Propuesta antifraude de los Inspectores de Hacienda

Proponen un plan antifraude para recaudar 100.000 millones, diez veces más que la subida fiscal Cifran en 70.000 millones anuales el dinero negro en España y piden poder investigar a las Sicav por no cumplir requisitos.

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado propuso hoy un 'Plan Especial de Actuación de la Administración Tributaria' que permitiría recaudar más de 100.000 millones de euros en cuatro años (2010-2013), prácticamante diez veces más que la subida de impuestos que ha aprobado el Gobierno, cifrada en 11.000 millones anuales.

Ésta es una de las principales propuestas del colectivo, que celebra entre hoy y mañana su XIX Congreso Anual en Valladolid, centrado en la crisis económica y en la lucha contra el fraude fiscal.

Para los inspectores de Hacienda, las dos únicas vías para reducir el déficit del Estado, cercano al 10% del PIB, no pueden ser únicamente la subida de impuestos o la reducción del gasto público, sino que es preciso poner "todo el empeño" para que los que no pagan sus impuestos lo hagan, lo que tendría un impacto recaudatorio "muy superior" a cualquier subida de impuestos.

De hecho, cifran en 70.000 millones de euros anuales la economía sumergida en España, teniendo en cuenta que, según ciertos informes, el fraude fiscal en el país se sitúa entre el 20 y el 25% del PIB y que la presión fiscal media supera el 30% del PIB. De acuerdo con estos datos, y sabiendo que el periodo de prescripción establecido en la Ley General Tributaria es de cuatro años, los inspectores cifran en aproximadamente 280.000 millones de euros las cuotas tributarias que se dejan de ingresar en cuatro ejercicios.

"La magnitud de estas cifras choca con el importe de 11.000 millones de euros como efecto recaudatorio de la subida de impuestos que pretende aprobar el Gobierno, con la particularidad de que el importe de la subida aprobada va a recaer sobre los que ya están pagando", reza el documento del colectivo de inspectores.

Además, indican que como resultado de las actuaciones realizadas en los años 2005 a 2008 con el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, la deuda recuperada se ha cuantificado en unos 28.000 millones de euros que, comparada con el fraude existente (280.000 millones en cuatro años), no llega al 10%.

QUE EL IEF CUANTIFIQUE LA ECONOMÍA SUMERGIDA.

A la vista de estos datos, la presidenta del colectivo de inspectores, Isabel Martínez, su portavoz, Francisco de la Torre, y el inspector José María Peláez defendieron, en el transcurso del congreso, la necesidad de poner en marcha un plan especial de atuación tributaria que, con un horizonte de cuatro años (2010-2013), suponga un incremento de los medios humanos y materiales en la lucha contra el fraude, así como la aprobación de medidas normativas y organizativas.

Además, proponen que el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) lleve a cabo un estudio en 2010 sobre el índice de fraude fiscal en España y, al final del plan, repita el mismo estudio para determinar el resultado del mismo.

Entre las medidas concretas que plantea el plan, además de incrementar en 600 el número de inspectores de Hacienda, en 3.000 el número de técnicos y en 2.000 el número de agentes tributarios y administrativos, apuesta por que se permita a los inspectores de Hacienda comprobar los requisitos de las Sicavs, que deben estar integradas por 100 partícipes para poder disfrutar de la tributación al 1% y que, según los datos del colectivo, la inmensa mayoría no cumple o lo hace de forma ficticia, al contar con inversores sólo de carácter nominal. Ahora esta función recae en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"La situación de las Sicav constituye la única excepción en la historia de la democracia española en la que Hacienda no ha podido regularizar la situación fiscal de unos contribuyentes que han incumplido reiteradamente la ley", subrayan los inspectores, que destacan que, mientras se sube los impuestos a los contribuyentes que sí los pagan, resulta "inadmisible" la situación de "ausencia de control fiscal" de las Sicav.

En este sentido, Peláez, aunque admitió que el control de estas sociedades de inversión colectiva no tendría un impacto recaudatorio muy elevado, rechazó el argumento esgrimido por el Gobierno acerca de que elevar la tributación de estas sociedades pueda suponer una evasión de capitales. Así, indicó que el 50% del capital de las mismas está invertido en el extranjero. "Ahora si las Sicav quieren invertir en Luxemburgo, pueden hacerlo sin problemas", reiteró.

DEDICAR MENOS INSPECCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN.

Junto con la inspección de estos instrumentos, el plan propuesto por los inspectores de Hacienda contempla medidas para recuperar la deuda pendiente en los tribunales, que cifran en 4.500 millones de euros en lo relativo al delito fiscal y en 6.000 millones la que se encuentra en el Tribunal Supremo, mediante el refuerzo de la plantilla de los servicios jurídicos de la Agencia Tributaria, así como cambiar los sistemas de trabajo de la Inspección, potenciando más la investigación o reorientar los planes de inspección.

En este sentido, creen que, en el contexto actual de crisis en el sector de la construcción, no tiene sentido seguir dedicando el 40% de la plantilla de Inspección al control del sector inmobiliario, teniendo en cuenta además que parte de la deuda encontrada no se puede cobrar, dado que muchas de las empresas de este sector están en quiebra.

Por ello, apuestan por centrar la investigación en la economía sumergida, facturas falsas, testaferros, sociedades 'pantalla' y plan de signos externos (detectar aumentos de patrimonio no justificados).

Además de endurecer el régimen sancionador, incentivar la colaboración ciudadana con y reformar el delito fiscal para que los grandes defraudadores puedan ir a la cárcel, también vuelven a reiterar sus medidas contra el uso de paraísos fiscales, como establecer un gravamen especial del 24% sobre movimientos de fondos en estos estados, no reconocer la personalidad jurídica de las sociedades constituidas en paraísos fiscales o prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios.

Finalmente, proponen la aprobación de una nueva declaración sobre bienes, derechos y deudas, en sustitución del suprimido Impuesto de Patrimonio. Esta declaración, que no supondría ingresos de cuotas impositivas, sería muy útil, según los inspectores, como elemento de control para la lucha contra el fraude.

Fuente: EUROPA PRESS

No es solo subir o bajar impuestos

Incomprensiblemente, el gobierno se ha metido en un pantanal político a causa de sus propuestas fiscales contradictorias y de los anuncios de ida y vuelta sobre la conveniencia, un día, de subir impuestos o de bajarlos, otro.

El problema no radica en la discusión abstracta sobre si subir o bajar los impuestos es o no de izquierdas que solo contribuye a confundir a los ciudadanos.

Suponiendo que en estos momentos supiésemos con certeza qué medida se puede calificar claramente o no como de izquierdas, lo cierto es que lo relevante no sería la magnitud de las tasas impositivas sino su resultado sobre el conjunto de la sociedad y sobre cada grupo social en concreto. De lo que menos se habla.

Lo peor ni siquiera es el coste electoral que sin duda lleva consigo manifestar una carencia de estrategia tan evidente y presentarse ante los ciudadanos con propuestas que cambian un día detrás de otro.

Lo que me parece especialmente grave es que no tener las ideas claras en materia fiscal es carecer de las coordenadas básicas en que puede establecer el modelo económico del que tanto estamos hablando, es como conducir a ciegas o gobernar dejando que la sociedad marche a la deriva, algo que evidentemente apenas importa a quienes tienen las espaldas cubiertas con buenas rentas o patrimonios suficientes y que, por el contrario, perjudica muy gravemente a los más débiles y desprotegidos.

Detrás de cada impuesto no solo hay más o menos recaudación, lo que en cualquier caso no deja de ser importante, sobre todo, en una coyuntura como la actual. Hay además incentivos de uno y otro signo que pueden facilitar o dificultar decisivamente la creación de riqueza y empleo y, sobre todo, hay redistribución de las rentas, es decir, más o menos justicia y bienestar. Por eso las cuestiones impositivas y fiscales en general son tan importantes y no suelen funcionar bien sino cuando van de la mano de un amplio y transparente debate social. Y por eso no es ni mucho menos una casualidad que las democracias más asentadas y fuertes del planeta sean las que más confían en los impuestos para lograr mayor progreso y cohesión social y en donde, frente a los cantos de sirena de los ricos, hay una ciudadanía más convencida de su utilidad y que no está dispuesta a renunciar a ellos porque comprueba día a día que son la base de su bienestar.

Como tampoco es casual que el predominio de la ideología desfiscalizadora de los últimos años, en realidad la cobertura necesaria para llevar a cabo políticas que favorecen a los grupos con rentas y patrimonios más elevados, haya ido de la mano en los últimos treinta años de un debilitamiento paralelo de las democracias, que cada vez hurtan más debates sobre cuestiones económicas y financieras a los ciudadanos para dejar las decisiones políticas a los mercados o, simplemente, en manos de los grupos privados con mayor poder e influencia.

Se pueden dar las vueltas que se quiera pero lo cierto es que los estudios que se han realizado en todo el mundo y en España en particular sobre los efectos de las reformas fiscales de nuestra época no dejan lugar a dudas.

Las llevadas a cabo por el gobierno de Aznar y más tarde por el de Rodríguez Zapatero han beneficiado principalmente a los perceptores de rentas más elevadas, a las del capital y, particularmente, a las procedentes de la actividad inmobiliaria.

En contra de lo que la retórica gubernamental ha podido decir, lo cierto es que en España se ha producido en los últimos años un doble proceso de distribución y redistribución de las rentas que en muy buena medida se ha podido producir gracias a los cambios fiscales regresivos que se han ido adoptando. Uno, de las rentas del trabajo a las del capital. Y otro, desde las del capital nacional al extranjero como consecuencia de la venta de activos y de las condiciones fiscales tan privilegiadas que se han establecido para llevarlas a cabo y para disponer luego de las rentas generedas.

Los trabajadores y también miles de pequeños y medianos empresarios han sido los principales paganos de unas reformas fiscales que solo una inocua justicia constitucional ha podido considerar que respetan nuestra Constitución. ¿O es que acaso los principios de capacidad económica, justicia, igualdad o progresividad de su artículo 31 pueden realmente considerarse compatibles con la conversión de España en un "verdadero paraíso para el blanqueo de capitales" ("Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España". Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, Noviembre 2007), como han denunciado expertos nacionales y extranjeros? O con la existencia de SICAV que pagan un 1% en el momento de la obtención de las rentas y un 18% cuando se reparten; de las Sociedades y Fondos de Capital Riesgo, bonificados al 99%; de las Entidades de tenencia de Valores Extranjeros, exentas de tributación en dividendos y plusvalías; con el tipo de 18% en el IRPF para las rentas de los productos de ahorro; con la tributación única del 24% para algunos privilegiados no residentes; o, en términos más generales, con el predominio de los impuestos indirectos sobre los indirectos?

En lugar de hablar en irrelevantes términos genéricos sobre la subida o bajada de los impuestos, engañando así a la gente al hacerle creer que lo hacen de igual forma para todos, lo que en España hay que poner de una vez sobre la mesa es el carácter profundamente injusto que ha alcanzado nuestro sistema fiscal. Los técnicos del Ministerio de Hacienda denuncian que el 86% de los que tienen ingresos superiores a 10 millones de euros y el 45% de los que tienen entre 1 y 10 millones eluden sus obligaciones fiscales, mientras que los inspectores denuncian constantemente que no hay voluntad política de luchar contra el fraude fiscal que es el más alto de Europa. Y que nadie se lleve a engaño, porque eso ha sucedido y sucede mientras que los gobiernos siguen subiendo la presión fiscal, aunque eso es haciendo recaer la mayor parte de la recaudación y de su incremento en las espaldas de trabajadores y pequeños y medianos propietarios y empresarios.

¿Cómo se puede consentir que solo se haya investigado el 1% de los billetes de 500 euros que circulan en España o que no haya ya un plan efectivo contra el fraude fiscal que, según los técnicos que saben llevarlo a cabo, podría proporcionar al Estado unos 25.000 millones de euros anuales?

La cuestión que tenemos por delante en términos fiscales es bastante clara. Seguir aceptando que los ricos no tienen compromisos con la Hacienda Pública o invertir las reformas de estos últimos años para avanzar hacia una mayor justicia fiscal que permita que nuestros estándares de gasto se aproximen a los de nuestro entorno y para generar incentivos a favor de quienes crean riqueza y empleo y no, como hasta ahora, de quienes se dedican a la especulación y a dar pelotazos inmobiliarios o financieros.

Naturalmente, y sobre todo después de lo que se ha venido haciendo, no será fácil invertir esa tendencia pero al menos está claro por dónde habría que empezar para que eso sea posible. Resulta imprescindible el debate social claro, transparente y fiel a la verdad para que los ciudadanos entiendan de una vez que es la derecha, que ahora se opone a cualquier medida fiscal que tome el gobierno, la que subió los impuestos quince veces durante el gobierno de Aznar y quien realmente hace que suba la carga fiscal de los más débiles.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, colaborador habitual de Rebelión, editor de www.altereconomia.org y miembro del Consejo científico de ATTAC-España. Su web: www.juantorreslopez.com

Fuente; Temas para el Debate

¿Moderar los salarios?

El Secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha vuelto a declarar que lo que necesita la economía española es que se moderen los salarios. No me extraña que haya dicho una cosa así. Es bien conocido que se trata de un prestigioso economista liberal que no disimula sus posiciones ideológicas. En otras ocasiones ha defendido abaratar el despido o que las cajas de ahorro se conviertan en sociedades anónimas.

Los liberales piensan que los problemas relativos al empleo o desempleo son solo asuntos del mercado laboral y que, por tanto, se resuelven mediante el juego de los precios que determinan los movimientos de la oferta y la demanda de trabajo. Por eso afirman que para generar empleo (es decir, para disminuir la oferta sobrante de trabajo) lo que hay que hacer es reducir el precio del trabajo, los salarios, bien directos o indirectos. Y en consecuencia lo que proponen, como los sabios académicos que firmaron el documento de los 100, no es, en definitiva, sino que se establezcan condiciones más favorables para que los empleadores reduzcan sus costes laborales.

Hace muchos años que sabemos que eso es una falacia. Algo tan irreal como la creencia en los automatismos y en la autosuficiencia de los mercados que defienden esos economistas y que ha llevado a generar una crisis financiera global como la que se ha producido en los últimos tiempos.

Es evidente que las condiciones en que se desenvuelva el mercado de trabajo han de influir de algún modo en el volumen del empleo que genera la economía. Pero de ahí a despreciar todo lo demás y a considerar que solo reduciendo el precio del trabajo se va a crear mas empleo hay una distancia que solo se puede salvar si detrás de esa proposición hay algo más que es fácil de adivinar: una política que beneficia a los grandes empresarios y que termina aumentando las rentas del capital a costa de no crear más empleo o de crearlo en condiciones cada vez más miserables.

La creación o destrucción de empleo no depende solo de lo que ocurra en el mercado de trabajo, como quieren hacernos creer los economistas liberales como Campa, sino también en el mercado de bienes y servicios e incluso en la situación general de la economía. Aunque estos economistas se lo callan, lo cierto es que, si no hay suficiente demanda efectiva, por muy bajos que sean los salarios no se va a crear empleo porque las empresas contratan a más trabajadores no porque sus salarios sean más bajos sino porque van a obtener más beneficios.

Imponiendo un régimen de salarios bajos lo que se produce es una situación en la que la demanda efectiva está constantemente restringida. Es una estrategia que lo que crea es escasez y que limita el crecimiento potencial de la economía, que es lo que ha ocurrido en los últimos decenios y justo lo contrario de lo que ahora habría que procurar. Y, al mismo tiempo, proponer, como hacen Campa y los economistas liberales, que los salarios bajen para que nuestra economía sea más competitiva es sencillamente condenarla al empobrecimiento y la insostenibilidad.

¿De verdad que lo que necesita la economía española, cuando el presidente del gobierno habla de cambio del modelo productivo, es especializarnos en actividades que solo necesitan oferta de trabajo barata? ¿Ahora resulta que la apuesta es competir como hacen los países más atrasados, ofreciendo salarios reducidos y no mejorando nuestro tejido productivo mediante la calidad, la innovación y la producción de bienes y servicios de vanguardia?

Pero, como digo, no me extraña que un economista de la derecha liberal haga estos planteamientos. Lo que me produce sorpresa, frustración y pena es que una persona que tiene esa ideología sea el segundo máximo responsable de la política económica de un gobierno socialista en el que tantos millones de personas han confiado para mejorar sus condiciones de vida.

¿A qué estamos jugando? ¿Cómo es posible que un gobierno socialista pida más contención salarial en un país en donde el 63% de los trabajadores gana menos de 1.100 euros mensuales y en donde el número de mileuristas ha aumentado en siete millones en los tres últimos años? Y que lo haga sin más fundamento que el que proporciona un liberalismo que, por muy útil que sea a la gran patronal, es una ideología trasnochada que ya fue puesta en solfa científicamente hace un siglo.

Y no es sólo una cuestión de sensibilidad social, de estar preferentemente tratando de favorecer a quienes tienen rentas mas bajas, que ya es importante. Y, por supuesto, lo que se supone que esperan de un gobierno socialista sus votantes y simpatizantes. Es que además, como he comentado más arriba, proponer bajar aún más los salarios es insistir en un modelo que ha llevado a que nuestra economía sea más débil e inestable que las de nuestro entorno. Y que ahora nos llevaría a salir más tarde y con más limitaciones de la crisis.

Los informes de la OCDE pusieron de relieve que España ha sido el único país de los que pertenecen a ese organismo en el que los salarios han bajado en el periodo 1995-2005: ¿acaso vamos a ser tan ingenuos como para no entender que eso no ha tenido nada que ver con la gran pérdida de empleo que ahora padecemos y que muy posiblemente se consolide durante bastante tiempo?

Proponer, como hace el Secretario de Estado de Economía, el empobrecimiento de los trabajadores como política de salida de la crisis (en realidad, lo proponen siempre, pues conducen con piñón fijo en la expansión y la recesión, en el auge y en la crisis: siempre bajar los salarios) no es solamente una aberración desde el punto de vista social. Lo es igualmente como estrategia económica. Lo que nuestra economía necesita es más demanda efectiva, más capital social, más innovación, más conocimiento básico y aplicado y más igualdad. Es decir, más riqueza y mejor repartida y no más trabajadores pobres y más diferencias sociales, como proponen los ideologizados economistas de derechas como el Secretario de Estado de Economía.

Juan Torres López

Artículo publicado en Sistema Digital.

Ceguera voluntaria en el G-20

La última reunión del G-20 ha seguido soslayando la identificación y el tratamiento realista de los aspectos clave que originaron la presente crisis internacional. Se soslaya que, a diferencia de los mercados de bienes de consumo, los mercados de bienes patrimoniales (acciones, inmuebles, terrenos…) se desequilibran con facilidad. Por ejemplo, cuando hay buena cosecha de tomates el precio suele bajar para facilitar su venta, pero no ocurre lo mismo con los bienes patrimoniales, que se atesoran en vez de consumirse: cuanto más en alza están sus precios, más se tienden a comprar y a acumular para beneficiarse de su esperada revalorización. El libre mercado es aquí fuente de inestabilidad, desata espirales explosivas de revalorizaciones y compras financiadas a crédito que configuran las consabidas burbujas, en las que se compra porque se piensa que va a subir el precio de las acciones o de los pisos y sus precios suben porque hay compras masivas.

Por mucho que los analistas acostumbren a justificar las elevadas cotizaciones en función de inventos diversos, la irracionalidad de los mercados acaba aflorando con el derrumbe de precios al que abocan estos procesos. En este contexto la clave del negocio pasa por aprovechar las plusvalías generadas durante el auge, sin sufrir las pérdidas ocasionadas por el declive. De ahí que hagan falta especialistas en comprar y vender en el momento oportuno y que, a medida que avanza el alza de las cotizaciones, las compra-ventas se multipliquen y el período de tenencia de los títulos (o de los inmuebles) se reduzca en el denodado empeño de obtener plusvalías y escabullir riesgos. Esta espiral podría cortarse fácilmente con impuestos disuasorios sobre las plusvalías realizadas a corto plazo que desincentiven este tipo de operaciones especulativas, pero el G-20 no se atreve a poner coto a este negocio, sólo a regular en alguna medida la retribución de los empleados que se ocupan de realizarlo. En este y otros aspectos han aflorado desavenencias entre los principales países beneficiarios de las burbujas, encabezados por EEUU, y el resto; entre los que esperan que las aguas vuelvan a su cauce y los que proponen tímidos controles o buscan reforzar su presencia en las finanzas mundiales.

Otro aspecto clave soslayado por el G-20 es la sobredimensión de los activos financieros y del negocio especulativo a ellos vinculado, pues la inestabilidad económica crece con el tamaño de las burbujas y corregirla exigiría un programa de adelgazamiento y saneamiento financiero que sigue sin plantearse. Al revés de lo que debería ocurrir, la marcha de los mercados financieros e inmobiliarios sigue marcando el pulso económico general, por lo que se espera que el repunte de las bolsas y la “vuelta a la normalidad” del mercado inmobiliario estadounidense traigan la salida de la crisis. Se olvida que este repunte es fruto del desplazamiento hacia el erario público de las deudas privadas y de la aplicación masiva del cóctel explosivo de abundante liquidez barata y permisividad financiera que habían desencadenado la crisis actual. La ceguera persiste.

José Manuel Naredo es economista y estadístico

Fuente: Público

Fetichismo del PIB

Esforzarse por reavivar la economía mundial, al mismo tiempo que se responde a la crisis climática global, ha planteado un interrogante complejo: ¿las estadísticas nos están dando las "señales" correctas sobre qué hacer? En nuestro mundo orientado hacia el desempeño, las cuestiones de medición han cobrado mayor relevancia: lo que medimos afecta lo que hacemos.

Si tomamos malas decisiones, lo que intentamos hacer (digamos, aumentar el PIB) en realidad puede contribuir a empeorar los niveles de vida. También podemos enfrentarnos a falsas opciones y ver compensaciones entre producción y protección ambiental que no existen. Por el contrario, una mejor medición del desempeño económico podría demostrar que las medidas tomadas para mejorar el medio ambiente son buenas para la economía.

Hace dieciocho meses, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, creó una Comisión Internacional para la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social, debido a su insatisfacción -y la de muchos otros- con el estado actual de la información estadística sobre la economía y la sociedad. El 14 de septiembre, la Comisión dará a conocer su tan esperado informe.

El gran interrogante es si el PIB ofrece una buena medición de los niveles de vida. En muchos casos, las estadísticas del PIB parecen sugerir que a la economía le está yendo mucho mejor que las propias percepciones de la mayoría de los ciudadanos. Es más, el foco en el PIB crea conflictos: a los líderes políticos se les dice que lo maximicen, pero los ciudadanos también exigen que se preste atención a mejorar la seguridad, a reducir la contaminación del aire, del agua y el ruido, y demás -lo cual podría reducir el crecimiento del PIB.

El hecho de que el PIB pueda ser una medición deficiente del bienestar, o incluso de la actividad del mercado, obviamente es algo que se reconoce desde hace tiempo. Pero los cambios en la sociedad y la economía pueden haber agudizado los problemas, al mismo tiempo que los avances en la economía y las técnicas estadísticas pueden haber ofrecido oportunidades para mejorar nuestras mediciones.

Por ejemplo, si bien se supone que el PIB mide el valor de la producción de bienes y servicios, en un sector clave -el gobierno- normalmente no tenemos manera de hacerlo, de modo que solemos medir la producción simplemente por las inversiones. Si el gobierno gasta más -incluso de manera ineficiente- la producción aumenta. En los últimos 60 años, el porcentaje de la producción del gobierno en el PIB aumentó del 21,4% al 38,6% en Estados Unidos; del 27,6% al 52,7% en Francia; del 34,2% al 47,6% en el Reino Unido; y del 30,4% al 44% en Alemania. De manera que lo que era un problema relativamente menor se ha convertido en un problema importante.

De la misma manera, las mejoras de calidad -digamos, mejores autos en lugar de más autos- representan gran parte del aumento del PIB hoy en día. Pero evaluar las mejoras de calidad resulta difícil. La atención médica ejemplifica este problema: gran parte de la medicina se ofrece públicamente, y muchos de los avances son en calidad.

Los mismos problemas de hacer comparaciones en el tiempo se aplican a las comparaciones entre países. Estados Unidos gasta más en atención sanitaria que cualquier otro país (tanto per cápita como en porcentaje de los ingresos), pero obtiene peores resultados. Parte de la diferencia entre el PIB per cápita en Estados Unidos y algunos países europeos puede ser, en consecuencia, el resultado de la manera en que medimos las cosas.

Otro cambio pronunciado en la mayoría de las sociedades es un incremento de la desigualdad. Esto significa que existe una creciente disparidad entre el ingreso promedio (medio) y el ingreso mediano (el de la persona "típica", cuyo ingreso se ubica en el medio de la distribución de todos los ingresos). Si unos pocos banqueros se vuelven mucho más ricos, el ingreso promedio puede subir, a pesar de que los ingresos de la mayoría de la gente estén decayendo. De manera que las estadísticas sobre el PIB per cápita tal vez no reflejen lo que les sucede a la mayoría de los ciudadanos.

Utilizamos precios de mercado para valuar los bienes y servicios. Pero ahora, incluso los que tienen mucha fe en los mercados, cuestionan la dependencia de los precios de mercado, ya que están en contra de las valuaciones por ajuste al mercado. Las ganancias previas a la crisis de los bancos -una tercera parte de todas las ganancias corporativas- parecen haber sido un espejismo.

Entender esto arroja una nueva luz no sólo sobre nuestras mediciones del desempeño, sino también sobre las inferencias que hacemos. Antes de la crisis, cuando el crecimiento de Estados Unidos (utilizando mediciones estándar del PIB) parecía mucho más sólido que el de Europa, muchos europeos sostenían que Europa debía adoptar el capitalismo al estilo estadounidense. Por supuesto, todo aquel que hubiera querido podría haber visto un creciente endeudamiento de los hogares estadounidenses, lo que habría permitido corregir la falsa impresión de éxito ofrecida por la estadística del PIB.

Los recientes avances metodológicos nos han permitido evaluar mejor qué contribuye a la sensación de bienestar de los ciudadanos y reunir los datos necesarios para hacer ese tipo de evaluaciones de manera regular. Estos estudios, por caso, verifican y cuantifican lo que debería ser obvio: la pérdida de un empleo tiene un mayor impacto de lo que representa la pérdida del ingreso. También demuestran la importancia de la conectividad social.

Toda buena medición de lo bien que nos está yendo también debe tener en cuenta la sustentabilidad. De la misma manera que una empresa necesita medir la depreciación de su capital, también nuestras cuentas nacionales deben reflejar la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación de nuestro medio ambiente.

Los marcos estadísticos están destinados a resumir lo que está sucediendo en nuestra sociedad compleja en unos pocos números fácilmente interpretables. Debería haber sido obvio que no se podía reducir todo a un único número, el PIB. El informe de la Comisión para la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social, esperamos, conducirá a un mejor entendimiento de los usos, y abusos, de esa estadística.

El informe también debería servir de guía para crear un conjunto más amplio de indicadores que capturen de manera más precisa tanto el bienestar como la sustentabilidad, a la vez que debería dar impulso para mejorar la capacidad del PIB y las estadísticas relacionadas a la hora de evaluar el desempeño de la economía y la sociedad. Estas reformas nos ayudarán a dirigir nuestros esfuerzos (y recursos) de maneras que conduzcan al mejoramiento de ambos.

Joseph E. Stiglitz

Fuente: http://www.elespectador.com/columna161000-fetichismo-del-pib

El autor es profesor universitario en la Universidad de Columbia y ganador del Premio Nobel de Economía en 2001, se desempeñó como presidente de la Comisión para la Medición del Desarrollo Económico y el Progreso Social.

¿Hacia dónde va la economía?

La crisis económica que estamos padeciendo y que tanto daño está causando a tanta gente debería servir para aprender de la experiencia pasada y de las causas que han conducido a la situación en la que nos encontramos. En un primer momento parecía que iba a ser así. Los economistas que habían exaltado con tanto entusiasmo las bondades del mercado autorregulado se quedaron callados y daba la impresión de que se encontraban noqueados. No obstante, se han ido rehaciendo y vuelven a las andadas.

La ceguera que padecen resulta llamativa y el peso de lo que han aprendido y enseñado es demasiado grande para que vean con claridad lo que ha sucedido. La resistencia a cambiar sus formas de pensar es tan fuerte que dentro de poco les veremos volver a explicar lo mismo y a exaltar las excelencias del mercado sin intervenciones, que pueden resultar, desde su perspectiva, dañinas para el buen funcionamiento económico. El pensamiento económico es más importante de lo que puede suponerse, como ya lo señaló con claridad Keynes en la “Teoría General de la ocupación, el interés, y el dinero”.

Las responsabilidades de lo que ha pasado son muchas. En primer lugar, de los grandes intereses económicos, y sobre todo financieros, que han presionado a los gobiernos para fomentar la liberalización de los mercados, la eliminación o disminución de los mecanismos de regulación. En segundo lugar, de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), que han presionado en la dirección de favorecer la globalización neoliberal y financiera. En tercer lugar, de los gobiernos que se han doblegado a las exigencias de los poderosos y que han tomado medidas en la dirección liberalizadora y privatizadora. En cuarto lugar, de un pensamiento económico que argumentó la necesidad de tomar las medidas correspondientes para potenciar al mercado frente a las intervenciones públicas y que ha servido de soporte teórico al proceso creciente de pasar de un capitalismo regulado a un sistema desbocado.

Los economistas con sus enseñanzas teóricas han tenido una gran parte de responsabilidad tanto por la influencia que han ejercido en las esferas del poder económico y político, como por la que ejercen a través de la enseñanza. Los numerosos graduados que han salido en los últimos años de las facultades de Economía y de Administración y Dirección de Empresas, se encontraban convencidos del buen funcionamiento del mercado que les habían enseñado. Así desde la dirección de empresas, administraciones públicas y órganos de decisión política han recomendado políticas económicas que se basaran en una adecuada asignación de los recursos a través fundamentalmente del mercado, y de rechazar el uso de políticas públicas. Todo lo que supusiera regulación, empresas públicas o servicios públicos había que eliminarlo a favor de la privatización y del mercado. Han olvidado una idea básica que señala Stiglitz en el libro “Microeconomía”: el mercado, aunque sea eficiente, que no siempre lo es, no genera por ello modelos socialmente deseables.

Efectivamente, el mercado por sí mismo no posibilita la igualdad de rentas y de género, de derechos y oportunidades. Al mismo tiempo, causa daños al medio ambiente. Las políticas públicas, que en muchos casos responden a reivindicaciones sociales, tratan de llevar a cabo mecanismos que permitan modelos sociales más equitativos y sostenibles. Esto, que se aprende analizando la historia y el comportamiento diferente de las economías actuales y los resultados tan distintos que ofrecen, sin embargo ha desaparecido de los estudios de economía como materia central. Pero la abstracción teórica en la que se han movido las generaciones últimas les ha hecho irse despegando de la realidad concreta y optar por la elegancia formal de los modelos. Al mismo tiempo se han dejado seducir por el virtuosismo académico, que apenas tiene que ver con la realidad social en la que nos encontramos. La elección racional que tanto impacto ha tenido en la economía, y también en la sociología, ha conducido a errores apreciables a la hora de analizar a fondo las relaciones sociales existentes y los procesos dinámicos a los que las sociedades se encuentran sujetas.

Además de haber confiado tanto en el mercado, lo limitado de su análisis les ha impedido observar lo que estaba sucediendo. En el enfoque estrecho en el que han caído no tenía cabida el análisis de las burbujas especulativas financieras e inmobiliarias, la desigualdad económica y social, la pobreza y las capacidades de las gentes para realizar un proyecto digno de vida. Todo se reducía a magnificar el crecimiento sin adentrarse en el estudio sobre los pilares en que ese crecimiento se sustentaba y a quién se dirigían los frutos de ese crecimiento

De todos modos, siempre ha habido voces minoritarias, unas partiendo de la ortodoxia, pero negándose a hacer esas grandes simplificaciones, o desde la heterodoxia, que han supuesto un contrapunto a esos análisis. Han sido estos planteamientos los que han advertido de los peligros en los que la economía se había metido, y son estos enfoques los que nos pueden salvar de la debacle a la que la economía dominante nos ha conducido.

La crisis debe servir para repensar los supuestos teóricos de la ciencia económica, y estos a su vez deberán utilizarse para crear unas condiciones económicas diferentes de las que se han dado en las últimas décadas. El problema es que no parece que vayamos por ese camino ni en el pensamiento ni en la realidad. Los votantes se inclinan por optar por posiciones políticas de derechas y de centro derecha que son precisamente las que han hecho más para crear las condiciones de las causas que han originado la crisis. Los partidos de izquierda moderada se encuentran perdidos sin dar opciones diferentes y sin ofrecer a las gentes vías que se desmarquen de la ideología de la globalización financiera. Esto explica la crisis de la izquierda moderada y que ascienda, en algunos países, una izquierda con unas posiciones más críticas.

Lo que resulta evidente es que tanto en el ámbito de la teoría como de las realidades concretas las cosas no marchan bien, y es más, se va en dirección equivocada.

Carlos Berzosa

Artículo publicado en Sistema Digital.

Todos son paraísos fiscales

La cumbre del G-20 en Londres estuvo marcada por la aparente persecución de los paraísos fiscales. Su existencia ha sido siempre un escándalo, no sólo porque algunos países hiciesen del fraude fiscal y del dinero negro la industria nacional, sino también por la hipocresía de las grandes potencias que lo consintieron y permitieron que sus empresas y bancos domiciliasen sus filiales en los paraísos fiscales. Obama denunciaba durante la campaña electoral la existencia de un edificio en las Islas Caimán que albergaba 12.000 compañías estadounidenses. Tal como el entonces candidato afirmaba: “O es el mayor edificio del planeta o se trata de la mayor estafa fiscal del mundo, y todos sabemos cuál de las dos opciones es la verdadera”.

La OCDE venía ya desde hace algún tiempo elaborando una lista negra sin que su existencia tuviese ninguna repercusión, hasta que el G-20 amenazó con sanciones. A partir de ese momento, la lista se ha ido vaciando porque casi todos los inscritos se han apresurado a obtener el certificado de pureza de sangre. Certificado que, por otra parte, resulta muy fácil de conseguir, basta con firmar 12 acuerdos bilaterales con otros tantos países. La probabilidad, por tanto, de cubrir las apariencias aunque se continúe con las mismas prácticas fraudulentas es elevada.
Hay quien afirma que la postura de los mandatarios internacionales en esta materia tiene mucho de función escénica, ante la dificultad de presentar avances efectivos en la regulación de los mercados financieros y la necesidad de hacer ver a sus ciudadanos que hacen algo al efecto. De hecho, en la declaración del G-20 en Pittsburgh ya no aparece más que una referencia de pasada a los paraísos fiscales.

Resulta difícil ser optimista acerca de la erradicación de los paraísos fiscales en el futuro. Todo apunta a que, una vez que pase la crisis, poco a poco todo volverá a la situación anterior. Y es que, además, ¿cómo combatirlos si con la libre circulación de capitales cada país se convierte en un paraíso fiscal respecto al vecino? Todos compiten para atraer capital ofreciendo las mejores condiciones fiscales. ¿Acaso no hemos escuchado estos días reiteradamente que no era posible gravar a los contribuyentes de ingresos elevados, ya que el capital viaja a la velocidad de la luz? Por ese motivo, parece ser que habrá que gravar con el mismo tipo impositivo al consejero delegado del BBVA, que se jubila con una pensión anual de tres millones de euros, que al contribuyente que cobra 60.000 euros anuales. En nuestro país existe el peligro incluso de que algunas comunidades, como el País Vasco, se transformen en un paraíso fiscal para otras comunidades, como La Rioja.

Es paradójico que de forma generalizada se repudien todas las medidas proteccionistas y se condene la llamada política de empobrecer al vecino, argumentando que el vecino reaccionará a su vez y no se habrá adelantado nada y, sin embargo, después se acepte con la mayor naturalidad que todos los países acometan prácticas claramente proteccionistas como el dumping fiscal y no se aplique en esta materia el mismo razonamiento.

Juan Francisco Martín Seco es economista

Fuente: Público