El problema global de los paraísos fiscales: el caso de los Países Bajos.Durante siglos, los Países Bajos alentaron el espíritu emrprendedor, la perspectiva internacional y las políticas de mercado abiertas. Sumados al clima político y económico del país, estos factores históricos lo convierten en un ambiente casi perfecto para la planificación fiscal internacional. Este ambiente es afianzado tanto por la red holandesa de tratados de impuestos con virtualmente cada territorio financiero importante del mundo como también por los beneficios que ofrece el establecer holdings intermedios en las Antillas Holandesas. DESCARGAR INFORME COMPLETO.
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domingo, 8 de abril de 2007
martes, 3 de abril de 2007
El clima: la propaganda de Angela Merkel
De repente todo el mundo habla del clima, en especial la canciller alemana. Así deben camuflarse los conflictos sociales en la UE y el G-8. Pero sin justicia no hay prevención del cambio climático posible.
La UE está inmersa en una profunda crisis. Mucha gente está insatifecha con la desprotección social, la precaridad laboral, la creciente pobreza y las desigualdades. Precisamente ahora la UE descubre una nueva 
fuente de identidad común: la salvación del clima. Angela Merkel regresaba radiante como una vencedora del Consejo de la UE. Ante el público alemán fue aplaudida por las dos resoluciones tomadas para el 2020: un 20% menos de emisiones de CO2 así como un 20% más de energías renovables en el plan de energía de la Unión. El Papa - Solar Franz Alt exultaba: "La razón de ser de la Unión de 27 países puede ser el motor del cambio a la energía solar a nivel mundial. El éxito de las energías renovables y la esperanza en el cambio a la energía solar de ahora en adelante llevarán un nuevo nombre: Angela Merkel."
fuente de identidad común: la salvación del clima. Angela Merkel regresaba radiante como una vencedora del Consejo de la UE. Ante el público alemán fue aplaudida por las dos resoluciones tomadas para el 2020: un 20% menos de emisiones de CO2 así como un 20% más de energías renovables en el plan de energía de la Unión. El Papa - Solar Franz Alt exultaba: "La razón de ser de la Unión de 27 países puede ser el motor del cambio a la energía solar a nivel mundial. El éxito de las energías renovables y la esperanza en el cambio a la energía solar de ahora en adelante llevarán un nuevo nombre: Angela Merkel." Con este proyecto europeo la anfitriona quiere dar prioridad al tema del cambio climático sólo hasta la cumbre del G-8 en Heiligendamm. Durante el fin de semana los ministros de medio ambiente del G-8 se reunieron en Postdam con este objetivo, pero con escasos resultados. El G-8 tiene problemas muy similares a los de la UE. Entre los países miembros hay una enorme tensión política, y las consecuencias antisociales de su política neoliberal son cada vez menos aceptadas. Esto se deja entrever en la Organización Mundial del Comercio (OMC) o en el Fondo Monetario Internacional (FMI), dos referentes determinantes y dominados por el G-8. Las negociaciones con el FMI no avanzan, ya que los países en vías de desarrollo exigen unos acuerdos justos con los cuales los países industrializados no podrían seguir imponiendo sus intereses políticos. En cambio, apenas existe ningún país industrializado que aún mantenga uno de los oprimentes créditos del FMI. Los años de lucha continua del movimiento antiglobalización unidos a algunos países progresistas en vías de desarrollo han frenado la poderosa máquina de los países industrializados. La cumbre del G-8 se ha convertido, a nivel mundial, en el símbolo de una política neoliberal destructora.
A pesar de todo, desde unas de las mismas instituciones ya ilegítimas como el G-8 se reivindica fomentar la protección del medio ambiente. Sólo los suicidas y los cínicos podrían, en la crisis climática actual , no agarrarse aunque sea a un clavo ardiendo. Esto se corresponde con una vieja tradición también muy seguida por la izquierda: aunque los capitalistas despertaran odio, se les reclamaba igualmente mejoras de las condiciones laborales. También es legítimo dirigir reivindicaciones legítimas a una institución ilegítima.
En todo caso, el hecho de que una política climática efectiva sea compatible con la del G-8 provoca serias dudas. El primer problema que de momento se plantea es el de la credibilidad. Mientras Angela Merkel habla sobre la prevención internacional del cambio climático, dentro de su país aplica políticas anticuadas y en la UE hace la vista gorda en lo que a las industrias contaminantes se refiere.
Alemania no cuenta con un límite de tiempo, y en el caso de que la UE estableciera límites severos a las emisiones de CO2 para los medios de transporte personales, las críticas más duras llegarían precisamente a Berlín. Alemania tiene planeado instalar seis nuevas centrales energéticas de lignito y 17 de carbón. Se fomentará el tráfico aéreo y las construcciones de nuevos aeropuertos y pistas de aterrizaje se subvencionarán a su vez con dinero público. Un medio de transporte respetuoso con el medio ambiente como es el ferrocarril no se ampliará, sino que viene a caer en las manos de inversores privados.
Desde hace años falta la voluntad de aumentar el consumo responsable de energía y, de forma paralela, perseguir una intensificación de las energías renovables eficaces. Probablemente la UE tampoco conseguirá cumplir con la obligación internacional de las metas protocolo de Kioto, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 8% frente a los valores de 1990. Además, las reducciones, en contra de las promesas internacionales, no se realizarán sobre todo dentro de Alemania, sino que en lugar de eso se financiarán medidas de prevención del cambio climático en países del tercer mundo. Sin embargo, sin resultados en nuestro propio país, difícilmente se podrá exigir a los países de economías emergentes y en vías de desarrollo esfuerzo alguno en materia de prevención del cambio climático.
Aún mayores contradicciones existen entre la globalización neoliberal y una política efectiva contra el cambio climático. La apertura de los mercados globales hacia las mercancías y el capital lleva siempre a una mayor desigualdad y destrucción del medio ambiente. La política internacional en materia de medio ambiente no llegará a ninguna parte si al mismo tiempo no se controla el proceso de globalización en lo que a derechos sociales y democráticos se refiere. Citamos , tres ejemplos: Primero: los países más perjudicados por el cambio climático son los de economías emergentes y en vías de desarrollo. Siguiendo el principio de la autoría, los países industrializados son los que, en realidad, deberían pagar los inmensos daños que han causado. Además, a la vista del flujo de refugiados, las sequías y las inundaciones , los esfuerzos financieros necesarios para paliarlos son enormes. Así que, en lugar de exigir a los países en vías de desarrollo la devolución de la deuda, que suma en total dos billones de dólares, estas deudas deberían ser eliminadas y las ayudas al desarrollo incrementadas de forma masiva. En segundo lugar, la necesidad del acceso a tecnologías eficientes de los países en vías de desarrollo y con economías emergentes. Para una rápida expansión e innovación de tecnologías con visión de futuro es decisivo que los países en vías de desarrollo y con economías emergentes puedan desarrollar , producir y seguir desarrollando ellos mismos dichas tecnologías. Para ello los derechos de propiedad intelectual referidos a la innovación deberían limitarse, y los avances tecnológicos importantes o estratégicos deberían ser trasladados a los países en vías de desarrollo. Esto es precisamente lo contrario que Angela Merkel ha reivindicado y propuesto de cara a la cumbre del G-8: la concesión firme de patentes por todo el mundo. Algo parecido ocurre con los medicamentos y las simientes, donde las tecnologías aplicadas al consumo responsable de los recursos son necesarias para la supervivencia; la mayoría de estas tecnologías deberían ponerse a disposición libre y gratuita de los países en vías de desarrollo y con economías emergentes . En tercer lugar, la prevención del cambio climático sólo sería viable en los países industrializados si viene acompañada con un cambio de tendencia en lo social. Para evitar las repercusiones más graves del cambio climático en 2050 deberían de reducirse las emisiones de CO2 en un 80%. Este umbral de reducción lleva implícito muchas posibilidades de creación de nuevos empleos y desarrollo económico; al mismo tiempo, se produciría una reinserción laboral y social de muchas personas.
Una medida de cambio de este tipo no será aceptada fácilmente, ya que supondría una clara mejora del bienestar social. No es compatible con políticas laborales neoliberales del tipo " Harz IV" y con el sistema de pensiones míseras. Del mismo modo, es poco probable que las acentuadas diferencias entre pobres y ricos y la exigente prevención del cambio climático vayan juntas. Los crecientes precios de la energía darán a las divisiones sociales una nueva dimensión. Unos podrán seguir viajando en avión y permitirse limusinas de lujo, mientras que otros apenas podrán pagar los gastos de la calefacción. Es muy improbable que esto se acepte. La prevención del cambio climático necesita derechos sociales. 
La política climática es, por consiguiente, algo más que política medioambiental. La política climática plantea preguntas fundamentales en lo que a justicia se refiere, preguntas que siempre y sólo son contestadas bajo una fuerte presión social. Esta presión la deben crear de forma masiva y coordinada los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales y los sindicatos en Heiligendamm.
Sven Giegold , ATTAC ALEMANIA
Traducción: Sara Maruozzo, COORDITRAD
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lunes, 26 de marzo de 2007
Manifiesto ATTAC España acerca de la campaña Justicia Fiscal Global
Quizá pienses que no vivimos en una sociedad justa y seguramente te has planteado como conseguir un mundo con menos desigualdades y menos sufrimiento. Quienes sostenemos que otro mundo es posible te hacemos llegar algunas ideas sobre Justicia Fiscal: DESCARGAR DOCUMENTO
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Attac y las cuentas secretas del BBVA
Comunicado de Attac contra la decisión judicial de archivar el llamado “Caso de las cuentas secretas” del BBVA
La decisión del Juez Central de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de dictar la nulidad de las actuaciones y archivar el “caso de las cuentas secretas”, cuentas que había abierto el BBVA en los paraísos fiscales de Liechtenstein, Jersey y las islas Caimán, y en el que estaban implicados cinco antiguos directivos de la entidad, entre ellos el ex presidente Emilio Ybarra, es para Attac una decisión causante de alarma social en la ciudadanía. Y ello por varias razones:
1º.- Constituye una más entre las decisiones que desde la negligencia judicial vienen suponiendo la impunidad respecto de flagrantes casos de delincuencia financiera en España. Hay que recordar que otra reciente decisión archivó también el llamado “caso de las cesiones de crédito” del BSCH, el otro gran banco privado de nuestro país.
2º.- No es en absoluto cierto, como estima el juez Vázquez Honrubia, que no ha habido perjuicio para nadie. Hubo sustracción de fondos que constituían parte del patrimonio del banco, y dichos fondos fueron depositados en paraísos fiscales para el disfrute de dichos ejecutivos, que disponían libremente de ellos sin que el máximo órgano de gobierno del banco, que es su Junta de Accionistas, tuviera conocimiento de ello. Se da la circunstancia de que parte de estas sumas fueron invertidas en fondos de pensiones cuyos beneficiarios eran los ejecutivos mencionados.
3º.- Sume en el desamparo a los pequeños accionistas, al dejar impunes a los gestores cuando éstos maniobran en su propio provecho con el patrimonio del banco, abusando de su posición de poder en la empresa. La decisión de la Audiencia Nacional parece querer castigar a los pequeños accionistas por no haber sido capaces de manifestarse legalmente como perjudicados. Así que el Juez de la Audiencia Nacional descalifica la acción como parte acusadora del Ministerio Fiscal, ya que, según él, sólo los agraviados por el delito están legitimados para iniciar el procedimiento. Desestima con ello la preclara argumentación del Ministerio Fiscal alegando que el juicio debía de proseguir apelando al artículo 296.2 del Código Penal, que legitima al fiscal como parte acusadora cuando un delito afecta a cuestiones generales o a una pluralidad de personas.
4º.- Pese a que se ocultaron fondos de la entidad en paraísos fiscales por importe de 225 millones de euros, la argumentación del juez para tomar la decisión de archivar el caso, niega que haya constancia de que se haya causado perjuicio económico a la entidad, y es esta interpretación especialmente grave, ya que en su día la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación cuando en el 2002 se conocieron los hechos, y en ella quedaba bien patente la manipulación falsaria de la contabilidad durante 15 años con la intención de encubrir los fondos depositados en las cuentas de estos paraísos fiscales. Sobre todo ello tuvo constancia el Banco de España.
5º.- Pone al descubierto los mecanismos de fraude fiscal a través de la utilización generalizada de los Centros Financieros Offshore, cuando señala que los fondos no estaban contabilizados, pero no habían salido del patrimonio del banco (lo que quiere decir que se trataba de dinero negro del BBVA gestionado desde un paraíso fiscal).
6º.- Del hecho de que la regularización de las cuentas secretas se completara cuando se procedió a su repatriación, al haberse liquidado los impuestos preceptivos por valor de 78’13 millones, no se puede colegir que el delito haya prescrito o no exista como es el caso. Esto sería lo mismo que afirmar que el autor de un robo, al ser cogido “in fraganti”, si devuelve lo sustraído borra el delito. Obviamente el causante tiene que responder por su responsabilidad civil en los hechos.
7º.- Es preocupante, que precisamente ahora, cuando hace medio año que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) ha denunciado una situación, durante los años 2004 y 2005, de inoperancia en la lucha contra el lavado de dinero y el fraude fiscal vía paraísos fiscales en nuestro país, sentencias judiciales de este tipo alienten más si cabe el delito financiero utilizando dichos territorios. Esto es consecuencia de un planteamiento cada vez más conservador de la judicatura, a la vez que denota una sumisión incondicional al poder económico.
Desde Attac queremos así mismo denunciar la pasividad del Gobierno para combatir los paraísos fiscales y al mismo tiempo llamar su atención para que adopte, en este sentido, medidas radicales y eficaces para combatir la delincuencia financiera.
Ante hechos como estos, el movimiento social Attac seguirá presionando socialmente y movilizando a la ciudadanía para que se den pasos sustantivos en la abolición de los paraísos fiscales, comenzando por el no reconocimiento en España de las filiales bancarias y empresas pantalla creadas en los centros financieros extraterritoriales considerados paraísos fiscales. Esta presión social está enmarcada dentro de su campaña por la Justicia Fiscal Global.
15 de marzo de 2007
1º.- Constituye una más entre las decisiones que desde la negligencia judicial vienen suponiendo la impunidad respecto de flagrantes casos de delincuencia financiera en España. Hay que recordar que otra reciente decisión archivó también el llamado “caso de las cesiones de crédito” del BSCH, el otro gran banco privado de nuestro país.
2º.- No es en absoluto cierto, como estima el juez Vázquez Honrubia, que no ha habido perjuicio para nadie. Hubo sustracción de fondos que constituían parte del patrimonio del banco, y dichos fondos fueron depositados en paraísos fiscales para el disfrute de dichos ejecutivos, que disponían libremente de ellos sin que el máximo órgano de gobierno del banco, que es su Junta de Accionistas, tuviera conocimiento de ello. Se da la circunstancia de que parte de estas sumas fueron invertidas en fondos de pensiones cuyos beneficiarios eran los ejecutivos mencionados.
3º.- Sume en el desamparo a los pequeños accionistas, al dejar impunes a los gestores cuando éstos maniobran en su propio provecho con el patrimonio del banco, abusando de su posición de poder en la empresa. La decisión de la Audiencia Nacional parece querer castigar a los pequeños accionistas por no haber sido capaces de manifestarse legalmente como perjudicados. Así que el Juez de la Audiencia Nacional descalifica la acción como parte acusadora del Ministerio Fiscal, ya que, según él, sólo los agraviados por el delito están legitimados para iniciar el procedimiento. Desestima con ello la preclara argumentación del Ministerio Fiscal alegando que el juicio debía de proseguir apelando al artículo 296.2 del Código Penal, que legitima al fiscal como parte acusadora cuando un delito afecta a cuestiones generales o a una pluralidad de personas.
4º.- Pese a que se ocultaron fondos de la entidad en paraísos fiscales por importe de 225 millones de euros, la argumentación del juez para tomar la decisión de archivar el caso, niega que haya constancia de que se haya causado perjuicio económico a la entidad, y es esta interpretación especialmente grave, ya que en su día la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación cuando en el 2002 se conocieron los hechos, y en ella quedaba bien patente la manipulación falsaria de la contabilidad durante 15 años con la intención de encubrir los fondos depositados en las cuentas de estos paraísos fiscales. Sobre todo ello tuvo constancia el Banco de España.
5º.- Pone al descubierto los mecanismos de fraude fiscal a través de la utilización generalizada de los Centros Financieros Offshore, cuando señala que los fondos no estaban contabilizados, pero no habían salido del patrimonio del banco (lo que quiere decir que se trataba de dinero negro del BBVA gestionado desde un paraíso fiscal).
6º.- Del hecho de que la regularización de las cuentas secretas se completara cuando se procedió a su repatriación, al haberse liquidado los impuestos preceptivos por valor de 78’13 millones, no se puede colegir que el delito haya prescrito o no exista como es el caso. Esto sería lo mismo que afirmar que el autor de un robo, al ser cogido “in fraganti”, si devuelve lo sustraído borra el delito. Obviamente el causante tiene que responder por su responsabilidad civil en los hechos.
7º.- Es preocupante, que precisamente ahora, cuando hace medio año que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) ha denunciado una situación, durante los años 2004 y 2005, de inoperancia en la lucha contra el lavado de dinero y el fraude fiscal vía paraísos fiscales en nuestro país, sentencias judiciales de este tipo alienten más si cabe el delito financiero utilizando dichos territorios. Esto es consecuencia de un planteamiento cada vez más conservador de la judicatura, a la vez que denota una sumisión incondicional al poder económico.
Desde Attac queremos así mismo denunciar la pasividad del Gobierno para combatir los paraísos fiscales y al mismo tiempo llamar su atención para que adopte, en este sentido, medidas radicales y eficaces para combatir la delincuencia financiera.
Ante hechos como estos, el movimiento social Attac seguirá presionando socialmente y movilizando a la ciudadanía para que se den pasos sustantivos en la abolición de los paraísos fiscales, comenzando por el no reconocimiento en España de las filiales bancarias y empresas pantalla creadas en los centros financieros extraterritoriales considerados paraísos fiscales. Esta presión social está enmarcada dentro de su campaña por la Justicia Fiscal Global.
15 de marzo de 2007
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