La imprescindible banca pública

Por mucho que se quiera disimular, es bastante evidente que una causa principal de la crisis en la que nos encontramos es el comportamiento de la banca privada en los últimos decenios.

Su papel tradicional de intermediaria entre el ahorro y la inversión productiva se ha modificado sustancialmente. Atraída por las grandes oportunidades de beneficio que proporciona la ingeniería financiera contemporánea, la banca se ha convertido en el suministrador principal de fondos para los mercados especulativos y para ello no ha dudado en utilizar todos los medios a su alcance.

Su continuada y también evidente vinculación con los paraísos fiscales, con los grandes fraudes fiscales y contables, con las mayores estafas y con los negocios más sucios de los últimos tiempos, incluidos los que tienen que ver con el terrorismo, la trata de personas, el tráfico de armas o de drogas, la destrucción del medio ambiente o la financiación a todo tipo de dictadores... es una muestra de que los banqueros de hoy día no tienen prejuicio alguno con tal de ganar dinero.

El privilegio que supone que la banca pueda crear dinero (y por tanto obtener beneficio y poder) cada vez que concede un préstamo lo ha utilizado para lograr que se dictaran las normas legales que le han permitido ampliar este tipo de actividades sin que ni siquiera se pueda considerar que todo ello es ilegal, aunque transgreda la ética y repugne socialmente, como señaló el Tribunal Supremo español en una sentencia relativa al comportamiento de Botín y del Banco de Santander.

Gracias a ello, la banca es cada vez más rentable y aumenta su control sobre el resto de los negocios, sobre los medios de comunicación, sobre las universidades y los políticos, pero paralelamente a ello ha ido dirigiendo la financiación hacia actividades menos productivas, impulsando y sosteniendo el modelo de crecimiento que nutre y rentabiliza mejor la inversión financiera pero no el que crea más actividad empresarial y más abundante y mejor empleo. Y así se ha convertido en uno de los principales factores que causan la creciente inestabilidad financiera y el escaso rendimiento de las economías que han llegado a su momento culminante con la crisis que estamos viviendo.

Algo común a todos los países, pero que en España se ha producido aún en mayor medida, porque la banca tiene todavía más poder político como consecuencia del que acumuló durante la dictadura, que la democracia no ha sabido o querido limitar y que ha utilizado para lograr que nuestra economía dependa de los banqueros en mayor medida que las de nuestro alrededor.

Ese poder ha sido el que igualmente ha utilizado la banca para evitar que los gobiernos tomen cualquier tipo de medida orientada a controlar el desorden y la especulación financieros que han provocado la crisis y para hacer, por el contrario, que en lugar de pedirle cuentas destinen miles de millones de dinero público a lavarle la cara a sus balances y hacer que salgan de rositas del caos que han originado con su conducta avariciosa e irresponsable.

La consecuencia, en fin, es que ahora miles de empresas cierran y despiden a sus trabajadores por falta de financiación mientras que los banqueros y la gran patronal que no sufre este problema se dedican a reclamar reformas que solo están orientadas a aumentar más sus beneficios.

Para disimular esta situación los banqueros se empeñan en convencer a la gente, con la inestimable complicidad de autoridades nacionales e internacionales, de que el problema que hay que resolver está en el mercado de trabajo, en las pensiones o en el gasto público. Una mentira flagrante, porque lo que realmente ha provocado y sigue provocando la caída de la actividad empresarial y del empleo es la falta de financiación, y este es el principal problema que hay que solucionar para salir de verdad de la crisis.

Pero teniendo en cuenta que los bancos privados están descapitalizados, o dedican los recursos que están generando para seguir especulando o ir limpiando sus balances, será imposible recuperar la financiación simplemente confiando en que vuelva a proporcionarla la banca privada.

Por eso es imprescindible, y ahora mucho más urgente que nunca, que los estados dispongan de banca pública capaz de sustituir la inacción privada a la hora de proporcionar la financiación sin la cual es imposible que se recupere y mantenga la actividad económica, los negocios y el empleo.

Pensando simplemente en el caso español, hay varias fórmulas que son técnicamente viables para lograr este objetivo, entre las cuales creo que merece especial atención la propuesta que acaba de realizar el Consejo Científico de ATTAC España: la nacionalización de las cajas de ahorros y la utilización la red de oficinas de Correos que hoy día prestan servicios bancarios para crear una confederación de bancos públicos, de propiedad mixta, una parte mayoritaria procedente del Estado y otra de impositores, clientes o incluso de instituciones privadas con vocación de servicio público, y con la misión de garantizar el imprescindible flujo de crédito a la actividad económica.

ATTAC propone que esta banca pública se constituya siguiendo principios de banca ética, renunciando al afán de lucro, manteniendo la obra social y sujetándose a los principios de la responsabilidad social, la transparencia y la atención preferente a los sectores sociales con mayores dificultades para acceder a la financiación bancaria: medianas y pequeñas empresas, microempresas, familias de baja renta, jóvenes emprendedores y mujeres. También considera que es imprescindible la presencia de los poderes públicos y los intereses sociales en sus órganos de dirección y control pero garantizándose que sean conformes con principios de estricta democracia, de pluralidad y plena transparencia, y particularmente, que existan contrapoderes efectivos que eviten la concentración indeseada de poder o la mera imposición de cuotas partidistas.

La propuesta que ATTAC España ha presentado al gobierno y a todos los grupos parlamentarios establece que la banca pública así creada asumirá como horizonte a medio y largo plazo su progresiva renuncia al sistema de reserva fraccionaria para introducir y tratar de generalizar sistemas de financiación innovadores que no provoquen los problemas de inestabilidad e incremento artificial de deuda que están asociados al privilegio de creación de dinero por esa vía del que goza la banca privada. Y que en todo caso, esta banca pública dedicada al crédito en la economía productiva tendría limitada y controlada la actividad puramente financiera que llevan a cabo la mayor parte de las actuales cajas de ahorro, y completamente prohibida la utilización de filiales y sociedades extraterritoriales domiciliadas en centros financieros offshore, conocidos como notorios paraísos fiscales.

Como he señalado más arriba, disponer de banca pública es hay imprescindible y urgente a corto plazo para restablecer la financiación y salir de la crisis, pero además es el único instrumento con el que se puede hacer posible el cambio de modelo productivo que pretende el partido socialista y el gobierno. ¿Cómo va a financiarse un nuevo tipo de actividad económica sostenible, innovadora, generadora de empleo decente y de calidad, igualitaria, respetuosa con el medio ambiente... si la banca privada que podría hacerlo orienta los recursos que maneja hacia la ganancia rápida que nunca podrá obtener creando riqueza productiva sino especulando y jugando solo con papel en los mercados financieros?

Por ello, ATTAC propone que la nueva banca pública estaría destinada preferentemente a financiar la puesta en marcha de un nuevo modelo productivo basado en el desarrollo regional, entendido como el que fomenta la generación y uso sostenible de recursos endógenos, el sostenimiento de los servicios públicos esenciales como la enseñanza y la salud, la puesta en marcha de las políticas sociales y de igualdad, y en particular las de apoyo a los servicios de dependencia, la potenciación del emprendizaje y del capital-riesgo, el desarrollo de nuevos tipos de actividades o sectores profesionales y empresariales, la I+D+i pública y privada, la actividad de las pequeñas y medianas empresas, el microcrédito o el incremento de la productividad en el sector público, por citar los que se podrían considerar más importantes y prioritarios.

En lugar de hacer frente a los problemas de financiación que atascan a nuestras empresas y consumidores, los poderes financieros, el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional solo piensan en empoderar aún más a los banqueros y en darle nuevos privilegios y recursos, sin hacer absolutamente nada para que vuelvan a disponer del crédito que necesitan. Solo van buscando la privatización progresiva de las cajas de ahorros para que los bancos privados se vayan haciendo paulatinamente con ellas y con el segmento de mercado que ocupan. Simplemente se disponen una vez más a robarnos la cartera delante de nuestra propia cara. Eso será lo que ocurra si los ciudadanos no lo impedimos, si los partidos progresistas y los sindicatos siguen narcotizados en brazos de Morfeo y no ayudan a que los ciudadanos sigan disfrutando de lo que es suyo y de los derechos personales y sociales que les corresponden.

Fuente: Sistema Digital

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España.

ATTAC propone nacionalizar las cajas y crear una banca pública

Durante una rueda de prensa en la Sala Campoamor del Congreso de los Diputados, ATTAC España presentó ayer jueves su campaña a favor de la nacionalización de las cajas de ahorros españolas, con el fin de crear así una nueva banca pública que facilite el acceso al crédito. En la comparecencia participaron el presidente de ATTAC España, Carlos Martínez, la presidenta de honor de ATTAC Francia, Susan George, el diputado de IU Gaspar Llamazares, y el catedrático de Economía Juan Torres López.

Gaspar Llamazares invitó a ATTAC a presentar su propuesta de creación de una red de banca pública, que serviría para devolver al Estado algunas de sus prerrogativas perdidas tras la privatización o desaparición de entidades como Caja Postal (Argentaria) o el antiguo Banco Hipotecario, cuya existencia hubiera evitado la actual burbuja inmobiliaria, explicaron los miembros de ATTAC.

El diputado de IU recordó que las cajas de ahorros han utilizado ya 13.000 millones de euros de ayuda pública, instrumentada por el Gobierno a través del fondo FROB, en un proceso de concentración de cajas de ahorros que, auguró el portavoz de IU, conllevará pérdidas de empleo y cierre de sucursales. Según Llamazares, la reestructuración de las cajas persigue en realidad la privatización de estas entidades financieras a través del sistema de cuotas participativas que dará entrada al capital privado en las Cajas, con el beneplácito del Gobierno y de la CECA, la patronal del sector.

Propuesta de nacionalización de las cajas de ahorros

ATTAC alerta de que las fusiones de las cajas de ahorro son el paso previo a su privatización y de que se convertirán en el botín de la gran banca privada. En contra de ese proceso y las fusiones que están empezando a producirse, apela a la responsabilidad para “salvar” estas entidades.

ATTAC defiende la reconstrucción de una banca pública bajo criterios “éticos, sociales y participativos”, que conserve la presencia de los representantes políticos “legítimamente elegidos” pero que se guíe por “comportamientos radicalmente democráticos” y cuente con “contrapoderes” que eviten que se conviertan “en simples instrumentos partidistas”.

Pero este modelo no debe reproducir los viejos esquemas de la banca pública, sino basarse en una confederación de bancos públicos, en la que cada uno conserve su autonomía, pero que actúen como cómplices. Deben tomar como referencia la llamada banca ética, y trabajar “sin afán de lucro, de forma transparente”, con obra y responsabilidad social y comprometidos con financiación de la actividad productiva.

Además, ATTAC deja claro que esta nueva banca pública no tiene que considerarse competencia de la banca privada, que puede seguir existiendo pero con una regulación más estricta que impida, por ejemplo, que como ocurre ahora con las cajas de ahorro utilicen los paraísos fiscales para sus negocios.

Carlos Martínez alerta contra el desmantelamiento del Estado del Bienestar

En su intervención, el presidente de ATTAC España, Carlos Martínez, recordó que el proceso de reestructuración de las Cajas de Ahorros que tiene previsto concluir en junio dejará tan sólo unas 15 entidades, desde las cerca de 50 iniciales, en parte gracias al sistema institucional de protección o SIP, que supone, a su juicio, un instrumento para privatizar las entidades. Con la entrada de capital privado -mediante el sistema de cuotas participativas-, continuó, “la banca privada” logrará al final “el botín que tanto tiempo llevan deseando”.

Martínez declaró que su organización lleva diez años hablando de la “dictadura de los mercados y el casino económico del neoliberalismo”, conceptos que sólo ahora están calando entre la opinión pública y llamó a la “reconquista de la democracia en el terreno económico”. También reclamó a los Gobiernos que “por una vez tengan la valentía de gobernar para las personas”, aún siendo consciente de que esto no ocurrirá si la ciudadanía no lo exige.

Además, denunció que el Gobierno español “ha sido derrotado, sin combatir, por los mercados” y que, con su propuesta de reforma laboral, ha abierto “la batalla contra la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores” que estaba “en el programa oculto” del PP y en el ya conocido de la CEOE.

En este sentido, el presidente de ATTAC España instó a los sindicatos españoles a que sean “más valientes y sinceros” en su denuncia de lo que llamó “las grandes mentiras” en que se han convertido gran parte de las explicaciones actuales sobre la crisis económica, vertidas en buena parte por los ámbitos “neoliberales”, muy criticados por los organizadores del acto y a los que éstos atribuyen la intención de desmontar el Estado del Bienestar europeo.

Juan Torres López denuncia a la banca por la paralización de la economía y el crédito

Juan Torres, miembro del Consejo Científico de ATTAC, reprochó a los gobiernos, incluido el español, que impulsen “medidas económicas sin fundamento científico” desde planteamientos falsos como que el principal problema de la economía son las pensiones, el gasto público o el mercado de trabajo.

Aún asumiendo que puede haber dificultades en esos ámbitos, insistió en que todas ellas son el resultado de una crisis provocada por un sistema financiero “concebido para que la banca y especuladores ganen cada día más dinero” y que ha optado por “la paralización de la economía y el crédito” después de “desviar el ahorro a la especulación financiera”.

En este punto, acusó directamente al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por hacer una “gravísima e irresponsable dejación de sus funciones” y contribuir a un “auténtico latrocinio” al no velar por que se “restablezca el flujo de financiación” y convirtiéndose en “cómplice de la banca”.

“El gobernador del Banco de España es un activista más de la patronal y de los bancos privados, seguramente en la confianza de que, como algunos de sus antecesores, cuando acabe su mandato acabe colocado en alguno de los consejos de administración de la banca privada o en la patronal bancaria”, sentenció.

Susan George: los bancos nos pertenecen

Por último, la presidenta de honor de ATTAC Francia, Susan George, subrayó que la única manera de salir de la crisis es “forzar a los bancos a prestar dinero a las pymes” que, recordó, crean el 90 por ciento del empleo en Europa y llamó a la rebelión contra el desmantelamiento del Estado del bienestar que acabará haciendo de Europa un “parque temático” para los ricos del resto del mundo.

La escritora recordó que la banca ha recibido 14 billones de euros en ayudas públicas en todo el mundo, a finales de 2009. “Los bancos, en realidad, nos pertenecen”, concluyó, tras aportar estos datos. “No existirían si no fuera por ese apoyo ciudadano”, añadió, para reclamar a continuación que los ciudadanos tienen derecho a exigir algo a cambio de este dinero.

George criticó a las entidades financieras por cerrar el grifo del crédito a las empresas pequeñas y medianas que proporcionan el 90 por ciento del empleo en Europa, aseguró. A su juicio, tras ayudar a la banca, los ciudadanos están pagando otra vez la crisis. “Es una situación en la que los culpables quedan sin castigo y los inocentes lo reciben en su lugar”, resumió.

¿Qué se pretende con la reforma laboral?

Hay un consenso total entre los poderes financieros, la gran patronal y los economistas y políticos liberales que se transmite constantemente a los medios de comunicación sobre la necesidad de realizar una reforma del mercado laboral.

También lo hay sobre los contenidos que debería tener esa reforma. Básicamente, el abaratamiento del despido, la descentralización de la negociación colectiva, la flexibilización de los modos de contratación y ahora con menos énfasis, la disminución de costes laborales como los asociados a las cotizaciones sociales.

Sin embargo, es verdaderamente sorprendente que no haya coincidencia sobre los objetivos que pretende la reforma. Es como si un grupos de médicos se pusiera de acuerdo sobre la medicina que debería tomar un paciente pero cada uno de ellos dijera que así se iba a resolver una enfermedad distinta. ¿No nos haría eso sospechar de sus conocimientos o de sus intenciones?

La mayoría de quienes defienden la reforma suelen coincidir en que es imprescindible llevarla a cabo para hacer frente a la crisis y al desempleo tan preocupante que se produce en nuestra economía. Pero el acuerdo no va más allá.

Los economistas del Grupo de los 100 que forman parte de la autocalificada "elite" de la profesión, como hicieron el pasado miércoles en el informativo del programa 24 Horas de TVE Bentolila y Santos, afirman que dichas propuestas se realizan para crear empleo, tal y como ha afirmado también el propio presidente de gobierno. Pero hasta dirigentes de la patronal, personalidades tan expertas como Felipe González y otros economistas liberales más sinceros y rigurosos reconocen, por el contrario, que las refomas de este tipo no lo crean y que, si acaso, permitirán que el que se cree sea mejor cuando se empiece a generar.

Me parece que esas contradicciones no son fruto de la casualidad.

Lo que ocurre sencillamente es que las propuestas que se están haciendo de reforma laboral se basan en una serie de falsedades que de tanto oír se dan por buenas y en un abanico de prejuicios ideológicos que se difunden sin cesar para disimulan lo que de verdad se busca con la reforma laboral.

La primera falsedad es que la reforma laboral sea necesaria para hacer frente a la crisis y más concretamente para acabar con el paro que ésta ha provocado. Es falso porque el desempleo que hoy día se registra en nuestra economía no es el resultado de la legislación laboral, de los costes de despido imperantes (cuando se han perdido casi dos millones de puestos de trabajo sin mayores dificultades por parte de las empresas) o de las rigideces de la negociación colectiva. Es bastante evidente que se han perdido tantos puestos de trabajo como consecuencia de la crisis financiera que ha provocado la irresponsable actuación de la banca y que ha dejado sin financiación a miles de empresas, del estallido de la burbuja inmobiliaria, de la desconfianza empresarial que todo ello ha originado y, quizá como fenómeno añadido, de un incremento anómalo (aunque no por ello indeseable) de la población activa arrastrado por el propio crecimiento del empleo de años anteriores.

Por tanto, para hacer frente a la crisis lo necesario no es la reforma laboral, como se viene diciendo, sino dar soluciones a estos problemas que la originaron en última instancia y de los que apenas se habla, y mucho menos cuando de la banca y del aseguramiento de la financiación se trata.

Otra falsedad es la que deriva de afirmar que se podrá garantizar ahora o más tarde mayor volumen de empleo o de mejor calidad simplemente actuando sobre el mercado de trabajo. Se trata de una tesis liberal que la evidencia empírica ha demostrado en innumerables ocasiones que es falsa, o cuanto menos insuficiente, porque la creación de empleo no depende simplemente de las condiciones de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo sino de lo que pase en el mercado de bienes.

Lo que puede ofrecer una reforma como esta es lo mismo que produjeron las anteriores, en España y en todos los países en las que se han llevado a cabo: mano de obra más barata y más dócil, puestos de trabajo más precarios y mejores facilidades para obtener beneficios a costa de producir menos y peor, pero nunca un incremento en el nivel de empleo por sí misma. Lo que crea empleo general es la demanda global del conjunto de la economía y no la demanda de trabajo de cada empresa: por muy barato que sea el despido, o por muy buenas condiciones de negociación que tenga un empresario, o por muy atractivo que sea el modelo de contratación, los empresarios no contratarán empleo si no tienen expectativas de obtener beneficios y eso dependerá principalmente de su volumen de ventas, de las condiciones imperantes en el mercado y de su estructura general de costes que generalmente tiene más que ver con factores relativos al entorno general de la empresa que con el montante particular de sus costes laborales.

Es una falsedad también decir que se puede combatir la dualidad en el mercado de trabajo (un problema que efectivamente habría que resolver en nuestro mercado laboral) incorporando nuevas formas de contrato y concretamente un tipo único.

Es una falsedad porque se soslayan las razones que han dado lugar a esa dualidad y que fundamentalmente tienen que ver con el modelo productivo y de creación de actividad que han impuesto las grandes empresas con gran poder de mercado a las demás, y no con los modelos de contrato: la externalización abusiva, la subcontratación generalizada, el deterioro del empleos generado por las administraciones públicas como consecuencia de la escasez de gasto público para financiar la creación del capital social, la conversión en autónoma de buena parte de la población trabajadora asalariada…

También es falso y no cuenta con evidencia empírica que pueda justificarlo afirmar que se va a crear más empleo o de mejor calidad abaratando el despido o flexibilizando la contratación. Es justamente lo contrario lo que ha ocurrido después de las reformas anteriores (algo que los liberales reconocen pero que justifican diciendo que no fueron tan lejos como debieran). Lo que ha venido después de todas ellas ha sido el aumento de la temporalidad y de la rotación de los contratos (hasta 13 millones en el pasado año) y nunca aumentos en la calidad del empleo o incluso de su volumen con independencia de las condiciones generales de la economía.

Y tampoco es exactamente cierto decir que el mercado laboral español es rígido, o más que otros países de la Unión Europea, cuando hemos podido comprobar que las empresas han podido realizar ajustes de todo tipo y recurrir a prácticamente cualquier tipo de contrato en estos años y a despedir sin problema a la mano de obra que no podían asumir cuando la crisis bancaria ha destrozado la actividad económica. Como tampoco lo es que los salarios españoles sean excesivamente altos y limiten nuestra competitividad.

El problema del empleo en España no está en el mercado de trabajo. Está en el modelo de crecimiento, en el predominio de un tipo de actividad de bajo valor añadido y dependiente, en el tamaño tan reducido de las empresas como consecuencia del tipo de redes interempresas que han impuesto las grandes, en la escasez de capital social que pueda dinamizar la innovación y que permita competir por una vía diferente a la de abaratar la mano de obra, en la gran oligopolización de los mercados, en el excesivo poder político de la banca que le permite imponer condiciones favorables a sus beneficios pero letales para la creación de riqueza productiva, entre otros factores. Y el problema radica, sobre todo, en que los grandes capitales obtienen tantos beneficios en las épocas de crecimiento intensivo a base de este modelo que les compensa soportar las fases recesivas sin modificarlo porque no es sobre ellos sobre quien recaen sus costes e inconvenientes. Sobre todo cuando ocurre como ahora, que esas grandes empresas o los bancos que han acumulado cientos de miles de millones de beneficios en los últimos años gracias a este modo de actuar no tienen dificultades para imponer nuevas medidas que permitan reforzarlo para volver a las andadas.

En resumen, la reforma laboral que la gran patronal y la banca están reclamando al gobierno no responde a las causas que han provocado la crisis y el desempleo, no va a lograr crear más puestos de trabajo, no acabará con la dualidad entre empleos indefinidos y temporales, no elevará la productividad ni mejorará la competitividad de nuestras empresas, salvo las de aquellas que solo la buscan abaratando la mano de obra.

Su función no responden a las mentiras que nos cuentan. Como escribía Joaquín Estefanía recientemente es "la de señal o emblema de que en España se practica una política económica ortodoxa de gran austeridad" (El País, 6-6-2010). Y desde hace mucho tiempo sabemos que lo único que busca esa política no es otra cosa que crear mejores condiciones para que los poderosos ganen más dinero todavía.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo científico de ATTAC-España.

Fuente: Sistema Digital

La revancha de los mercados

Bien a nuestro pesar, la economía española está protagonizando como víctima propiciatoria lo que cabe llamar la segunda ronda de la crisis del crédito por la que atraviesa el capitalismo occidental. Según se dice, somos el nuevo enfermo de Europa, en la medida en que nuestra solvencia crediticia amenazaría ruina y nuestro gran tamaño determina que una posible quiebra española arrastraría al euro consigo. Todo lo cual ha desatado una epidemia de histeria colectiva tanto mediática (los blogs de la prensa color salmón rivalizan en escándalos con los de la prensa rosa) como financiera (las demás Bolsas se estremecen de volatilidad mientras la española se hunde en caída libre) y política (presas del pánico, los gobernantes conspiran en el Ecofin cayendo en la más estéril cacofonía). De modo que parece a punto de cumplirse la profecía de Niño Becerra, el economista que auguró el crash de 2010.

¿Qué está pasando? Una explicación plausible es entenderlo como una nueva fase en la guerra abierta entre los Estados y los mercados por el control del capitalismo crediticio actual. Como se sabe, la energía que mueve a la economía posindustrial es el flujo crediticio: un caudal que cuando se embalsa formando burbujas especulativas tiende a desbordarse anegando con sus deudas insolventes la economía real. Y así ha vuelto a ocurrir esta vez con la crisis del crédito a la que me referí antes, que ha cursado como un proceso en dos fases. En su primera ronda, iniciada en 2008 con la burbuja de las hipotecas subprime, la causante de la crisis fue la ingente deuda privada imposible de refinanciar. Y para remediarlo, los Tesoros públicos acudieron al rescate de los mercados privados: se proclamó el estado de excepción, se decretó la guerra contra la crisis, se nacionalizó la economía, se suspendieron las leyes de la oferta y la demanda, se avaló la deuda privada con la garantía pública del Estado y se inyectó liquidez ilimitada a tipo cero.

Así fue como se sentaron las bases de una burbuja de deuda pública que ahora acaba de estallarnos entre las manos. Es lo que está ocurriendo durante esta segunda ronda en la que todo sucede exactamente a la inversa que hace dos años. Ahora la deuda insolvente imposible de devolver o refinanciar ya no es la deuda privada sino la pública acumulada por los Tesoros estatales. Y quienes acuden a su rescate para refinanciarla son ahora los propios mercados privados, que suscriben los bonos de deuda pública emitidos por los Estados en crisis. Pero con una gran diferencia entre ambas rondas, y es que en la de hace dos años se avalaron las deudas privadas a interés cero para facilitar su más pronto rescate, mientras que en esta segunda ronda las deudas públicas se suscriben a precios de mercado. Es decir, a un tipo de interés tan elevado que en el caso español cabe calificar de usurario, lo que prolongará la duración de esta crisis de deuda hasta las calendas griegas. Todo ello de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda, que en esta segunda ronda, a diferencia de la anterior, no han sido suspendidas, sino confirmadas por el nuevo consenso de Washington, impuesto por los mercados.

¿Cómo explicar este giro estratégico? Muy sencillo: la balanza de poder entre mercados y Estados ha vuelto a invertir su signo, recuperando aquellos su predominio hegemónico sobre estos. Como dije, esta crisis crediticia es una batalla de poder entre Estados y mercados cuya primera ronda supuso la momentánea victoria de aquellos en el curso 2008-2009, mientras que esta segunda ronda está suponiendo la derrota de los Estados deudores a manos de sus mercados acreedores. Se recordará que hace solo dos años se decía que el neoliberalismo había muerto y que el Estado interventor keynesiano regresaba por sus fueros para controlar a los mercados y someterlos a su poder. Era la época en que los culpables de la crisis nos parecían los inversores privados (los bancos, los hedge funds, etcétera), mientras que los salvadores eran los poderes públicos: reguladores estatales, rescates keynesianos, etcétera.

Bien, pues solo fue un sueño que apenas duró un curso académico. Hoy se impone de nuevo el realismo crediticio y quien vuelve por sus fueros es el victorioso mercado acreedor, exigiendo leoninas condiciones al Estado deudor. Por eso, quienes hoy parecen ser los villanos de esta historia ya no son los mercados, sino los Gobiernos insolventes y deficitarios, especialmente si son PIGS. Y con ello retorna la ideología del ajuste presupuestario y la consolidación fiscal: el nuevo consenso de Washington que impone un voluble FMI, ayer generoso keynesiano, hoy estricto neoliberal. Pero las víctimas reales de ambas crisis crediticias son las mismas: los ciudadanos de a pie, que pagaron ayer con su desempleo masivo y hoy con el recorte de sueldos y la congelación de pensiones. Y sus beneficiarios reales también son los mismos: los inversores crediticios, que siempre salen ganando, pues se les rescata a interés cero cuando son deudores mientras se les enriquece con interés usurario cuando son acreedores. Un qui prodest? inequívoco.

Pero si todo esto es tan evidente, ¿cómo es que nadie cuestiona semejante estado de cosas, aceptándolo con fatalismo? Hay dos factores extraeconómicos, a su vez conectados entre sí, que lo explican bien. El primero es el tratamiento mediático de la crisis, que ha naturalizado un proceso tan desequilibrado e injusto haciéndolo parecer lógico y necesario. Y esto se ha hecho metiendo el miedo mediático en el cuerpo de la gente, a fin de paralizarla por el pánico dejándola inerme y dispuesta a dejar hacer y dejarse hacer. Es la histeria mediática a la que aludí al principio, inducida por la reiterada publicación de revelaciones financieras escandalosas (al estilo de La quiebra de Caja Sur amenaza al euro), y generadora de un clima artificial de catástrofe imposible de controlar que contagia con su gregario efecto-rebaño (herd effect) a todos por igual: tanto a los que toman decisiones incoherentes a tontas y a locas (caso de nuestros gobernantes, de Merkel a Zapatero, que ayer corrían a rescatar las deudas privadas y hoy corren a recortar gastos para saldar sus deudas públicas) como a los desarticulados ciudadanos que las sufren con estupor e impotencia, sin más signos de resistencia que la contraproducente crispación política y la estéril bronca sindical.

Y el otro factor es la discriminación crediticia pura y dura. La primera oración cristiana es el perdón de las deudas, pero solo se aplica de forma perversa, tal como reza la parábola de San Mateo: “A quien tiene más, se le dará. Y a quien no tiene, todo le será quitado”. Pues bien, con la crisis de la deuda sucede igual: a ciertos deudores privilegiados (los protestantes anglo-germanos) se les rescatan sus deudas a muy bajo tipo de interés, mientras que a los estigmatizados (por católicos y latinomediterráneos) se les exige refinanciarlas a tipo de interés usurario. Es lo que ocurre con los títulos de deuda pública, a los que se discrimina no por sus indicadores cuantitativos, sino por prejuicios descalificadores tan falaces como injustos, castigando al bono español en comparación al holandés o británico (según denunció en estas páginas Xavier Vidal-Folch): todo por ser un PIG en lugar de un WASP. Lo cual determina que en la zona euro estén resucitando las viejas monedas nacionales, ahora travestidas como títulos de cada tesoro estatal. Ahora bien, esta discriminación crediticia también está operada por la definición mediática de la realidad, pues son los medios informativos anglosajones, y no las agencias de calificación de riesgo, los que fabrican con sus juicios performativos estas percepciones estigmatizadoras del riesgo-país. Es de nuevo el efecto manada-mediática, pues si lo afirma el Financial Times, todos los demás medios lo reproducirán y amplificarán, incluidos los PIGS.

Enrique Gil Calvo – El País

Empecemos por romper los grandes bancos

Caminamos como sonámbulos hacia una crisis aun más honda. Ya es hora de pellizcarnos y de que nos embarquemos en reformas fundamentales

Es el año 2025, y termina la década de la desintoxicación. Se han rebajado drásticamente los déficits, los consumidores tienen dinero en el bolsillo, los precios de la vivienda se están disparando y los bancos obtienen beneficios récord. Se ignoran los cantos de sirena que avisan de que poco se ha hecho por enfrentarse a aquellas debilidades estructurales del sector financiero que casi provocaron una catástrofe en 2008. Sube de tono la tradicional invocación del “esta vez es distinto”. Salvo que no lo es. La euforia engendra la complacencia y estalla una crisis financiera, igualita a la de la primera década del siglo, sólo que mayor.

Este, desgraciadamente, es el futuro, a menos que quienes hacen política se den cuenta de que el problema más acuciante no son los préstamos públicos, el IVA o la Seguridad Social sino lo que piensan hacer con los bancos, que, pese a lo que los políticos digan, no es gran cosa. Hay cada vez más apoyo internacional al plan de Barack Obama de un impuesto a los bancos con el fin de proporcionar un seguro para el caso de una futura crisis. Y se trabaja actualmente a fin de aumentar la supervisión internacional y en nuevas reglas que garanticen un freno a los préstamos bancarios en periodos de auge.

Pero apenas si es suficiente. La verdadera reforma del sector financiero significa hacer preguntas fundamentales. ¿Plantea riesgos inherentes la actual estructura? ¿Están estafando los bancos a sus clientes? ¿Podríamos idear un sistema más sensato? Para las cuales la respuesta, en los tres casos, es que sí. Plantea riesgos inherentes tener bancos que son “demasiado grandes como para venirse abajo”, especialmente cuando saben que el Estado los rescatará cuando las cosas se pongan serias. Un sistema bancario que funcionara adecuadamente habría visto cómo los 200.000 millones de libras del dinero creado por el ajuste cuantitativo descendían en cascada para ir a parar a los negocios desesperados por obtener capital circulante, en vez de ser utilizado como fichas de casino para hacer subir los precios de los activos. Y sabemos que es posible concebir un sistema más sensato, porque se hizo en la década de 1930, la última vez en que los bancos dejaron todo hecho un absoluto estropicio.

En vez de limitarse a pequeños ajustes, los políticos deberían estar examinando tres cuestiones: el volumen y estructura de los bancos, la forma en que operan y el modo en que pagan impuestos. Las propuestas actuales no hacen nada por alterar la estructura del sistema bancario, sólo llevarán a cabo cambios modestos respecto a cómo funcionan y son una segunda opción deficiente en lo que respecta a que paguen impuestos de forma más justa.

El núcleo del problema es que los bancos son hoy demasiado grandes y demasiado complejos, un argumento esgrimido en una conferencia esta semana por Andrew Haldane, director de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra. Haldane afirmó que no había evidencia de que “más grande” signifique “mejor” en banca. Por el contrario, sostuvo: “El máximo de eficiencia en la escala de la banca podría ser relativamente modesto”.

Se trata de una conclusión importante, porque la defensa de los megabancos consiste en que pueden llevar a cabo cosas que bancos más pequeños no podrían, haciendo así que nos valga la pena aceptar los riesgos de instituciones “demasiado grandes para venirse abajo”. Hoy parece que las ventajas son ilusorias. Los costes potenciales, sin embargo, no lo son, y exceden con mucho las subvenciones directas de los contribuyentes a los bancos durante la crisis.

Cuando haya pasado la tempestad, la factura puede ascender acaso a 20.000 millones de libras, pero eso no es nada comparado con los costes económicos de más entidad de la recesión más larga y más profunda que ha sufrido Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial. La producción (output) es un 10% más baja de lo que habría sido de haber continuado el crecimiento a su ritmo normal, y eso asciende a 140.000 millones de libras.

La economía no se recobrará jamás de ciertas pérdidas, y esto aumenta substancialmente los costes a largo plazo. Los economistas han estimado cuánto le han costado los bancos a la economía global: asumiendo que la producción tiende a aumentar en un 3,25% y que el 25% de la producción nunca se recupera, las pérdidas del PIB serían de 60 billones de dólares. Para el Reino Unido, el coste es de 1,8 billones de libras, mayor que el actual rendimiento anual de la economía.

Se trata de un precio demasiado alto para soportarlo, ya sea por parte de los bancos o del contribuyente. Haldane señala que otras industrias han resuelto el problema del “demasiado grandes como para venirse abajo”. El sector informático solía ser una estructura enormemente concentrada dominada por IBM, mientras que ahora es una estructura modular fragmentada en la que no domina ninguna empresa de fabricación de hardware. El punto de partida de la reforma, por tanto, debería consistir en una fragmentación de los grandes bancos y una rehabilitación de la vieja división entre banca comercial y de inversión.

Esa medida garantizaría que los bancos operasen de manera distinta, volviéndoles más receptivos a las necesidades de sus clientes. Pero sería necesario garantizar que la inversión fuera allí donde más se necesita. Si los ministros quieren bajos tipos de interés y ajustes cuantitativos (inyectar dinero) para conseguir que se actualice la industria o capital de arranque para iniciativas empresariales verdes, puede que sea necesario que adopten un enfoque más práctico en esas instituciones en el que el gobierno es el accionista mayoritario. La alternativa consistiría en un banco de inversión del Estado.

Por último, nos queda la cuestión de las cargas fiscales. Obama quiere que los bancos financien el coste del próximo rescate, pero su plan es defectuoso. La existencia de ese fondo simplemente alentaría a los bancos a correr riesgos aun mayores, mientras que la tasa propuesta para los bancos no sería apenas lo bastante grande como para cubrir los costes económicos completos de una crisis. En el Reino Unido, recaudaría cerca de 1.000 millones anuales, algo minúsculo en comparación con los recortes del gasto que se van a necesitar durante los próximos dos parlamentos como consecuencia directa de la crisis financiera.

Una opción bastante mejor consistiría en un impuesto a las transacciones financieras, una de las opciones que actualmente considera el Fondo Monetario Internacional. Por desgracia, hasta aquellos países más interesados en el impuesto a las transacciones – Alemania y Francia – ejercen su influencia para respaldar el plan de Obama, basándose en que algo es mejor que nada.

Con ello queda ilustrado el reto al que se enfrentan los reformadores: los bancos dejan sentir su peso y los políticos son débiles. John Kay lo resume nítidamente en la edición de abril de la revista World Economy: “La industria de servicios financieros es hoy la fuerza más poderosa de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Por si acaso alguien lo dudaba, los últimos dos años lo han demostrado. El sector ha conseguido subvenciones y garantías de extraordinaria magnitud aportadas por el contribuyente sin condiciones substanciales para una reforma de consideración. Pero no se han encarado los problemas centrales que dieron lugar a la crisis, y mucho menos resuelto. Resulta por tanto inevitable que la crisis se vuelva a repetir”.

En realidad, no es inevitable otra crisis. Pero, tal como están las cosas, caminamos como sonámbulos hacia ella.

Larry Elliot – The Guardian

Traducción para www. sinpermiso.info: Lucas Antón.

Defendamos la democracia, apoyemos la huelga

Comunicado de ATTAC España secundando el llamamiento de los sindicatos

ATTAC España apoya la huelga del sector público convocada por los sindicatos el día 8 de junio. Ya hemos expresado nuestra firme oposición al “plan de ajuste” del Gobierno que, sumiso a la doctrina neoliberal que defienden la Unión Europea y el Fondo Monetario internacional, recorta el sueldo de los trabajadores y trabajadoras y la inversión pública cuando España se encuentra a la cola de los países de la UE en inversión en gasto social y en porcentaje de empleados en servicios públicos.

No hay razones científicas que justifiquen la reducción del gasto público, la reforma laboral que se prepara, la privatización de servicios o de las pensiones. Solo se busca privilegiar la capacidad de acción de las grandes empresas y de los mercados financieros. Buscan ganar más, como siempre, pero ahora necesitan hacerlo sin trabas políticas porque para incrementar sus beneficios van a tener que hacer cada vez más barbaridades y destrozar de modo más evidente la economía, el medio ambiente y la justicia social. Lo que está en juego no es solo una cuestión salarial, ni un recorte más o menos grande a los gastos de Estado. Lo que peligra es la democracia y la libertad.

La ciudadanía y los mercados financieros especulativos libramos una pugna que definirá quién mandará en el sistema económico, social y político que emergerá tras la crisis. Los Planes de Ajuste responden a una estrategia bien calculada de debilitar la acción pública y todo aquello que refuerza la capacidad de respuesta y defensa de los trabajadores y de la ciudadanía en general.

Planes de ajustes como el propuesto por el gobierno de España, que golpean a las clases trabajadoras para salvaguardar los beneficios de las grandes fortunas, de los ricos y de los especuladores, demuestran que las promesas de ‘reformar al capitalismo’ expresado en foros antidemocráticos como el G-20 durante las fases iniciales de la crisis eran solo burdas mentiras. Los mercados especulativos han conseguido imponer la voluntad de seguir con el ‘capitalismo de casino’ que nos ha llevado a la crisis, y cuyas consecuencias se quieren ahora que paguen las clases populares.

Los bancos están obteniendo beneficios multimillonarios con la especulación -basada en rumores que ellos mismos lanzan- o con la complicidad de algún Gobierno, como ha pasado con Hungría recientemente. Ahora disponen de una situación de privilegio frente a los gobiernos, porque éstos deben recurrir necesariamente a ellos para obtener recursos imponiéndoles condiciones políticas draconianas. Ese es el origen de los planes de ajuste que los gobiernos que han cedido a estos chantajes están aplicando y que van buscando, sobre todo, disminuir la capacidad de respuesta de la ciudadanía. Si de verdad se quisiera dinamizar la actividad económica y el empleo no se frenaría la demanda, ni se permitiría que el dinero de los bancos vaya a otro sitio que no sean las empresas y familias. Si verdaderamente se quisiera crear condiciones para cobrar la deuda en el futuro no se debilitaría la capacidad potencial de crecimiento de las economías.

Los bancos y los grandes especuladores no quieren que se cambien las condiciones de plena libertad en las que actúan en los mercados internacionales. Saben perfectamente que las crisis se van a hacer cada vez más reiteradas y fuertes y por eso tratan de evitar que haya vías de respuesta social. Lo que les podría incomodar en el futuro es que haya poderes representativos a través de los que la ciudadanía pudiera hacer frente y responder a lo que está por venir y que no es otra cosa que un continuo desorden financiero y una pérdida de estabilidad y de bienestar.

Nos esperan tiempos de más pobreza, más recortes sociales y más desafección de los ciudadanos a la democracia, del que sólo podrá salirse si se aúna un esfuerzo de organización y movilización social -no sólo en España sino en la zona euro primero, y mundial después-, una capacidad de elaborar propuestas y demandas colectivas, y una elaboración intelectual capaz de ofrecer respuestas a la amenaza de la dictadura incontestable de las estructuras económicas, sociales y políticas que sostienen al neoliberalismo.

ATTAC apoya la convocatoria de huelga de los sindicatos porque hay que desarmar a los mercados financieros especulativos para defender la democracia y el bienestar de las personas.

La problemática de los paraísos fiscales

Hoy en día, y especialmente desde la reciente crisis financiera, prácticamente todo el mundo ha oído hablar de los paraísos fiscales. Su nombre suele estar asociado a la corrupción o a la evasión fiscal, y normalmente son entendidos como instrumentos utilizados para bien ocultar ingresos procedentes de actividades ilegales o bien ocultar ingresos que siendo legales deberían haber sido declarados ante el Estado. Sin embargo, su extensión y trascendencia va mucho más allá de esta simple descripción. No en vano, y como veremos someramente, los paraísos fiscales también agravan las crisis financieras y contribuyen a su gestación, son un canal que agudiza las desigualdades y la pobreza, permiten y protegen la delincuencia financiera, y socavan las democracias al condicionar el comportamiento de los países en materia fiscal y de política económica.

En este documento vamos a esbozar algunas ideas que serán de utilidad para un primer acercamiento al fenómeno de los paraísos fiscales.

¿Qué son los paraísos fiscales?

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que no existe una definición precisa de lo que se entiende por paraíso fiscal. El fenómeno es de una complejidad tal que las instituciones internacionales que lo han estudiado (Fondo Monetario Internacional, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, etc.) no han llegado a ningún consenso acerca de lo que son realmente los paraísos fiscales. Una muestra de ello es la inmensa cantidad de formas que existen para hacer referencia a ellos: jurisdicción o enclave offshore, jurisdicción o enclave de baja tributación, enclave extraterritorial, oasis fiscal, tax havens (refugios de impuestos), centros extraterritoriales, etc.

No obstante, y para el propósito que aquí nos proponemos, hemos optado por quedarnos con la siguiente definición:

"[Son paraísos fiscales] todos los centros financieros que desarrollan una actividad desregulada, descontrolada y ajena a las regulaciones comunes a los demás países con los que se relacionan, por estar destinados de modo especial a las empresas o a los particulares no residentes, actividad incentivada por la escasa o nula tributación" (Hernández Vigueras, 2005)

Se trata pues de territorios cuyas regulaciones, fundamentalmente fiscales y financieras, son establecidas con el fin de atraer dinero procedente del exterior que no tendrá como destino la actividad productiva del país receptor¹. Hablamos entonces de paraísos fiscales sólo para extranjeros, ya que para los residentes las regulaciones suelen ser mucho más estrictas. Es la razón por la que se habla también de sistemas duales: un sistema de juego muy flexible y laxo para los extranjeros que convive con un sistema fuertemente regulado y supervisado para los residentes.

Los organismos internacionales establecen una serie de características que serían comunes a todos los paraísos fiscales, y a partir de las cuales elaboran sus listas negras. Como hemos dicho, todos los organismos difieren al considerar si algunos territorios son o no verdaderos paraísos fiscales precisamente por diferencias en el criterio de asignación. Así, mientras la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) considera que hay 40 paraísos fiscales², el Fondo Monetario Internacional (FMI) contabiliza 46, el Senado de Estados Unidos sólo 35, y la Tax Justice Network sube la cifra hasta 72.

Dicho esto, y teniendo presente que las características difieren en intensidad entre un paraíso fiscal y otro, vamos a ver algunas de las más importantes.

La primera de todas es su fiscalidad nula o reducida, que es utilizada para atraer el dinero. Hay que tener en cuenta que el dinero se mueve por el sistema financiero global (ver más adelante) buscando revalorizarse, es decir, aumentar de valor. Para las empresas, bancos y otros agentes que mueven ese dinero los impuestos son entendidos como un coste que reduce sus beneficios y, por lo tanto, su rentabilidad. La lógica de estos agentes será, en consecuencia, la de reducir sus cargas impositivas utilizando todo tipo de mecanismos y uno de ellos, el que aquí nos ocupa, es el uso de los paraísos fiscales.

Una segunda característica es la laxa normativa financiera. Es posible hacer prácticamente todo en el ámbito financiero de un paraíso fiscal: desde crear nuevas instituciones financieras (bancos o entidades para los bancos) en unos instantes y sin apenas requerimientos hasta constituir empresas enteras o holdings (conglomerados de empresas), pasando por el secreto bancario (la discreción y reserva profesional que tienen los bancos y sus empleados para no revelar el verdadero propietario de las cuentas o activos materiales).

Una tercera característica es la ya mencionada naturaleza de enclave, esto es, de territorio con un sistema regulatorio dual: diferente para residentes y para extranjeros. A las entidades que se establecen en los paraísos fiscales, especialmente si son entidades financieras, no se les aplica prácticamente ninguna regulación (cosa que sí ocurriría en caso de estar establecidas en el país de origen³). Por esta misma razón se suele dar una relación desproporcionada entre el nivel de actividad financiera y la economía real del territorio en cuestión. Un ejemplo significativo es el de la isla de Sark, que en el año 2005 tenía 575 habitantes, 15.000 empresas y 1 solo residente era director de 2.400 empresas.

Una cuarta característica es su condición de territorios con autogobierno suficiente para determinar su propia regulación en materia fiscal y económica, sin que ello signifique que tengan que tener la condición de países. A veces se entiende también que algunos territorios dentro de los propios Estados también pueden ser paraísos fiscales debido precisamente a esta capacidad.

Por otra parte, y debido a que los paraísos fiscales también compiten entre ellos, muchos de ellos se han especializado en algún tipo de servicio (especulación con títulos, registro de buques, etc.).

En todo caso, y merece la pena reseñarlo, toda la actividad económica en los paraísos fiscales es muy poco transparente. No existen datos precisos del movimiento real de dinero por dichos territorios, y de forma oficial sólo podemos contar con datos parciales y con estimaciones. Algunas estimaciones cuantifican en más de un tercio del PIB mundial el volumen de transacciones que pasan por los paraísos fiscales.

¿Quiénes y cómo utilizan los paraísos fiscales?

Fundamentalmente tres tipos de agentes diferentes: bancos, empresas multinacionales e individuos de grandes patrimonios. Si bien todos estos agentes se aprovechan de los paraísos fiscales en beneficio propio, sus fines concretos y sus mecanismos difieren de unos a otros.

Los bancos tienen un papel clave en las economías de nuestro tiempo. Tradicionalmente, y desde la existencia del capitalismo, los bancos han tenido un rol crucial como intermediarios financieros. El dinero que se depositaba en ellos (por ejemplo por los trabajadores) era prestado a empresas que lo necesitaban para llevar a cabo su actividad (por ejemplo para comprar maquinaria y pagar salarios). Los bancos ganaban porque prestaban más caro que lo que pagaban a los depósitos.

Sin embargo, hoy esa función ha perdido importancia, y los bancos destinan ese dinero no tanto a prestarlo a las empresas sino a invertir en los mercados financieros. Ese dinero se invierte en acciones, bonos, obligaciones, etc. para poder revalorizarlo, y la forma habitual de hacerlo es constituyendo fondos de inversión colectiva. Estos fondos no son más que "entidades" creadas por los bancos que recogen dinero de muchas fuentes (personas individuales, ahorro empresarial o incluso de otros fondos) y sumados se invierten en cualquier producto financiero (acciones, por ejemplo). Al cabo de un tiempo, cuando se han revalorizado, se devuelve a los propietarios últimos el nominal (el dinero invertido) más los intereses, quedándose el banco con una importante comisión. Tipos de fondos son los conocidos fondos de pensiones privados o los fondos de inversión a secas. Un tipo de fondo muy agresivo y nada regulado son los llamados fondos de cobertura o hedge funds, que se constituyen en su mayoría en paraísos fiscales para operar con facilidad, y su acción es muy perjudicial para la economía mundial. No obstante, lo que interesa ahora mismo es comprender que el dinero viaja, que se mueve continuamente buscando crecer, y lo hace lógicamente buscando minimizar costes y maximizar beneficios.

Por otra parte, por la importancia que tienen los bancos en nuestra economía (basta ver los recientes y millonarios rescates financieros), los bancos suelen estar sometidos a supervisión estatal. Se les imponen normas financieras que intentan mitigar su exposición al riesgo y su actividad perjudicial, algo que se consigue examinando los balances contables de los bancos. Sin embargo, los paraísos fiscales funcionan en este caso como válvulas de escape. Los bancos pueden crear sucursales, filiales o incluso otras entidades independientes en los paraísos fiscales para evitar estas regulaciones. Así, aunque en realidad el riesgo está asumido en última instancia por el banco matriz (el que está en el país que sí tiene regulación) puede disponer de un enorme entramado de otras empresas de su propiedad que están operando desde los paraísos fiscales y que están asumiendo riesgos imperceptibles para los reguladores. Cuando ocurre un evento como una quiebra en el paraíso fiscal o una crisis financiera generalizada los bancos tienen que asumir todas las pérdidas de sus entidades, trasladándose de forma inmediata a los países.

Finalmente baste decir que los requisitos de apalancamiento (endeudamiento sobre dinero original) no existen en los paraísos fiscales. Esto significa que cualquier empresa o fondo de inversión puede realizar operaciones no con su dinero sino con tanto dinero prestado como quiera. En caso de beneficio, la rentabilidad es mucho más alta, pero en caso de pérdida el problema es gravísimo y muy contagioso (los impagos se suceden unos a otros).

Las empresas multinacionales o transnacionales (ETN) son agentes que también utilizan los paraísos fiscales para sus actividades. Sabido es que las ETN fragmentan sus actividades buscando maximizar sus beneficios. Así, pueden tener sus oficinas administrativas en España, sus fábricas en Rumanía, sus servicios de teleasistencia en Argentina y su sede en algún paraíso fiscal. Se trata de minimizar costes en cada campo, allí donde la mano de obra es más barata, los costes medioambientales y los impuestos más bajos, o los requisitos legales sean menores.

El uso de los holdings o conglomerados empresariales es muy habitual. Se trata de entidades creadas para ser propietarias de un grupo de empresas independientes entre sí, y al estar registrado el holding en un paraíso fiscal tendrá que pagar menos impuestos y, en muchos casos, los dividendos e intereses cobrados estarán exentos.

Desde los paraísos fiscales las empresas o filiales de las ETN también podrán obtener financiación (dinero para llevar a cabo sus actividades) vía préstamos o emisión de títulos de forma mucho más barata. Veremos también el caso de Enron, que utilizó centenares de entidades registradas en paraísos fiscales para ocultar sus balances contables y sus cuentas amañadas.

Otro mecanismo utilizado es la transferencia de precios. Las ETN pueden manipular los precios de las mercancías de tal forma que a través de diversas combinaciones acaben pagando muy pocos impuestos. Como ejemplo tenemos el caso de las exportaciones. Una ETN en un país normal puede exportar a una filial en un paraíso fiscal unos productos a un bajo precio (bajo beneficio, lo que supone un bajo impuesto) para que luego la filial pueda venderlo mucho más caro (alto beneficio, sin impuesto por estar en paraíso fiscal); todo ello, por supuesto, sin que la mercancía se haya movido realmente de sitio.

En otros casos, que tendremos oportunidad de ver con detalle, las ETN registran una gran cantidad de empresas en paraísos fiscales para poder llevar a cabo actividades marítimas. Es el tema de las banderas de conveniencia: cada buque está registrado en un paraíso fiscal como una empresa en sí misma, con el objetivo de reducir riesgos. Pero además, entran en juego otros actores como el armador y el propietario de la carga, todos ellos siempre ocultos tras un entramado complejísimo de entidades registradas en paraísos fiscales. El caso del Prestige es sin duda representativo. El Prestige navegaba bajo pabellón de Las Bahamas, y era propiedad de una sociedad registrada en Liberia, que a su vez era propiedad de una familia griega. El armador o gestor del buque era una sociedad griega que había contratado una tripulación de trabajadores filipinos y rumanos y a un capitán griego. Y la carga era propiedad de una sociedad de Suiza que era a su vez propiedad de un holding (entramado de empresas) ruso que estaba registrado en Liechenstein.

Las personas de grandes patrimonios (High net worth individual) son aquellas que tienen activos líquidos (no propiedades, sino valores que se pueden transformar en dinero contante y sonante con facilidad) por valor superior al millón de dólares. Debido a la reducción de impuestos generalizada en el mundo desde los años setenta y, entre otras cosas, también a la existencia de los paraísos fiscales estas personas han incrementado sus fortunas de forma espectacular en los últimos decenios. Operan fundamentalmente en paraísos fiscales y a través de gestores que muchas veces son bancos (normalmente es la Banca Privada). Estas grandes sumas de dinero de estos individuos se canalizan a través de diversas formas (todo tipo de fondos) para revalorizarse, utilizando los paraísos fiscales de forma preferente.

Los paraísos fiscales, no en vano, sirven especialmente para la protección de todo tipo activos. A través de mecanismos como los fideicomisos (personas que detentan la propiedad de algo sólovirtualmente) las grandes fortunas pueden esquivar las regulaciones fiscales de sus propios países e incluso las leyes sobre herencia y sucesiones. La Banca Privada asesora a estas grandes fortunas creando unos complejos entramados de empresas y entidades que ocultan la propiedad de las mismas, evitando así las posibles inspecciones fiscales.

Hay muchos mecanismos a través de los cuales todo ello se puede conseguir, como veremos, pero algunos son tan sencillos como abrir cuentas anónimas o numeradas en paraísos fiscales y gastar el dinero de las mismas mediante tarjetas de crédito. Hoy en día existe libertad plena de movimientos financieros y es posible pagar con una tarjeta cualquiera en cualquier establecimiento (o sacar dinero de un cajero) y con cargo a una cuenta en un paraíso fiscal.

Existen también otras formas que se usan para evadir impuestos o hacer fraude fiscal. Son habituales en deportistas de élites que ubican su residencia en algún paraíso fiscal, pero también por otros profesionales (médicos, consultores, etc.). A veces, algunos de estos profesionales crean empresas en paraísos fiscales para que sean éstas las propietarias de sus activos (coches, casas, etc.) y las que sean contratadas para efectuar servicios (atención médica, por ejemplo), de forma que evitan así la tributación.

En definitiva...

Hablamos de la interrelación entre territorios (normales y paraísos fiscales) sometidos a regulaciones fiscales y económicas diferentes. Los paraísos fiscales se usarían como escenario para que determinados agentes (bancos, ETN, etc.) reduzcan costes y maximicen beneficios mediante distintos mecanismos que casi siempre sirven para evitar los impuestos a los que se les sometería en caso de actuar en territoriosnormales.

Esos mecanismos son siempre contratos de algún tipo o una combinación de ellos, como de forma general hemos visto más arriba. Y en esos contratos entran en juego productos financieros (acciones, bonos, derivados, etc.) que sirven al objetivo último de maximizar beneficios minimizando el pago de impuestos.

Las consecuencias son múltiples. Desde el incremento de la inestabilidad financiera y las criiss financieras, hasta los conocidos casos de corrupción y blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas, pasando por la agudización de la desigualdad y la pobreza.

El impacto que tiene la existencia de los paraísos fiscales va, no obstante, más allá también de los mecanismos que se utilizan en ellos, ya que su mera existencia es un elemento que presiona a los regímenes fiscales de los países desarrollados y los lleva a competir en condiciones de desigualdad. Así, los países ricos se ven presionados a reducir sus cargas impositivas para evitar en cierta medida la huída de dinero, provocando un incremento de la desigualdad (por el efecto redistributivo de los impuestos) y deteriorando los servicios públicos. Pero, además, un escenario como el actual donde, como dice Galeano, el dinero es más libre que la gente, las democracias se ven subordinadas a la actuación de los mercados. En este sentido, hay un ejemplo claro y sencillo: cómo han operado algunos fondos de inversión (residentes en paraísos fiscales) en el reciente ataque especulativo contra Grecia y España, que ha obligado a los gobiernos a llevar a cabo reformas radicales que merman gravemente el bienestar de sus poblaciones.

Alberto Garzón Espinosa. Economía Crítica

No es sólo la economía, es la democracia

Muchos critican algunas medidas que reclama Mariano Rajoy para reducir el gasto público, como reducir la subvención a los sindicatos, los gastos electorales o ministerios, porque son “el chocolate del loro”.

Pero son mucho más que eso. No las propone porque crea que de esa manera se va a reducir sustancialmente el déficit. Lo hace como parte de una estrategia bien calculada de debilitar la acción pública y todo aquello que refuerza la capacidad de respuesta y defensa de los trabajadores y de la ciudadanía en general.

Por eso centran también la reforma laboral en el debilitamiento de la negociación colectiva.

Ni siquiera buscan más beneficios, que podrían obtenerlos con más actividad y con mayor empleo, sino más poder.

Por eso lo que verdaderamente está en juego con la respuesta que los especuladores están logrando imponer a la crisis que ellos mismos han provocado es la democracia y la posibilidad de que los poderes representativos se enfrenten con garantías a los del mercado.

Los grandes financieros y los poderes económicos han conseguido vencer a los gobiernos y están logrando que éstos no solo no adopten ni una sola de las medidas reformadoras que habían previsto sino que, además, lleven a cabo programas de ajuste que, si no se frenan, van a suponer una nueva derrota histórica de las clases trabajadoras.

El procedimiento ha sido sibilino, casi diabólico. Los gobiernos tuvieron que dedicar billones de euros a salvar a los bancos para evitar que su quiebra hiciera saltar por los aires el sistema financiero internacional y a programas de apoyo a la actividad para que las economías no colapsaran. El resultado inevitable fue, o un incremento ingente de la creación de dinero en Estados Unidos y Reino Unido, o de la deuda pública.

Pero años atrás los bancos privados lograron establecer el criterio de que los bancos centrales no pueden financiar a los gobiernos. Era la manera de garantizarse para ellos el gran negocio de la deuda pública cuando se produjera y al mismo lograr que ésta fuera sustituida paulatinamente por la privada, mucho menos controlada y más rentable para la banca.

Así, cuando los gobiernos han incurrido en déficit para hacer frente a la crisis que los bancos provocaron resultaba que eran esos mismos bancos quienes podían financiarlos para que dispusieran de recursos suficientes.

Se ha generado un negocio redondo en lo financiero y en lo político.

Por un lado, los bancos privados han estado recibiendo dinero barato, al 1% más o menos, de los bancos centrales con el objetivo de que pudieran volver a financiar enseguida a las empresas y familias. Pero en lugar de ello, los bancos dedican ese dinero a suscribir la deuda de los gobiernos que se emite al 4 o 5% o a seguir especulando.

Y no solo eso. Buscando siempre ganar mucho más, los bancos y los grandes fondos especulativos enseguida comenzaron a manifestar que algunos gobiernos (contra los que se disponían a tomar posiciones especulativas) no iban a poder pagar la deuda, o incluso a lanzar rumores sin fundamento simplemente para hacer creer que su situación era mucho peor que la real. Y así obligaban a que subiera el interés al que los gobiernos debían emitir la deuda, alcanzado a veces, como en el caso griego, incluso el 10%.

De esa forma los bancos están obteniendo beneficios multimillonarios, pero no solo eso.

Puesto que ahora disponen de una situación de privilegio frente a los gobiernos, porque éstos deben recurrir necesariamente a ellos para obtener recursos, les pueden imponer condiciones políticas draconianas.

Ese es el origen de los planes de ajuste que los gobiernos que han cedido a estos chantajes están aplicando y que van buscando, sobre todo, disminuir la capacidad de respuesta de los trabajadores.

Si de verdad se quisiera dinamizar la actividad económica y el empleo no se frenaría la demanda, ni se permitiría que el dinero de los bancos vaya a otro sitio que no sean las empresas y familias. Si verdaderamente se quisiera crear condiciones para cobrar la deuda en el futuro no se debilitaría la capacidad potencial de crecimiento de las economías.

De hecho, si no fuera porque en realidad es dramático se podría calificar de cómico el modo de actuar de las agencias de rating que se usan para llevar a cabo esta extorsión a los gobiernos. Primero dicen que van a bajar la calificación si éstos no aplican el ajuste porque entonces “los mercados” no confiarán en su deuda pública y deberán emitirla más cara. Pero cuando aplican el ajuste, las mismas agencias, como ha pasado en España con Fitch, rebajan la calificación porque dicen que se reduce la expectativa de crecimiento….¡como consecuencia de la aplicación del ajuste!

Lo que hay detrás de todo ello está bastante claro por mucho que quieran disimularlo. Los bancos y los grandes especuladores no quieren que se cambie ni una coma de las condiciones de plena libertad en las que actúan en los mercados internacionales. Lo de imponer algún impuesto en algún lugar concreto es lo de menos. Lo importante es la libertad de movimientos y eso es lo que quieren mantener.

Pero saben perfectamente que en esas condiciones las crisis se van a hacer cada vez más reiteradas y fuertes y por eso tratan de evitar que haya vías de respuesta social. Lo que les podría incomodar en el futuro es que haya poderes representativos a través de los que la ciudadanía pudiera hacer frente y responder a lo que está por venir y que no es otra cosa que un continuo desorden financiero y una pérdida de estabilidad y de bienestar.

No nos engañemos. No hay razones de fondo, ni científicas ni siquiera para aumentar los beneficios empresariales que justifiquen la reducción del gasto público (que en su gran mayoría y directa o indirectamente termina yendo a las cuentas de las empresas), la reforma laboral que se prepara, la privatización de servicios o de las pensiones. Solo se busca privilegiar la capacidad de acción de las grandes empresas y de los financieros. Buscan ganar más, como siempre, pero ahora necesitan hacerlo sin trabas políticas porque para incrementar sus beneficios van a tener que hacer cada vez más barbaridades y destrozar de modo más evidente la economía, el medio ambiente y la justicia social.

Lo que está en juego, pues, no es solo una cuestión salarial, ni un tijeretazo más o menos grandes a los gastos de Estado. Lo que peligra es la democracia y la libertad.

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España

Artículo publicado en Tribuna Digital de los Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras.
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