Comunicado de ATTAC España
ATTAC informa a los ciudadanos y ciudadanas que, contrariamente a lo que actualmente nos están trasmitiendo los líderes políticos del Gobierno de nuestro país y de la Oposición de derechas y centro-derecha, las rebajas sistemáticas de impuestos sobre las rentas, los beneficios de las empresas y las transmisiones patrimoniales, así como la pretendida abolición del impuesto sobre el patrimonio, no constituyen un beneficio para la ciudadanía, sino que en realidad implican un claro retroceso en la garantía de prestación de servicios públicos esenciales y de las infraestructuras públicas de las que nos beneficiamos todas y todos.
Si el Estado no dispone de ingresos suficientes no puede proveer y garantizar a los ciudadanos/as unos servicios públicos de calidad (educativos, sanitarios, pensiones, servicios sociales, redes viarias, transportes colectivos, de promoción cultural, o suministros). El deterioro de los servicios públicos, que lleva a su descrédito ante la ciudadanía, es el principal argumento que emplean en la actualidad muchos gobiernos para privatizar servicios esenciales, basándose en la falsa creencia, como a largo plazo se viene demostrando, de que la gestión privada es más eficaz.
Los ingresos fiscales son la base fundamental de los presupuestos públicos y constituyen una fuente de riqueza necesaria para el desarrollo de lo común, de lo colectivo y de los derechos sociales, para la cohesión social, el Estado de Derecho y el progreso económico y social. Así lo han entendido durante muchos años en Europa gobiernos de países con una mayor presión fiscal que España: la media de la presión fiscal en la Europa de los 15 es 5 puntos superior a la de España. Además estos mismos países conceden en sus presupuestos gran importancia al gasto social: la media del gasto social en estos países es 6 puntos superior a la española, y así han podido desarrollar políticas de bienestar más satisfactorias.
Pero el Gobierno español quiere hacer creer a la ciudadanía que su política presupuestaria está generando tal superávit que es posible abordar la supresión de los impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones, rebajas en los topes de IRPF y la reducción gradual del impuesto de sociedades, sin que ello implique la reducción del gasto público y el deterioro en los servicios públicos.
Sin embargo, la realidad es bien distinta. Bajo la presión de los centros del poder económico, que quieren que todo lo colectivo se mercantilice y pase a ser negocio, España sigue la pauta que el neoliberalismo está imponiendo en todo el planeta: una reducción progresiva de los impuestos directos y una tendencia, cada vez mayor, a ir descargando de responsabilidades y de gasto público al Estado en favor de la iniciativa privada para la prestación de Servicios Públicos.
ATTAC ha expresado en anteriores comunicados su rechazo a leyes tributarias concretas de carácter regresivo del actual Gobierno y de gobiernos anteriores que suponían una disminución de los impuestos directos a las plusvalías de las empresas y a los beneficios del capital, al mismo tiempo que tendían a cargar el peso contributivo sobre los impuestos indirectos al consumo y sobre las rentas del trabajo y esto en una situación en donde año tras año las rentas del trabajo disminuyen, en relación al PIB, y las del capital aumentan.
Añadimos a esto que la mera existencia de los llamados Paraísos Fiscales crea una competencia fiscal a la baja entre los diversos países. Al tener estos Paraísos Fiscales una fiscalidad nula hacia los capitales foráneos y un régimen de opacidad, atraen todo tipo de capitales legales ilegales y delictivos. Esto ayuda a crear una competencia impositiva y a que todos los países rebajen sus impuestos.
ATTAC viene denunciando reiteradamente las múltiples formas de que se sirven las multinacionales, grandes empresas y grandes fortunas para efectuar evasión y fraude fiscal a través de sociedades pantalla y cuentas opacas abiertas en filiales bancarias de Bancos Españoles y extranjeros en Paraísos Fiscales. Y por ello insiste a los diversos Gobiernos para que no se reconozcan jurídicamente a estas sociedades y filiales establecidas en dichos centros offshore, sin que hasta el momento ningún gobierno democráticamente constituido haya actuado lo más mínimo contra esta realidad delictiva que socava nuestro sistema tributario y nuestra democracia.
Ante esta preocupante situación denunciamos la actitud del Gobierno del Estado Español y consideramos necesario que de una vez se informe verazmente a la ciudadanía y que se promuevan acciones políticas para que se desarrolle una cultura sobre la necesidad de los impuestos en lo que respecta al bienestar y la garantía de los derechos básicos de ciudadanía y que persiga la evasión, fraude fiscal y lavado de dinero negro a través de los Paraísos Fiscales. ¡Bajar los impuestos es socialmente reaccionario!
