El 69% de las empresas del Ibex operan en paraísos fiscales

El 69% de las empresas del Ibex (24 de las 35 que conforman el indicador) operan en paraísos fiscales, de las cuales seis son entidades bancarias, y la mayoría no ofrecen datos sobre sus actividades en esos países, según un informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

El estudio indica que que la transparencia en el uso de paraísos fiscales por parte de estas empresas es "muy limitada", porque en sus memorias de RSC apenas se aportan datos e información sobre sus actividades y operaciones en el pasado ejercicio.

Cinco de los seis bancos que operan en paraísos fiscales presentan sociedades participadas en estos territorios, y sólo en el caso de Bankinter no hay evidencia de presencia alguna.

Además, las empresas del Ibex 35 mantienen una falta de transparencia "preocupante" sobre su información económica, social y medioambiental en sus memorias de RSC. Responsabilidad Social Corporativa (RSC), de acuerdo con el estudio, que analiza 541 indicadores.

Según el director del estudio, Carlos Cordero, la evolución de la rendición de cuentas de las empresas analizadas "no ha cambiado mucho" y, por tanto, se constata la "necesidad" de una regulación específica", puesto que la información que estas empresas ofrecen es "voluntaria" y estos ejercicios se siguen planteando "más como acción de marketing, de forma unidireccional y no como una fórmula de rendición de cuentas".

El documento destaca que sólo una empresa del Ibex 35, concretamente Red Eléctrica Corporación, desglosa los impuestos que paga por cada país en el que opera, mientras que ninguna desglosa las subvenciones que recibe país por país, algo que, según Cordero, lleva a que no se sepa los impuestos que aporta cada empresa para que desarrollar políticas públicas de desarrollo. "Es muy difícil trabajar eficazmente en la lucha contra el fraude fiscal si las empresas no aportan información transparente", añadió.

Según datos de organizaciones internacionales, se estima que el valor de las perdidas por evasión de capitales en los centros 'Off Shore' supera los 250.000 millones de dólares, una cantidad que sobrepasa con creces lo que el Banco Mundial considera necesario para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Asimismo, apunta que sólo dos de las empresas que operan en más de dos países, Telefónica y Red Eléctrica Corporación, informan sobre los gastos salariales de forma desglosada por país. De acuerdo con el estudio, "se ha convertido en una tónica general" que se informe sobre las operaciones en España, pero no se encuentre la "misma información desglosada" del resto de los países donde operan. "Esto es especialmente grave si se considera que la falta de transparencia en la información se da, sobre todo, en los países en los que los derechos de los empleados suelen ser más vulnerados", reflexionó.

Sin datos de remuneración de consejeros

Por otro lado, el 60 por ciento de las corporaciones analizadas no proporciona datos sobre las remuneraciones de los consejeros de administración, y sólo el 37 por ciento informa de forma desglosada sobre la remuneración individual y los conceptos retributivos de los consejeros. En ese aspecto, se muestra un "retroceso" con respecto a 2008, cuando un 43 por ciento de las empresas informaba de forma desglosada.

Tras la presentación del informe, las organizaciones Greenpeace, Intermón Oxfam, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Fundación Economistas sin Fronteras, y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa lanzaron un manifiesto en el que exigen un "marco legal para promover la transparencia en la información empresarial".

La directora de la campaña de conflictos y Medio Ambiente de Greenpeace, Mabel González, incidió en que en el contexto de la Presidencia española de la Unión Europea, instan al gobierno español a que ponga en marcha un marco regulador que fomente la transparencia de la información que aportan las multinacionales españolas sobre sus actividades en los países donde operan y sobre cómo gestionan los riesgos e impactos en materia social y medioambiental.

"Pedimos un marco legal que garantice el acceso social a los datos y a la información de las empresas que tiene un inmenso poder frente a Estados, que a veces no tienen tanto", manifestó, al tiempo que celebró que el ejecutivo español haya puesto por escrito en su agenda política de la UE la lucha contra los paraísos fiscales.

El manifiesto considera que con una información transparente sería posible garantizar el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente; luchar contra la corrupción; tomar decisiones en materia de derechos laborales; combatir la evasión fiscal; generar confianza entre inversores y sociedad y que el consumidor conozca las externalidades e impactos asociados al bien o servicio que adquiera.

Agencias.
Fuente: Rebelión

Los Bancos Centrales como problema

Este artículo critica la independencia que los Bancos Centrales en la UE, incluido el Banco Central Europeo, tienen del poder político, lo cual explica que antepongan los intereses de los sistemas bancarios por encima de los intereses generales de la sociedad.

Uno de los problemas mayores que existe con los Bancos Centrales en Europa (tanto los nacionales como el Banco Central Europeo, BCE) es que, por lo general, se ven a sí mismos como defensores del sistema bancario, el cual ejerce una excesiva influencia sobre ellos. Creer que tales Bancos centrales están gobernados por profesionales apolíticos motivados por el bien común es de una ingenuidad muy costosa para la economía productiva y para el bienestar de la población. La gran mayoría de sus directores tienen los intereses del sistema bancario como su preocupación esencial. Tanto la experiencia del Banco de España, como la del Banco Central Europeo así lo confirman.

De ahí que haya sido un error haberles dado plena independencia, sin responsabilidad frente al poder político. Tal medida se justificó con el argumento de que los gobernadores de los Bancos centrales tenían que ser conscientes de que no sufrirían sanciones al tomar medidas impopulares. Era, en realidad, una manera de proteger a los sistemas bancarios, pues cuando tomaban decisiones que dañaban a amplios sectores productivos y a la población que trabajaba en ellos, los bancos centrales quedaban (y continúan quedando) impunes. De nuevo, la experiencia del Banco de España, como la del Banco Central, muestran la veracidad de esta observación.

Esta independencia de instituciones públicas (como son los bancos centrales), no es sólo un insulto al carácter democrático de nuestras sociedades, sino también es una medida muy equivocada, pues los intereses del sistema bancario no siempre coinciden con los intereses generales. Son muchas las veces en que tales intereses no son convergentes. Tales bancos centrales debieran estar supervisados por representantes elegidos por la población (es decir, miembros de los Parlamentos), a los cuales deberían rendir cuentas, y cuyos directores debieran poder ser destituidos según el deseo popular. Una de las grandes paradojas es que el gobierno federal de EE.UU., el cual se percibe en Europa como un gobierno liberal, tiene un Banco Central, el Federal Reserve Board, cuyos gobernadores son nombrados por el gobierno federal (con la aprobación del Congreso de EE.UU.), al cual rinden cuentas. Tal Banco Central tiene en su mandato el objetivo de “conducir la política monetaria del país, a través de influenciar las condiciones crediticias y monetarias de la economía, con el objetivo de alcanzar el máximo empleo posible, además de mantener precios estables”. El mandato incluye, de manera preferente, alcanzar el pleno empleo, además de controlar la inflación, un orden de prioridades inverso al que tienen los Bancos Centrales en Europa, incluyendo el Banco Central Europeo. Es precisamente en la Unión Europea donde se ha enfatizado más la independencia de los Bancos, siendo tal independencia una condición de pertenencia a la Unión Europea. Su máxima expresión se ha alcanzado con el Banco Central Europeo. Tal independencia es un indicador del enorme poder del capital financiero en la Unión Europea. Y ello ha significado un coste elevado, pues han predominado los intereses del sistema bancario sobre las necesidades del sistema económico productivo, del crecimiento económico y de la creación de empleo. El hecho de que la Unión Europea haya tenido en los últimos treinta años un crecimiento económico y una tasa de creación de empleo menor que EE.UU. se debe precisamente a este hecho. El Banco Central Europeo ha liderado las políticas favorables al sistema bancario, promoviendo como principal objetivo conseguir una estabilidad de precios a la baja (es decir, una inflación –el mayor enemigo del sistema bancario- lo más baja posible), a costa de un menor crecimiento económico y de una baja creación de empleo. Esto lo ha conseguido mediante el encarecimiento del dinero y del crédito (con elevados intereses bancarios, mucho más elevados que en EE.UU.) y a base de dificultar la expansión del gasto público, siguiendo los criterios de Maastrich, según los cuales los estados miembros de la UE tienen que tener un déficit del estado igual o menor al 3% del PIB, condición que hubiera excluido a EE.UU. de poder ser aceptado en la UE, pues los déficits del gobierno federal de EE.UU. han sido durante el periodo 1980-2007 superiores al permitido en la UE.

Si al mundo empresarial y a la ciudadanía se les dificulta conseguir prestamos y dinero para invertir y consumir y al sector público se le obstaculiza poder aumentar el gasto público y con ello estimular la economía, es lógico y predecible que el crecimiento de la economía, y la creación de empleo será menor que si al mismo país y al mismo continente (en este caso la UE) se les hubiera permitido tener políticas crediticias más favorables e intereses bancarios más bajos, y sus estados pudieran haber tenido un mayor déficit y un mayor gasto público. Esto es fácil de entender y es lo que ha estado pasando. De ahí que querer mantener estos criterios en estos momentos de gran recesión es enormemente erróneo y debiera denunciarse, pues las políticas impuestas por organismos como los Bancos Centrales (incluyendo el BCE) son enormemente costosas y están haciendo un gran daño a la mayoría de la población. Las izquierdas debieran denunciar este enorme dominio del capital financiero en los países de la UE, que se basa en la independencia por parte de los bancos centrales que debiera interrumpirse, permitiendo un mayor control de tales bancos (todos ellos entes público) por parte de los representantes de la población.

Dos últimas observaciones. Como es predecible, el sistema bancario y sus Bancos Centrales (incluyendo el BCE) niegan ninguna responsabilidad en la destrucción del empleo, atribuyéndolo a las supuestas rigideces del mercado de trabajo y a lo que consideran excesiva permisividad pública hacia los déficits públicos. Y a través de sus agencias evaluadoras de los bonos e instrumentos bancarios penalizan a aquellos estados que consideran excesivamente tolerantes hacia su déficit público. El caso más reciente es la evaluación de los bonos del estado español, por parte de la agencia Standard & Poor’s, penalizándolo por lo que consideran ser déficits excesivos. Es absurdo (y no hay otra manera de decirlo) considerar –como lo considera la Banca y sus apologistas como Sala i Martín- (ver Sala i Martín, Enterrar a Keynes, La Vanguardia, 17.12.09) tales agencias como independientes de la Banca. Tales agencia están, en la práctica, pagadas por la Banca y están al servicio de la banca. Fallaron estrepitosamente en su supuesta evaluación del valor de los productos bancarios, definiéndolos como excelentes justo una semana antes de que colapsaran. Su credibilidad es nula y son instrumentos de los intereses bancarios. Considerarlos independientes es un ejemplo más de la impermeabilidad del dogma liberal a los datos que les rodean. Lo que estamos viendo hoy es una enorme agresividad del capital financiero hacia los Estados que, conscientes de la gran responsabilidad que los bancos han tenido en causar la crisis actual, están acentuando su intervencionismo, que aún cuando ha sido hasta ahora extraordinariamente limitado, está causando una gran preocupación en los sistemas bancarios. En EE.UU., incluso el que fue en su día Gobernador del Banco Central Estadounidense (The Federal Reserve Board) Alan Greenspan, admitió en una entrevista al Finantial Times que “la nacionalización de la Banca puede ser la menos mala de todas las opciones”. Y tanto el The New York Times como el Washington Post han publicado artículos pidiendo la nacionalización de la banca. Es en este clima intelectual que parece irresponsable que se quieran mantener los Bancos Centrales que supervisan la banca como agentes independientes, sometidos primordialmente a la influencia de la banca. Que no se esté considerando la pérdida de tal independencia es un indicador más de la excesiva influencia del capital financiero sobre el poder político.

Vicenç Navarro

Fuente: Sistema Digital

La lenta recuperación económica

Un comentario habitual en la prensa diaria y en la prensa económica es que la recuperación económica ocurrirá mucho antes que la disminución del desempleo. Se acentúa en tales medios que el crecimiento del PIB dejará de ser negativo y comenzará a crecer lentamente este año o el próximo, pero se matiza inmediatamente que tal crecimiento no se traducirá automáticamente en un descenso del desempleo. En realidad, en EEUU, la economía ha comenzado a crecer y en cambio el desempleo en lugar de disminuir ha ido aumentando. ¿Cómo es esto posible?

Para responder a esta pregunta tenemos que entender que esta situación (en la que la recuperación económica no va acompañada de un descenso del desempleo) no es nueva, sino que ha estado ocurriendo en cada ciclo económico existente en los últimos 30 años. Durante este periodo ha habido tres ciclos económicos, es decir, situaciones en las que el crecimiento económico ha disminuido de una manera acentuada para luego recuperarse y crecer de nuevo. Pero cada vez el crecimiento es menor. Así, en EEUU, que ha sido uno de los mayores motores de la economía mundial, el crecimiento económico en cada periodo de recuperación económica ha sido menor que en el ciclo anterior. Mientras que el crecimiento económico anual fue de un 5% del PIB (como promedio anual en las recuperaciones económicas) durante el periodo 1950-1975, este fue sólo de un 2,5% en la última recuperación durante el periodo 2001-2007. Lo mismo ocurrió con la tasa de creación de empleo, que fue de un 2,5% por año durante la época 1950-1975 y sólo de un 0,9% en el periodo 2001-2007.

Lo que es también importante señalar es que mientras los salarios aumentaron un 3,8% cada año durante el periodo 1950-1975, aumentaron sólo un 1,8% durante el periodo 2001-2007. Y, a la inversa, los beneficios empresariales, que habían subido un 7,4% al año durante el periodo 1950-1975, se incrementaron sustancialmente, alcanzando un 10,8% durante el periodo 2001-2007. Es en estos últimos datos donde está el meollo de la cuestión. El crecimiento de la productividad, y de la riqueza que ello conlleva, no se ha estado distribuyendo equitativamente durante estos últimos 30 años, como consecuencia de la aplicación de las políticas liberales. Esta riqueza se ha concentrado más y más en las esferas del capital (es decir, del mundo empresarial) a costa del mundo del trabajo (ver Las silenciadas causas de la crisis, en Público, 19/03/09). Ello ha determinado, por un lado, un descenso muy marcado de las rentas del trabajo con el consiguiente descenso de la capacidad adquisitiva de la población y disminución de la demanda, lo cual explica la ralentización del crecimiento económico, que ha forzado en esta crisis un aumento provisional del gasto público para cubrir este déficit de demanda y así poder estimular el crecimiento económico.

Por otra parte, la ralentización de la demanda ha contribuido a la baja producción de empleo y al decrecimiento de la economía llamada productiva (es decir la economía donde se producen y distribuyen bienes de consumo), siendo esta sustituida por la economía especulativa basada en el capital financiero (es decir, en los bancos). Es la crisis financiera, basada en la especulación, la que ha consumido mayor atención de los medios y de la vida política. De ahí que se hayan hecho propuestas para dificultar los comportamientos especulativos del capital financiero y para forzar a la banca para que ejerza su función proveedora de crédito. Pero aún cuando se están tomando medidas en este sentido (y las aprobadas hasta ahora son muy moderadas e insuficientes), la crisis continuará, con una recuperación económica muy débil y con unas tasas de creación de empleo muy bajas, tal como confirma lo que está ocurriendo en EEUU y en la UE. En realidad, la recuperación en la UE es incluso menor que en EEUU como consecuencia de que el estímulo económico público ha sido menor en la UE (2,5% del PIB como promedio) que en EEUU (5,6%). Pero lo que no se está resolviendo es la enorme escasez de demanda y gran endeudamiento, consecuencia de la enorme polarización de las rentas (tanto en EEUU como en Europa) y causa de la pérdida adquisitiva de las clases populares.

En EEUU, la crisis actual dura ya 17 meses, siete más que el promedio de las recesiones anteriores desde la II Guerra Mundial, con una destrucción de empleo (-4,1%) mucho mayor que en las recesiones anteriores (-2,1%). De ahí la gran importancia, no sólo del estímulo económico público, sino también de la creación de la demanda a base de aumentar la capacidad adquisitiva de la población, a costa de reducir la exuberante concentración de las rentas y de la riqueza en las rentas superiores, a partir de políticas públicas redistributivas que no se están haciendo. Sin que ello ocurra, la recuperación continuará muy floja y limitada.

Estamos viendo una situación semejante en España, donde la masa salarial como porcentaje del PIB ha ido disminuyendo desde 1993. El salario medio también ha ido descendiendo tal como confirma la Encuesta de Estructura Salarial (bajó de 19.802 euros en 2002 a 19.680 en 2006). Mientras tanto, las rentas del capital aumentaron muy significativamente. La defensa de las políticas que favorecían las rentas del capital se basaba en el argumento de que facilitarían el crecimiento económico. El argumento que “antes que redistribuir hay que crecer” se convirtió en el eslogan liberal, ampliamente utilizado en las culturas mediáticas y políticas del país. Pero tal tipo de crecimiento (basada en el favoritismo a las rentas del capital) creaba menos crecimiento económico y menos producción de empleo que el que se hubiera dado si tal crecimiento hubiera estado basado en una mayor redistribución de la riqueza. Lo que se necesita ahora es “redistribuir para poder crecer y crear empleo”.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1748/la-lenta-recuperacion-economica/