Estos días las noticias nos han traído a casa los conflictos entre el Gobierno peruano (con el Ejército y la Policía por delante) y la población indígena amazónica, que se opone a la explotación del petróleo que se encuentra bajo sus tierras. Ciertamente, es larga la lista de los argumentos de las organizaciones indígenas que solicitan la derogación de los decretos que, dentro del Tratado de Libre Comercio entre Perú y EEUU, impulsan estas actividades extractivas: desplazamiento de la población, contaminación del medio ambiente, problemas de salud, limitaciones para sus modos de vida y sus sistemas productivos, de caza, de recolección, etc. Los argumentos gubernamentales descansan en los mitificados “beneficios de las inversiones extranjeras”, por los que los países con gobiernos neoliberales se desviven y entregan en bandeja de plata, a precios irrisorios, el control de sus recursos naturales.
Más allá del análisis de modelo productivo y las repercusiones ecológicas y sociales que correspondería analizar en este caso, me parece muy ilustrativo para cuestionar estos supuestos beneficios poner encima de la mesa los resultados de varios informes, como los de las organizaciones Christian Aid e InspirAction, que desenmascaran “el escándalo de un sistema fiscal mundial que permite a los más ricos del mundo –y añado, a las empresas que representan– eludir sus responsabilidades, mientras condena a los más pobres a un desarrollo raquítico”.
Disculpen porque, para abordar estos análisis, quizás les mareo con unos cuantos números, pero creo que nos pueden servir para entender la magnitud y trascendencia del escándalo. Los cálculos indican que los países en desarrollo dejan de cobrar cada año cerca de 130.000 millones de euros en impuestos que las empresas que operan en su territorio evaden con alguna maniobra ilícita (ellos dirían arquitectura financiera) o dejan de pagar gracias a unos tratos sospechosamente preferenciales. Sólo la evasión que las empresas multinacionales realizan en América Latina y el Caribe se ha cuantificado en 50.000 millones de euros. Los informes nombran –precisamente, interesante al pensar en el caso del Perú– a algunas empresas como las petrolera británica British Petroleum, la angloholandesa Royal Dutch Shell y la estadounidense ExxonMobil. Otros datos complementan la información situando en 68.000 millones de euros el escamoteo de las empresas mineras europeas, asiáticas y norteamericanas radicadas en África. También aparecen retratadas en los informes empresas de otros sectores, como la cadena de supermercados Wal-Mart. Precisamente, las cuatro empresas que acabo de citar encabezan, según la revista Fortune, el ranking de las mayores compañías del mundo del 2008. Un ranking que por lo que vemos debería de pasar un serio control antidoping.
Pongamos ahora algunos ejemplos de estas maniobras orquestales en la oscuridad, como el nombre del grupo de la new wave británica. A finales de los 90 Zambia estaba en la bancarrota, cosa que aprovecharon los organismos financieros internacionales para obligar al Gobierno a privatizar sus minas de cobre sin que la población supiera nada de las condiciones que se negociaron. Los royalties o derechos de explotación que las empresas debían pagar por la explotación de sus recursos naturales bajaron del ya ridículo 3% al 0,6% y se apañaron para pagar sólo el 12% de los impuestos corporativos. Parecido al asunto del coltán y de los plátanos. Las mayores reservas mundiales de coltán –mineral que sirve fabricar los chips de los ordenadores, teléfonos móviles, videoconsolas, etc.– están en la República Democrática del Congo, pero, en un año (en el 2006), lo que este país ha recibido por los derechos de las explotaciones mineras ha sido ¡menos de 86.000 dólares! O los plátanos. Ya saben que cada tres veces que compramos un plátano, con toda probabilidad, en dos de ellas se trate de un plátano de las compañías Dole, Chiquita y Del Monte con sede social en EEUU. Pues bien, si dichas compañías en EEUU tributaran alrededor del 35%, en sus periplos por el mundo, con escala en paraísos fiscales, rebajarían su fiscalidad por debajo de la mitad.
Y ahora lo que toca hacer es comparar las cifras. Recuerden que la cifra global de esta evasión fiscal ascendía a 130.000 millones de euros, cuando el presupuesto global que los países ricos destinan a la ayuda al desarrollo es de aproximadamente 83.000 millones de euros. Como dice InspirAction “si los países en desarrollo pudieran contar con todo ese dinero que dejan de recaudar a las empresas, podrían transformar las vidas y las expectativas de millones de personas pobres. Por ejemplo, si se hubiera invertido una cantidad similar en los sistemas sanitarios de estos países desde el año 2000, cada año se habrían salvado las vidas de 350.000 niños menores de cinco años”.
Ante este atraco oficializado, las respuestas gubernamentales para revertirlo no sólo no se dan, sino que, vía los acuerdos de libre comercio como el mencionado entre EEUU y Perú (pero también de la UE), se profundiza y legitima en un nuevo ejercicio de servilismo frente a las transnacionales. Los informes referidos enumeran una serie de posibles medidas para corregir esta situación, a saber: promover un nuevo estándar contable internacional que obligue a las empresas a informar sobre sus actividades en cada país, requerir a los bancos que desvelen la propiedad de las entidades extranjeras a las que prestan servicios, promover la adopción de principios para prevenir abusos fiscales, etc. Pero yo me permito hacer una propuesta alternativa: defender la gestión soberana de los recursos naturales por sus propias poblaciones y exigir desde ya un ejercicio de justicia: la devolución inmediata de todas esas cantidades sustraídas.
Gustavo Duch es miembro de Veterinarios sin fronteras
Fuente: Público
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