias a los canales que permite la globalización, los bancos y entidades financieras de todos los países pudieron también inflar sus cuentas de beneficios. Gracias a la desregulación financiera, y a la ceguera de los bancos centrales ante un riesgo creciente y sistémico se pudieron desarrollar innumerables instrumentos financieros complejos que permitían extender la burbuja financiera en el tiempo y globalizar tanto sus beneficios como el riesgo. La banca no desperdició esa oportunidad, que por otra parte ella misma había promovido, y explotó todas las posibilidades para hacer más y más beneficios.

Sin embargo, y aunque no suele señalarse lo suficiente, la banca no sólo hizo beneficios aprovechando un contexto de desregulación y creando una burbuja financiera que nadie en los gobiernos supo prever sino que también necesitó basar su sistema piramidal de hipotecas en lo que algunos autores han llamado una auténtica explotación financiera.

En efecto, los bancos aprovecharon su desigual poder y cultura financiera ante los individuos para imponerles condiciones leoninas y realmente explotadoras, creando de esa forma el método de punción de riqueza que sustentó la burbuja financiera. La banca creó nuevas formas para el pago de las hipotecas, con nuevos y complejos tipos de interés que confundían a quienes suscribirían nuevos contratos. La gente, obligada en muchos casos por las circunstancias a tener que endeudarse (por los bajos salarios, la necesidad de una vivienda y la retracción de los servicios públicos) fue manipulada y engañada no sólo por los agentes bancarios sino también por los brokers o comisionistas, quienes eran contratados por los bancos para ampliar su cartera de hipotecas y cobraban en función del volumen total suscrito. Grandes beneficios para la banca a costa del empobrecimiento generalizado de la población.

En España esas prácticas también han existido y en gran medida, y son decenas de miles los afectados por prácticas abusivas vinculadas a los contratos de derivados tipo swaps. Estos productos financieros se vendían a las personas sin que ellos supieran realmente lo que estaban firmando, bien porque la letra pequeña se ocultaba o bien porque directamente confiaban en exceso en los agentes de sus sucursales bancarias. Las protestas y demandas judiciales llevaron incluso al Banco de España a dar la razón a los afectados, obligando a la banca a dar marcha atrás con ese tipo de contratos. Sin embargo, el Banco de España ya ha reculado y niega una responsabilidad que desde luego tiene precisamente por ser el encargado de supervisar la actividad bancaria.

La banca también tiene una gran responsabilidad en lo que se refiere a la expansión de la burbuja financiera. Y eso es así porque la gran mayoría de los fondos de inversión, de pensiones y otras fórmulas similares para la especulación son gestionados directa o indirectamente por los bancos. De hecho, tras la reconfiguración económica neoliberal los bancos perdieron cuota de mercado en la financiación de las grandes empresas (que pasaron a financiarse directamente vía emisión de acciones o bonos y no mediante préstamos) y tuvieron que cambiar su fórmula de negocio. Desplazaron entonces su actividad hacia las comisiones a las personas (retrayendo aún más riqueza de las cuentas corrientes y otros métodos de ahorro personal) y hacia la gestión de los fondos de inversión. Gestionando estos fondos de inversión los bancos consiguen rentabilizar un ahorro ajeno (en muchos casos, como en los fondos de pensiones, el de aquellas personas que los suscriben por temor a quedarse sin jubilación como consecuencia de la retracción del Estado del Bienestar) y hacer inmensos beneficios a su costa, devolviendo sólo una ínfima parte como remuneración al prestamista original (el propietario del dinero). Estos fondos, además, operan buscando la máxima rentabilidad posible y sin importar el mercado en el que se hace. Por eso, también la banca es responsable de la crisis alimentaria que se produjo en verano de 2008 como consecuencia de la especulación financiera en el mercado de materias primas.

Muchos de estos fondos y otras tantas entidades vinculadas a los bancos están registrados en paraísos fiscales, de forma que no pagan impuestos con los que financiar los servicios públicos. Esto invierte el sentido de los sistemas fiscales, ya que al final los servicios públicos acaban financiándose por aquellos sectores que no pueden evadir impuestos (las clases populares) mientras que los bancos y las grandes fortunas apenas contribuyen. Esto repercute necesariamente en una peor calidad de los servicios públicos, lo que se utiliza a su vez como excusa y justificación de su privatización .

La banca, o en un sentido más general las finanzas (que englobarían a todas las entidades financieras vinculadas directa o indirectamente con la banca así como a sus presidentes, directivos y gestores varios), es responsable también de la crisis económica por su fallido papel como intermediario financiero. El objetivo teórico de la banca es la de poner a disposición de los empresarios que quieren invertir y de las familias que quieren consumir el dinero que otros han ahorrado, promoviendo de esta forma el crecimiento económico. Sin embargo y aunque esos recursos sí existían, la banca prefirió dedicarlos a la especulación financiera en vez de canalizarlos hacia la economía real. De esa forma, el congelamiento de los créditos a empresas y familias agravó la crisis y dio origen a la recesión económica.

Los bancos también tuvieron un papel clave en la especulación contra la deuda pública. Cuando los Estados se vieron obligados a salvar a la banca y a desembolsar dinero público en diferentes programas de estímulo para evitar una catástrofe mayor tuvieron que incrementar sus niveles de deuda pública. Y esta deuda fue financiada, paradójicamente, por la propia banca. Así, mientras los estados estaban prestando dinero a la banca a bajos tipos de interés (con el objetivo de que la banca lo prestase a empresas y familias), ésta estaba dedicando ese dinero en comprar deuda pública. El resultado era la permanencia de la recesión, el incremento de la deuda pública y el crecimiento de los beneficios bancarios.

En definitiva, asistimos a un tipo de negocio, el bancario, que ha sido distorsionado desde los años ochenta debido a las reformas neoliberales. Esta distorsión ha supuesto la carencia de instrumentos eficaces de intermediación financiera, algo agudizado además por la privatización de la banca pública, así como también ha significado el crecimiento de la especulación financiera en todos los niveles. Pero también, como podemos comprobar día a día, supone el empobrecimiento de las personas de a pie que son engañadas y estafadas legalmente y sin que ninguna entidad responsable, bien sea el Banco de España, el Gobierno o el Banco Central Europeo, haya impedido que esto ocurra. Y lo que es peor, no parece que vaya a hacer nada por evitarlo.

Por eso es necesario plantear propuestas concretas de transformación de este negocio, las cuales puedan ser asumidas por la ciudadanía como exigencias inexcusables.

En primer lugar, hay que investigar con total imparcialidad e incondicionalidad las prácticas bancarias en España, concretando la naturaleza y efectos reales de cada una de ellas para depurar las responsabilidades de cada entidad.

En segundo lugar, hay que investigar al Banco de España, el cual ha permitido todas estas actividades y cuya responsabilidad va mucho más allá que la simple dejación de sus funciones, al ser de hecho un cómplice más de las actividades destructivas y fraudulentas de la banca.

En tercer lugar, hay que realizar un informe exhaustivo con el número de personas afectadas por las prácticas ilegítimas de los bancos, con el objetivo de que sus pérdidas sean restituidas y las responsabilidades bancarias asumidas.

En cuarto lugar, hay que analizar de forma detenida todos los procedimientos de desahucio que se hayan producido, con especial atención a las condiciones de suscripción de los contratos.

En quinto lugar es necesario promulgar normas y generar fondos para garantizar la devolución de las viviendas a las personas que las han perdido por razones de disminución de ingresos.

En sexto lugar, hay que crear una jurisdicción especial para perseguir los abusos bancarios y promover ante las instituciones europeas el establecimiento de un código ético de inexcusable cumplimiento por parte de todas las entidades financieras.

Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa.
http://www.altereconomia.org/?p=489

martes, 22 de marzo de 2011

La manipulación política del lenguaje y la hegemonía del neoliberalismo

Uno de los mayores logros del neoliberalismo, con el que ha cimentado en gran medida su hegemonía ideológica, es la manipulación del lenguaje. Entre las principales tareas a las que dedican sus esfuerzos los numerosos think tanks que trabajan al servicio del nuevo capitalismo se encuentra la de generar la mixtificación de sus mensajes ideológicos mediante una utilización fraudulenta del lenguaje. Los partidos de gobierno usan la misma técnica que tales centros de alimentación ideológica neoliberal: es más, no pocos de los responsables de las áreas económicas de los gobiernos proceden de tales núcleos de pensamiento.

Por ejemplo, la palabra reforma ya no quiere decir mejora sino retroceso. La solidaridad no consiste en redistribuir desde los ricos hacia los pobres, sino en favorecer a los ricos a costa de los pobres o, en todo caso, en una solidaridad entre pobres. La igualdad es cada vez menos una igualdad entre clases para devenir casi en exclusiva en una igualdad entre sexos. La empleabilidad no quiere decir que el Estado y la sociedad vaya a favorecer con políticas estructurales, más allá de las subvenciones que hacen modificar el lugar que los parados ocupan en la fila del desempleo, el empleo de los sin empleo sino que cada desempleado y cada trabajador (potencial desempleado) se convierta en "empresario de sí mismo". Garantizar las pensiones no quiere decir que en el futuro los pensionistas tengan una tasa de sustitución, respecto al último salario, igual o mejor que la actual, sino que las pensiones públicas no hayan desaparecido, aunque el porcentaje de las mismas que se sitúen por debajo del umbral de pobreza supere, dentro de 40 años, el 50 o el 60% de los pensionistas.; algunas previsiones ya calculan que en 2030 el porcentaje de pensionistas pobres en la UE será del 40%. Hace un par de años era del 20% y, en España, del 28%. También significa que crezcan, al mismo tiempo, las pensiones privadas subvencionadas con fiscalidad pública

Tampoco una "salida social" de la crisis consiste en que quienes salgan mejor parados de la misma sean los trabajadores y las clases medias, sino los grandes patrimonios. "Privilegio" se considera ahora un derecho laboral de los trabajadores "normales" pero no la utilización que los grandes directivos realizan del derecho laboral o mercantil para gozar de bonos, jubilaciones o contratos blindados de escándalo, lo que se entiende como una "justa remuneración". Así mismo, se admite como lógico, en lugar de sarcástico o ignominioso, proponer a los parados, a los precarios, a los que tienen un contrato a tiempo parcial porque no pueden tener uno a tiempo completo, a los jóvenes que siguen siendo becarios a los treinta y tantos años, "trabajar más para ganar más".

En fin y entrando en el tema que quiero abordar, se llama segmentación (del mercado de trabajo) a la precariedad. En lugar de llamarla, en una versión actualizada, ejército de reserva del capitalismo.

Una segmentación que, faltaría más, es producida por los obstáculos que los trabajadores que ya están dentro del sistema de trabajo (insiders) ponen a la entrada de los que están fuera (outsiders). De acuerdo con el pensamiento económico dominante, los primeros, con sus privilegios, protecciones y derechos adquiridos impiden entrar en el mercado de trabajo a los segundos.

La primera manipulación del planteamiento es la afirmación de que tal segmentación laboral la ha creado el supuesto egoísmo de los trabajadores y no los intereses del capital. Lo cierto es que quienes han creado la segmentación y dualidad – la precariedad, en realidad – del mercado de trabajo, en España y en otros muchos países, han sido los Gobiernos con sus políticas. Unas políticas que han alimentado un segundo mercado de trabajo con el objetivo último de hacerlo mucho más barato (en salarios, en prestaciones sociales, en costes de despido). Mediante normas y subvenciones de las que se han aprovechado masivamente las empresas. Hay que decir que con muy pocos resultados sobre la durabilidad a largo plazo del empleo y con nefastas consecuencias sobre la estructura y la productividad de nuestro sistema económico. Sin que ninguna de las sucesivas reformas que se han realizado, supuestamente para acabar con dicha dualidad, haya variado la situación salvo para empeorarla.

Estrechamente vinculada a la anterior, la segunda manipulación de esta presentación del problema es que, precisamente porque la segmentación responde a los intereses del capital y no a los "privilegios" de los trabajadores con empleo, gran parte de los denominados "outsiders" no están, en realidad, fuera sino dentro del mercado de trabajo. Forman parte, una parte muy deliberadamente buscada, del mismo. Aunque constituya la parte más débil del mercado laboral, su principal variable de ajuste.

Veinticinco años después de venir practicando tal política, se utiliza ahora el argumento de la segmentación, de la dualidad laboral para extender la inestabilidad, y el correspondiente abaratamiento del coste del trabajo, al conjunto de los trabajadores. Una igualdad por abajo. Con el evidente objetivo de que todos pasen a ser inestables: a todos se les podrá despedir con la misma facilidad y con el mismo coste (esa es, al menos, la pretensión) de los que "disfrutan" los temporales. Lo que, por otra parte, no hará sino aumentar el ya enorme volumen de trabajadores con bajos salarios. Todo gracias a los sobrevenidos defensores de los trabajadores dualizados y segmentados. Estos esclarecidos defensores de los trabajadores precarios ya reconocen que la reforma realizada no es para crear empleo sino para igualar a unos y otros haciéndoles a todos indefinidos precarios. Cuestión que, para cuadrar el objetivo, requiere de una reforma de la negociación colectiva que, a lo breve, la haga menos colectiva.

También en esto, como en tantas otras cosas, la "salida social" de la crisis tiene una cierta similitud con la mutación que se está produciendo desde el "Consenso de Washington" (neoliberalismo con reconocimiento, al menos teórico, de los derechos laborales) hacia el "Consenso de Pekín" (neoliberalismo con puesta en cuestión o, simplemente, negación de derechos laborales y sindicales fundamentales). Las políticas de algunos Estados de la Unión, en Estados Unidos, contra la negociación colectiva y las propuestas de gobierno económico y social y del pacto de competitividad europeos, pretendiendo interferir en los salarios y la autonomía colectiva, es una muestra de ello.

La publicación en los últimos días de un estudio por parte del instituto francés de estadísticas (Insee) ha desvelado algunas características poco publicitadas del mercado de trabajo en Francia. Y ha puesto en evidencia que la segmentación del mercado laboral encierra algo más que la diferente estabilidad en el empleo entre trabajadores temporales y fijos. El dato (correspondiente a 2008) de que 6.250.000 trabajadores franceses ganan menos de 750 euros netos al mes, es decir 25 euros al día, o menos, ha ocupado las portadas de periódicos y revistas del país vecino. De pronto, líderes políticos y editorialistas han "descubierto" que un cuarto de los trabajadores franceses es precario. Que más de 6 millones de personas que trabajan no llegan ni de lejos al salario mínimo (1.365 euros brutos).

Este conjunto de trabajadores está compuesto de estudiantes que trabajan, personal de acogida, empleados de empresas de trabajo temporal puestos a disposición en el sector industrial, contratados a tiempo parcial, personas que alternan empleo con situaciones de paro o quienes trabajan en actividades, públicas o privadas, con contratos subvencionados. Tal universo de sub-empleo lo integran, fundamentalmente, mujeres (58%) y jóvenes (37%). Dos tercios de estos trabajadores ocupan un trabajo a tiempo parcial y el tercio restante trabajan a tiempo completo pero durante un corto período de tiempo. Gran parte de este tipo de trabajadores se concentran en el sector de servicios (cajeras de supermercados, asistencia a domicilio para personas dependientes, portadores de pizzas) pero un 15% de los mismos trabajan para el sector público.

En fin, esta primicia del servicio estadístico francés ha permitido poner de relieve – allí y, en lo que nos puede afectar, también aquí – varias cuestiones importantes. La primera y fundamental es que tras el eufemismo de la segmentación se quiere ocultar una gran precariedad del mercado de trabajo. Precariedad que va más allá de los contratos temporales a tiempo completo y que se extiende a otras situaciones de subempleo, de las que se habla muy poco. Aún menos se hace referencia al tema fundamental de nuestro mercado de trabajo: su gran porcentaje de bajos salarios. Más de un 68% de nuestros asalariados, según estudios del profesor Carlos Prieto, ganaban al mes, hace un par de años, menos de 1.100 euros brutos. En este tema lo fundamental es saber cómo afecta el modelo laboral que tenemos y cómo va a afectar la reforma que se ha puesto en marcha, y la que queda por concretar sobre la negociación colectiva, en el nivel de ingresos de los trabajadores y en su protección social presente y futura. Pues, tras todos los maquillajes verbales, ésta es la cuestión central que está en juego.

El caso francés ha puesto, además, en evidencia que las estadísticas oficiales sólo resaltan los salarios medios de los trabajadores a tiempo completo. Es la primera vez en Francia que se ha realizado un estudio público de los ingresos de este universo de sub-empleados y no sería nada ocioso que se hiciera algo similar en España. Esa invisibilidad de los trabajadores precarios no sólo es producto de la estadística. Es también consecuencia de la falta de difusión de casos reales, del anonimato de quienes viven en la precariedad. Y de la incapacidad sindical, con sus estructuras tradicionales, de representar a este tipo de trabajadores temporales, precarios, con empleos parciales y horarios u organización del trabajo totalmente desestructurados.

En fin, según uno de los especialistas franceses en organización del trabajo y en economía del empleo, Philippe Askenazy – que acaba de publicar un libro titulado Les décennies aveugles. Emploi et croissance 1970-2010 – esta situación francesa es el resultado de tres décadas de políticas de empleo que él denomina contra-productivas y que "han ayudado, juntamente con los 3 millones de desempleados, a crear un nuevo ejército de reserva del capitalismo, un papel jugado en los años 1960 por la inmigración".

Entre las políticas de empleo ensayadas en Francia, Askenazy hace referencia a la puesta en marcha por Raymond Barre: los contratos de duración determinada subvencionados (algo similar a nuestro Contrato de Fomento del Empleo, de 1984). Y a la que Martine Aubry, quien, además de implantar la jornada semanal de 35 horas, puso en marcha: el "modelo polders" holandés. Es decir, la subvención de los contratos a tiempo parcial (algo similar a lo que se ha puesto ahora en circulación en nuestro país). La conclusión de este profesor francés es que tal tipo de iniciativas han creado, en unos casos, un "efecto ganga" (las empresas se benefician de subvenciones por contrataciones que, de todas formas, iban a realizar); y que en otros, como la subvención del tiempo parcial, pudieron crear más puestos de trabajo (aunque estadísticamente es difícil determinar si el incremento fue debido a las subvenciones a los contratos a tiempo parcial o a la ley de reducción de jornada) pero no el volumen global de horas trabajadas. Lo que, entre otras cosas, se ha traducido en un beneficio para los grandes supermercados, cuya política consiste en cubrir los horas punta de los hipermercados (25 horas por semana) con contratos a tiempo parcial de 26 horas semanales.

Askenazy concluye que el coste de ese tipo de políticas (veinte mil millones de euros) hubiera tenido un mejor destino creando empleos directos en servicios públicos deficitarios en efectivos, como la enseñanza o la sanidad. Y termina afirmando que la primera medida para cambiar de rumbo al mercado laboral precario tendría que consistir en que la propia Administración Pública dé ejemplo no realizando contrataciones de esa naturaleza.

En suma, la segmentación, la precariedad, no es un "mal español", aunque el nuestro sea uno de los casos más extremos, sino que afecta, de distintas formas, a la mayor parte de los países europeos. Es un mal del nuevo capitalismo. Cabe sacar igualmente la conclusión de que los "decenios ciegos" en políticas de empleo no parece que, desgraciadamente, estén a punto de acabar. En lugar de preguntarnos en qué sectores o productos puede ser nuestro país más competitivo y con qué tipo de desarrollo económico se puede crear empleo sostenible, seguimos insistiendo en que las soluciones nos van a venir de una mayor desregulación de las normas laborales y de la negociación colectiva. Están por ver los resultados de la nueva reforma laboral, pero durante esta crisis ha quedado bastante claro que los países que han tenido peores resultados en términos de empleo han sido aquellos que tienen un mercado de trabajo más desreglamentado o donde, como en España, además la norma va, para más INRI, por un lado y la práctica por otro: Estados Unidos, Irlanda y España.

José María Zufiaur es un reconocido analista político español, activamente vinculado desde siempre al movimiento obrero y al mundo sindical.

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4024

EL DECRECIMIENTO COMO ALTERNATIVA


JUAN ANTONIO MUÑOZ CANO MIEMBRO DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS DE BASE DE LA REGIÓN DE MURCIA


Entre las alternativas propuestas por economistas y pensadores como respuesta a la recesión económica, la más novedosa es la que apuesta por el decrecimiento económico, término que en principio suena mal, parece absurdo, pero a poco que profundicemos en el concepto veremos que no lo es. Es una teoría que intenta redefinir las nociones de progreso, desarrollo y calidad de vida con el objetivo de establecer una relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.
Para el capitalismo- sistema económico reciente en la historia de la humanidad- el crecimiento es la norma de conducta que requiere para su mantenimiento la explotación permanente de los recursos y de las personas: o crecer o morir. Se mide la riqueza solo por el PIB monetario, no cuenta la riqueza natural, la riqueza básica. La huella ecológica, un indicador mucho más real, consiste en el cálculo de la cantidad de agua y tierra requerida permanentemente para producir todos los bienes consumidos y para asimilar todos los residuos de una población. Como la huella crece y el capitalismo erosiona constantemente el suelo, la tierra disponible por habitante disminuyó en el siglo XX de 5,6 ha. a 1,5 ha. El Club de Roma demuestra que estamos más allá de los límites del desarrollo, lo que significa que en términos reales, no monetarios, somos cada día más pobres porque destruimos más de lo que producimos. Joan Surroca afirma "que se está produciendo un 'ecocidio' porque cada día desaparecen entre 50 y 200 especies de animales y vegetales. Mantener el actual ritmo de consumo implica extraer energía y materias primas en nuevos puntos del planeta provocando guerras y conflictos entre culturas". ¿Qué ocurrirá cuando países emergentes como China, India y Brasil alcancen nuestras cuotas de consumo? Previo a la cumbre de Copenhague se hablaba de que en el mejor de los casos hasta el año 2040 la Tierra no volvería a producir nuevamente por encima de la demanda. Lamentablemente fue una convención fallida y no se llegó a ningún acuerdo.
El consumo es una necesidad vital, por él accedemos a los bienes y servicios que nos son, o así los consideramos, necesarios para vivir. Consumir es una necesidad ineludible del ser humano. Lo que no es natural es la absolutización del consumo, rasgo determinante de nuestras sociedades occidentales, porque no es el consumo que requiere la vida sino un consumo desenfrenado al que nos conducen los poderes económicos: producir y consumir, producir y consumir… Este incremento de la producción y el consumo no implica que seamos más libres ni que los frutos del crecimiento sean distribuidos con justicia entre la población mundial. La globalización de las últimas décadas ha quedado reducida a la economía; la competencia ha sido el único regulador y las personas nos hemos convertido en meros consumidores compulsivos inducidos por una publicidad diabólica. Tiempo de desmesura, de adoración al dinero y, como no podía ser otro modo, estalló la crisis.
«La superación de la economía de mercado, argumenta Surroca, no implica que éste desaparezca. Pero cuando la sociedad 'con' mercado se convierte en la sociedad 'de' mercado es cuando aparece la especulación. La filosofía del decrecimiento desmitifica el mercado como proveedor de felicidad y desenmascara la inutilidad del Producto Interior Bruto como índice fiable para medir el grado de satisfacción de un determinado colectivo humano». Disminuir el horario de trabajo significaría repartirlo para erradicar el dualismo empleado-parado. Trabajando menos se posibilitaría repartir y asegurar empleos para todos, el tiempo libre ganado nos permitiría vivir más intensamente los valores familiares, creativos, lúdicos y espirituales. Cambio que necesariamente requeriría una preparación y un periodo de transición sin brusquedades.
El profesor de economía aplicada, Raúl García Durán, expone que «no hay nada más irracional que poner a las personas al servicio de la economía, y no al revés. El decrecimiento no es ir hacia atrás, al contrario el 'anar més lluny' de Luis Llach es hoy el paso necesario para nuestra realización como seres humanos. Decrecer económicamente no nos haría más pobres sino más ricos porque la verdadera riqueza no proviene del consumismo material. El desafío actual consiste en redefinir la idea de riqueza entendiéndola como satisfacción moral, intelectual, estética y como uso creativo del ocio». Pensar que más es mejor que menos resulta frustrante porque confunde cantidad de cosas con calidad de vida. Tener menos posesiones no tiene forzosamente que implicar privación, puede ser una liberación para el ocio y para convivir más con los otros. El secreto de este nuevo vivir radica en encontrar la satisfacción íntima del ser con uno mismo y con el otro, y no buscarlo en los ingresos. Pasaríamos así de consumidores esclavos a ciudadanos felices.
'Donde esté tu riqueza allí estará tu corazón' (Mt 6, 21). Estas palabras adquieren aquí un profundo significado que nos puede ayudar a sentir, decir, querer y hacer creíble otra manera de vivir.

lunes, 21 de marzo de 2011

Arcadi Oliveres / Contrattacando



Intervención de Arcadi Oliveres en Contrattacando - Madrid / Febrero 2011
http://vimeo.com/20825848

Realización: Attac-tv

El expolio de las Cajas de Ahorros

Desde hace ya demasiados años, cuando oímos la palabra “reforma” se nos disparan las alarmas. Empleada eufemísticamente, “reforma” suele ser sinónimo de importantes recortes, pactados, impuestos o consentidos, de derechos sociales. La última andanada la padecemos desde que el gobierno de Rodríguez Zapatero decidió hace nueve meses abrazar definitivamente el catecismo neoliberal. Diríamos que con izquierdas así, no hacen falta derechas. Zapatero se ha dedicado a castigar con saña a la mayoría de su propio electorado, haciendo el trabajo sucio hasta unos límites que difícilmente la derecha se hubiera atrevido a alcanzar. Entre otras medidas de recortes del gasto social, tres “reformas” se han implementado contra los intereses de la ciudadanía: La Reforma Laboral, La reforma de las Pensiones y la Reforma del Sistema Financiero.

Como en su día denunciábamos, la “Reforma Laboral” ha demostrado su ineficacia para generar empleo (1), dejándonos con la herencia del abaratamiento del despido y la destrucción de la seguridad jurídica de los puestos de trabajo. De igual manera, la “Reforma de las Pensiones”, esta vez a través del pacto con la burocracia sindical cómplice de CCOO y UGT, lejos de garantizar el cobro de las mismas, supone una rebaja del 20% de las prestaciones totales, además de la exclusión de importantes sectores de trabajadores, en especial los precarios, del acceso al sistema público de pensiones. La tercera gran reforma, la llamada “del Sistema Financiero”, está centrada casi única y exclusivamente en el proceso de privatización de las Cajas de Ahorro.

Todas las “reformas” han necesitado de la creación previa de un “estado de opinión” que las favorezca. A la “reforma laboral” le precedió una campaña sobre la “rigidez del mercado laboral”, lo “caro” que resultaba despedir, o la criminalización de los sindicatos y de derechos como el de huelga. La “reforma de las pensiones” se llevó a cabo tras una campaña de intoxicación sobre la supuesta inviabilidad del sistema público, a causa del aumento de esperanza de vida, aumento de la población pasiva, etc. La privatización de las Cajas también se efectúa, después de convencer a buena parte de la sociedad de la mala gestión que han padecido, y de rumores sobre potenciales peligros de quiebra. Medias verdades o mentiras que más pronto, o quizá cuando ya es tarde, quedan al descubierto.

Las Cajas de Ahorro han sido instituciones financieras, en teoría sin afán de lucro ni propietarios privados, al menos hasta ahora. Provienen de la evolución de los antiguos montes de piedad de los siglos XVIII y XIX. Se rigen por unos órganos de gobierno con participación de Instituciones públicas, depositantes y trabajadores de cada entidad. Una parte de sus beneficios, una vez pagados impuestos, son dedicados a proyectos sociales a través de la Obra Social (2).

En si mismas, estas entidades no constituyen una alternativa ética, al negocio de la banca privada, puesto que compiten en el mismo mercado con ella, en cuanto al rendimiento de depósitos, intereses de los créditos y precio de los servicios. Pero, dado que las Cajas de Ahorro poseen alrededor de un 49% de cuota del mercado financiero español, su privatización supone un bocado muy apetecible para el capital especulativo, objeto de su deseo desde hace mucho tiempo, y que ahora una clase política, enteramente a su servicio, le sirve en bandeja.

1.- EL PACTO ZAPATERO-RAJOY

Como marionetas tiradas por la misma cuerda, Zapatero y Rajoy aparcaron la hojarasca de la crispación y su confrontación política de atrezzo, y el día 5 de Mayo de 2010 acordaron, de manera sorprendentemente rápida, impulsar el proceso de fusión y privatización de las Cajas de Ahorro. Cuatro días más tarde, el 9 de Mayo, en la reunión del Consejo de Economía y Finanzas, ECOFIN, el Gobierno español recibió el resto de las recetas neoliberales señaladas anteriormente y que, como el alumno más aplicado de esta parte del continente, se afanó en llevar a cabo.

Del pacto del 5 de mayo entre Zapatero y Rajoy se derivó la llamada Ley de Cajas, que fue aprobada finalmente por el Parlamento dos meses y medio después, el 21 de julio, con los votos de PSOE, PP, CC y UPN. La Ley estaba encaminada, básicamente, a la entrada de capital privado, hasta un 50%, mediante las llamadas “cuotas participativas”, y lo que anunciaban como “despolitización de las Cajas”, es decir, la reducción de la presencia institucional en los órganos de gobierno de las mismas, de un 50% a un 40%. Pero si quitamos políticos y los substituimos por especuladores, hay razones para pensar que quizá sea peor el remedio que la enfermedad.

2.- EL PROCESO DE FUSIONES... FINANCIADO CON EL DINERO DE TOD@S

Claro que, para hacer atractivo el pastel a la iniciativa privada, las Cajas habían de ser “fuertes” y “rentables”, según los criterios del capital financiero. Respondiendo a ése objetivo, tanto desde la Unión Europea como desde el Banco de España, se forzó un proceso de fusiones, llamadas “frías” y SIPs (Sistemas Institucionales de Protección, para funcionar como cualquier banco privado). Las SIPs conllevan, entre otras consecuencias no deseadas, el desarraigo de muchas cajas de sus entornos sociales y territoriales, la reducción o desaparición de las Obras Sociales, y la desaparición de entidades, con la consiguiente pérdida de miles de puestos de trabajo a consecuencia del cierre masivo de oficinas, duplicadas o no. Las mayorías políticas parlamentarias, en especial PP y PSOE, respondiendo diligentemente a las recomendaciones de gente tan poderosa (y tan sospechosa) como los jefes del FMI, la CE o el BCE, unieron sus fuerzas e influencia política en los órganos de gobierno de las cajas de ahorro, y se emplearon a fondo para “sanear” el negocio en ésa dirección.

El primer proceso de fusiones llevado a cabo antes del verano pasado, se mostró desnudo de toda intención que no fuera el aligeramiento de costes, especialmente el de personal, para hacer “atractiva”, y altamente rentable, la entrada de capital privado. Los 7 procesos de integración de Cajas de Ahorro sumaron 10.189 millones de euros de ayudas del FROB (3), según el siguiente cuadro, extraído del Informe de Situación del Banco de España, a 29/06/10, sobre la reestructuración de las Cajas de Ahorro:

Si a eso añadimos los 800 millones dedicados al saneamiento de CajaSur (que dispone de otros 1500 adicionales, no utilizados hasta la fecha), y los 3.775 millones anteriormente destinados por el Fondo de Garantía de Depósitos para tapar el agujero de Caja Castilla la Mancha, el montante dedicado a la primera reconversión y saneamiento del sector de Cajas de Ahorro, en perspectivas de privatización, alcanza los 16.264 millones de euros. Es decir, una cantidad superior a los 15.000 millones de todo el Plan de Ajuste, para tres años, anunciado e impuesto el año pasado por el Gobierno (con la complicidad parlamentaria), y que se pretenden extraer del recorte de la inversión pública y del gasto social, a base de los sacrificios de pensionistas, funcionarios, parados y personas dependientes.

Es muy importante tener en cuenta que, salvo las dos Cajas intervenidas por el Banco de España (Caja Castilla-La Mancha y Caja Sur), el resto de entidades de ahorro siempre habían dado beneficios, e incluso se ha alardeado públicamente de ello (4). Se han obtenido ganancias incluso en los años más duros de la crisis, a pesar del aumento de la morosidad y de los créditos dudosos (5), originados mayoritariamente en el mercado hipotecario, a causa del empobrecimiento general de la población endeudada. Y también a pesar de la mala gestión de muchas de ellas, con inversiones de alto riesgo y desenfreno de los pelotazos relacionados con el ladrillo (ver siguiente cuadro, con datos de las propias cajas, referidos a 2010). Todo ello en medio de algunas dudas razonables (u otras fabricadas en círculos especulativos, como las “agencias de calificación”), respecto a su solvencia.

3.- DESTRUCCIÓN DE EMPLEO Y MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Capítulo aparte merecen las fórmulas de reducción de plantillas que, a lo largo de los últimos meses, se han estado realizando en los diferentes procesos de fusión. En prácticamente todos los casos se han firmado acuerdos con las mayorías sindicales (6) en torno a Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) o “prejubilaciones con derecho a paro”. Es decir, utilización masiva de despidos pactados y, por lo tanto, fraudulentos. En ellos, una parte de la “compensación” al trabajador, por abandonar la entidad, va a cargo del dinero de todos: por un lado, la fiscalidad cero del máximo legal de la indemnización por “despido improcedente” (pactado en el órgano de mediación correspondiente) y, por otro lado el cobro, por parte de la persona “prejubilada”, del subsidio por desempleo, generalmente por dos años.

Si a eso se añaden las ayudas del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en algunos casos, en aplicación de la nueva “reforma laboral”, podemos afirmar que las rebajas de las plantillas, en el marco de las fusiones llevadas a cabo en el sector de cajas de ahorros, no son solo una medida de destrucción masiva de empleo (con unos objetivos de alrededor de 30.000 puestos de trabajo menos) sino que, además, suponen una escandalosa malversación de fondos públicos. Fondos que podrían dedicarse, con más justicia, a otros colectivos realmente necesitados. Es conveniente señalar que, además de la complicidad de los sindicatos domesticados del sector, todos estos pactos fraudulentos de destrucción de empleo han contado con la necesaria colaboración del Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo que, conociendo el detalle de su contenido, los ha permitido y alentado.

En una valoración realizada por CGT sobre de las diferentes propuestas llevadas a cabo, y sumando fiscalidad, subsidio de paro y otros, cada puesto de trabajo destruido le costaría a las arcas públicas, adicionalmente y por los conceptos antes señalados, una media de 70.000 euros. Si los multiplicamos por 30.000 bajas anunciadas, el asunto puede llegar a incrementarse en más de 2.000 millones euros, a fondo perdido, a añadir a la generosa financiación con los fondos del FROB, antes descrita. Todo ello con el dinero de todos, y a mayor gloria del capital privado.

4.- LA BANCARIZACIÓN DE LAS CAJAS

Una vez acabado el proceso de los Sistemas Institucionales de Protección (SIPs), las entidades resultantes ya han comenzado a funcionar, de hecho, como bancos. La mayoría de ellas incluso ya ha adaptado la nomenclatura: CAIXABANC, el grupo de La Caixa; BANKIA, antes BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, (Caja Madrid, Bancaja, Ávila, Segovia, Insular, Laietana, Rioja); BANCO BASE, (Cajastur, CAM, Caja Cantabria y Caja Extremadura); BANCA CÍVICA (Caja Navarra, Cajasol, Caja de Burgos y Caja de Canarias); BANCO MARE NOSTRUM (Caja Murcia, Penedés, Sa Nostra, Caja Granada); UNNIM (Caixa Sabadell, Caixa Terrassa, Caixa Manlleu); CATALUNYACAIXA (Caixa Catalunya, Caixa Manresa, Caixa Tarragona); NOVACAIXAGALICIA (Caixa Galicia, Caixa Nova).

El segundo impulso al proceso de privatización lo ha dado el Gobierno con la aprobación del Real Decreto del 18 de febrero de 2011 (BOE 19/2, validado por el Parlamento el 10-03-11) llamado “Plan de Reforzamiento del Sector Financiero”, cuya principal finalidad es obligar a las entidades a una capitalización mínima de un 8% sobre los activos ponderados por riesgo, aunque las condiciones del Decreto obligan “de facto” a entidades como las Cajas a subir ése porcentaje al 10%. Ese sobreesfuerzo, a muy corto plazo, supone para las entidades de ahorro una presión para captar rápidamente capital privado (sin descartar su salida a Bolsa). El Banco de España estima este plan de recapitalización de las Cajas en 14.077 millones de euros (7), en informe del mismo día 10 de marzo de 2011, coincidiendo esta estimación con el Servicio de Estudios del BBVA, que lo cifra entre 13.000 y 17.000 millones de euros, aunque otras opiniones lo elevan varias decenas de miles de millones más (8).

En caso de no alcanzarse la capitalización en los plazos exigidos (octubre 2011), sería cubierta por el Estado con partidas adicionales del FROB (hay a disposición, recordémoslo, hasta 90.000 millones de euros). No se trataría, como ya se ha apresurado a aclarar la ministra Salgado, de un “proceso de nacionalización”, sino de una adquisición “transitoria”. En otras palabras, otra medida para “sanear” el sector con enormes cantidades de dinero público para, posteriormente y una vez que las entidades sean suficientemente “atractivas”, venderlas al capital privado.

5.- BENEFICIO SOCIAL POR BENEFICIO PRIVADO

Entre los años 2005 y 2009, las Cajas destinaron a obra social un total de 8.531 millones de euros, dedicados a Asistencia Social (36,15%), Cultura (37,11%), Educación (16,82%) y Patrimonio (9,92%). La aportación de las diferentes entidades se produce de manera desigual, según su tamaño. En primer lugar destaca La Caixa, que cada año ha aportado 500 millones de euros para su obra social, a gran distancia del resto. En 2010, incluso habiendo caído un 21% el presupuesto para obra social, las Cajas han destinado 1.400 millones de euros a este fin, suponiendo una inversión del 26,9% de los beneficios. Además, es importante señalar que esta actividad social da empleo a 33.600 personas, según datos de 2010 (9).

La privatización de las Cajas de Ahorro supone una herida mortal para la supervivencia de la Obra Social. Sin ser ninguna panacea, el hecho de que al menos una parte de los beneficios generados sean destinados a la Obra Social, ha conferido hasta ahora a las Cajas una utilidad pública, amenazada ahora por la codicia privada. En el proceso de privatización, la mayoría de las obras sociales de las cajas serán gestionadas por fundaciones. Pero eso no es lo peor, sino que los nuevos accionistas reclamarán su parte de la tajada, y mucho nos tememos que, más pronto que tarde, acaben apropiándose de la totalidad de la misma. Además, el nuevo decreto de 18-02-11 (Plan de Reforzamiento del Sector Financiero) permite al Banco de España la posibilidad de obligar a las Cajas a destinar todo su beneficio a reservas, en teoría para elevar su solvencia, en detrimento de los fondos sociales.

De hecho, ya se han anunciado importantes recortes de la obra social de las cajas de ahorros. Bancaja reducirá en un 64% del dinero destinado a su obra social; también Caja Madrid anuncia la reducción a la mitad de su dotación al respecto; La Caixa, un recorte del 8,2%, de 425 a 390 millones, aunque anuncia que, de momento, complementará su compromiso de los 500 millones; Ibercaja reducirá su dotación un 26,3%; reducción mayor en el caso de Caja Canarias, que dejará en la mitad sus aportaciones, y así sucesivamente. Con este panorama, mucho nos tememos que el interés público de las Cajas, a través de las inversiones de su obra social, sea una especie en vía de extinción, y además en vía rápida.

6.- LA BANCA PÚBLICA, ALTERNATIVA A LA BANCOCRACIA

Una sociedad bancarizada, como la actual, es una sociedad hipotecada, política y económicamente. La especulación financiera no solamente ha sido y es responsable de la crisis económica. La banca privada, además, desde su posición privilegiada de monopolio, es un poderoso instrumento de dominación de clase y chantaje permanente, que convierte nuestras vidas en simples áreas de negocio.

Basta ver, a modo de ejemplo, cómo el sacrosanto derecho constitucional a una vivienda digna ha sido convertido en negocio hipotecario. La deuda de muchísimas economías familiares, disparada con las operaciones de adquisición de vivienda en medio de la especulación inmobiliaria, pesa como una losa sobre buena parte de la sociedad y contribuye a dibujar un panorama de sumisión, desierto de rebeldía ante los desmanes, huérfano de contestación social. El poder de la banca se ha manifestado también en la última “reforma” de las pensiones. El interés por promover fondos de pensiones privados ha presionado decididamente, a la hora de empobrecer las pensiones públicas.

En un escenario de graves recortes sociales, la generosidad casi sin límites del Gobierno y de la clase política, hacia el capital financiero y la banca, resulta escandalosa, incluso obscena. Ante la debilidad, sumisión y generosidad de los gobiernos de turno, la bancocracia imperante responde, de manera arrogante e inmoral, encareciendo los servicios y cerrando el grifo del crédito. De esta manera se ahoga la economía productiva, con el consiguiente cierre de miles de pequeñas y medianas empresas (donde se encuentra el 80% del empleo), el aumento espectacular del paro y el empobrecimiento general de la población.

Hemos de reconocer, para bien o para mal y mientras no seamos capaces de cambiar el sistema, que los servicios financieros ocupan un lugar primordial en la economía y en la organización social. De ahí que una Banca de carácter público, deba ser una de las piedras angulares del cambio social (10). En ése sentido, la privatización de las Cajas de Ahorros no supone solamente un expolio. Es, además, una oportunidad perdida para desarrollar un proyecto de Banca Pública, ya que las entidades de ahorro, con su potente cuota de mercado, podían haber sido la base de ése proyecto. Su venta constituye, por lo tanto, una operación política diametralmente opuesta a los intereses y necesidades de la sociedad. Por ello, esta llamada “Reforma del Sistema Financiero” tendrá unas consecuencias tanto o más graves que las otras “reformas”.

Cualquier avance social de reparto del trabajo y de la riqueza, junto con la reactivación de la economía productiva, pasa por romper las reglas de juego del sistema bancocrático. Es necesario acabar con el monopolio actual de la banca privada y, en la línea de la defensa de los servicios públicos, reivindicar la creación de una banca pública de calidad, al servicio de los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía, sin ánimo de lucro, con un funcionamiento ético, bien gestionada y controlada democráticamente. Es un paso imprescindible para una salida social a la crisis. Pero también lo es para conseguir una sociedad futura más justa e igualitaria.

Pep Juárez, Secretario de Acción Social de la Federación Estatal de Banca, Ahorro y Servicios Financieros de la CGT (FESIBAC-CGT).

NOTAS
  1. Desde que la Reforma Laboral entró en vigor, en junio de 2010, la EPA indica que en el 3er. Trimestre de 2010 hubo un aumento de la ocupación de 69.900 personas en el Estado español (debido fundamentalmente a la estacionalidad), pero en el 4º trimestre de 2010 la ocupación disminuyó en 138.600 personas, con un aumento, en el conjunto de 2010, de 370.100 parad@s más, hasta alcanzar oficialmente las 4.696.600 personas, un 20,33% de la población activa.

  2. La Ley les ha obligado, hasta ahora, a destinar el 50% de su excedente a reservas obligatorias. El resto se debía destinar a la Obra Social.

  3. Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, dotaciones de dinero público que, en teoría, se han de devolver al 7,75% de interés.

  4. Olavarrieta (director general CECA): Lo cierto es que todas las cajas [excepto CCM y Cajasur] están en beneficios a 30 de septiembre. Además, se han tomado los datos de las cajas por separado, pero ya están integradas en fusiones frías o SIP, que es donde hay que compararlos” (El País, 07-01-11) "Todas las cajas de ahorros españolas están en beneficios a 31 de diciembre y lo estarán a 31 de marzo" (Gestinova Radio, 10-01-11).

  5. En la actualidad, los bancos se han equiparado a las cajas de ahorro en morosidad. Según datos del Banco de España, ambos grupos de entidades cerraron 2010 con una morosidad alrededor del 5,81%. Otras fuentes hablan de una morosidad potencial (créditos dudosos) superior al 14% aunque, según Olavarrieta (director general CECA): sobre un total de 51.800 millones de euros de créditos dudosos, las cajas de ahorros han provisionado ya 38.000 millones” (Gestinova Radio, 10-01-11).

  6. CGT no ha firmado ninguno de estos pactos, ya que tiene acordado no avalar EREs en empresas con beneficios. Las mayorías sindicales del sector (CCOO, UGT, CSICA, CIC) pre-pactaron los acuerdos sobre EREs y despidos, ocultándolos durante el proceso de elecciones sindicales en el sector de ahorro, cuyo día de votación fue el 24-11-10. A partir de ésa fecha, se fue conociendo, y aplicando, el contenido de esos pactos.

  7. Por entidades: Bankia, 5.775 millones de euros; Banco Base, 1.447; UNNIM, 568; Novacaixagalicia, 2.622; Banca Cívica, 847; Caja España-Duero, 463; Catalunyacaixa, 1.718, y Mare Nostrum, 637.

  8. Moody’s cree que las cajas necesitan 50.000 millones de capital. La agencia duplica la cifra que prevén el Gobierno y el Banco de España” (El País, 01-03-2011).

  9. Diario “Público”, 28-02-11.

  10. En cuanto a servicios financieros, banca pública y cajas de ahorros, ver los Acuerdos del XVI Congreso Confederal de la CGT. Málaga, 4, 5, 6 y 7 de junio de 2009, Págs. 120 a 124


Falacias sobre la productividad y los salarios

La última ocurrencia de la UE y de la secta de los neoliberales es la de intentar rebajar los salarios sobre la idea de ligar salarios con productividad. En España tenemos como representantes de la secta a FEDEA y su “Manifiesto de los 100”. Claro que si se les toma la palabra, ahora en España, con el criterio de la productividad, habría que subir los salarios porque con el aumento notable del desempleo ha aumentando la productividad media del sistema. Pero no hay que aceptar argumentos falsos, ni siquiera cuando son favorables a la parte que los sufre. Ahora no tienen bastante los neoliberales con que sus doctrinas de desregulación y del sólo mercado hayan traído desde la macro la crisis actual –aunque aplicadas por empresarios e instituciones-, sino que ahora quieren rematar la faena trayendo desde la micro el concepto de productividad. El argumento de ligar la productividad marginal –no la media- a los salarios se basa en la idea de que la producción –sea a nivel de empresa o general- aumenta con el empleo, pero que la productividad marginal -que es el aumento de una unidad de bien o servicio derivado de cada aumento de una unidad de trabajo- disminuye. La teoría va más allá y dice que a todos los trabajadores hay que pagarles de acuerdo con la productividad del trabajador más improductivo. En puridad dice que hay de pagarse con el último trabador que entra en la producción, pero dado que la función de producción que simula la producción es elegida convenientemente de tal forma que el menos productivo sea simultáneamente el último. Como se ve, la responsabilidad del último trabajador que se incorpora a la empresa es terrible, porque de su productividad depende el salario de los demás. Pero es que la teoría o modelo marginalista nos dice que por más que trabaje el último que ha entrado en escena no podrá evitar ser menor productivo porque eso se debe a un efecto de saturación del trabajo: a más trabajadores con los mismos medios, menos productivos. Esta teoría es una apropiación indebida de la teoría de los rendimientos decrecientes en la agricultura de David Ricardo (1773-1823), en su aspecto intensivo.

Esta teoría se ha convertido en una creencia, porque no tiene nada de ciencia, siempre siguiendo el criterio de distinción de Ortega y Gasset de su magnífico libro “Ideas y creencias”. Veamos las falacias, incoherencias e irrelevancias de este modelo o teoría:

1) Siempre es difícil saber cuando la secta de los neoliberales hablan de productividad si se refieren a la productividad en el seno de una empresa o se refieren a una supuesta productividad global. Los argumentos a favor y en contra varían notablemente, pero ellos juegan a esa especie de ping-pong para no detenerse en ninguno de los dos terrenos porque ambos les son desfavorables en el plano intelectual.

2) Otra forma de escapismo para los representantes de la secta es si estamos en los normativo o en los positivo. Cuando nos hablan de productividad y sus consecuencias hacen ímprobos esfuerzos por ocultar si se refieren al análisis de la realidad o a lo que debiera ser esa realidad. Veremos que ambos tienen problemas insolubles: si hablan de la realidad, su modelo es irrelevante porque la realidad va por otro camino; si nos hablan de cómo debiera ser la realidad, su modelo es inconsistente.

3) El modelo de la productividad y su ligazón con el salario parte del núcleo duro del modelo marginalista de la producción; de la existencia o de la posibilidad de construir un modelo basado en una supuesta función de producción que ligue esta con sus factores (trabajo, capital, capital financiero, tecnología, etc.). Para que el modelo marginalista de la producción funcione, es decir, para llegar al fin de relacionar productividad marginal –decreciente- con salarios, la función de producción ha de ser crecientemente decreciente, que es lo que se ha mencionado anteriormente. O dicho de otra forma, que los rendimientos han de ser decrecientes. Su correlato en la supuesta función de costes o, simplemente, los costes, es que estos sean crecientes con el fin de relacionar así precios con costes marginales, hallar el nivel de producción y obtener una función de oferta. Si los rendimientos son constantes o crecientes, la relación inversa entre productividad y salarios se viene abajo. Pero pensemos una empresa que quiere aumentar su producción. Para el marginalismo sólo lo puede hacer –al menos a partir de un cierto nivel- aumentando los factores y con ellos disminuyendo su productividad marginal. Pero la realidad, casi en la mayor parte de las veces, va por otro lado, por lo que sí puede hacer ese atrevido empresario es duplicar la empresa. Con ello, al menos, obtendrá rendimientos constantes, pero lo normal es que pueda duplicar la producción ahorrándose el aumento marginal correspondiente de algunos factores, como por ejemplo los gastos de administración, la informática, tecnología, etc. Dicho de otra forma, lo normal es que una empresa pueda duplicar su producción sin tener que duplicar todos y cada uno de sus factores. Si obra así y paga de acuerdo con los criterios marginalista se estará equivocando, bien al asignar los factores si toman los salarios como parámetros (constantes), o si los toma como variables. La segunda consecuencia es que no sabrá su nivel de producción puesto que no tendrá una función de costes creciente que pueda igualar el precio del producto (si este es un parámetro) con su coste marginal. Es verdad que siempre producirá un nivel, pero no será el óptimo. Resumiendo, con rendimientos crecientes (o su equivalente, con costes decrecientes) no tendrá posibilidad de optimizar la asignación de recursos ni optimizar su nivel de producción

4) Otro argumento definitivo contra el criterio de la relación entre el valor de la productividad marginal (precio del producto por su productividad) y el pago del factor (en el caso del trabajo, el salario) nos los da Piero Sraffa[1] cuando señala que el precio de un producto depende de “la desigualdad de las proporciones en que el trabajo y los medios de producción son empleados en la distintas industrias”. A diferencia del marginalismo del análisis parcial (Marshall) en el que se analiza empresa a empresa –y luego el mercado-, Sraffa analiza el sistema económico en su conjunto, al igual que lo hace el análisis Input-Ouput, y de lo cual se obtienen dos conclusiones aquí pertinentes: que la formación de precios y salarios dependen en buena medida del sistema en su conjunto; que los precios dependen tanto de la empresa o industria del bien o servicio en cuestión como del resto del sistema, porque este es suministrador directo y/o indirecto de medios a la empresa de la que queremos saber sus precios y salarios. Y no sólo existe esta dependencia espacial, sino también temporal, porque hay que retroceder en el tiempo, porque eso que se llama capital es simplemente trabajo fechado. Vemos este aspecto después, pero esta visión sirve para destruir cualquier análisis parcial de la productividad y de la formación de precios y salarios. La conclusión es la de que la productividad que afecta a un producto y al factor correspondiente depende de toda la productividad del sistema económico y no sólo de la empresa en cuestión. Y del análisis de Sraffa se deduce que no siempre existe o debe existir esa relación entre salarios y productividad (excedente en Sraffa), sino que la distinta composición entre trabajo y medios de producción de toda la economía puede cambiar esa relación inversa que se da si sólo se explica productividad y salarios empresa por empresa.

5) La función de producción chachi, la que permite ligar productividad y salarios de una forma determinada, es incoherente. La cosa empezó en el Cambridge inglés por los años 30 con Joan Robinson preguntándose qué es eso que llamamos capital, cómo se mide y cómo se agrega; siguió con Sraffa en 1960 con la obra mencionada, aunque gestada desde los años 20, también en el Cambridge inglés, considerando que eso que llamamos capital físico, es decir, el conjunto de los medios de producción, se reduce o se pude reducir a trabajo fechado; siguió con el intento desesperado de última trinchera de Samuelson en 1962[2] con su función subrogada de producción, y, por último, acabó con la refutación de forma brillante por Garegnani (Heterogeous Capital), Pasinetti, Kaldor, Dobb, Bhaduri, Nuti, etc. No hay manera de construir una función de producción con carácter general de tal forma que de ella misma y por sí sola se pueda derivar la retribución de los factores. Los medios de producción de cada momento no son regalos de marcianos, sino obra del trabajo en algún momento anterior; el capital no es agregativo porque no hay forma de sumar, por ejemplo, una grúa de la construcción, un vehículo de transporte, el vestuario de un teatro que utilizan los actores, el ordenador de un oficinista, una lonja de un puerto o la energía eléctrica consumida en las empresas.

6) Los marginalistas tienen un último recurso: partir de Walras e intentar llegar a un modelo competitivo global, porque los criterios de la productividad de empresa por empresa son incoherentes o irrelevantes. El marginalismo ha intentado mediante dos teoremas llamado del bienestar, ligar las supuestas bondades de un modelo de equilibrio general –y con ello el de ligar productividad y salarios – con otro modelo a su vez de competencia perfecta en todos los mercados presentes y futuros. Son muchos los supuestos que hay que hacer para ese maridaje, pero el principal es que carece de realismo. En la realidad no existe competencia perfecta –precios-aceptantes en la jerga marginalista- en casi ningún mercado. Los únicos que pueden alcanzarlos son los mercados que funcionan a la velocidad de la luz: los de cambios, títulos, opciones, futuros, divisas. El modelo de Walras[3] y todos los que han intentado perfeccionarlo (Bortkiewicz, Kaldor, Arrow, Debreu, Pantinkin, Neghisi, Jaffé, Walker, etc.) no han solventado satisfactoriamente los problemas de la existencia de bienes públicos, rendimientos crecientes, efectos externos, falta de información, información asimétrica, intercambio a precios falsos, el irrealismo del tâtonnement walrasiano; y ello a pesar de Wald y los teoremas del punto fijo. La falta de realismo es la tumba de la teoría marginalista de Menger-Jevons-Walras y sus continuadores. Y a pesar de ello, los modelos que se estudian –como la función de producción Cobb-Douglas- parten de esta falacia: la de dotar de realismo implícito lo que no lo tiene, la de la mentira. También la de la incoherencia señalada de la función de producción, núcleo duro de todo esto.

7) Para que se entienda todo esto para el lector no especialista diré que esta teoría marginalista de formación de los precios y asignación de los recursos tuviera visos de realismo debería ocurrir que cuando compramos un bien o servicio debiéramos primero vocear en el supuesto mercado de ese bien o servicio a qué precio estaríamos dispuestos ha efectuar la transacción y esperar a que un responsable del mercado (un subastador) tomara nota de las ofertas y demandas de ese bien o servicio y comprobara que coinciden las cantidades ofertadas con las demandadas a un determinado precio. Si no coinciden, ese supuesto intermediario o subastador debiera aumentar el precio si la cantidad demandada superara a la ofertada y bajarlo si ocurre lo contrario. Entonces, y sólo entonces, compraríamos ese bien o servicio. Entonces y sólo en ese supuesto habría la deseada asignación óptima de los recursos de los marginalistas. Y eso para todo: cuando compramos el pan, el periódico, alquilamos un piso, lo compramos, nos vamos de vacaciones a través de una agencia, vamos al supermercado, hacemos un seguro, un fondo de pensiones, etc. Como teoría normativa tiene o puede tener su interés; como análisis positivo de la realidad no puede ser más peregrino y descabellado.

8) Aún en el supuesto hipotético y milagroso de que la teoría marginalista funcionara en la realidad, las asignaciones de recursos a que dar lugar o de las que parte son perfectamente compatibles –en realidad es independiente- con un distribución de la renta en la que el 1% de la población tuviera el 99% de la renta y la riqueza y que el 99% restante tuviera sólo el 1% restante. Casi hay que dar las gracias que no funcione, a pesar de que hay que reconocer que al menos nos quedaría el consuelo –si funcionara- de que estaríamos en el óptimo paretiano de las asignaciones. Algo es algo, pero es tan poco, incluso desde el punto de vista normativo, porque la labor más importante para una planificación de la economía sería la redistribución de la renta y la riqueza y, secundariamente, ocuparse de las asignaciones eficientes. Oskar Lange utilizó los conocimientos de la época sobre el marginalismo para demostrar la posibilidad de un cálculo racional de una economía planificada, saliendo al paso de los ataques Von Mises sobre la imposibilidad racional de tal pretensión[4]. Es decir, se daba –y se da- la paradoja de que el intento de construir una teoría que explique y justifique una realidad injustificable desde el lado de la ética e irrealista, ha servido para demostrar en el plano teórico la posibilidad de llevar a cabo una planificación que permita ambas cosas: reasignar los recursos con criterio éticos previamente y, después, volverlos a reasignar con criterios de eficiencia. No obstante, la tentación de utilizar estas ideas marginalistas es muy fuerte a pesar de su falsía. La razón es doble: coloca en pide de igualdad el capital y el trabajo, y justifica pagar menos porque los que utilizan el argumento lo hacen en períodos de crisis. Hasta un economista español de cierta reputación internacional y con algunos cargos en instituciones privadas y públicas como Guillermo de la Dehesa cae en la tentación de utilizar estos falsos fundamentos para defender algunas ideas de índole práctico[5]. Yo prefiero quedarme con su último libro[6].

9) Los neoliberales que defienden relacionar en momentos de crisis productividad y salarios no tienen en cuenta los posibles efectos macroeconómicos de tal hecho. Si ahora, en plena crisis de consumo en España, con un aumento indeseado del ahorro desde el punto de vista de las ventas (producción), rebajamos los salarios, las consecuencias pueden ser nefastas para el consumo y la producción. Los empresarios, como casi siempre, pegándose un tiro en los pies con el tema de los salarios. Ni ahora ni hace tiempo tienen las empresas problemas de costes laborales; lo tienen de costes financieros y de ventas. Y ello se agudiza por el aumento del paro y el menor consumo derivado la disminución de las rentas salariales; con el tiempo, también de la reducción de las pensiones. Una de las explicaciones de la crisis –la mundial y la española- es precisamente la de la ruptura del equilibrio –o de los equilibrios- entre producción y consumo. Ahora se ha roto porque se consume demasiado poco, por más que diga increíblemente el Sr. Rajoy que hay que ahorrar más. Hay que decir que la participación de las rentas salariales en la renta ha ido disminuyendo paulatinamente desde hace décadas y ello ha agudizado probablemente la crisis. Las rentas salariales, junto con las pensiones, son el componente más estable del consumo porque sus valores unitarios –por persona o familia- no permiten el ahorro. Pues bien, parece que lo que se intenta ahora por parte de los neoliberales -los FEDEA en España- es aumentar aún más el desequilibrio entre producción y consumo.

En España tenemos el problema contrario: por diversas circunstancias los salarios son muy bajos y el resto de las retribuciones (intereses, remuneraciones no salariales, etc.) muy altas. Ello nos lleva a un consumo insuficiente y por ende a una producción también insuficiente para dar empleo a todos los que quieren trabajar. Con salarios tan bajos como el de los españoles se dificulta la creación de empresas económicamente solventes y cumplidoras de sus obligaciones legales y fiscales porque la competencia de las que no lo son es muy fuerte. El otro efecto indeseable de salarios tan bajos supone la ruptura del equilibrio entre producción y consumo antes mencionada en cuanto aumenta el paro a consecuencia de un consumo insuficiente; lo contrario en los momentos álgidos de la economía: un consumo excesivo por el aumento de las rentas no salariales, como ha ocurrido con la especulación inmobiliaria, ha roto también ese equilibrio. Ambas cosas se deben a lo dicho anteriormente: las rentas salariales y las pensiones, debido a su poca capacidad de ahorro, mantienen la estabilidad de la demanda agregada y, con ello, la producción agregada.

También sería deseable en mi opinión dos cosas: aumentar notablemente el salario mínimo y dividirlo en dos. Uno para los contratos indefinidos y otro para los temporales, siendo el mínimo de estos últimos notablemente más altos que el de los indefinidos. Con ello el empresario tendría dos verdaderas alternativas y retrataría sus intenciones: podría elegir entre costes de despidos altos, pero con costes salariales moderados (indefinidos) o costes de despido casi nulos, pero con costes salariales mensuales más altos. Es una lástima que los sindicatos no recojan iniciativas de este tipo en sus reivindicaciones.

Si la secta de los neoliberales quieren ligar salarios -o remuneración en general por el trabajo-, tienen tarea que hacer entre los consejeros de las grandes empresas del país: ¿se merecen estos cobrar de media un millón de euros al año por su trabajo?

Creo que los sindicatos les toca resistir a estos intentos neoliberales de rebajar los salarios con falsos argumentos por dos cosas: por el bien de los asalariados a los que representan y por el bien de la economía del país.


[1] Producción de mercancías por medio de mercancías, (1960), pág. 30.

[2] Parable and Realism in Capital Theory: The surrogate Production Function.

[3] Una larga polémica: el tâtonnement walrasiano, Julio Segura:

[4] On the Economic Theory of Socialism, Oskar Lange, 1938.

[5] Salarios y Productividad, en El PAÍS, Negocios, n. 1321.

[6] La primera gran crisis financiera del siglo XXI, 2009.

Antonio Mora Plaza. Economista
Nueva Tribuna

jueves, 17 de marzo de 2011

¡¡CAMPAÑA STOP RATING!!


Estas agencias emiten dictámenes, dudosamente imparciales y objetivos mediante procesos igualmente dudosos y opacos, que han sido considerados de tal modo, no ya por esta acusación popular sino por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, o el Senado de los Estados Unidos.

· Estas empresas califican los productos financieros, deuda pública, que emite España y, al mismos tiempo, están presentando servicios de calificación a las entidades compradoras sin que en esas calificaciones se les penalice por comprar la “descalificada” deuda española, utilizando aquí el término “descalificada” en función de las rebajas de calificación que realizaron.

· Hay un efecto directo entre las revisiones a la baja de España por parte de estas agencias de calificación y el encarecimiento de la financiación del Estado a través de la emisión de deuda pública. Con lo cual, estas agencias tienen la capacidad de manipular el precio del dinero, bien mueble por excelencia y “cosa” a los efectos de esta querella, encareciendo el costo de la financiación que busca nuestro estado.

· Mediante la rebaja en la calificación de deuda estatal realizada por las mismas y su difusión, dichas agencias han puesto en duda la solvencia de las arcas públicas y la solidez del conjunto de la economía española no así de las entidades crediticias o financieras que adquieren dicha deuda y que, además, son clientes de las propias querelladas.

· Se han aportado indicios suficientes, y más que razonables, para relacionar la divulgación y publicidad de los informes de estas agencias con reacciones exageradas y anómalas de los mercados que claramente distorsionan el valor de los productos financieros, trastocando a su vez el mecanismo natural de fijación de los precios.

· Los beneficios de 3.000 millones de euros anuales con márgenes de hasta un 50% que generan las querelladas y el encarecimiento de la deuda, se produce por la alteración en el precio de los productos financieros y deuda estatal realizada por las querelladas.

· No se trata de que estemos ante un sector de la economía que actúa en función de las posibilidades que esta les brinda para enriquecerse, lo que es legal en nuestro país sino, específicamente, de unas empresas que modulan, manipulan y generan situaciones, contraviniendo la legalidad penal, para obtener unos beneficios tanto directos como indirectos. Gran parte de esta actividad se desarrolla en función de la opacidad con la que operan estas querelladas en un segmento determinado de la actividad empresarial cuyo único fin no es otro que el de manipular y alterar los precios de los instrumentos financieros.

· Para demostrar el grave daño a los intereses generales basta remitirnos a un hecho público y notorio, es decir exento de prueba, como es la actual situación que atraviesa el conjunto de la economía española y a cuya situación no son ajenas las prácticas que aquí estamos denunciando.

· Existe una tendencia generalizada a culpabilizar a los mercados de la situación económica actual pero, en términos de dinámica jurídico-penal es perfectamente asumible que el concepto indeterminado de “mercado” a los efectos de los actos aquí descritos tienen nombre, apellidos y razón social.



Puedes acceder al texto íntegro de la querella criminal contra Moody's, Standards & Poor's y Fitch Ratings y suscribirla:

http://stoprating.blogspot.com/