Paraísos fiscales, ¿hasta cuándo? Artículo de Carlos Jimémez.

MANGA ANCHA CON UNA PRÁCTICA QUE PERJUDICA AL CIUDADANO.

CARLOS JIMÉNEZ
Paraísos fiscales, ¿hasta cuándo?
El Gobierno no ha luchado contra la existencia de cuentas bancarias en filiales de bancos españoles

Carlos Jiménez*.

Recientes investigaciones judiciales han vuelto a revelar la realidad de esos territorios, incomprensiblemente llamados paraísos por el ordenamiento jurídico, como destino de los capitales de origen ilícito. Su constante presencia ante cualquier forma de delincuencia económica parece que no resulta suficiente para tomar medidas más drásticas que las adoptadas hasta ahora por el Gobierno y la comunidad internacional. Por lo visto, no bastó el informe publicado por la OCDE en el año 1998, en el que se señalaba que esos paraísos "erosionan las bases imponibles de otros países, distorsionan los patrones de comercio e inversión y minan la justicia, neutralidad y amplia aceptación social de los sistemas fiscales en general. Tal competencia fiscal nociva disminuye el bienestar global y vulnera la confianza de los contribuyentes en la integridad de los sistemas fiscales".
Como tampoco parece que bastara el informe del Banco de España del 2004, sobre la presencia de la banca en los que llamaba, evitando su verdadera denominación, "establecimientos off-shore" (en ultramar). La autoridad monetaria reconoció lo que era y es un secreto a voces: que la banca desarrolla a través de sus filiales en dichos centros actividad propia de banca privada con residentes españoles, que los fondos captados en dichos centros se remansan, y que hay serios problemas en "la identificación precisa y documentada del cliente final" de los depósitos fiduciarios constituidos por las filiales off-shore del grupo. Y recomendaba un cierto distanciamiento de la banca respecto de esos territorios con el propósito de "minimizar los riesgos legales y de reputación en que se incurre con las actividades realizadas en establecimientos off-shore". Además, requería a los administradores que el "objeto social y las actividades que puedan llevarse a cabo en un centro off-shore deban estar claramente identificados y definidos". Pero las cosas no han cambiado sustancialmente. El grupo SCH, según el informe presentado a la autoridad bursátil de Estados Unidos para el ejercicio del 2005, declaró 609 filiales, 51 de ellas en paraísos fiscales (8,4%). Y el BBVA, según el informe del ejercicio del 2005, declaró 310 filiales, 29 de ellas en dichos territorios (9,35%).Pero las alarmas se dispararon cuando, el año pasado, la OCDE valoró negativamente la política española antiblanqueo. El informe denuncia el incumplimiento por parte del Gobierno de algunas de las 40 recomendaciones para prevenir el blanqueo de capitales. Cabe destacar dos de los déficits señalados porque reflejan la debilidad del sistema frente a dicha actividad delictiva. Así, se denuncia la falta de una adecuada supervisión de las actividades de los despachos de abogados, notarías, inmobiliarias, registradores, asesores, joyeros y casinos, en cuanto todos están específicamente obligados a cooperar contra el blanqueo de capitales.Entre los años 2001 y 2004, todos esos colectivos habían denunciado solo 18 operaciones sospechosas. Es un dato ya sorprendente. Máxime cuando, según la OCDE, en España están censadas 45.800 empresas inmobiliarias, de las que solo 4.600 tienen más de tres empleados. Y continúa denunciando que no se había hecho ninguna inspección hasta esa fecha de los auditores, abogados, asesores y notarías. Y que solo ha- bían sido investigadas 14 de las 6.500 instituciones financieras censadas en España. El informe prosigue señalando, entre las deficiencias del sistema, el consentimiento de que las instituciones financieras, especialmente las entidades de crédito, mantengan relaciones de corresponsalía con bancos pantalla, evidentemente en paraísos fiscales, y exige asegurar que las filiales bancarias en estos territorios cumplan, como exige la ley de prevención de blanqueo, los sistemas de control interno que permitan detectar las operaciones sospechosas.Es decir, queda acreditado y ahora denunciado a escala internacional lo que ya era evidente: que el Gobierno no cumple rigurosamente con el control de las sociedades y cuentas de las corresponsalías bancarias en los paraísos fiscales. El Gobierno ha reaccionado limitadamente con la aprobación de la ley de medidas de prevención del fraude fiscal, donde finalmente se reconoce que el fraude fiscal "supone una merma para los ingresos públicos", que "afecta a la presión fiscal que soportan los contribuyentes cumplidores" y que es "el principal elemento de inequidad de todo sistema tributario".
Se adoptan ciertas medidas en relación con los paraísos fiscales y el sector inmobiliario. Y, sobre todo, se aprovecha para reformar y controlar más eficazmente la actividad notarial, todavía regida por una ley de 1862. Reforma que, incomprensiblemente, ha encontrado resistencias en esa vetusta corporación. El decano del Colegio de Notarios de Madrid ha advertido de los riesgos que representa para la función del notariado que se abra "en la reserva del protocolo un portillo para que pasen libremente por él no solo los funcionarios encargados de atender emergencias, sino las administraciones tributarias" de cualquier grado, con el riesgo evidente de que pida también esa llave cualquier otra autoridad administrativa, como si el notario formara parte del organigrama del Estado y los protocolos fueran un archivo pú- blico. Y aquí debe haber una raya roja que es preciso respetar". Pues sí, habrá que traspasar muchas líneas rojas si realmente quiere acabarse con esos llamados paraísos, que lo son sobre todo para los delicuentes, como refugio de capitales fruto del fraude y de toda clase de tráficos ilícitos.

*Exfiscal anticorrupción.

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