El mayor desmán financiero de nuestra historia

Tengo en el cuerpo la incómoda sensación de que estamos a punto de cometer el mayor desmán financiero de nuestra historia: la entrega de la mitad, ¡la mitad!, del sistema financiero español, a precios de saldo y desguace, a bancos, inversores privados y “fondos buitres”, como les llama un conocido y reputado analista financiero, José Carlos Díez, en su blog.

Quizá este malestar es debido a un arrebato de patriotismo. En cualquier caso, las consecuencias serían muy importantes. Primero, una concentración desmedida y una disminución significativa de la competencia bancaria, cuyos perjudicados serán familias, profesionales y pequeñas y medianas empresas. Segundo, la aparición de riesgo de exclusión financiera para personas con baja cultura financiera, que tenían en la proximidad de las oficinas de las cajas un servicio público que los bancos no prestarán. Tercero, la pérdida de la Obra Social de las cajas, que actúa como un segundo Estado de bienestar, al atender a situaciones sociales adonde no llegaban las políticas públicas. Y, cuarto, la pérdida de un instrumento de dinamización cultural, especialmente en zonas pobres o alejadas.

El valor económico que se perdería para la sociedad en su conjunto sería inmenso. Muchísimo mayor que el valor patrimonial o contable, que es lo que ahora está en juego.

Si queremos preservar ese valor económico, la solución no es la fuga hacia delante, para entregarlas a inversores privados. La solución es la vuelta atrás, hacia lo que nunca deberían haber dejado de ser.

Las cajas son una institución financiera peculiar. Su mercado geográfico natural es el local y provincial. Y su función natural el crédito a las familias y pymes. Ese mercado y esa operativa eran coherentes con una específica estructura de propiedad distinta de la de los bancos.

Ha sido una historia de éxito, hasta ahora.

A esta situación se ha llegado a través de un largo camino de despropósitos. Son muchos los que han colaborado: legisladores, autoridades, reguladores, supervisores y las propias cajas.

Legisladores, autoridades económicas y monetarias han puesto un empeño digno de otras causas en liberalizar las cajas para romper sus fronteras geográficas naturales y dejar que hicieran todo lo que hacían los bancos. No midieron los riesgos. Esa libertad que se otorgó a los directivos chocaba con la lentitud de sus órganos de gobierno a la hora de tomar decisiones en momentos de crisis.

Los directivos aprovecharon esa liberalización para una expansión irresponsable y para concentrar las inversiones en inmuebles y suelo. Como los depósitos de los impositores no daban para financiar la expansión crediticia, se endeudaron hasta las cejas en los mercados europeos de capital. Riesgo inmobiliario y alto endeudamiento ha sido un cóctel explosivo.

Lo más sorprendente es ver cómo el supervisor, el Banco de España, dejó crecer ese riesgo y endeudamiento. Su labor de vigilancia y supervisión ha sido manifiestamente mejorable. La situación actual cuestiona su labor, al menos hasta 2007. No vale ahora echarle la culpa a la “politización” de las cajas. No puede lavarse las manos. Alguna explicación merecen los españoles y que la autoridad bancaria les diga qué hará en el futuro para desarrollar mejor su función.

Las autoridades autonómicas y locales han puesto su grano de arena. Al buscar una solución en los matrimonios endogámicos han empeorado la situación. La unión de dos contagiados no da lugar a uno sano.

Finalmente, el Gobierno ha estado creyéndose durante demasiado tiempo su propia mentira: que teníamos el mejor sistema bancario del mundo mundial. Faltó diagnóstico precoz para ver el contagio y diligencia en la aplicación de la medicina que tenía a mano: el propio Fondo de Garantía de las Cajas y el FROB. Ahora todo son prisas y precipitaciones. Y así nos va.

La solución para preservar el valor económico que las cajas tienen para la sociedad y la economía española es la intervención temporal y la depuración de responsabilidades. Esa intervención no debería llevar aparejada la obligación de conversión en bancos. Al contrario, debería forzar a las cajas intervenidas a dar un paso atrás: volver a recuperar su ámbito de negocio natural. No es imposible. Así se ha hecho en otros momentos de reforma bancaria.

¿Cuánto costaría la intervención? La vicepresidenta Elena Salgado ha estimado que unos 20.000 millones adicionales, incluyendo bancos. En total, un 3% del PIB. Cantidad manejable, y más productiva que los gastos faraónicos en el AVE. Y menor del 6% del PIB que costó la intervención del sector privado bancario en los años ochenta, desde Rumasa hasta Banesto. En todo caso, ese coste no es nada comparado con el valor económico que se perdería con la desaparición de las cajas.

Creo que vale la pena salvar las cajas. Si no, el epitafio de los historiadores de nuestro sistema financiero será que “entre todos la mataron, y ella sola se murió”.

Antón Costas – El País