Los Bancos y entidades financieras que causaron la crisis han logrado salir de ella reforzados, sin que se hayan puesto en cuestión sus privilegios y con mucho más poder económico y financiero gracias a que los Gobiernos y los Bancos Centrales asumieron el principio de que eran demasiado grandes para caer. Con ese criterio se han podido justificar las ayudas multimillonarias de todo tipo que se han puesto en sus manos a pesar de que así se ha dejado sin sancionar los comportamientos irresponsables, se incentiva que se vuelvan a dar y se hace a los grandes bancos más grandes aún, lo que hará que la próxima crisis que provoquen sea más dura y difícil de gobernar que esta.
Ni los gobiernos ni los Bancos Centrales ni los economistas liberales que imponen a la ciudadanía una constante disciplina en aras de lograr la eficiencia y, según dicen, la equidad (ahora nos indican que hay que reformar las pensiones para hacer que nuestro sistema sea “más justo”) no han tenido problema alguno para saltarse esos objetivos cuando se ha tratado de ayudar a la Banca.
Por el contrario, frente a los daños que han provocado los Bancos a miles de personas al actuar con ocultación, con manifiesta irresponsabilidad y mala fe, las autoridades, por regla general, son mucho más ajenas y despreocupadas.
Con el fin de aumentar de cualquier manera el volumen de deuda, que es el negocio que proporciona beneficio y poder a los Bancos, éstos han llevado a cabo en los últimos años una verdadera serie de tropelías ya bien conocidas que han sufrido principalmente los clientes más indefensos, de menor renta y con conocimientos e información sobre las prácticas bancarias. Los que, a diferencia de los Bancos, parece que son demasiado pobres como para salvarlos.
En los dos últimos años se ha empezado a comprobar que docenas de miles de personas y pequeñas y medianas empresas han sido sencilla y llanamente engañados por los Bancos que les ocultaban la letra pequeña de los contratos, que disimulaban los riesgos de los seguros que les vendían con otro nombre u ocultos en fórmulas incomprensibles y que, en suma, establecían condiciones leoninas en los préstamos o créditos que les ofrecían como si fueran un regalo de la providencia.
Las autoridades miraron entonces a otro lado y les dejaron hacer y ahora que cientos de miles de personas han perdido sus viviendas o se enfrentan a obligaciones de pago de las que nunca fueron advertidas, siguen disimulando y protegiendo a los privilegiados causantes de todos estos abusos.
Las organizaciones de defensa de los consumidores calculan que alrededor de 300.000 familias españolas han perdido su vivienda en los últimos tres años. Y no se puede alegar que se trata solo del efecto de una simple falta de pago. Detrás de ello hay, como acabo de señalar, condiciones leoninas, daciones fraudulentas, información oculta y tasaciones de viviendas hechas por una de las partes con manifiesta falta de veracidad y respeto a las condiciones del mercado que tanto pregonan los bancos y los liberales que callan ante todo esto.
El número de familias a las que se les han cortado el suministro de servicios básicos como la luz o el agua es incalculable, pero basta hablar con las organizaciones civiles que atienden estos problemas para comprobar que son también docenas de miles.
No es exagerado afirmar que solo los afectados por la estafa bancaria en torno a los “swaps”, los seguros aparentemente dirigidos para proteger a los prestatarios de las subidas de los tipos pueden ser en toda España alrededor de 100.000.
El sistema bancario español, el de más altos beneficios de Europa y el de costes de utilización para la clientela más elevados, es la fuente de un sin fin de irregularidades y de injusticias que pueden llevar a cabo con la mayor alevosía e impunidad. Es verdaderamente incomprensible que los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones y movimientos sociales no pongan en primer plano todo este tipo de conductas para evitar la transferencia ilegítima de renta de las personas y empresas a la Banca que llevan consigo.
No creo que haya otro país en el mundo en donde el pueblo tenga más defensores que en España pero, a pesar de ello, ninguno ha levantado su voz de una manera contundente frente a un problema que hubiera requerido su actuación mancomunada y radical pues se viene produciendo de forma alevosa, a plena luz del día y con consecuencias dramáticas, creo que se puede decir sin exagerar, para millones de personas y familias enteras.
Ni siquiera es posible confiar en España en que la administración de justicia haga honor a su nombre y ponga orden en todo ello, pues en docenas de sentencias ha resultado evidente que las atenciones de todo tipo que los bancos tienen con muchos magistrados y jueces no caen en saco rato.
Las prácticas bancarias dominantes, las que han dado lugar a la crisis y las que se siguen llevando a cabo, constituyen un mal social que hay que erradicar. A ningún otro tipo de ciudadanos se le permitiría hacer lo que hacen los bancos (y junto a ellos las grandes empresas de servicios).
Para ponerle coto al abuso bancario generalizado habría que reclamar firmemente de los poderes públicos que adoptaran algunas medidas urgentes e imprescindibles:
- Investigar con auténtica independencia las prácticas bancarias en España, concretando la naturaleza y efectos reales de cada una de ellas para depurar las responsabilidades de cada entidad.
- Extender esa investigación al comportamiento del Banco de España que, en lugar de haber impedido la opacidad, el abuso, las cláusulas leoninas y el engaño ha optado generalmente por el silencio o por la explícita complicidad con la Banca. No se puede entender que se haya llegado a producir un daño y un engaño tan extendido y tan rentable para la banca sin la colaboración de la máxima autoridad bancaria.
- Conocer con exactitud las personas que han sufrido malas prácticas bancarias y cuantificar el daño que les han producido para hacer que los bancos asuman las consecuencias el daño provocado.
- Revisar todos y cada uno de los procedimientos de desahucio o dación que se hayan producido, con especial atención a las condiciones de suscripción de los créditos y a las tasaciones realizadas.
- Promulgación de las normas y creación de los fondos necesarios para garantizar la devolución de las viviendas a las personas de renta baja que la hayan perdido por razones de disminución de ingresos y para evitar que esto se produzca en el futuro.
- Actuar en el mismo sentido respecto a las familias que no disponen de acceso a los servicios básicos por falta de pago como consecuencia de pérdidas imprevistas de ingresos.
- Creación de una jurisdicción especial para perseguir los abusos bancarios y promover ante las instituciones europeas el establecimiento de un código ético de inexcusable cumplimiento por parte de todas las entidades financieras.
El daño que ha generado el sistema bancario español en los últimos años y que se traduce ahora en auténticos dramas para cientos de miles de familias y en una losa pesada para el conjunto de la economía no es un asunto menor, ni siquiera algo que solo tenga que ver con la exigencia elemental de que cualquier persona o institución que lo produzca debe resarcirlo. La cuestión principal estriba en que el mantenimiento del poder tan desmesurado que tiene la Banca y los privilegios de los que goza para ganar dinero como y en la cantidad que quiera son verdadera y materialmente incompatibles con una sociedad democrática y segura.
Juan Torres López es catedrático de economía aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo científico de ATTAC-España. Economía de la Fundación Sistema
Fuente: Revista Sin Permiso
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