sábado, 22 de febrero de 2014

¿Hay razones confesables para tener dinero en paraísos fiscales?

Últimamente está muy de moda argumentar que se puede tener dinero en un paraíso fiscal y no infringir ningún tipo de ley tributaria. Esta afirmación en sí misma es una falsedad, teniendo en cuenta la propia definición de paraíso fiscal y las motivaciones habituales que llevan a tomar esta decisión.

Cuatro factores clave son los utilizados para determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal:

1- Si la jurisdicción no impone impuestos o éstos son sólo nominales. La OCDE reconoce que cada jurisdicción tiene derecho a determinar si impone impuestos directos. Si no hay impuestos directos pero sí indirectos, se utilizan los otros tres factores para determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal.

2- Si hay falta de transparencia. La opacidad informativa yo diría que es la característica principal de un paraíso fiscal, ya que es la que permite tener la confianza de no declarar sin ser descubierto.

3- Si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países en relación a contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos.

4- Si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aún cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país.

Los motivos habituales para depositar dinero en un paraíso fiscal son lo siguientes:

A-Origen de dudosa legalidad del dinero en cuestión, por no decir que suele provenir de actos delictivos(corrupción,drogas, o economía sumergida). Incluso puede darse el caso que el dinero sea obtenido legalmente pero que se pretenda eludir la futura tributación en el país de origen.

B-Intención de eludir al fisco o pagar muchos menos impuestos sin la necesidad de residir en el propio paraíso fiscal. Normalmente el que acude a los paraísos fiscales lleva una importante cantidad de dinero; teniendo en cuenta el sistema fiscal español no tendría mucho sentido mandar a un paraíso fiscal menos 100.000€ , y menos aún si se ha obtenido de forma legal.

¿Qué impuestos se suelen tratar de eludir o rebajar en un paraíso fiscal? Fundamentalmente los directos: IRPF, donaciones y sucesiones, sociedades, patrimonio,etc.

¿A que a ninguno de ustedes se le ocurriría llevar 1000€ a un paraíso fiscal?

La pregunta que nos tienen que contestar los políticos de todos los países del mundo es cómo no son capaces de eliminar estos paraísos fiscales a sabiendas que suponen una pérdida importante de ingresos fiscales en todos los países. La respuesta me imagino que la conocen muchos de ustedes: lamentablemente los que gobiernan lo hacen en teoría para todos pero sobre todo para ellos.

Se dice que al menos una cuarta parte de la riqueza mundial está depositada o gestionada desde paraísos fiscales.

Si les dijera que a día de hoy Suiza la OCDE no le considera un paraíso fiscal seguro que muchos de ustedes se sorprendería, igual que me ha ocurrido a mí.

Los paraísos fiscales enumerados en la lista publicada por la OCDE el 2 de noviembre de 2011 son:
 Nauru
Niue, Nueva Zelanda

Territorios que se comprometen a mejorar la transparencia e intercambio de información:
 Andorra
 Anguila, Reino Unido
 Antigua y Barbuda
  Curazao, Países Bajos
  Aruba, Países Bajos
 Bahamas
 Baréin
 Belice
  Bermudas, Reino Unido
 Chipre
 Dominica
 Gibraltar, Reino Unido
 Granada
 Guernsey, Reino Unido
 Islas Cook, Nueva Zelanda
 Isla de Man, Reino Unido
 Islas Caimán, Reino Unido
 Islas Marshall
  Islas Turcas y Caicos, Reino Unido
Islas Vírgenes Británicas, Reino Unido
 Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Estados Unidos
 Jersey, Reino Unido
 Liberia
 Liechtenstein
 Maldivas
 Malta
 Mauricio
 Mónaco
 Montserrat, Reino Unido
 Samoa
 San Cristóbal y Nieves
 San Marino
 San Vicente y las Granadinas
 Santa Lucía
 Seychelles
 Vanuatu
paraisos fiscales 2

¿El fraude fiscal y los paraísos fiscales están justificados por una fiscalidad voraz de los Estados?

¿Y al mismo tiempo son los políticos unos de los mejores clientes de los paraísos fiscales?

¿Cuántos partidos ponen como objetivo de sus programas electorales la eliminación de los paraísos fiscales?

Ni se nos pasa por la cabeza el escándalo que supondría conocer a todos aquellos que usan los paraísos fiscales. Sólo recibimos información de casos a cuenta gotas.
¿Tiene usted alguna razón confesable para tener dinero en un paraíso fiscal?

Ramon FD,
La Vanguardia.com

martes, 18 de febrero de 2014

La deuda pública ilegítima de España

La mayoría de los análisis que se han hecho a lo largo de la actual crisis sistémica sobre la economía española, además de ser incorrectos, están cargados de una profunda ideología. Ahora nos vuelven de nuevo a mentir, no hay ningún proceso de recuperación en ciernes, ni lo habrá, mientras no se reduzca de manera drástica, bien por reestructuración o bien por extinción, nuestro volumen de deuda total.

Tenemos un volumen de deuda privada y pública que no se va a poder pagar, salvo que se pretenda arruinar las expectativas de vida de los españoles –ya están en ello-. Lo que empezó siendo un problema de deuda privada ha acabado contaminando definitivamente a la deuda pública. Las dinámicas de ambas están fuera de control. Bajo este escenario, quien financió la mayoría de esta deuda, el sistema bancario, es insolvente.

En este contexto diversas voces urgen identificar qué parte de nuestra deuda pública es ilegítima, cómo y por qué se ha generado. Y una vez identificada, proponer como extinguirla.

¿Qué es la deuda ilegítima?
La deuda ilegítima sería aquella deuda contraída por un gobierno, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país. Dicha deuda entonces no tendría por qué ser pagada. Legalmente el concepto es análogo a la nulidad de los contratos firmados bajo coacción.

Técnicamente se consideraría deuda ilegítima aquella deuda emitida por las administraciones públicas cuyos fondos se destinan no a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser nuevamente prestados a terceros.

Sin embargo, también debería incluirse dentro del concepto de deuda ilegítima toda aquella obra pública inútil, muy extendida en nuestro país por los distintos gobiernos de turno, y aquella cuyo coste final supere con creces lo recogido y asumido por las partes en los distintos concursos públicos. Estas últimas podrían considerarse personales, debiendo responder quienes las hayan contraído -bien sea el presidente del Gobierno o de una comunidad autónoma, el alcalde de turno, el gobernador del Banco Central…- y no el Estado en su conjunto y por tanto los ciudadanos.

Auditoría de la deuda
El objetivo sería calcular la parte de la deuda generada no con la finalidad de cubrir déficits públicos no financieros. El origen de esta conducta es que el Estado pide prestado para luego, a su vez, prestar a terceros y favorecer a intereses privados espurios al margen de la ciudadanía. Se trataría de repudiar todas aquellas deudas contraídas por las administraciones públicas a espaldas a sus ciudadanos, sin su consentimiento y con fines de enriquecimiento personal o de enriquecimiento corporativo. Estas deudas en última instancia conllevan un empeoramiento de los servicios públicos y el sometimiento de la ciudadanía a una represión social y política y, en definitiva, en contra de los intereses de los propios ciudadanos.

Los cálculos realizados en nuestro país para el periodo 2008-2013 se aproximarían a los 250.000 millones. No hubiese hecho falta implementar ningún recorte en sanidad, educación, o jubilación, ni haber sometido a la población española al mayor empobrecimiento de los últimos 40 años.

Sin embargo, no se preocupen, tal auditoría no se va a hacer. Los distintos lobbies oligopolistas beneficiados de estas prácticas –bancario, eléctrico, telecomunicaciones, constructor…- han actuado en connivencia con el aparato político, y ambos tendrían mucho que perder. Además controlan la inmensa mayoría de los medios de comunicación, salvo muy honrosas excepciones.

Deuda ilegítima e inseguridad jurídica
Desde diversas voces se considera que el mero hecho de plantear una auditoría de la deuda generaría inseguridad jurídica. Todo lo contrario: la inseguridad jurídica se deriva de la confusión de lo que son intereses públicos e intereses espurios privados.

En nuestro país la mayor parte de la deuda ilegítima se deriva de un acuerdo tácito entre el Banco Central, el Tesoro público y la banca privada. Según el mismo, esta última, la banca, insolvente y zombi, se rescata con dinero de los contribuyentes –FROB, EPAs, SAREB…-, y se financia a coste cero en el BCE, con colaterales cada día de peor calidad. A cambio presta al Estado porque es la única forma de que tiene de generar beneficios en un contexto de mora en máximos (13% del total de créditos según cifras oficiales, 23% mora real) y nula actividad crediticia al sector privado.

Si realmente queremos dejar atrás lo peor de la crisis será necesario, aunque no suficiente, un proceso de reestructuración de nuestra deuda. En primer lugar, habría que reducir el tamaño del sector bancario privado acorde a la economía real y a una valoración objetiva de los activos en balances. Los agujeros deberían ser asumidos por accionistas y bonistas. A su vez, tal como ya recomienda incluso el FMI, debería realizarse una quita a familias con el fin de evitar ejecuciones masivas de hipotecas. Finalmente, una vez hecha la auditoria de la deuda pública, la definida como ilegítima no debería pagarse. Pero no se preocupen, no se hará nada de esto, les es más rentable seguir exprimiendo a la ciudadanía. ¿Hasta cuándo?

Juan Laborda
Vozpópuli

sábado, 15 de febrero de 2014

Precariado

“Suponte que tú ofreces un empleo y sólo hay un tío que quiere trabajar: Tienes que pagarle lo que pida. Pero supón que haya cien hombres interesados en el empleo; que tengan hijos y estén hambrientos. Que por diez miserables centavos puedan comprar una caja de gachas para sus niños: Ofréceles cinco centavos y se matarán unos a otros por el trabajo”. Este fragmento de Las uvas de la ira, de John Steinbeck, simboliza la situación actual de muchos jóvenes europeos. Trabajar sin contrato ni prestaciones sociales, en empleos temporales e, incluso, sin cobrar. Un camino hacia la precariedad laboral, que resta calidad a la vida y lleva a la frustración.

Según el estudio Crisis y contrato social: Los jóvenes en la sociedad del futuro, cerca del 50% de los españoles entre 18 y 24 años aceptaría cualquier trabajo, en cualquier lugar, a pesar de que el sueldo fuera muy bajo. De hecho, un 85% de ellos considera muy probable tener que trabajar en lo que sea, así como depender económicamente de sus familias en un futuro próximo.

El miedo a la desocupación, condicionado por los elevados índices de paro, es evidente: los que tienen trabajo, temen perderlo. Aquellos que no lo tienen, temen no encontrarlo. Por eso muchos jóvenes aceptan empleos bajo condiciones indignas, y en ocasiones también ilegales. Se podía leer este anuncio en un portal de Internet: “Buscamos dependienta para trabajar 2 meses, no remunerados (de prueba)”. De lunes a sábado, 8 horas al día con horario partido. “Después de los dos meses, si se logra el nivel de ventas esperado, se la pagaría por día trabajado, cada vez que la llamemos para que venga”, aclaran en la oferta. Algunas empresas ven la crisis económica como una oportunidad y se aprovechan de la debilidad de las personas. Prometen un posterior contrato que nunca llega o atraen con el pretexto de mejorar el currículum.

Desde la Fundación de la Universidad Carlos III de Madrid aseguran que, con la crisis, han aumentado las peticiones de becarios por parte de las empresas. Así cubren puestos que antes ocupaban trabajadores en nómina. “Son incontables las empresas en las que becarios que trabajan por la voluntad sacan adelante múltiples tareas, mientras los jefes se refugian en sus peceras”, denuncia el profesor universitario César García. Los jóvenes que quieren trabajar, quieren que se valore su trabajo. Una cosa son las prácticas universitarias reguladas que, con independencia de la remuneración, tengan como objetivo ayudar a los estudiantes en su formación y ofrecerles experiencia. Y otra muy distinta son los contratos abusivos, que conviertan a los jóvenes con ganas o necesidad de trabajar en víctimas de la inseguridad laboral. Sin un empleo digno y de calidad, se fomenta la idea de fracaso y el sentimiento de apatía. Es necesario recuperar ese principio para salir de la recesión.

Explica Alberto González, gerente de conocimiento del grupo PRISA: “Desde antes del inicio de la crisis, las políticas sociales para paliar la pobreza no se estaban dirigiendo hacia el objetivo de erradicarla, sino al propósito mucho menos exigente de reducir el número de personas con derecho a prestaciones bajo esa condición. Es decir, ahorrar”. Con medidas de parche, preocupadas por cuadrar los balances, se marginan a los 980.000 menores de 25 años en paro -un 57% del total-. Pero el Gobierno de España mantiene su discurso: “Estamos creando puestos de trabajo”. Las estadísticas lo contradicen: Estamos a la cola de Europa.

Lo que caracteriza al precariado no es sólo su nivel salarial, sino la falta de apoyo comunitario en tiempos de necesidad. Es la opinión del economista británico Guy Standing, que analiza una nueva clase social mayoritaria expuesta a los caprichos del mercado.

Pero algunos jóvenes indignados no se conforman con salir del paro para entrar en la precariedad. “Trabajar gratis es un lujo que no me puedo permitir. Tengo dos carreras, tres idiomas, seis años de experiencia laboral y mucho sentido común que enciende la alarma al escuchar una oferta salarial que roza el mínimo obligatorio”, dice Elena. “Un sueldo que coarta mi libertad y me limita a un único estilo de vida: el de la supervivencia”.

Laura Zamarriego Maestre
Periodista
CCS (Centro de Colaboraciones Solidarias)

lunes, 10 de febrero de 2014

¡Ojo con los grandes bancos!

Los grandes bancos sistémicos globales constituyen de nuevo el principal riesgo para la economía mundial. A finales de 2012 la exposición en derivados de Deutsche Bank, el primero en el ranking, alcanzó los 55,6 billones de dólares –en términos europeos- y la de JP Morgan, medalla de plata, los 69,5 billones de dólares. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del tamaño del riesgo asumido en los libros de derivados de ambos bancos, el PIB alemán se situó al cierre de 2013 alrededor de los 3,7 billones de dólares. La magnitud que ha alcanzado los libros de derivados de los bancos sistémicos, bajo la permisividad de los Bancos Centrales, se han convertido en auténticas armas de destrucción masiva. 

La mayor parte de estos derivados, tanto de JP Morgan como de Deutsche Bank, tienen que ver con posiciones en divisas y tipos de interés. Se trata de apuestas tremendamente peligrosas en el caso en que se produzcan fuertes fluctuaciones en los valores de las divisas y en los tipos de interés. Los países emergentes que no tienen control de capitales están experimentando estos días en sus carnes los ataques especulativos por parte de bancos cuyos países se encuentran en una situación económica mucho más delicada. Hay que crear cortinas de humo para distraer la atención.

La estructura de la inmensa mayoría de los grandes bancos sistémicos es tremendamente inestable. Los lobbies bancarios compraron y pagaron por eliminar todo tipo de regulación, desmantelando así casi todas las salvaguardas que los podrían haber protegido si las cosas vienen mal dadas. No nos engañemos, el tamaño del capital y reservas en relación con el volumen subyacente en sus posiciones de derivados es irrisorio, de manera que dichos bancos están en un riesgo estructural permanente de colapso.

La pregunta es obvia ¿por qué están así los principales bancos globales? ¿Cómo han llegado a esta situación? Las respuestas no pueden ser más desalentadoras. Los bancos se deshicieron de la seguridad y la solidez en favor del rendimiento, el beneficio y los bonus, especialmente para su gerencia. Volvió a funcionar la codicia y la avaricia.

Cuestionando la existencia de grandes bancos
Sin embargo este riesgo sistémico de los bancos no preocupa a los banqueros y sus voceros mediáticos y políticos. Al revés, es una forma de cimentar su control político y económico sobre la sociedad. Lo hemos experimentado en nuestras carnes cuando los indocumentados que nos gobiernan afirman sin sonrojarse que aquí no se ha rescatado a banqueros sino a los depositantes. La tesis central de los grandes bancos y quienes los apoyan es que el sistema financiero no sólo es justo y adecuado para el desarrollo de la economía, sino que es esencial para nuestro bienestar. La gente, por lo tanto, debería dejar de quejarse e incluso, si hace falta, tendría que privarse de lo necesario para “este bien común”.

Por eso lo que más asusta a los bancos es cualquier crítica que vaya más allá de las reclamaciones de codicia, fraude o incompetencia, en concreto todas aquellas que cuestionen el sistema en sí mismo. Lo que los banqueros están comprometidos a proteger y a defender a toda costa es la “santidad y perfección” del sistema y su derecho a "autorregularse". Porque en última instancia es el sistema lo que les da su condición social y riqueza. Y es aquí donde son vulnerables.

Ya es hora de cuestionar no sólo la probidad u honradez, o incluso la solvencia de los grandes bancos mundiales, sino su fundación intelectual. La élite financiera ha pasado estos últimos años reescribiendo la historia para que la culpa de la actual crisis económica y bancaria no recayera sobre ellos. Han sido otros los culpables, braman en voz alta, la culpa es del pueblo y de naciones enteras que tomaron deudas que no podrían pagar.

Es hora de contraatacar y dejar claro que ha sido y es la forma en que los bancos desarrollaron sus actividades normales lo que causó la actual crisis sistémica en la que estamos inmersos. Tenemos que demostrar que esta crisis fue el resultado y la consecuencia de un sistema que es un completo fracaso a la hora de hacer lo que más les enorgullece, la gestión de riesgo.

El auténtico riesgo sistémico
En la actualidad solo hay un riesgo sistémico claro, la manera en que sigue desarrollando su actividad la banca mundial. Sigue existiendo un enorme agujero en la estructura de los diferentes reguladores, lo que ha impedido una rápida reestructuración de un sector financiero bancario insolvente. Los responsables políticos trataron de resolver la crisis sistémica mediante la legalización de un esquema Ponzi mundial. Deberíamos haber aprendido que los estándares de capital eran insuficientes y que había un agujero enorme en la estructura reguladora. En su lugar, se aplicó la noción equivocada de que algunas instituciones son simplemente demasiado grandes para quebrar.

Inevitablemente se ha creado una situación de asignación ineficiente, donde el capital imprudente sigue estando subsidiado, a un coste cada vez mayor, por parte del público. Mientras, los acreedores o tenedores de bonos salen ilesos, y parte del sistema financiero y bancario continúa dando bonus con la misma presteza que los primeros inversores de Bernie Madoff recibían sus rendimientos.

Como afirmaba Andrew Haldane, el otrora responsable del departamento de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra, “…los bancos están en el negocio de riesgo, crean el riesgo, y luego sistemáticamente nos engañan e incluso entre ellos sobre lo que han creado…. En última instancia los bancos generan espejismos que parecen milagros”. El espejismo al que se refiere es la contribución de los bancos a nuestra seguridad y bienestar económico.

Juan Laborda
Vozpópuli

jueves, 30 de enero de 2014

Muda de piel en el neoliberalismo maduro

Las crisis del capitalismo son como el cambio de piel de una serpiente. Cuando el animal ha crecido, la vieja piel que estorba debe ser abandonada. En los ofidios, la capa córnea de la epidermis es abandonada como un manto viejo que conserva la forma de su último ocupante. Pero la operación es regulada por cambios hormonales endógenos. La vieja camisa queda atrás como vestigio de una etapa de crecimiento mientras, emerge un animal revestido de una nueva y más eficaz envoltura.
 
El capital tiene una gran capacidad de adaptación que le permite abandonar las obsoletas estructuras epidérmicas cuando ya no le son funcionales. Por ejemplo, durante los años dorados de expansión capitalista (1945-1975) el capital no tuvo problema en adaptarse a una situación de bonanza para la clase asalariada. El aumento de salarios que acompañó al incremento de productividad sustentó el dinamismo de la demanda agregada. La inversión tuvo incentivos robustos porque la demanda se anunciaba estable y fiel. Pero al mismo tiempo el metabolismo profundo del capital llevó la tasa de ganancia al estancamiento y después al decrecimiento.

En la década de los años setenta se presentan todas las condiciones que exigen una muda de piel. El estancamiento en esos años se acompañó de un proceso inflacionario que el capital identificó como la peor amenaza. La coyuntura fue aprovechada para transformar el régimen de acumulación de la posguerra porque el capital ya lo percibía como obsoleto e incluso peligroso. El objetivo aparente fue terminar con la inflación, pero la intención era más profunda.

El trabajo es el contrario del capital. Pero mientras el capital encuentre espacios de rentabilidad adecuados en un esquema de acumulación apuntalado por una demanda agregada sólida, tolerar al contrario con salarios al alza no le representó mayor problema. Todo cambió cuando la tasa de ganancia decreció entre 1966 y 1978. En un contexto en el que las ganancias sufren, el capital no tuvo empacho en desmantelar el régimen de acumulación anterior. Para cuando la tasa de ganancias se recuperó en los años ochenta la serpiente ya ostentaba otra envoltura.

El explosivo aumento en las tasas de interés decretado por la Reserva Federal (bajo la dirección de Paul Volcker) en 1979 estuvo dirigido inicialmente a frenar las presiones inflacionarias. Pero el brutal incremento en los tipos de interés desencadenó una recesión mundial y provocó la crisis de la deuda de los años ochenta. Dicha crisis fue aprovechada para comenzar a cambiar las prioridades de política macroeconómica y para desmantelar las instituciones que habían sido funcionales en la posguerra. Muy pronto el capital se percató de que podía despojarse de la piel que había servido en la posguerra y que ahora era un estorbo.

La destrucción del estado de bienestar es la muda de piel que desemboca en el neoliberalismo. El proceso es complejo y ha sido distinto en cada país y ha estado marcado por las características de su historia. Por ejemplo, en México la destrucción arranca puntualmente en 1982 al declararse la insolvencia. La destrucción de las instituciones del Estado mexicano continúa hasta nuestros días. En Estados Unidos se dejaron en pie muchas instituciones ligadas al régimen de acumulación de la posguerra pero a partir de 1973 se frenó el aumento de los salarios. A partir de 1975 el endeudamiento de las familias se convirtió en uno de los pilares para sostener la demanda agregada y el salario dejó de ser el referente central para la reproducción de la fuerza de trabajo.

En Europa el proceso arranca en los años noventa. El Tratado de Maastricht no sólo convirtió a la Comunidad Económica Europea en Unión, sino que entronizó las prioridades neoliberales en la política macroeconómica. En 1999 se establece la unión monetaria y se consolida la victoria del capital financiero. Hoy el afianzamiento neoliberal es tan completo que puede imponer una gran falsificación histórica: la crisis financiera del sector privado es presentada hoy como una crisis de endeudamiento público. Los datos desmienten esta torcida visión de las cosas, pero los medios moldean la opinión pública a su antojo.

El cambio de piel le permite a la serpiente sobrevivir y crecer. Es igual con el capital. Pero ¿qué clase de criatura emerge de esta muda de piel? Por el momento parece ser que el capital financiero seguirá marcando el derrotero de la política económica. Sus prioridades han moldeado la respuesta a la crisis. Por un lado la austeridad y la consolidación fiscal profundizaron la recesión y el desempleo. Por el otro, la llamada flexibilidad monetaria sólo ha beneficiado a los bancos, al impedir que se desplome el sistema de pagos con dinero emitido por los bancos.

El capitalismo mundial en su nuevo ropaje enfrenta grandes desafíos. Pero entre sus tareas pendientes no se encuentra eliminar la desigualdad, ni abrir nuevas oportunidades a los desposeídos. Las clases trabajadoras tendrán que arrancarle al capital las condiciones para alcanzar esos objetivos.

Alejandro Nadal
La Jornada

miércoles, 29 de enero de 2014

¿Ha terminado la crisis en España?

PIB-español-2006-2013

Aunque el gobierno asegura que la crisis ha terminado, lo cierto es que estamos muy lejos aún de ver la luz al final del túnel. La última vez que España repuntó fue el año 2010 aprovechando, tal vez, el viento de cola del Mundial de Fútbol. Desde entonces, y con las medidas de austeridad implantadas por la troika, el crecimiento ha sido cada vez peor: el 2012 más bajo al 2011, el 2013 más bajo al 2012. Como muestra la gráfica, los planes de austeridad hundieron a España en una segunda recesión aún más prolongada que la de 2008-2009, dando cuenta de los errores de diagnóstico en la evaluación inicial de la crisis.


Si bien en 2014 puede revertirse la tendencia (y a esto se debe el optimismo del gobierno), hay que señalar que las perspectivas de crecimiento son muy débiles y el alto desempleo es una amenaza latente que tendrá efectos muy perniciosos en la cohesión social. El nivel de desempleo aún muestra los efectos de la reacción en cadena que propagó el estallido de la crisis financiera en el sector inmobiliario. El 27 por ciento de desempleo general y el 55 por ciento de desempleo juvenil no son cifras que puedan mejorar ni en un año, ni en dos, ni en cinco años. Lo que viene, por tanto, es un necesario cambio de paradigma en torno al consumismo y la plata dulce. Pero esta es una tarea que debe asumir Europa en su conjunto. La crisis financiera generada por el estallido de la burbuja inmobiliaria (con préstamos de gran laxitud a 40 años, que fueron solo un gran negocio para la banca), ha significado el derrumbe de los precios de la vivienda, la quiebra de grandes empresas y el origen del fantasma deflacionario que busca hundir los salarios.


ariación-anual-precio-vivienda-España-2003-2013


Pese a asegurar que los precios de la vivienda tocarían fondo con el banco malo, los precios han seguido cayendo como ilustra el Indice del Mercado Inmobiliario Español. Esto indica que queda aún mucho camino por recorrer y que la caída en los precios se puede prolongar por otros dos o tres años. El desplome de los activos inmobiliarios ha impactado fuertemente en la inversión, dado que al ser el precio de los activos menor al precio de reposición, la inversión no se realiza de acuerdo a lo expresado por James Tobin en su “q de Tobin”. La crisis arrasó con el sector inmobiliario desencadenando una oleada de desempleo y quiebras empresariales. Aquellos tiempos no sólo están lejos de volver: tal vez no vuelvan nunca.

Evolución-Crédito-1963-2013 

La caída de la inversión ha contraído el crédito y los bancos cada día prestan menos dinero. Las empresas tienen dificultades para conseguir crédito por lo que retrasan los pagos a los proveedores más pequeños. Y las empresas más pequeñas encuentran aún más difícil conseguir dinero. Es el círculo vicioso mortal de las finanzas. La cara opuesta de lo que propagó la burbuja.

La caída en la evolución del crédito se sitúa en el -12,6 por ciento anual completando tres años en zona negativa. Muy lejos están los tiempos en que la inversión avanzaba a una tasa de crecimiento del 20 por ciento anual o rozaba el 30 por ciento como fue en mayo de 2006. La gráfica muestra más de 50 años en la evolución del crédito en España y la tendencia iniciada el año 2007 muestra una caída al abismo que marca un gran punto de quiebre para el sistema financiero.

Aumento-Morosidad

Esto también se ve en el histórico aumento de la morosidad que a noviembre de 2013 llegó a 192.504 millones de euros, una cifra diez veces superior a la existente en enero de 2008. El aumento de la morosidad, la caída en el crédito y la inversión se refleja también en la caída en el consumo que ha completado once trimestres en negativo (casi tres años completos).

Consumo


Pero sin duda que el problema más serio que tiene España dado que retroalimenta todos los otros indicadores es el tema del empleo. Este se mantiene en la zona del 27 por ciento y lejos de corregirse sigue potenciando desequilibrios. El desempleo juvenil supera el 55 por ciento y muchos jóvenes están abandonando el país para trabajar en otros lugares y no se sabe con exactitud cuantos jóvenes han abandonado España. Lo que si se sabe es que el año 2012 fue el primero de la historia moderna en que la población española se redujo y este fenómeno puede haber aumentado el año pasado.

Desempleo-España-2013

Las enormes tasas de desempleo (sólo comparables a los niveles de Grecia) demuestran lo nefastos que han sido para España los planes del FMI, de la CE y del propio gobierno español. Lejos de haber ayudado a diluir las tensiones y actuar en los momentos en que la población podía ser receptiva a medidas de shock como la devaluación interna, la troika dilató los problemas e implantó medidas erróneas como los planes de austeridad y los recortes presupuestarios que solo profundizaron la crisis.

Los signos actuales de estabilización son más bien de estancamiento. Se trata de una estabilidad muy precaria dado que el lento crecimiento y el alto desempleo comienzan a hacerse persistentes. España aún no encuentra el camino para superar una crisis en la que fue arrastrada por la fastuosidad e imperfecciones de la unión monetaria.

Marco Antonio Moreno
El Blog Salmón

martes, 21 de enero de 2014

Sacyr en Panamá o la historia de “nuestras empresas”

Comenzamos el año desayunando con una noticia que ocupaba portadas y grandes titulares en los principales medios de comunicación españoles: Sacyr paraliza las obras del Canal de Panamá. En los días siguientes, hemos podido ver cómo se han ido sucediendo los comunicados de prensa cruzados, el viaje de la ministra de Fomento para mediar con el gobierno de Panamá a favor de la empresa, las contraofertas de ambas partes para renegociar el contrato, las referencias a cómo afecta este caso a la marca España… Pero lo que está ocurriendo con Sacyr en Panamá, en realidad, no es sino un nuevo ejemplo del modus operandi habitual de las multinacionales españolas en su expansión internacional.

El caso es que, para terminar la ampliación del canal, el consorcio empresarial liderado por la constructora española ha exigido al gobierno panameño que antes del 21 de enero efectúe un desembolso adicional de 1.600 millones de dólares, lo que significa un 50% de sobrecoste respecto al presupuesto inicial, justificando esa petición en los “eventos imprevistos que se han presentado en la obra”. La Autoridad del Canal de Panamá, por su parte, se ha remitido al acuerdo firmado en 2009 y rechaza la petición de las constructoras, ya que piensa que su “único propósito es forzar a la organización a negociar fuera de los términos establecidos en el contrato”. Y de hecho, negociando están: “Las obras van a seguir, solo contemplamos el escenario de un acuerdo”, decía el presidente de Sacyr.

Como ocurre cada vez que se producen conflictos que pueden poner en riesgo los intereses de “nuestras empresas” en otros países, el gobierno español ha reaccionado con rapidez para salvaguardar los negocios de estas compañías. La ministra Ana Pastor ha declarado que este caso no compromete la imagen de la marca España y que las empresas españolas tienen un prestigio “que no es por casualidad”. Sin embargo, a medida que se van conociendo más datos sobre el caso y los distintos actores implicados van modulando sus posiciones iniciales de cara a buscar una salida negociada, parece claro que los puntos clave de este caso nos remiten a los elementos centrales de la marca España realmente existente: apoyos públicos para intereses privados, “contabilidad creativa” y opacidad de las prácticas empresariales, “puertas giratorias” y alianzas público-privadas, evasión de impuestos y cuentas en paraísos fiscales.

“Nuestras empresas”
Hace cuatro años, el secretario de Estado de Presidencia viajó a Panamá para certificar que los negocios de Sacyr en el país centroamericano tenían la categoría de “contratos de Estado”. Igualmente, en 2012 viajaron a Panamá los príncipes de Asturias —“agradezco mucho a la Casa Real el gran impulso que le está dando a la marca España, dijo entonces el presidente de Sacyr— y en 2013 la ministra de Fomento hizo doblete visitando las obras de construcción del metro en Ciudad de Panamá, donde participa FCC, y la ampliación del canal, asegurando que esta serviría para crear puestos de trabajo en Panamá y también “empleo directo en España”.

Una vez más, vuelve a ponerse de manifiesto cuál es la receta que los sucesivos gobiernos españoles nos presentan para “salir de la crisis”: se trata de ampliar los negocios internacionales y el acceso a nuevos mercados para las multinacionales españolas, con el fin de que la repatriación de beneficios redunde en un aumento del crecimiento económico en el Estado español y, con todo ello, se produzca una mejora de los indicadores socioeconómicos del país. Lo que ocurre es que, como estamos comprobando con otras de “nuestras empresas” —Telefónica, BBVA y el Santander, por ejemplo, a pesar de que siguen obteniendo extraordinarios beneficios gracias a su internacionalización, están reduciendo aquí sus plantillas—, el silogismo “lo que es bueno para nuestras empresas es bueno para la población española” se ha demostrado completamente falso: los grandes accionistas y directivos de estas compañías, así como los políticos y empresarios que se han hecho de oro atravesando las “puertas giratorias” que conectan el sector público y el mundo empresarial, son los únicos beneficiarios de la expansión global de los negocios de estas multinacionales.

Marca España
Las instituciones que nos gobiernan tienen claro los puntales sobre los que ha de sustentarse este proyecto de marca-país: el crecimiento económico, la atracción de inversión extranjera y la ampliación de mercados; todos ellos, al servicio de los intereses de las grandes compañías españolas y enmarcados en la lógica del business as usual. “España cuenta con empresas punteras, competitivas, modernas e innovadoras, exponentes de la marca España, que representa calidad y excelencia”, afirmaba hace año y medio en un encuentro empresarial el príncipe Felipe justo después de visitar Panamá.

En esta línea, en el último año los grandes estandartes de la marca España han sido los proyectos de Eurovegas, que se presentaba como un modelo ejemplar para la atracción de capitales extranjeros y creación de empleo, y las obras de ampliación del Canal de Panamá y de construcción del AVE a La Meca. El primero no hace falta recordar cómo ha terminado; los segundos reproducen, esta vez fuera de nuestras fronteras, las mismas lógicas de la burbuja inmobiliaria y del tsunami urbanizador que hemos vivido aquí y cuyos efectos, desgraciadamente, conocemos bien. Más allá de toda la parafernalia del “orgullo de ser español” para “salir de la crisis” al estilo de los anuncios navideños de Campofrío, esta es la verdadera marca España.

“Contabilidad creativa”
Otro de los elementos clave del caso de Sacyr en Panamá, sobre el que solo se hizo hincapié al principio, es el hecho de que hace dos años la constructora española se apuntó como ingresos los sobrecostes que ahora exige a las autoridades panameñas. Es decir, que sin disponer realmente de 655 millones de dólares, Sacyr los contabilizó efectivamente como ingresos en su balance de resultados de 2012. Y claro, si lo ha podido hacer esta empresa, que recibió un informe favorable de auditoría de KPMG el año pasado, la pregunta se hace obvia: ¿cuántas multinacionales no habrán utilizado esta u otras prácticas similares de “contabilidad creativa” para, en el marco de la crisis financiera global, maquillar sus cuentas anuales y poder presentarse ante los accionistas y “los mercados” como entidades generadoras de beneficios? Recordemos, sin ir más lejos, el caso de Pescanova, que fue presentando durante años ganancias en sus cuentas auditadas cuando, en realidad, estaba en números rojos.

Cambios en el presupuesto a mitad de la obra que hacen que el coste final se dispare respecto a las previsiones iniciales —la ministra Pastor viaja esta semana a Arabia Saudí para que no pase lo mismo con los sobrecostes que OHL y otras constructoras están pidiendo también en la obra del AVE a La Meca—, falta de transparencia a la hora de caracterizar la situación económica real de estas compañías, anuncio de mensajes a la prensa para especular con los activos en bolsa de la empresa, creación de “sociedades pantalla” en paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos… Como queda patente en el caso de Sacyr, estas son algunas de las estrategias que utilizan habitualmente las empresas transnacionales para seguir enriqueciendo a la reducida minoría que, al fin y al cabo, es la única que sale ganando con sus negocios.

Alianza público-privada
Hay un concepto que se ha popularizado mucho en los últimos años y que resulta muy gráfico para entender cómo funciona la clase político-empresarial que nos gobierna: las “puertas giratorias”. Como es sabido, este término hace referencia a las estrechas relaciones existentes entre gobernantes y empresarios, que van intercambiando sus posiciones del sector público al privado y viceversa, condicionando las decisiones políticas al poder económico de las grandes corporaciones y, por el camino, obteniendo extraordinarias ganancias con todo ello. Así, los expresidentes González, Aznar, Blair y Schröder han pasado a formar parte del directorio de multinacionales como Gas Natural Fenosa, Endesa, JP Morgan Chase y Gazprom, al igual que, en sentido contrario, Mario Draghi y Mario Monti pasaron de Goldman Sachs a las presidencias del Banco Central Europeo y del gobierno italiano.

El caso que nos ocupa no es ajeno a esta lógica. Y es que Sacyr es una de las empresas que figuran como donantes del Partido Popular en los papeles de Bárcenas: como investiga la Audiencia Nacional, su expresidente Luis del Rivero figura como responsable de diferentes entregas de dinero al entonces tesorero del PP; al mismo tiempo, la constructora resultó beneficiada con la concesión de grandes obras públicas de infraestructura con las que multiplicó sus negocios en la época de la burbuja inmobiliaria. Como dice Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, “no había ninguna justificación para estas obras desde el punto de vista del transporte ni de las necesidades sociales, la justificación era la obtención de fondos ilícitos para el partido o para distintas personas que se beneficiaron de ello”.

Para cerrar el círculo, a la vez que hemos conocido que la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) ha concedido un aval público de 150 millones a la constructora española para asegurar los riesgos de la ampliación del Canal de Panamá —en caso de que finalmente la obra quede paralizada, quien responderá será el erario público—, gracias a la instrucción del caso Gürtel acabamos de saber que dos expresidentes de Sacyr, Luis del Rivero y José Manuel Loureda, recibieron pagos por valor de más de un millón de euros en sus cuentas en Suiza, abiertas a nombre de “sociedades pantalla” radicadas en el paraíso fiscal de Belice. Así funciona la marca España.
 
La Marea