Comunicado de Attac contra la decisión judicial de archivar el llamado “Caso de las cuentas secretas” del BBVA
La decisión del Juez Central de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de dictar la nulidad de las actuaciones y archivar el “caso de las cuentas secretas”, cuentas que había abierto el BBVA en los paraísos fiscales de Liechtenstein, Jersey y las islas Caimán, y en el que estaban implicados cinco antiguos directivos de la entidad, entre ellos el ex presidente Emilio Ybarra, es para Attac una decisión causante de alarma social en la ciudadanía. Y ello por varias razones:
1º.- Constituye una más entre las decisiones que desde la negligencia judicial vienen suponiendo la impunidad respecto de flagrantes casos de delincuencia financiera en España. Hay que recordar que otra reciente decisión archivó también el llamado “caso de las cesiones de crédito” del BSCH, el otro gran banco privado de nuestro país.
2º.- No es en absoluto cierto, como estima el juez Vázquez Honrubia, que no ha habido perjuicio para nadie. Hubo sustracción de fondos que constituían parte del patrimonio del banco, y dichos fondos fueron depositados en paraísos fiscales para el disfrute de dichos ejecutivos, que disponían libremente de ellos sin que el máximo órgano de gobierno del banco, que es su Junta de Accionistas, tuviera conocimiento de ello. Se da la circunstancia de que parte de estas sumas fueron invertidas en fondos de pensiones cuyos beneficiarios eran los ejecutivos mencionados.
3º.- Sume en el desamparo a los pequeños accionistas, al dejar impunes a los gestores cuando éstos maniobran en su propio provecho con el patrimonio del banco, abusando de su posición de poder en la empresa. La decisión de la Audiencia Nacional parece querer castigar a los pequeños accionistas por no haber sido capaces de manifestarse legalmente como perjudicados. Así que el Juez de la Audiencia Nacional descalifica la acción como parte acusadora del Ministerio Fiscal, ya que, según él, sólo los agraviados por el delito están legitimados para iniciar el procedimiento. Desestima con ello la preclara argumentación del Ministerio Fiscal alegando que el juicio debía de proseguir apelando al artículo 296.2 del Código Penal, que legitima al fiscal como parte acusadora cuando un delito afecta a cuestiones generales o a una pluralidad de personas.
4º.- Pese a que se ocultaron fondos de la entidad en paraísos fiscales por importe de 225 millones de euros, la argumentación del juez para tomar la decisión de archivar el caso, niega que haya constancia de que se haya causado perjuicio económico a la entidad, y es esta interpretación especialmente grave, ya que en su día la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación cuando en el 2002 se conocieron los hechos, y en ella quedaba bien patente la manipulación falsaria de la contabilidad durante 15 años con la intención de encubrir los fondos depositados en las cuentas de estos paraísos fiscales. Sobre todo ello tuvo constancia el Banco de España.
5º.- Pone al descubierto los mecanismos de fraude fiscal a través de la utilización generalizada de los Centros Financieros Offshore, cuando señala que los fondos no estaban contabilizados, pero no habían salido del patrimonio del banco (lo que quiere decir que se trataba de dinero negro del BBVA gestionado desde un paraíso fiscal).
6º.- Del hecho de que la regularización de las cuentas secretas se completara cuando se procedió a su repatriación, al haberse liquidado los impuestos preceptivos por valor de 78’13 millones, no se puede colegir que el delito haya prescrito o no exista como es el caso. Esto sería lo mismo que afirmar que el autor de un robo, al ser cogido “in fraganti”, si devuelve lo sustraído borra el delito. Obviamente el causante tiene que responder por su responsabilidad civil en los hechos.
7º.- Es preocupante, que precisamente ahora, cuando hace medio año que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) ha denunciado una situación, durante los años 2004 y 2005, de inoperancia en la lucha contra el lavado de dinero y el fraude fiscal vía paraísos fiscales en nuestro país, sentencias judiciales de este tipo alienten más si cabe el delito financiero utilizando dichos territorios. Esto es consecuencia de un planteamiento cada vez más conservador de la judicatura, a la vez que denota una sumisión incondicional al poder económico.
Desde Attac queremos así mismo denunciar la pasividad del Gobierno para combatir los paraísos fiscales y al mismo tiempo llamar su atención para que adopte, en este sentido, medidas radicales y eficaces para combatir la delincuencia financiera.
Ante hechos como estos, el movimiento social Attac seguirá presionando socialmente y movilizando a la ciudadanía para que se den pasos sustantivos en la abolición de los paraísos fiscales, comenzando por el no reconocimiento en España de las filiales bancarias y empresas pantalla creadas en los centros financieros extraterritoriales considerados paraísos fiscales. Esta presión social está enmarcada dentro de su campaña por la Justicia Fiscal Global.
15 de marzo de 2007
1º.- Constituye una más entre las decisiones que desde la negligencia judicial vienen suponiendo la impunidad respecto de flagrantes casos de delincuencia financiera en España. Hay que recordar que otra reciente decisión archivó también el llamado “caso de las cesiones de crédito” del BSCH, el otro gran banco privado de nuestro país.
2º.- No es en absoluto cierto, como estima el juez Vázquez Honrubia, que no ha habido perjuicio para nadie. Hubo sustracción de fondos que constituían parte del patrimonio del banco, y dichos fondos fueron depositados en paraísos fiscales para el disfrute de dichos ejecutivos, que disponían libremente de ellos sin que el máximo órgano de gobierno del banco, que es su Junta de Accionistas, tuviera conocimiento de ello. Se da la circunstancia de que parte de estas sumas fueron invertidas en fondos de pensiones cuyos beneficiarios eran los ejecutivos mencionados.
3º.- Sume en el desamparo a los pequeños accionistas, al dejar impunes a los gestores cuando éstos maniobran en su propio provecho con el patrimonio del banco, abusando de su posición de poder en la empresa. La decisión de la Audiencia Nacional parece querer castigar a los pequeños accionistas por no haber sido capaces de manifestarse legalmente como perjudicados. Así que el Juez de la Audiencia Nacional descalifica la acción como parte acusadora del Ministerio Fiscal, ya que, según él, sólo los agraviados por el delito están legitimados para iniciar el procedimiento. Desestima con ello la preclara argumentación del Ministerio Fiscal alegando que el juicio debía de proseguir apelando al artículo 296.2 del Código Penal, que legitima al fiscal como parte acusadora cuando un delito afecta a cuestiones generales o a una pluralidad de personas.
4º.- Pese a que se ocultaron fondos de la entidad en paraísos fiscales por importe de 225 millones de euros, la argumentación del juez para tomar la decisión de archivar el caso, niega que haya constancia de que se haya causado perjuicio económico a la entidad, y es esta interpretación especialmente grave, ya que en su día la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación cuando en el 2002 se conocieron los hechos, y en ella quedaba bien patente la manipulación falsaria de la contabilidad durante 15 años con la intención de encubrir los fondos depositados en las cuentas de estos paraísos fiscales. Sobre todo ello tuvo constancia el Banco de España.
5º.- Pone al descubierto los mecanismos de fraude fiscal a través de la utilización generalizada de los Centros Financieros Offshore, cuando señala que los fondos no estaban contabilizados, pero no habían salido del patrimonio del banco (lo que quiere decir que se trataba de dinero negro del BBVA gestionado desde un paraíso fiscal).
6º.- Del hecho de que la regularización de las cuentas secretas se completara cuando se procedió a su repatriación, al haberse liquidado los impuestos preceptivos por valor de 78’13 millones, no se puede colegir que el delito haya prescrito o no exista como es el caso. Esto sería lo mismo que afirmar que el autor de un robo, al ser cogido “in fraganti”, si devuelve lo sustraído borra el delito. Obviamente el causante tiene que responder por su responsabilidad civil en los hechos.
7º.- Es preocupante, que precisamente ahora, cuando hace medio año que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) ha denunciado una situación, durante los años 2004 y 2005, de inoperancia en la lucha contra el lavado de dinero y el fraude fiscal vía paraísos fiscales en nuestro país, sentencias judiciales de este tipo alienten más si cabe el delito financiero utilizando dichos territorios. Esto es consecuencia de un planteamiento cada vez más conservador de la judicatura, a la vez que denota una sumisión incondicional al poder económico.
Desde Attac queremos así mismo denunciar la pasividad del Gobierno para combatir los paraísos fiscales y al mismo tiempo llamar su atención para que adopte, en este sentido, medidas radicales y eficaces para combatir la delincuencia financiera.
Ante hechos como estos, el movimiento social Attac seguirá presionando socialmente y movilizando a la ciudadanía para que se den pasos sustantivos en la abolición de los paraísos fiscales, comenzando por el no reconocimiento en España de las filiales bancarias y empresas pantalla creadas en los centros financieros extraterritoriales considerados paraísos fiscales. Esta presión social está enmarcada dentro de su campaña por la Justicia Fiscal Global.
15 de marzo de 2007
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