A pesar de lo que se ha dicho, me parece que la ley es necesaria para tratar de corregir el rumbo de la economía española porque, si bien es cierto que esto solo se consigue finalmente cuando los sujetos económicos actuamos de otro modo, para que eso pueda llegar a producirse es necesario que los poderes públicos establezcan al mismo tiempo, y a ser posible con antelación, incentivos y desincentivos adecuados, que proporcionen recursos colectivos suficientes y, en general, un marco normativo de actuación que permita que la actividad se lleve a cabo de un modo o de otro.
Y me parece también, como acabo de señalar, que casi todo lo que está en el anteproyecto es necesario para cambiar de rumbo, aunque entiendo que hay algunas cuestiones que creo que son contradictorias con el objetivo que se pretende (como elevar obligatoriamente la edad de jubilación), otras insuficientes (como los compromisos en materia ambiental) y algunas muy importantes que se han soslayado.
Una observación previa importantes es que, en general, el Anteproyecto está dirigido a reorientar la actividad económica hacia otros sectores productivos, cuando la sostenibilidad tiene bastante más que ver con el cómo se produce que con el qué producir. No basta con que la actividad se reconduzca hacia nuevos sectores sino que, incluso en los que ahora forman la base del modelo productivo, se llevase a cabo de otro modo.
Y, además, eso no tiene que ver solamente con la dimensión material de la producción, que es fundamental, sino también con su inseparable dimensión distributiva (además de la ambiental).
También creo que, aunque no se haga explícito, el Anteproyecto es siervo de un modo de pensar que tiende a concebir, a mi juicio equivocadamente, que la base de la sostenibilidad es el crecimiento, cuando en realidad es más bien al contrario: el crecimiento entendido como un proceso ilimitado es lo verdaderamente insostenible. Digo esto porque de no prevalecer esta creencia, quizá se hubiera puesto más énfasis en las infraestructurales sociales que en las materiales, en el desarrollo de mercados internos más que en la internacionalización de la economía, en la vertebración más que en la competitividad, o más en el bienestar que en el crecimiento. Es decir, que se propondrían construir más escuelas de infancia, por ejemplo, que kilómetros de carreteras o de Aves.
Por otro lado, el Anteproyecto y en general la estrategia de economía sostenible del gobierno apenas si tiene recorrido sobre cuestiones que son centrales y de las que verdaderamente depende que se puedan consolidar un modo diferente de crear riqueza y de distribuirla. Para lograr incrementos de productividad que no lesionen el empleo, para reequilibrar nuestras cuentas exteriores, cuyo déficit volverá a ser insostenible una vez que la actividad se recupere si no se cambia de modelo y de pauta de reparto, para generalizar la innovación en el tejido productivo, para lograr que la economía española sea competitiva a través de vías distintas a la moderación salarial constante (la vía cutre de desarrollo que promueven la patronal, el Banco de España y los académicos que ambos promocionan), para disminuir nuestra dependencia energética o para disponer de los recursos públicos suficientes para favorecer todo ello, hacen falta más medidas y desgraciadamente más contundentes que contiene el Anteproyecto. Aunque cabe desear y esperar que en el iter que le llevará a convertirse definitivamente en ley se amplíen algunos de sus contenidos y compromisos en esos campos.
En cualquier caso, el mayor problema al que se enfrenta el Anteproyecto es que resultará imposible que la economía española avance hacia una mayor sosteniblidad si no afronta los factores que verdaderamente la limitan hoy día.
Es cierto que la insostenibilidad tiene que ver con un modo de producir que despilfarra y destroza recursos humanos, materiales y medioambientales, que genera residuos que ni siquiera contabiliza y que no repone todos los recursos ni el capital que consume. Pero no solo con eso. Un modelo económico como el actual de España es así mismo insostenible cuando se basa en la polarización de rentas más alta de Europa, cuando su sector financiero sigue una lógica que nada tiene que ver con la financiación de la creación de riqueza productiva y el empleo sostenibles en nuestro interior, cuando solo se propone competir bajando salarios y precarizando el empleo, cuando se jibariza constantemente al Estado y se reduce el gasto público que se necesita para crear el capital colectivo que satisface las necesidades sociales y alimenta y apoya a la iniciativa privada, cuando se deja que su inserción con el exterior sea sumamente dependiente y esclava de las grandes transnacionales o incluso de otros estados, cuando apenas si se hace nada para evitar que casi una quinta parte de la actividad económica sea “en negro” o que las rentas más altas hagan mutis por el foro a la hora de contribuir a la hacienda pública.
Como he apuntado antes, el mayor obstáculo para lograr que nuestra economía sea sostenible material, medioambiental y socialmente son las políticas económicas que vienen prevaleciendo en los últimos años de la mano del fundamentalismo liberal. Ni siquiera las ya de por sí tímidas medidas que se propone llevar a cabo el Gobierno (como está ocurriendo con la emblemática Ley de Dependencia) darán sus frutos sin reorientar la política económica general, sin reforzar las bases del Estado de Bienestar, sin combatir la desigualdad y sin frenar el poder de los grupos industriales y financieros que en definitiva son los que imponen el modelo en el que estamos.
Para avanzar hacia la sosteniblidad de la economía española hay que partir de la aplicación de políticas económicas distintas a las que se han impuesto en la Unión Europa y que aquí defiende la patronal y el Banco de España. Si nuestra economía está en la situación en la que está y por eso se desea cambiar su rumbo y su modelo productivo es un completo absurdo tratar de hacerlo aplicando las mismas políticas que han llevado a la situación en la que estamos y que han fortalecido el modelo que se quiere modificar.
Los grandes centros de poder se esfuerzan por sacar adelante sus propuestas y no debe ser fácil ni grato enfrentarse a ellos pero si el gobierno español desea verdaderamente hacer frente a la situación y no dejar empantanada a la economía española no tiene más remedio que articular un discurso y una práctica política diferente a la que con insistencia proclaman el Banco de España y la patronal. Claro que no lo podrá hacer solo. Precisa del apoyo de su propio partido y de otros de izquierdas, de los sindicatos y, sobre todo, de los ciudadanos.
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