Demasiados peligros para dejarlos seguir así

Los Bancos y entidades financieras que causaron la crisis han logrado salir de ella reforzados, sin que se hayan puesto en cuestión sus privilegios y con mucho más poder económico y financiero gracias a que los Gobiernos y los Bancos Centrales asumieron el principio de que eran demasiado grandes para caer.

Con ese criterio se han podido justificar las ayudas multimillonarias de todo tipo que se han puesto en sus manos a pesar de que así se ha dejado sin sancionar los comportamientos irresponsables, se incentiva que se vuelvan a dar y se hace a los grandes bancos más grandes aún, lo que hará que la próxima crisis que provoquen sea más dura y difícil de gobernar que esta.

Ni los gobiernos ni los Bancos Centrales ni los economistas liberales que imponen a la ciudadanía una constante disciplina en aras de lograr la eficiencia y, según dicen, la equidad (ahora nos indican que hay que reformar las pensiones para hacer que nuestro sistema sea “más justo”) no han tenido problema alguno para saltarse esos objetivos cuando se ha tratado de ayudar a la Banca.

Por el contrario, frente a los daños que han provocado los Bancos a miles de personas al actuar con ocultación, con manifiesta irresponsabilidad y mala fe, las autoridades, por regla general, son mucho más ajenas y despreocupadas.

Con el fin de aumentar de cualquier manera el volumen de deuda, que es el negocio que proporciona beneficio y poder a los Bancos, éstos han llevado a cabo en los últimos años una verdadera serie de tropelías ya bien conocidas que han sufrido principalmente los clientes más indefensos, de menor renta y con conocimientos e información sobre las prácticas bancarias. Los que, a diferencia de los Bancos, parece que son demasiado pobres como para salvarlos.

En los dos últimos años se ha empezado a comprobar que docenas de miles de personas y pequeñas y medianas empresas han sido sencilla y llanamente engañados por los Bancos que les ocultaban la letra pequeña de los contratos, que disimulaban los riesgos de los seguros que les vendían con otro nombre u ocultos en fórmulas incomprensibles y que, en suma, establecían condiciones leoninas en los préstamos o créditos que les ofrecían como si fueran un regalo de la providencia.

Las autoridades miraron entonces a otro lado y les dejaron hacer y ahora que cientos de miles de personas han perdido sus viviendas o se enfrentan a obligaciones de pago de las que nunca fueron advertidas, siguen disimulando y protegiendo a los privilegiados causantes de todos estos abusos.

Las organizaciones de defensa de los consumidores calculan que alrededor de 300.000 familias españolas han perdido su vivienda en los últimos tres años. Y no se puede alegar que se trata solo del efecto de una simple falta de pago. Detrás de ello hay, como acabo de señalar, condiciones leoninas, daciones fraudulentas, información oculta y tasaciones de viviendas hechas por una de las partes con manifiesta falta de veracidad y respeto a las condiciones del mercado que tanto pregonan los bancos y los liberales que callan ante todo esto.

El número de familias a las que se les han cortado el suministro de servicios básicos como la luz o el agua es incalculable, pero basta hablar con las organizaciones civiles que atienden estos problemas para comprobar que son también docenas de miles.

No es exagerado afirmar que solo los afectados por la estafa bancaria en torno a los “swaps”, los seguros aparentemente dirigidos para proteger a los prestatarios de las subidas de los tipos pueden ser en toda España alrededor de 100.000.

El sistema bancario español, el de más altos beneficios de Europa y el de costes de utilización para la clientela más elevados, es la fuente de un sin fin de irregularidades y de injusticias que pueden llevar a cabo con la mayor alevosía e impunidad. Es verdaderamente incomprensible que los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones y movimientos sociales no pongan en primer plano todo este tipo de conductas para evitar la transferencia ilegítima de renta de las personas y empresas a la Banca que llevan consigo.

No creo que haya otro país en el mundo en donde el pueblo tenga más defensores que en España pero, a pesar de ello, ninguno ha levantado su voz de una manera contundente frente a un problema que hubiera requerido su actuación mancomunada y radical pues se viene produciendo de forma alevosa, a plena luz del día y con consecuencias dramáticas, creo que se puede decir sin exagerar, para millones de personas y familias enteras.

Ni siquiera es posible confiar en España en que la administración de justicia haga honor a su nombre y ponga orden en todo ello, pues en docenas de sentencias ha resultado evidente que las atenciones de todo tipo que los bancos tienen con muchos magistrados y jueces no caen en saco rato.

Las prácticas bancarias dominantes, las que han dado lugar a la crisis y las que se siguen llevando a cabo, constituyen un mal social que hay que erradicar. A ningún otro tipo de ciudadanos se le permitiría hacer lo que hacen los bancos (y junto a ellos las grandes empresas de servicios).

Para ponerle coto al abuso bancario generalizado habría que reclamar firmemente de los poderes públicos que adoptaran algunas medidas urgentes e imprescindibles:

- Investigar con auténtica independencia las prácticas bancarias en España, concretando la naturaleza y efectos reales de cada una de ellas para depurar las responsabilidades de cada entidad.

- Extender esa investigación al comportamiento del Banco de España que, en lugar de haber impedido la opacidad, el abuso, las cláusulas leoninas y el engaño ha optado generalmente por el silencio o por la explícita complicidad con la Banca. No se puede entender que se haya llegado a producir un daño y un engaño tan extendido y tan rentable para la banca sin la colaboración de la máxima autoridad bancaria.

- Conocer con exactitud las personas que han sufrido malas prácticas bancarias y cuantificar el daño que les han producido para hacer que los bancos asuman las consecuencias el daño provocado.

- Revisar todos y cada uno de los procedimientos de desahucio o dación que se hayan producido, con especial atención a las condiciones de suscripción de los créditos y a las tasaciones realizadas.

- Promulgación de las normas y creación de los fondos necesarios para garantizar la devolución de las viviendas a las personas de renta baja que la hayan perdido por razones de disminución de ingresos y para evitar que esto se produzca en el futuro.

- Actuar en el mismo sentido respecto a las familias que no disponen de acceso a los servicios básicos por falta de pago como consecuencia de pérdidas imprevistas de ingresos.

- Creación de una jurisdicción especial para perseguir los abusos bancarios y promover ante las instituciones europeas el establecimiento de un código ético de inexcusable cumplimiento por parte de todas las entidades financieras.

El daño que ha generado el sistema bancario español en los últimos años y que se traduce ahora en auténticos dramas para cientos de miles de familias y en una losa pesada para el conjunto de la economía no es un asunto menor, ni siquiera algo que solo tenga que ver con la exigencia elemental de que cualquier persona o institución que lo produzca debe resarcirlo. La cuestión principal estriba en que el mantenimiento del poder tan desmesurado que tiene la Banca y los privilegios de los que goza para ganar dinero como y en la cantidad que quiera son verdadera y materialmente incompatibles con una sociedad democrática y segura.

Juan Torres López es catedrático de economía aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo científico de ATTAC-España. Economía de la Fundación Sistema

Fuente: Revista Sin Permiso

Los errores de los economistas

En un artículo reciente, Vicenç Navarro criticaba a los economistas que forman parte del grupo de los 100, entre otras cosas por no haber sido ninguno de ellos capaz de predecir la crisis. Con ser esto grave, y que ha afectado a la mayor parte de la profesión en todo el mundo, lo más preocupante es que casi ninguno de ellos tampoco ha explicado de una forma convincente las causas y la evolución de la crisis. Da la impresión de que no se han enterado y siguen sin enterarse de lo que realmente ha pasado y sigue pasando. Los remedios que dan, por tanto, para resolver los problemas son equivocados, al confundir los efectos con las causas, y tratar de poner la carreta antes que los bueyes. Sin un buen diagnóstico resulta prácticamente imposible acertar con los remedios.

La escasa capacidad que la mayoría de los economistas académicos ha mostrado para predecir la crisis es el objeto principal del libro que acaba de publicar Roberto Petrini “Proceso a los economistas”. En él se recoge, al igual que en el muy recomendable libro de Juan Tugores “Crisis: lecciones aprendidas…o no”, la anécdota que se ha hecho famosa acerca de la pregunta que hizo la Reina del Reino Unido en su visita en noviembre de 2008 a la London School of Economics, con motivo de la inauguración del nuevo auditorio. La Reina Isabel preguntó por qué ninguno de los grandes economistas allí reunidos había sido capaz de detectar a tiempo la gran crisis financiera que se venía encima. No obtuvo respuesta. Al parecer, sólo el español Garicano, director de uno de los departamentos, pudo apenas balbucear algún intento a modo de contestación.

Posteriormente, hubo una carta de respuesta formal, en la que se culpaba a los “magos de las finanzas” y en la que se ofrecían tibias explicaciones y excusas referidas a “un fracaso de la imaginación colectiva de mucha gente brillante”. El hecho sucedido, así como la carta, fueron objeto de comentario en la prensa británica. La argumentación, desde luego, no podía ser más débil, lo que motivó que un conjunto de economistas, que cuentan con un alto reconocimiento académico, capitaneados por Geoffrey Hodgson, expusiera otras razones. La más importante, atribuía el despiste de la mayoría de los economistas respecto a la crisis a que la economía, como ciencia, se hubiera convertida en los últimos tiempos en una rama de las matemáticas, lo que la había alejado del estudio de los problemas reales.

Hay, por tanto, economistas brillantes que, bien por el objeto de su estudio, muchas veces bastante irrelevante y sin aplicación al mundo real, o bien por la metodología que utilizan, excesivamente abstracta y formal, son incapaces de explicar lo que realmente sucede en el mundo. Todo lo que está pasando debe servir para cambiar las enseñanzas de la economía actual. No es que se descarte, por mi parte, la enseñanza de las matemáticas, sino al contrario. Considero que los economistas deben tener una buena formación matemática, estadística y econométrica, pero estos conocimientos deben ser medios e instrumentos y no fines. La formación en teoría económica es la base en la que se sustenta el conocimiento sólido de los economistas, pero no olvidemos que no solamente existe la teoría neoclásica, hay otros enfoques que, en muchas ocasiones, son alternativos. El estudio de la historia económica y del pensamiento, así como de las instituciones y la estructura económica resultan fundamentales para el conocimiento de la realidad concreta y material.

Precisamente, algunos economistas que se han acercado con un buen instrumental teórico a la realidad, son los que han sido capaces de predecir lo que se avecinaba. Aunque se ignore, sí hubo quien pronosticó lo que se venía encima.

He mencionado en otras ocasiones a economistas que de algún modo advirtieron de los peligros en los que la economía se encontraba, como consecuencia de la primacía de las finanzas, la desregulación, las desigualdades existentes, y las burbujas especulativas. Pero resulta muy ilustrativa la información que proporciona el artículo que escribe en “Sin Permiso”, revista digital, Amaranta Süs, pues hace referencia a la concesión del Premio Revere a los diez economistas que predijeron la crisis. Para ello han votado 2.500 economistas de todo el mundo para elegir a quién consideran el científico que primero y con mejores argumentos advirtió al mundo del colapso financiero. Cada votante disponía de tres votos y se emitieron un total de 5.062. Este premio se ha concedido en honor de Paul Revere y de su famosa travesía nocturna para alertar a los norteamericanos de la proximidad del ejército colonial británico. Se trata, por tanto, de saber si hoy como ayer alguien advirtió de la proximidad del peligro. Sí los hubo, pero no se les hizo caso.

El más votado resultó ser el economista matemático de formación marxista, pero que utiliza el modelo de Minsky, Steve Keen (Universidad de Sydney), que recibió 1.152 votos, el doble que el segundo, Nouriel Roubini (Universidad de Nueva York). En la lista se encuentran economistas bien conocidos en España, como Joseph Stiglitz, en cuarto lugar, Paul Krugman, en séptimo, y Soros, el décimo. También, aunque, menos conocido, Robert Shiller, en sexto lugar, que tiene un libro fundamental para entender las claves que originan la crisis, como es “El estallido de la burbuja”. Para el que se encuentre interesado en leer artículos del primer clasificado los puede encontrar en “Sin Permiso”. Siete de los diez clasificados se han citado periódicamente en esta revista digital.

En suma, no todos los economistas se encuentran tan despistados ante la crisis, y lo que hay que hacer es leer precisamente a aquellos que la historia les ha dado la razón. Una vez más todo esto pone de manifiesto la urgencia de cambiar los planes de estudio de las facultades de economía, en la línea que hemos señalado. Estudiar a su vez a economistas como al poskeynesiano Minsky, que está triunfando después de muerto, y cuando se encontraba desaparecido en la bibliografía de los colegas economistas, ahora revive y es una de los más citados en la literatura que aborda la crisis.

Carlos Berzosa – Consejo Científico de ATTAC España

Artículo publicado por Sistema Digital

Tres cánceres de la economía contra los ciudadanos

(CCS).- Según Transparency International, la corrupción amenaza gravemente la recuperación económica. Y la mayoría de los 180 países analizados en el último informe sobre corrupción en el mundo de esta organización suspenden. Los más corrompidos son casi siempre los más empobrecidos, pero también hay países ricos, con bajos índices de corrupción en casa, pero no así cuando sus empresas actúan en otros Estados. Ahí sobornan a placer.

Corrupción es soborno a funcionarios o políticos que influyen en la adquisición de bienes y servicios para el Estado; es apropiación de fondos públicos por funcionarios o políticos; es desvío de capital público a cuentas propias; es manipular o cambiar datos e informaciones para participar en concursos públicos en beneficio propio; es distribuir arbitraria e injustamente beneficios legítimos…

Contra la idea generalizada de que la corrupción es propia de países empobrecidos o emergentes, los multimillonarios trapicheos y latrocinios varios de Eurostat, Enron, World Com y otros tantos hace pocos años, más muchos más hace poco en Estados Unidos y Europa, convierten la corrupción en una pandemia de países desarrollados, aunque no lo reflejen las listas de Transparency Internacional.

Otro cáncer de la economía es el fraude fiscal. En Alemania, en 2008 se descubrió que buena parte de la clase empresarial llevaba años defraudando a Hacienda miles de millones de euros anuales. Miles de millones. Lo hacían por medio del banco LGT de Liechtenstein, propiedad de la familia real de ese principado de opereta. Sólo es un ejemplo entre miles. Pero cada año, América Latina, por ejemplo, pierde unos 50.000 millones de dólares por evasión de impuestos de empresas transnacionales que operan en esa región. Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa de la organización internacional Attac, los países más pobres dejan de ingresar unos 200.000 millones de dólares anuales por fraude fiscal. Esos millones defraudados se guardan en paraísos fiscales: el tercer cáncer.

En febrero del año pasado, el G20 prometió erradicar los paraísos fiscales. La canciller alemana Merkel anunció que habría una lista negra de paraísos fiscales que no colaboraran y el presidente francés Sarkozy amenazó con sanciones a esos centros. No pasó nada. En cambio, hace medio año, el G-20 proclamó que los paraísos fiscales no serán considerados tales si firman convenios para aportar información tributaria, pero sólo si algún Estado la pide. Y además los paraísos fiscales son los segundos clientes de la Eurozona, los Estados europeos con el euro como moneda. No sólo no sanciona, sino que Europa hace negocios con los cómplices de la evasión fiscal que le resta ingresos.

Hay 38 paraísos fiscales según la OCDE y, entre ellos destacan Gibraltar, Andorra, Mónaco, Liechtenstein y las islas de May y Yérsey en el Canal de la Mancha. En la vieja Europa. Por tanto, lo que se diga contra paraísos fiscales es falso mientras los haya en Europa. Mientras haya secreto bancario. Mientras no se arrincone a los paraísos para que dejen de ser la cueva de Ali Baba de la economía mundial.

Lo único que se puede hacer con los paraísos fiscales es deshacerlos. ¿Imaginan que un médico propusiera tratar un cáncer no haciendo nada? Pues eso proponen Europa y el G20 hacer con los paraísos. Nada.

Declaraciones contra los paraísos fiscales que no vayan acompañadas de medidas contra determinadas prácticas, conductas y actuaciones bancarias y financieras son humo. Es necesaria más información sobre lo que hace la banca en los paraísos. Hay que prohibir las filiales y delegaciones de bancos, cajas de ahorro y grupos empresariales en los paraísos. También hay que poner coto a las sociedades instrumentales que hacen posibles numerosos delitos porque son territorio de paso de miles de millones de dólares de la corrupción, de la evasión fiscal y del blanqueo de dinero criminal o terrorista… Y hay que negar personalidad jurídica a esas sociedades pantalla de paraísos fiscales e impedirles intervenir en el comercio y el movimiento financiero internacionales. Eso son medidas contra los paraísos fiscales; lo demás son cánticos de sirena.

Cuando veamos que G20, Unión Europea, FMI y entidades similares van a por ellos, entonces creeremos que quieren superar la crisis. Y no harían falta programas de recortes.

Xavier Caño Tamayo – Bolpress

Un plan perverso

El Fondo Monetario Internacional, tras la bancarrota de Lehman Brothers, recomendó gastar; luego, cortar el gasto como sea. Y ahora agita el espantajo de la deuda pública como amenaza. Estados Unidos aprueba nuevos planes de estímulo, mientras la neoliberal Comisión Europea se emperra en controlar neuróticamente el déficit... ¿Saben qué hacen unos y otros? Mientras tanto, los alegres chicos de Wall Street se embolsarán este año 144.000 millones de dólares, 4% más que en 2009. Para ésos pocos no hay crisis.

Al otro lado del charco, el gobierno del Reino Unido pretende reducir drásticamente las personas que reciben pensiones por incapacidad. Enfermos de esclerosis múltiple y personas con trastornos mentales tendrán que buscar empleo, porque verán reducido su ya modesto subsidio o lo perderán. El gobierno conservador quiere eliminar 500.000 personas receptoras de ayuda por incapacidad permanente o temporal. El ministro de Trabajo, Ian Duncan Smith dice que los subsidios crean dependencia y “dejan a la gente sin dignidad”.

¿De qué habla ese tipo? ¿Por qué no prueba él a vivir con una esclerosis múltiple y sin posibilidad de empleo? Entérese, señor Smith, hablamos de derechos, no de sus trampas neoliberales. Pero, como escribe Juan Torres, los gobiernos y grandes organismos internacionales nos engañan. Han convertido la crisis en una gran excusa, mientras simulan que se enfrentan a ella. Sólo simulan. No ponen coto a la orgía especulativa y dejan que la banca haga lo que quiera. Como incumplir reiteradamente su papel de financiar a empresas y consumidores. Como no dejar de especular como si el planeta fuera el Monopoly.

Dicen relanzar la economía y apostar por crear empleo, pero limitan el gasto, recortan derechos e imponen austeridades que impiden el crecimiento. Y pasan de puntillas sobre las inmensas fortunas de los poderosos. Para no molestar. Y los enormes gastos militares, ni rozarlos. La organización solidaria Setem denuncia que la banca cómplice de evadir impuestos contribuye a aumentar la pobreza.

El informe “Close to the gap”, elaborado por Red Internacional BankTrack , demuestra que los países empobrecidos y emergentes pierden anualmente 160.000 millones de dólares por evasión fiscal.

Los bancos continúan inventando estratagemas para que sus clientes (y ellos mismos) no paguen impuestos utilizando paraísos fiscales. Esa es la prueba del algodón de la voluntad verdadera de enfrentarse a la crisis: los paraísos fiscales.

El genial caricaturista El Roto lo ha clavado en una ilustración inspirada en el microcuento de Monterroso: Una isla con montones de fajos de billetes sobre su superficie y la leyenda: “Cuando despertaron de las falsas promesas de regeneración financiera, los paraísos fiscales seguían allí”. Es la clave. Y G20, Unión Europea, FMI, OCDE... no han hecho nada para cambiar la situación y actuación de los paraísos fiscales... Nada.

Los presuntos responsables de afrontar la crisis ni siquiera se plantean hacer algo contra esos paraísos. Para quien no recuerde, paraísos fiscales significan legalización del fraude fiscal, evasión de impuestos, blanqueo de dinero negro, refugio de dinero de criminales narcotraficantes, de fondos de terroristas y de fortunas del crimen organizado... Y no es una hipérbole. Ante este panorama de desconcierto, pusilanimidad y cobardía de gobiernos y organizaciones internacionales, volvamos a la pregunta: ¿saben lo que hacen? Nos tememos que sí. Pero no precisamente resolver la crisis, sino sacarle partido.

Michael Hudson, ex economista en Wall Street y profesor de University of Missouri nos cuenta su terrible conclusión: “Utilizan la crisis y la prohibición de que los bancos centrales financien los déficits públicos para penalizar y llevar a la quiebra a los gobiernos, si se niegan a rebajar los salarios. Los planificadores neoliberales pretenden que salarios más bajos en el sector público supondrán salarios más bajos en el sector privado.

El objetivo es rebajar los salarios un 30% o más, para disponer de excedente y pagar la deuda, dicen. Falso. Es un proyecto perverso para aguar las reformas democrático-sociales del siglo pasado en Europa. Los gobiernos aún han de imponer más carga fiscal al empleo y al comercio, recortar pensiones y otros gastos públicos. Europa puede caer bajo una dominación neoliberal totalitaria. Contra eso son las huelgas y las manifestaciones. La lucha de clases ha regresado a Europa”.

Xavier Caño Tamayo, Periodista y escritor

Fuente: La Vanguardia

Los errores del manifiesto neoliberal sobre las pensiones de los cien economistas

Hace unos días, los mismos cien economistas que hace unos meses absorbieron la atención de los medios con sus propuestas de abaratar el coste del despido en España, han hecho otra propuesta que, reflejando la misma sensibilidad neoliberal, afectará también de una manera muy notable –empeorándola- la calidad de vida de las clases populares y, muy en especial, de los pensionistas. Bajo el argumento (que mostraré en este artículo que está equivocado) de que el sistema de pensiones públicas en España no es viable, sugieren que éstas se reduzcan, criticando al gobierno socialista por ser excesivamente moderado y cauteloso en sus recientes propuestas de reformas. Y como era de esperar, los medios escritos y orales (radio y televisión, incluidos los públicos) de mayor difusión del país (la mayoría también de persuasión neoliberal) se han movilizado ofreciéndoles todo tipo de cajas de resonancia, negadas, por cierto, a los autores con mentalidad más crítica y rigurosa que cuestionan tal sabiduría convencional neoliberal.

La mayoría de los argumentos presentados por estos economistas no son nuevos. Todo lo contrario, son la última versión de una larga lista de informes y propuestas financiadas por la banca y las cajas de ahorro y las compañías de seguros, que han ido repitiendo machaconamente la inviabilidad del sistema de pensiones públicas, anunciando su colapso para determinada fecha, que se ha ido retrasando a medida que el “predecible” colapso no se ha materializado. No es, pues, un mensaje nuevo el proveído por estos economistas, muchos de ellos con documentadas conexiones con estos grupos de presión, y muy en particular, con FEDEA, el centro intelectual del capital financiero del país, mayor motor del manifiesto . No estoy indicando con ello que cada uno de estos economistas sean portavoces de tales intereses (aunque muchos de ellos sí que lo son). Pero sí que es verdad que la mayoría –sino todos- están imbuidos de la sabiduría convencional del pensamiento económico neoliberal español que ha estado muy influenciado por la banca. De la misma manera que la industria farmacéutica influencia, en gran manera (a través de revistas, congresos, fundaciones y otras intervenciones financiadas por tal industria), a la cultura médica en nuestro país, la banca, cajas y compañías de seguros influencian a la cultura económica. La mayoría de revistas económicas y gran número de centros de investigación económicos., como FEDEA, están financiados por la banca y cajas de ahorro, que promueven el pensamiento neoliberal dentro de la comunidad económica, de manera que se ha convertido en la sabiduría convencional de la cual tales economistas son portavoces. Basta ver la discusión sobre la crisis y sus soluciones que aparece en las páginas económicas de los mayores rotativos del país o de la prensa económica, para ver la veracidad de tal observación. Los mismos economistas que fueron incapaces de predecir la crisis (ninguno de los 100 firmantes predijo la crisis financiera que hemos estado sufriendo) ahora están pontificando en cómo resolverla. Y en este proyecto, claramente propagandístico repiten una y otra vez sus argumentos, muchos de ellos de escasa o nula credibilidad científica.

¿Dónde está el problema?

Uno de los argumentos repetidos ad nauseum es que el número de trabajadores cotizantes por pensionista irá descendiendo haciendo inviable el sistema. Veamos dónde está el error de esta tesis. Y para ello, vayamos a una actividad económica, la agricultura, que ilustra donde se encuentra aquel error. Hace cincuenta años, el 30% de la población activa en España trabajaba en la agricultura alimentando a toda la población española. Hoy sólo el 3% trabaja en la agricultura y, como consecuencia del enorme aumento de la productividad, los trabajadores agrícolas producen más alimentos que hace cincuenta años, de manera tal que el estado incluso les subvenciona para que no produzcan más. En vista de esta situación, es fácil ver lo absurdo que hubiera sido si hace cincuenta años algunos economistas hubieran alarmado a la población, indicando que la predecible bajada del número de trabajadores en el campo significaría que dentro de cincuenta años no habría suficientes trabajadores agrícolas para alimentar a la población y, como resultado, la gente moriría de hambre. El enorme fallo de aquellos argumentos alarmistas es que sus proponentes olvidaron el crecimiento de la productividad y el impacto que tal crecimiento tendría en la producción del alimento por trabajador. Hoy un trabajador agrícola hace lo que hacían diez trabajadores hace cincuenta años. Y es probable que en cincuenta años, a partir de ahora, se produzca al menos diez veces más, pues el crecimiento de productividad históricamente ha sido muy acentuado.

Saque el lector ahora el nombre de alimentos y ponga pensiones. Y verá lo absurdo que es el argumento que se utiliza constantemente de que las pensiones son insostenibles porque dentro de cincuenta años tendremos sólo un trabajador cotizante que pague la pensión de un jubilado, cuando hoy se necesitan tres. Se dice que, puesto que ahora se necesitan tres trabajadores por pensionista, al incrementar el número de pensionistas, dentro de cincuenta años tendremos sólo un trabajador por pensionista, lo cual es insostenible, ignorando que en 2060, consecuencia del incremento de la productividad, un trabajador podrá sostener a un pensionista (e incluso a más de uno).

Otro dato alarmista que utilizan los economistas neoliberales, que antes lo habían utilizado el Banco de España y la Comisión Europea, es el cálculo de que dentro de cincuenta años España se gastará en pensiones el 15% del PIB, casi el doble de lo que se gastó en 2007, el 8% del PIB. De estas cifras se concluye que el país no puede sostener tal crecimiento del gasto, pues reduciría considerablemente los recursos para los no pensionistas. De nuevo, tal alarma es injustificada, pues también ignora el impacto del crecimiento de la productividad en el PIB. Veamos los datos. Suponga el lector que la productividad creciera un 1,5% por año, una cifra razonable. Es el promedio de crecimiento de la productividad en España de los últimos cincuenta años. Ello implica que si el PIB de España fuera 100 ahora, en el año 2060, el PIB habría crecido 2,25 veces, siendo 225. Pues bien, si en el año 2007 nos gastamos el 8% del PIB en pensiones (es decir, 8 de 100), según aquellas predicciones alarmistas en el año 2060 nos gastaremos el 15% del PIB en pensiones (sobre 225 unidades significa 33 unidades). Pero fíjense que ello quiere decir que en el 2007 nos quedaban 100-8= 92 unidades para los no pensionistas, mientras que en el 2060 quedarán para los no pensionistas una cifra incluso mucho mayor 225-33=192, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB en pensiones sea entonces mucho más elevado (15%) que en el 2008 (8%). De ahí que las alarmas que constantemente se dan al hecho de que el porcentaje del PIB en las pensiones se pueda doblar dentro de cincuenta años, no tiene ninguna base para preocuparnos. En realidad, hace cincuenta años, España se gastaba en pensiones el 3%. Y ya entonces había economistas que decían que el sistema de pensiones públicas era insostenible, y que a la larga el sistema colapsaría. Pues bien, ahora se gasta más del doble (8%) y no hay ninguna crisis, y la Seguridad Social tiene un superávit. No hay, pues, un problema de viabilidad de las pensiones públicas. Sí lo hay, por cierto, en las pensiones privadas. De ahí la masiva movilización de la Banca, dirigida por su Gobernador, el Sr. Miguel Angel Fernández Ordóñez, cuestionando la sostenibilidad de las pensiones públicas.

Las necesarias reformas

El hecho de que no tenga problemas estructurales de viabilidad no quiere decir que no tuvieran que hacerse reformas en el sistema público, pero en sentido opuesto al propuesto por el manifiesto neoliberal. Las pensiones son demasiado bajas en España, consecuencia, en parte, de que los salarios son demasiado bajos. Las cifras que la OCDE (institución también de clara sensibilidad neoliberal) muestra de que las pensiones en España son muy elevadas, alcanzando el 80% del salario real, está basado en una serie de supuestos altamente cuestionables. Se utilizan promedios irreales. Por ejemplo, calcula esta elevada cifra en base a 40 años ininterrumpidos de trabajo (en España es mucho menor) y confunde salario con base de cotización (el segundo es mucho más bajo que el primero). En realidad, cifras más creíbles como las publicadas por Eurostat, muestran que la pensión contributiva media es de las más bajas (con menor capacidad sustitutoria) de la UE-15. Y no hablemos de las pensiones no contributivas, que son escandalosamente bajas.

De ahí que hay que hacer reformas. Lo que debería hacerse, además de asegurarse que la productividad continúe aumentando, es facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo y evitar la discriminación salarial en contra de las mujeres, pagándoles igual que a los hombres, asegurándose, por cierto, que ello no se consiga bajando los salarios de los hombres. Si el porcentaje de mujeres que están en el mercado de trabajo fuera en España el mismo que en Suecia, habría 3 millones más de trabajadoras, creando riqueza, aumentando los impuestos y las cotizaciones sociales. Ello nos permitiría, no sólo mantener la Seguridad Social (cuya viabilidad, repito, no está amenazada), sino mejorar notablemente las pensiones. De ahí que facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo a base de establecer una extensa red de escuelas de infancia (que no sólo guarde, sino que eduque a los infantes, de cuyo desarrollo educativo dependerá más tarde el crecimiento de la productividad y el sostenimiento de las pensiones) y servicios domiciliarios de ayuda a las familias con personas dependientes sea muy importante para expandir las pensiones. Estas son alternativas raramente consideradas en los discursos innecesariamente alarmistas.

Pero además de estas medidas hacen falta varias reformas rápidas e inmediatas .Y una de ellas es eliminar el tope del salario, por encima del cual no se cotiza a la Seguridad Social. Es escandaloso que el Sr. Botín, el mayor banquero del país, cotice a la Seguridad Social una cantidad semejante a la de un trabajador cualificado en su banca, que ingresa 500 veces menos que él. El sistema de cotizaciones debiera ser progresivo y no ser regresivo como ahora. Y la otra medida es cambiar 180º las políticas de austeridad (de gasto público y de crédito) que están llevando el país a la ruina. El estado debiera seguir políticas expansivas de gasto público para crear empleo (pagando tal expansión del gasto público con la anulación de los recortes fiscales que produjeron el déficit estructural del estado) y obligando a la banca a que provea crédito, estableciendo a la vez un sistema público bancario mediante la conversión de las cajas en bancas públicas (de nuevo, unas intervenciones opuestas a las que está realizando el gobierno) que garanticen el crédito a las empresas y a los ciudadanos, tal como ha propuesto Attac. El hecho de que estas propuestas no se realicen y se escoja, en su lugar, el disminuir las pensiones, es un indicador más del enorme poder que el capital financiero (el grupo fáctico de mayor poder en España) tiene sobre la vida política del país.

Vicenç Navarro
El Plural

El discurso de los mercados

Cuando Obama se enteró de que las gratificaciones de 2009 en Wall Street iban a superar a las del año anterior a la crisis, exclamó: “O sea, que estos tíos se reservan unos bonus record porque ganan dinero y ganan dinero únicamente porque los hemos rescatado” (The Huffington Post, 29-08-10) Pero su reforma financiera firmada en julio se la habían aguado ya los Summers y los Rubin de su confianza y de la gran banca. Y ni tira la economía ni baja el desempleo. El futuro del Partido Demócrata es, pues, oscuro.

En julio pasado, el Financial Times titulaba un artículo: “Tres años después, los mercados son los dueños de nuevo”. Y el columnista recordaba las grandilocuentes promesas de los líderes “de la derecha, del centro y de la izquierda”, los bancos centrales y el FMI, que aseguraron que las finanzas estarían al servicio de la economía real y que se habían acabado el secreto bancario y los paraísos fiscales: “El capitalismo del laissez faire del Consenso de Washington había cumplido sus días”; eso parecía (FT, 28-07-10). Algo que algunos en la izquierda se creyeron.

¿Y la socialdemocracia europea? Todos bien, gracias.

Blair y su Tercera Vía, sin paz en Irak ni Palestina, se ha enriquecido. Y antes de irse preparó el terreno para la derecha y en sus memorias dice que la culpa fue de Brown. Y ahora el laborismo vira hacia la izquierda.

Y Schroeder, la ilusión del SPD alemán, con su “modernización” de recortes sociales preparó la tarea de la derecha, acordó con Putin y su oligarquía el oleoducto del Báltico y como premio le contrataron para el consorcio constructor con sede en Zoug (Suiza).

Y los Papandreu y demás socialdemócratas todavía en el poder, que también asumen la falacia del discurso de “los mercados”, aplican duros recortes salariales y sociales para saldar el déficit público. Se han creído que “no hay alternativa”, como afirmaba Margaret Thatcher, si no se acepta el dictamen de “los mercados”.

¿Y qué quieren los mercados (financieros) de los gobiernos europeos que decían que la crisis no la pagarían los de siempre?

Nos lo dicen los llamados “vigilantes de los bonos”, los fondos especulativos (escondite de sicav) de los Soros y Warren Buffet, los grandes fondos de pensiones estadounidenses y otras entidades inversoras, que amenazan con cargarse “a los políticos derrochadores”, según fuentes autorizadas (The Wall

Street Journal, 17-05-10). Reconocen que la crisis financiera ha trasladado la carga de las deudas de los bancos a los gobiernos, y eso alarma a los inversores de todo el planeta. Con apalancamiento y veloces plataformas electrónicas de negociación, estos compradores y vendedores de bonos “disparan primero, cabalgan y no miran atrás”. Su mensaje para los gobiernos es tajante: “Limpia tu casa fiscal o paga más a los tenedores de bonos por el dinero que necesitas”; lo que llaman “consolidación fiscal”, recortes de todo lo público.

Pero más grave aún es que los líderes de nuestra izquierda gobernante asumen ese discurso político, pese a lo que ha llovido desde que Thatcher marcó la ruta del “there is no alternative” porque dicen que Bruselas lo impuso en mayo pasado, sin más explicaciones.

Sin embargo, hay muchas alternativas económicas y muchas más políticas dentro de los parámetros internacionales del momento. Claro está: si se aprovecha la oportunidad para rectificar dada por la huelga general última. Ejemplos: recuperar el impuesto sobre el patrimonio (perdimos 1.800 millones en 2009); más que congelación de pensiones, acabar con el escándalo de las prejubilaciones a costa de la Seguridad Social; cortar las prácticas empresariales contrarias al Estatuto de los Trabajadores que fueron la liberación de la etapa Aznar sin tocar la legislación; combatir de verdad el fraude y la evasión fiscal y las filiales ficticias en paraísos fiscales; cumplir el programa aprobado por los diputados de PSOE y PP para la presidencia europea de España, etc.

Sin los “beneficios” del despido abaratado y sin congelar aún las pensiones, etc., ya ha disminuido significativamente el déficit público. En septiembre lo reconocía el Financial Times en un artículo titulado “La subasta de bonos confirma la fe de los inversores en España” (FT, 16-09-2010) argumentando el aumento de la confianza de los inversores a raíz del plan de austeridad y de reducción de costes “de los más duros de toda la Unión Europea”. Días después, el FT decía que “ahora es el momento de poner buena cara”, porque “los problemas de España no son los de Grecia (deudas) o Irlanda (bancos)”; que ha disminuido la prima de riesgo sobre los bonos a 10 años exigida por los inversores; pero que quizás “los mercados” exijan medidas más duras y más comprometidas políticamente (Ft.com, 29-09-10).

Ciertamente, los “mercados” propugnan la política que apuntaba ya aquella humorada de “la bajada de impuestos es de izquierdas” y que ha aflorado desde mayo. Pero la huelga general ha mostrado que a los votantes de izquierdas sólo les interesa el Gobierno si hace política de izquierdas; por eso, las salidas post huelga serán políticas de un signo o de otro. La coyuntura y el marco europeo de hoy dejan margen para una salida por la izquierda. Aunque los políticos tengan que cambiar a sus economistas para que sus votantes no los cambien a ellos.

Juan Hdez Vigueras es autor de ‘La Europa opaca de las finanzas’ y miembro del comité de apoyo de Attac

Fuente: Público

España va mal

Se acabó la paz social. La huelga general del pasado 29 de septiembre contra la reforma laboral decidida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero constituye la apertura de una temporada social probablemente agitada.

El Gobierno ha prometido presentar al Congreso, antes de final de año, un nuevo proyecto de ley que pretende elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación y ampliar el periodo de cómputo, para fijar la cuantía de la pensión, de los últimos 15 años de vida activa a los últimos 20... Sumado a la reforma laboral y al decretazo de mayo pasado que rebajó el salario de los funcionarios, congeló las pensiones y recortó los gastos en obras públicas, este proyecto acrecienta la ira de las organizaciones sindicales y de buena parte de los asalariados.

De antemano, el Presidente del gobierno ha presentado sus decisiones como irrevocables: "Al día siguiente de la huelga general -alardeó en Tokio el 1 de septiembre- seguiremos con la misma actitud". Lo cual incita a los sindicatos a prever ya nuevas jornadas de protesta.

En su intransigencia, el Ejecutivo español sigue el modelo de otros gobiernos europeos. En Francia, a pesar de tres recientes movilizaciones masivas contra la reforma de las pensiones, el presidente Nicolas Sarkozy ha reiterado que no modificará la ley. En Grecia, seis huelgas generales en seis meses han sido desoídas por el Primer Ministro Yorgos Papandreu.

Amparándose en el principio de que, en democracia, la política se decide en el Parlamento y no en la calle, estos dirigentes ignoran el desconsuelo de amplias categorías sociales obligadas a recurrir a la huelga o a la manifestación callejera, expresiones de la democracia social, para reflejar su malestar específico (1). Actuando de ese modo, tales gobiernos yerran. Se comportan como si la legitimidad electoral se impusiese sobre las demás formas de legitimidad y de representación, y en particular sobre la legitimidad de la democracia social (2). En cualquier caso, esa inflexible actitud puede alentar a las masas descontentas, en una segunda etapa, a rechazar el diálogo social y a buscar un enfrentamiento frontal.

Sobre todo que, desde mayo pasado con el anuncio del brutal plan de ajuste, el disgusto de una parte importante de la sociedad española no ha parado de exacerbarse (3). Entre los casi cinco millones de desempleados, los trabajadores precarios, los jóvenes sin empleo, las mujeres asalariadas, los pequeños funcionarios y las familias de todos ellos se extiende la convicción de que el Ejecutivo los ha sacrificado.

Al mismo tiempo, a través del fondo de rescate bancario, el gobierno transfería a las instituciones bancarias y de ahorros (responsables de la burbuja inmobiliaria) hasta 90.000 millones de euros... No contemplaba aumentar significativamente la fiscalidad de las rentas más altas, ni crear un impuesto sobre las grandes fortunas, ni reducir los presupuestos de defensa (unos 8.000 millones de euros anuales), ni la financiación de la Iglesia católica (unos 6.000 millones de euros), ni tan siquiera la partida presupuestaria de la Casa Real (casi 9 millones de euros)...

Lo que desazona a muchos ciudadanos es la certeza de que el Ejecutivo ha adoptado esas medidas regresivas contra los asalariados, más que por convicción, por dictado de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Y por presión de los mercados financieros que, bajo amenaza de no invertir, exigen una caída de los salarios y una reducción del nivel de vida. De hecho, así lo reconoció ante un grupo de inversores japoneses el propio Presidente Zapatero: "Estamos abordando -confesó- las reformas que más preocupan a los inversores internacionales" (4). Y ante los máximos directivos de los principales bancos de negocios y fondos de inversión de Estados Unidos repitió que esas medidas las adoptaba "para que los inversores y los mercados valoren la firme determinación que tengo de hacer que la economía española sea competitiva" (5).

La reforma laboral no tiene ninguna relación con el recorte del déficit público ni con la reducción de los presupuestos del Estado, principales exigencias de los mercados financieros. Pero como el gobierno no puede devaluar la moneda para estimular las exportaciones, decidió favorecer el desplome de los salarios para ganar en competitividad.

Lo peor es que tan desacertadas medidas tienen pocas garantías de éxito. Los datos del paro registrados en agosto pasado, con la reforma ya en vigor, demuestran que el 93,4% de los contratos realizados fueron temporales... O sea, la precariedad continúa dominando el mercado laboral. La única diferencia es que ahora, a los empresarios, el despido les resulta más barato.

Después de la crisis de los años 1990, el paro tardó trece años en reducirse al nivel medio europeo; en una época en que la tasa de crecimiento era muy fuerte y España recibía masivamente fondos estructurales europeos. Hoy, con esta reforma laboral y con una previsión de raquítico crecimiento de larga duración, "el empleo en España -según la economista estadounidense Carmen Reinhart- no recuperará los niveles de 2007 hasta... 2017" (6).

Entretanto, rechazado por sus propios electores, este gobierno habrá perdido probablemente el poder y cedido la dirección del país a la oposición conservadora y populista. Generalmente es lo que ocurre -lo vimos en Alemania, Reino Unido y más recientemente en Suecia- cuando los partidos de izquierda reniegan de sí mismos y optan por políticas desvergonzadamente derechistas.

Notas:

(1) El voto democrático, precisamente por ser general y universal, no siempre permite la expresión de sensibilidades particulares.

(2) Léase Pierre Rosenvallon, "Le pouvoir contre l'intérêt général", Le Monde , París, 21 de septiembre de 2010.

(3) Según una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PSOE pierde 3,1 puntos. Sólo el 2,5% de los encuestados dice que la situación económica es buena o muy buena, frente al 22,6% que la considera regular y el 74,4% que la define como mala o muy mala.

(4) El País , Madrid, 1 de septiembre de 2010.

(5) Ibid , 21 de septiembre de 2010.

(6) Ibid , 12 de septiembre de 2010.

Ignacio Ramonet. Le Monde Diplomatique

La imprescindible banca pública

Por mucho que se quiera disimular, es bastante evidente que una causa principal de la crisis en la que nos encontramos es el comportamiento de la banca privada en los últimos decenios.

Su papel tradicional de intermediaria entre el ahorro y la inversión productiva se ha modificado sustancialmente. Atraída por las grandes oportunidades de beneficio que proporciona la ingeniería financiera contemporánea, la banca se ha convertido en el suministrador principal de fondos para los mercados especulativos y para ello no ha dudado en utilizar todos los medios a su alcance.

Su continuada y también evidente vinculación con los paraísos fiscales, con los grandes fraudes fiscales y contables, con las mayores estafas y con los negocios más sucios de los últimos tiempos, incluidos los que tienen que ver con el terrorismo, la trata de personas, el tráfico de armas o de drogas, la destrucción del medio ambiente o la financiación a todo tipo de dictadores... es una muestra de que los banqueros de hoy día no tienen prejuicio alguno con tal de ganar dinero.

El privilegio que supone que la banca pueda crear dinero (y por tanto obtener beneficio y poder) cada vez que concede un préstamo lo ha utilizado para lograr que se dictaran las normas legales que le han permitido ampliar este tipo de actividades sin que ni siquiera se pueda considerar que todo ello es ilegal, aunque transgreda la ética y repugne socialmente, como señaló el Tribunal Supremo español en una sentencia relativa al comportamiento de Botín y del Banco de Santander.

Gracias a ello, la banca es cada vez más rentable y aumenta su control sobre el resto de los negocios, sobre los medios de comunicación, sobre las universidades y los políticos, pero paralelamente a ello ha ido dirigiendo la financiación hacia actividades menos productivas, impulsando y sosteniendo el modelo de crecimiento que nutre y rentabiliza mejor la inversión financiera pero no el que crea más actividad empresarial y más abundante y mejor empleo. Y así se ha convertido en uno de los principales factores que causan la creciente inestabilidad financiera y el escaso rendimiento de las economías que han llegado a su momento culminante con la crisis que estamos viviendo.

Algo común a todos los países, pero que en España se ha producido aún en mayor medida, porque la banca tiene todavía más poder político como consecuencia del que acumuló durante la dictadura, que la democracia no ha sabido o querido limitar y que ha utilizado para lograr que nuestra economía dependa de los banqueros en mayor medida que las de nuestro alrededor.

Ese poder ha sido el que igualmente ha utilizado la banca para evitar que los gobiernos tomen cualquier tipo de medida orientada a controlar el desorden y la especulación financieros que han provocado la crisis y para hacer, por el contrario, que en lugar de pedirle cuentas destinen miles de millones de dinero público a lavarle la cara a sus balances y hacer que salgan de rositas del caos que han originado con su conducta avariciosa e irresponsable.

La consecuencia, en fin, es que ahora miles de empresas cierran y despiden a sus trabajadores por falta de financiación mientras que los banqueros y la gran patronal que no sufre este problema se dedican a reclamar reformas que solo están orientadas a aumentar más sus beneficios.

Para disimular esta situación los banqueros se empeñan en convencer a la gente, con la inestimable complicidad de autoridades nacionales e internacionales, de que el problema que hay que resolver está en el mercado de trabajo, en las pensiones o en el gasto público. Una mentira flagrante, porque lo que realmente ha provocado y sigue provocando la caída de la actividad empresarial y del empleo es la falta de financiación, y este es el principal problema que hay que solucionar para salir de verdad de la crisis.

Pero teniendo en cuenta que los bancos privados están descapitalizados, o dedican los recursos que están generando para seguir especulando o ir limpiando sus balances, será imposible recuperar la financiación simplemente confiando en que vuelva a proporcionarla la banca privada.

Por eso es imprescindible, y ahora mucho más urgente que nunca, que los estados dispongan de banca pública capaz de sustituir la inacción privada a la hora de proporcionar la financiación sin la cual es imposible que se recupere y mantenga la actividad económica, los negocios y el empleo.

Pensando simplemente en el caso español, hay varias fórmulas que son técnicamente viables para lograr este objetivo, entre las cuales creo que merece especial atención la propuesta que acaba de realizar el Consejo Científico de ATTAC España: la nacionalización de las cajas de ahorros y la utilización la red de oficinas de Correos que hoy día prestan servicios bancarios para crear una confederación de bancos públicos, de propiedad mixta, una parte mayoritaria procedente del Estado y otra de impositores, clientes o incluso de instituciones privadas con vocación de servicio público, y con la misión de garantizar el imprescindible flujo de crédito a la actividad económica.

ATTAC propone que esta banca pública se constituya siguiendo principios de banca ética, renunciando al afán de lucro, manteniendo la obra social y sujetándose a los principios de la responsabilidad social, la transparencia y la atención preferente a los sectores sociales con mayores dificultades para acceder a la financiación bancaria: medianas y pequeñas empresas, microempresas, familias de baja renta, jóvenes emprendedores y mujeres. También considera que es imprescindible la presencia de los poderes públicos y los intereses sociales en sus órganos de dirección y control pero garantizándose que sean conformes con principios de estricta democracia, de pluralidad y plena transparencia, y particularmente, que existan contrapoderes efectivos que eviten la concentración indeseada de poder o la mera imposición de cuotas partidistas.

La propuesta que ATTAC España ha presentado al gobierno y a todos los grupos parlamentarios establece que la banca pública así creada asumirá como horizonte a medio y largo plazo su progresiva renuncia al sistema de reserva fraccionaria para introducir y tratar de generalizar sistemas de financiación innovadores que no provoquen los problemas de inestabilidad e incremento artificial de deuda que están asociados al privilegio de creación de dinero por esa vía del que goza la banca privada. Y que en todo caso, esta banca pública dedicada al crédito en la economía productiva tendría limitada y controlada la actividad puramente financiera que llevan a cabo la mayor parte de las actuales cajas de ahorro, y completamente prohibida la utilización de filiales y sociedades extraterritoriales domiciliadas en centros financieros offshore, conocidos como notorios paraísos fiscales.

Como he señalado más arriba, disponer de banca pública es hay imprescindible y urgente a corto plazo para restablecer la financiación y salir de la crisis, pero además es el único instrumento con el que se puede hacer posible el cambio de modelo productivo que pretende el partido socialista y el gobierno. ¿Cómo va a financiarse un nuevo tipo de actividad económica sostenible, innovadora, generadora de empleo decente y de calidad, igualitaria, respetuosa con el medio ambiente... si la banca privada que podría hacerlo orienta los recursos que maneja hacia la ganancia rápida que nunca podrá obtener creando riqueza productiva sino especulando y jugando solo con papel en los mercados financieros?

Por ello, ATTAC propone que la nueva banca pública estaría destinada preferentemente a financiar la puesta en marcha de un nuevo modelo productivo basado en el desarrollo regional, entendido como el que fomenta la generación y uso sostenible de recursos endógenos, el sostenimiento de los servicios públicos esenciales como la enseñanza y la salud, la puesta en marcha de las políticas sociales y de igualdad, y en particular las de apoyo a los servicios de dependencia, la potenciación del emprendizaje y del capital-riesgo, el desarrollo de nuevos tipos de actividades o sectores profesionales y empresariales, la I+D+i pública y privada, la actividad de las pequeñas y medianas empresas, el microcrédito o el incremento de la productividad en el sector público, por citar los que se podrían considerar más importantes y prioritarios.

En lugar de hacer frente a los problemas de financiación que atascan a nuestras empresas y consumidores, los poderes financieros, el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional solo piensan en empoderar aún más a los banqueros y en darle nuevos privilegios y recursos, sin hacer absolutamente nada para que vuelvan a disponer del crédito que necesitan. Solo van buscando la privatización progresiva de las cajas de ahorros para que los bancos privados se vayan haciendo paulatinamente con ellas y con el segmento de mercado que ocupan. Simplemente se disponen una vez más a robarnos la cartera delante de nuestra propia cara. Eso será lo que ocurra si los ciudadanos no lo impedimos, si los partidos progresistas y los sindicatos siguen narcotizados en brazos de Morfeo y no ayudan a que los ciudadanos sigan disfrutando de lo que es suyo y de los derechos personales y sociales que les corresponden.

Fuente: Sistema Digital

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de ATTAC-España.

ATTAC propone nacionalizar las cajas y crear una banca pública

Durante una rueda de prensa en la Sala Campoamor del Congreso de los Diputados, ATTAC España presentó ayer jueves su campaña a favor de la nacionalización de las cajas de ahorros españolas, con el fin de crear así una nueva banca pública que facilite el acceso al crédito. En la comparecencia participaron el presidente de ATTAC España, Carlos Martínez, la presidenta de honor de ATTAC Francia, Susan George, el diputado de IU Gaspar Llamazares, y el catedrático de Economía Juan Torres López.

Gaspar Llamazares invitó a ATTAC a presentar su propuesta de creación de una red de banca pública, que serviría para devolver al Estado algunas de sus prerrogativas perdidas tras la privatización o desaparición de entidades como Caja Postal (Argentaria) o el antiguo Banco Hipotecario, cuya existencia hubiera evitado la actual burbuja inmobiliaria, explicaron los miembros de ATTAC.

El diputado de IU recordó que las cajas de ahorros han utilizado ya 13.000 millones de euros de ayuda pública, instrumentada por el Gobierno a través del fondo FROB, en un proceso de concentración de cajas de ahorros que, auguró el portavoz de IU, conllevará pérdidas de empleo y cierre de sucursales. Según Llamazares, la reestructuración de las cajas persigue en realidad la privatización de estas entidades financieras a través del sistema de cuotas participativas que dará entrada al capital privado en las Cajas, con el beneplácito del Gobierno y de la CECA, la patronal del sector.

Propuesta de nacionalización de las cajas de ahorros

ATTAC alerta de que las fusiones de las cajas de ahorro son el paso previo a su privatización y de que se convertirán en el botín de la gran banca privada. En contra de ese proceso y las fusiones que están empezando a producirse, apela a la responsabilidad para “salvar” estas entidades.

ATTAC defiende la reconstrucción de una banca pública bajo criterios “éticos, sociales y participativos”, que conserve la presencia de los representantes políticos “legítimamente elegidos” pero que se guíe por “comportamientos radicalmente democráticos” y cuente con “contrapoderes” que eviten que se conviertan “en simples instrumentos partidistas”.

Pero este modelo no debe reproducir los viejos esquemas de la banca pública, sino basarse en una confederación de bancos públicos, en la que cada uno conserve su autonomía, pero que actúen como cómplices. Deben tomar como referencia la llamada banca ética, y trabajar “sin afán de lucro, de forma transparente”, con obra y responsabilidad social y comprometidos con financiación de la actividad productiva.

Además, ATTAC deja claro que esta nueva banca pública no tiene que considerarse competencia de la banca privada, que puede seguir existiendo pero con una regulación más estricta que impida, por ejemplo, que como ocurre ahora con las cajas de ahorro utilicen los paraísos fiscales para sus negocios.

Carlos Martínez alerta contra el desmantelamiento del Estado del Bienestar

En su intervención, el presidente de ATTAC España, Carlos Martínez, recordó que el proceso de reestructuración de las Cajas de Ahorros que tiene previsto concluir en junio dejará tan sólo unas 15 entidades, desde las cerca de 50 iniciales, en parte gracias al sistema institucional de protección o SIP, que supone, a su juicio, un instrumento para privatizar las entidades. Con la entrada de capital privado -mediante el sistema de cuotas participativas-, continuó, “la banca privada” logrará al final “el botín que tanto tiempo llevan deseando”.

Martínez declaró que su organización lleva diez años hablando de la “dictadura de los mercados y el casino económico del neoliberalismo”, conceptos que sólo ahora están calando entre la opinión pública y llamó a la “reconquista de la democracia en el terreno económico”. También reclamó a los Gobiernos que “por una vez tengan la valentía de gobernar para las personas”, aún siendo consciente de que esto no ocurrirá si la ciudadanía no lo exige.

Además, denunció que el Gobierno español “ha sido derrotado, sin combatir, por los mercados” y que, con su propuesta de reforma laboral, ha abierto “la batalla contra la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores” que estaba “en el programa oculto” del PP y en el ya conocido de la CEOE.

En este sentido, el presidente de ATTAC España instó a los sindicatos españoles a que sean “más valientes y sinceros” en su denuncia de lo que llamó “las grandes mentiras” en que se han convertido gran parte de las explicaciones actuales sobre la crisis económica, vertidas en buena parte por los ámbitos “neoliberales”, muy criticados por los organizadores del acto y a los que éstos atribuyen la intención de desmontar el Estado del Bienestar europeo.

Juan Torres López denuncia a la banca por la paralización de la economía y el crédito

Juan Torres, miembro del Consejo Científico de ATTAC, reprochó a los gobiernos, incluido el español, que impulsen “medidas económicas sin fundamento científico” desde planteamientos falsos como que el principal problema de la economía son las pensiones, el gasto público o el mercado de trabajo.

Aún asumiendo que puede haber dificultades en esos ámbitos, insistió en que todas ellas son el resultado de una crisis provocada por un sistema financiero “concebido para que la banca y especuladores ganen cada día más dinero” y que ha optado por “la paralización de la economía y el crédito” después de “desviar el ahorro a la especulación financiera”.

En este punto, acusó directamente al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por hacer una “gravísima e irresponsable dejación de sus funciones” y contribuir a un “auténtico latrocinio” al no velar por que se “restablezca el flujo de financiación” y convirtiéndose en “cómplice de la banca”.

“El gobernador del Banco de España es un activista más de la patronal y de los bancos privados, seguramente en la confianza de que, como algunos de sus antecesores, cuando acabe su mandato acabe colocado en alguno de los consejos de administración de la banca privada o en la patronal bancaria”, sentenció.

Susan George: los bancos nos pertenecen

Por último, la presidenta de honor de ATTAC Francia, Susan George, subrayó que la única manera de salir de la crisis es “forzar a los bancos a prestar dinero a las pymes” que, recordó, crean el 90 por ciento del empleo en Europa y llamó a la rebelión contra el desmantelamiento del Estado del bienestar que acabará haciendo de Europa un “parque temático” para los ricos del resto del mundo.

La escritora recordó que la banca ha recibido 14 billones de euros en ayudas públicas en todo el mundo, a finales de 2009. “Los bancos, en realidad, nos pertenecen”, concluyó, tras aportar estos datos. “No existirían si no fuera por ese apoyo ciudadano”, añadió, para reclamar a continuación que los ciudadanos tienen derecho a exigir algo a cambio de este dinero.

George criticó a las entidades financieras por cerrar el grifo del crédito a las empresas pequeñas y medianas que proporcionan el 90 por ciento del empleo en Europa, aseguró. A su juicio, tras ayudar a la banca, los ciudadanos están pagando otra vez la crisis. “Es una situación en la que los culpables quedan sin castigo y los inocentes lo reciben en su lugar”, resumió.

¿Qué se pretende con la reforma laboral?

Hay un consenso total entre los poderes financieros, la gran patronal y los economistas y políticos liberales que se transmite constantemente a los medios de comunicación sobre la necesidad de realizar una reforma del mercado laboral.

También lo hay sobre los contenidos que debería tener esa reforma. Básicamente, el abaratamiento del despido, la descentralización de la negociación colectiva, la flexibilización de los modos de contratación y ahora con menos énfasis, la disminución de costes laborales como los asociados a las cotizaciones sociales.

Sin embargo, es verdaderamente sorprendente que no haya coincidencia sobre los objetivos que pretende la reforma. Es como si un grupos de médicos se pusiera de acuerdo sobre la medicina que debería tomar un paciente pero cada uno de ellos dijera que así se iba a resolver una enfermedad distinta. ¿No nos haría eso sospechar de sus conocimientos o de sus intenciones?

La mayoría de quienes defienden la reforma suelen coincidir en que es imprescindible llevarla a cabo para hacer frente a la crisis y al desempleo tan preocupante que se produce en nuestra economía. Pero el acuerdo no va más allá.

Los economistas del Grupo de los 100 que forman parte de la autocalificada "elite" de la profesión, como hicieron el pasado miércoles en el informativo del programa 24 Horas de TVE Bentolila y Santos, afirman que dichas propuestas se realizan para crear empleo, tal y como ha afirmado también el propio presidente de gobierno. Pero hasta dirigentes de la patronal, personalidades tan expertas como Felipe González y otros economistas liberales más sinceros y rigurosos reconocen, por el contrario, que las refomas de este tipo no lo crean y que, si acaso, permitirán que el que se cree sea mejor cuando se empiece a generar.

Me parece que esas contradicciones no son fruto de la casualidad.

Lo que ocurre sencillamente es que las propuestas que se están haciendo de reforma laboral se basan en una serie de falsedades que de tanto oír se dan por buenas y en un abanico de prejuicios ideológicos que se difunden sin cesar para disimulan lo que de verdad se busca con la reforma laboral.

La primera falsedad es que la reforma laboral sea necesaria para hacer frente a la crisis y más concretamente para acabar con el paro que ésta ha provocado. Es falso porque el desempleo que hoy día se registra en nuestra economía no es el resultado de la legislación laboral, de los costes de despido imperantes (cuando se han perdido casi dos millones de puestos de trabajo sin mayores dificultades por parte de las empresas) o de las rigideces de la negociación colectiva. Es bastante evidente que se han perdido tantos puestos de trabajo como consecuencia de la crisis financiera que ha provocado la irresponsable actuación de la banca y que ha dejado sin financiación a miles de empresas, del estallido de la burbuja inmobiliaria, de la desconfianza empresarial que todo ello ha originado y, quizá como fenómeno añadido, de un incremento anómalo (aunque no por ello indeseable) de la población activa arrastrado por el propio crecimiento del empleo de años anteriores.

Por tanto, para hacer frente a la crisis lo necesario no es la reforma laboral, como se viene diciendo, sino dar soluciones a estos problemas que la originaron en última instancia y de los que apenas se habla, y mucho menos cuando de la banca y del aseguramiento de la financiación se trata.

Otra falsedad es la que deriva de afirmar que se podrá garantizar ahora o más tarde mayor volumen de empleo o de mejor calidad simplemente actuando sobre el mercado de trabajo. Se trata de una tesis liberal que la evidencia empírica ha demostrado en innumerables ocasiones que es falsa, o cuanto menos insuficiente, porque la creación de empleo no depende simplemente de las condiciones de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo sino de lo que pase en el mercado de bienes.

Lo que puede ofrecer una reforma como esta es lo mismo que produjeron las anteriores, en España y en todos los países en las que se han llevado a cabo: mano de obra más barata y más dócil, puestos de trabajo más precarios y mejores facilidades para obtener beneficios a costa de producir menos y peor, pero nunca un incremento en el nivel de empleo por sí misma. Lo que crea empleo general es la demanda global del conjunto de la economía y no la demanda de trabajo de cada empresa: por muy barato que sea el despido, o por muy buenas condiciones de negociación que tenga un empresario, o por muy atractivo que sea el modelo de contratación, los empresarios no contratarán empleo si no tienen expectativas de obtener beneficios y eso dependerá principalmente de su volumen de ventas, de las condiciones imperantes en el mercado y de su estructura general de costes que generalmente tiene más que ver con factores relativos al entorno general de la empresa que con el montante particular de sus costes laborales.

Es una falsedad también decir que se puede combatir la dualidad en el mercado de trabajo (un problema que efectivamente habría que resolver en nuestro mercado laboral) incorporando nuevas formas de contrato y concretamente un tipo único.

Es una falsedad porque se soslayan las razones que han dado lugar a esa dualidad y que fundamentalmente tienen que ver con el modelo productivo y de creación de actividad que han impuesto las grandes empresas con gran poder de mercado a las demás, y no con los modelos de contrato: la externalización abusiva, la subcontratación generalizada, el deterioro del empleos generado por las administraciones públicas como consecuencia de la escasez de gasto público para financiar la creación del capital social, la conversión en autónoma de buena parte de la población trabajadora asalariada…

También es falso y no cuenta con evidencia empírica que pueda justificarlo afirmar que se va a crear más empleo o de mejor calidad abaratando el despido o flexibilizando la contratación. Es justamente lo contrario lo que ha ocurrido después de las reformas anteriores (algo que los liberales reconocen pero que justifican diciendo que no fueron tan lejos como debieran). Lo que ha venido después de todas ellas ha sido el aumento de la temporalidad y de la rotación de los contratos (hasta 13 millones en el pasado año) y nunca aumentos en la calidad del empleo o incluso de su volumen con independencia de las condiciones generales de la economía.

Y tampoco es exactamente cierto decir que el mercado laboral español es rígido, o más que otros países de la Unión Europea, cuando hemos podido comprobar que las empresas han podido realizar ajustes de todo tipo y recurrir a prácticamente cualquier tipo de contrato en estos años y a despedir sin problema a la mano de obra que no podían asumir cuando la crisis bancaria ha destrozado la actividad económica. Como tampoco lo es que los salarios españoles sean excesivamente altos y limiten nuestra competitividad.

El problema del empleo en España no está en el mercado de trabajo. Está en el modelo de crecimiento, en el predominio de un tipo de actividad de bajo valor añadido y dependiente, en el tamaño tan reducido de las empresas como consecuencia del tipo de redes interempresas que han impuesto las grandes, en la escasez de capital social que pueda dinamizar la innovación y que permita competir por una vía diferente a la de abaratar la mano de obra, en la gran oligopolización de los mercados, en el excesivo poder político de la banca que le permite imponer condiciones favorables a sus beneficios pero letales para la creación de riqueza productiva, entre otros factores. Y el problema radica, sobre todo, en que los grandes capitales obtienen tantos beneficios en las épocas de crecimiento intensivo a base de este modelo que les compensa soportar las fases recesivas sin modificarlo porque no es sobre ellos sobre quien recaen sus costes e inconvenientes. Sobre todo cuando ocurre como ahora, que esas grandes empresas o los bancos que han acumulado cientos de miles de millones de beneficios en los últimos años gracias a este modo de actuar no tienen dificultades para imponer nuevas medidas que permitan reforzarlo para volver a las andadas.

En resumen, la reforma laboral que la gran patronal y la banca están reclamando al gobierno no responde a las causas que han provocado la crisis y el desempleo, no va a lograr crear más puestos de trabajo, no acabará con la dualidad entre empleos indefinidos y temporales, no elevará la productividad ni mejorará la competitividad de nuestras empresas, salvo las de aquellas que solo la buscan abaratando la mano de obra.

Su función no responden a las mentiras que nos cuentan. Como escribía Joaquín Estefanía recientemente es "la de señal o emblema de que en España se practica una política económica ortodoxa de gran austeridad" (El País, 6-6-2010). Y desde hace mucho tiempo sabemos que lo único que busca esa política no es otra cosa que crear mejores condiciones para que los poderosos ganen más dinero todavía.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo científico de ATTAC-España.

Fuente: Sistema Digital

La revancha de los mercados

Bien a nuestro pesar, la economía española está protagonizando como víctima propiciatoria lo que cabe llamar la segunda ronda de la crisis del crédito por la que atraviesa el capitalismo occidental. Según se dice, somos el nuevo enfermo de Europa, en la medida en que nuestra solvencia crediticia amenazaría ruina y nuestro gran tamaño determina que una posible quiebra española arrastraría al euro consigo. Todo lo cual ha desatado una epidemia de histeria colectiva tanto mediática (los blogs de la prensa color salmón rivalizan en escándalos con los de la prensa rosa) como financiera (las demás Bolsas se estremecen de volatilidad mientras la española se hunde en caída libre) y política (presas del pánico, los gobernantes conspiran en el Ecofin cayendo en la más estéril cacofonía). De modo que parece a punto de cumplirse la profecía de Niño Becerra, el economista que auguró el crash de 2010.

¿Qué está pasando? Una explicación plausible es entenderlo como una nueva fase en la guerra abierta entre los Estados y los mercados por el control del capitalismo crediticio actual. Como se sabe, la energía que mueve a la economía posindustrial es el flujo crediticio: un caudal que cuando se embalsa formando burbujas especulativas tiende a desbordarse anegando con sus deudas insolventes la economía real. Y así ha vuelto a ocurrir esta vez con la crisis del crédito a la que me referí antes, que ha cursado como un proceso en dos fases. En su primera ronda, iniciada en 2008 con la burbuja de las hipotecas subprime, la causante de la crisis fue la ingente deuda privada imposible de refinanciar. Y para remediarlo, los Tesoros públicos acudieron al rescate de los mercados privados: se proclamó el estado de excepción, se decretó la guerra contra la crisis, se nacionalizó la economía, se suspendieron las leyes de la oferta y la demanda, se avaló la deuda privada con la garantía pública del Estado y se inyectó liquidez ilimitada a tipo cero.

Así fue como se sentaron las bases de una burbuja de deuda pública que ahora acaba de estallarnos entre las manos. Es lo que está ocurriendo durante esta segunda ronda en la que todo sucede exactamente a la inversa que hace dos años. Ahora la deuda insolvente imposible de devolver o refinanciar ya no es la deuda privada sino la pública acumulada por los Tesoros estatales. Y quienes acuden a su rescate para refinanciarla son ahora los propios mercados privados, que suscriben los bonos de deuda pública emitidos por los Estados en crisis. Pero con una gran diferencia entre ambas rondas, y es que en la de hace dos años se avalaron las deudas privadas a interés cero para facilitar su más pronto rescate, mientras que en esta segunda ronda las deudas públicas se suscriben a precios de mercado. Es decir, a un tipo de interés tan elevado que en el caso español cabe calificar de usurario, lo que prolongará la duración de esta crisis de deuda hasta las calendas griegas. Todo ello de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda, que en esta segunda ronda, a diferencia de la anterior, no han sido suspendidas, sino confirmadas por el nuevo consenso de Washington, impuesto por los mercados.

¿Cómo explicar este giro estratégico? Muy sencillo: la balanza de poder entre mercados y Estados ha vuelto a invertir su signo, recuperando aquellos su predominio hegemónico sobre estos. Como dije, esta crisis crediticia es una batalla de poder entre Estados y mercados cuya primera ronda supuso la momentánea victoria de aquellos en el curso 2008-2009, mientras que esta segunda ronda está suponiendo la derrota de los Estados deudores a manos de sus mercados acreedores. Se recordará que hace solo dos años se decía que el neoliberalismo había muerto y que el Estado interventor keynesiano regresaba por sus fueros para controlar a los mercados y someterlos a su poder. Era la época en que los culpables de la crisis nos parecían los inversores privados (los bancos, los hedge funds, etcétera), mientras que los salvadores eran los poderes públicos: reguladores estatales, rescates keynesianos, etcétera.

Bien, pues solo fue un sueño que apenas duró un curso académico. Hoy se impone de nuevo el realismo crediticio y quien vuelve por sus fueros es el victorioso mercado acreedor, exigiendo leoninas condiciones al Estado deudor. Por eso, quienes hoy parecen ser los villanos de esta historia ya no son los mercados, sino los Gobiernos insolventes y deficitarios, especialmente si son PIGS. Y con ello retorna la ideología del ajuste presupuestario y la consolidación fiscal: el nuevo consenso de Washington que impone un voluble FMI, ayer generoso keynesiano, hoy estricto neoliberal. Pero las víctimas reales de ambas crisis crediticias son las mismas: los ciudadanos de a pie, que pagaron ayer con su desempleo masivo y hoy con el recorte de sueldos y la congelación de pensiones. Y sus beneficiarios reales también son los mismos: los inversores crediticios, que siempre salen ganando, pues se les rescata a interés cero cuando son deudores mientras se les enriquece con interés usurario cuando son acreedores. Un qui prodest? inequívoco.

Pero si todo esto es tan evidente, ¿cómo es que nadie cuestiona semejante estado de cosas, aceptándolo con fatalismo? Hay dos factores extraeconómicos, a su vez conectados entre sí, que lo explican bien. El primero es el tratamiento mediático de la crisis, que ha naturalizado un proceso tan desequilibrado e injusto haciéndolo parecer lógico y necesario. Y esto se ha hecho metiendo el miedo mediático en el cuerpo de la gente, a fin de paralizarla por el pánico dejándola inerme y dispuesta a dejar hacer y dejarse hacer. Es la histeria mediática a la que aludí al principio, inducida por la reiterada publicación de revelaciones financieras escandalosas (al estilo de La quiebra de Caja Sur amenaza al euro), y generadora de un clima artificial de catástrofe imposible de controlar que contagia con su gregario efecto-rebaño (herd effect) a todos por igual: tanto a los que toman decisiones incoherentes a tontas y a locas (caso de nuestros gobernantes, de Merkel a Zapatero, que ayer corrían a rescatar las deudas privadas y hoy corren a recortar gastos para saldar sus deudas públicas) como a los desarticulados ciudadanos que las sufren con estupor e impotencia, sin más signos de resistencia que la contraproducente crispación política y la estéril bronca sindical.

Y el otro factor es la discriminación crediticia pura y dura. La primera oración cristiana es el perdón de las deudas, pero solo se aplica de forma perversa, tal como reza la parábola de San Mateo: “A quien tiene más, se le dará. Y a quien no tiene, todo le será quitado”. Pues bien, con la crisis de la deuda sucede igual: a ciertos deudores privilegiados (los protestantes anglo-germanos) se les rescatan sus deudas a muy bajo tipo de interés, mientras que a los estigmatizados (por católicos y latinomediterráneos) se les exige refinanciarlas a tipo de interés usurario. Es lo que ocurre con los títulos de deuda pública, a los que se discrimina no por sus indicadores cuantitativos, sino por prejuicios descalificadores tan falaces como injustos, castigando al bono español en comparación al holandés o británico (según denunció en estas páginas Xavier Vidal-Folch): todo por ser un PIG en lugar de un WASP. Lo cual determina que en la zona euro estén resucitando las viejas monedas nacionales, ahora travestidas como títulos de cada tesoro estatal. Ahora bien, esta discriminación crediticia también está operada por la definición mediática de la realidad, pues son los medios informativos anglosajones, y no las agencias de calificación de riesgo, los que fabrican con sus juicios performativos estas percepciones estigmatizadoras del riesgo-país. Es de nuevo el efecto manada-mediática, pues si lo afirma el Financial Times, todos los demás medios lo reproducirán y amplificarán, incluidos los PIGS.

Enrique Gil Calvo – El País