Austeridad, desigualdad y ajuste

A la hora de justificar sus decisiones, los políticos y los técnicos de alto nivel apelan siempre a los aspectos colectivos. Las políticas se hacen en beneficio del país, de la Unión Europea, de la economía mundial. Como si las colectividades fueran homogéneas, cohesionadas y participativas, y estuviera claro que los intereses del conjunto son también los de cada cual.

Esto es especialmente relevante cuando se trata de aplicar “sacrificios” en forma de recortes de rentas, cambios en la jornada laboral, aumentos de impuestos o cualquier otra medida que afecta a las condiciones de vida cotidiana de la gente. Pero sabemos que en ningún nivel de colectividad (desde la familia a la comunidad mundial) existe igualdad entre sus miembros. Y también podemos observar que pocas veces las medidas afectan por igual a todos.

Es posible que, en determinados momentos, las colectividades deban realizar esfuerzos de austeridad, bien porque su comportamiento anterior ha sido equivocado, bien porque deben hacer frente a una fuerza externa que las obliga a ello. Si consideramos el impacto ecológico del modelo de vida occidental, es evidente que estamos abocados, en un plazo de tiempo más o menos corto, a realizar cambios importantes en nuestra forma de vida que podemos asociar a la idea de austeridad. Si consideramos la actual estructura de poder económico mundial, parece difícil que muchos países puedan evitar recortes en su nivel de vida, aunque en bastantes casos se trate de una imposición injusta.

Cualquier política seria de austeridad debe cumplir una serie de requisitos para observar su compromiso de “emergencia colectiva”. En primer lugar, la de preocuparse por la situación de las personas que están en peor situación. En segundo lugar, la de ser equitativa en los efectos individuales. En tercer lugar, la de centrar el peso de la carga en aquellos comportamientos que tienen más responsabilidad a la hora de generar el problema. En cuarto lugar, la de sentar las bases para desarrollar un modelo de vida viable en el futuro. En quinto lugar, la de ser eficiente en las respuestas. Y en sexto lugar, la de minimizar los daños. 

Parece claro que, aplicando estos criterios, los actuales planes de ajuste resultan manifiestamente inicuos y estériles. Las reformas adoptadas en materia laboral, sanitaria, educativa y de rentas están aumentando las desigualdades sociales (en un país que ya en 2009 era el segundo con mayores desigualdades de la Unión Europea, con un nivel de desigualdad un 40% superior al de la media, ya de por sí obscena). Algunos de los recortes, como los del copago sanitario o los experimentados en las rentas de inserción, atentan directamente contra las condiciones de vida de los más desfavorecidos, y son completamente contradictorios con el propio discurso oficial, que cifra en la educación y la investigación las posibilidades de salida de la situación actual, mientras ambas partidas experimentan recortes sustanciales. Asimismo, es evidente que eximir de impuestos a los defraudadores, seguir permitiendo que los directivos de bancos quebrados se autoconcedan generosos “bonus” o abogar por la creación de un nuevo sistema de “castas” universitarias bajo el pretexto de que hay que premiar el talento, nada tiene que ver con un sacrificio colectivo. Es el viejo trágala de imponer a la mayoría sacrificios para mantener los privilegios de las elites.

Un mundo más austero sólo es tolerable si es más igualitario; si la actividad humana se centra en alcanzar las condiciones esenciales de bienestar y elude el despilfarro; si el menor consumo tiene una contrapartida en una forma de vida y trabajo más rica en participación social. Una participación que permite, además, debatir racionalmente sobre prioridades, límites y opciones. Los planes de ajuste actuales no sólo no incluyen estos aspectos, sino que introducen reformas que los hacen imposibles.

Frente a la desigualdad y el padecimiento que generan los nuevos planes, es el momento de empezar a elaborar propuestas que apuesten por otro modelo de austeridad, el de una sociedad ecológicamente responsable, socialmente justa y participativa. Debemos ser capaces de construir una propuesta de austeridad alternativa basada en propugnar una jerarquía de necesidades que satisfacer, la penalización fiscal de las actividades de lujo o lesivas (por ejemplo, impuestos diferenciados a consumos inadecuados, fiscalidad ecológica, etc.), esquemas retributivos más igualitarios (incluyendo garantías básicas de renta), formas de organización laboral más equilibradas y un reparto equitativo de los costes del ajuste (no se pueden salvar bancos cuando no se salva a las personas endeudadas injustamente). Debemos convertir la consigna de la austeridad en un boomerang contra los verdaderos promotores del despilfarro.

Dos preguntas sobre la tasa de paro en España

Participar en charlas y debates sirve para que a uno le planteen preguntas insidiosas a las que es difícil responder a bote pronto de modo taxativo. Esta pequeña nota tiene por finalidad intentar matizar lo que les dije en su momento a mis interlocutores y, de paso, tratar de participar en una discusión más amplia.

I

La primera de estas preguntas me la lanzó mi amigo Agustí Colom durante un seminario sobre la crisis que celebramos en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona. En él yo trataba de explicar que las causas del elevado desempleo español en la crisis actual se encuentran en la particular estructura económica del país (fruto de su particular forma de inserción en la economía mundial), más que en la regulación del mercado laboral. Su pregunta directa fue cómo se explica, en todo caso, que incluso durante los mejores momentos del auge económico el paro no bajara de 2 millones de personas. De hecho, la cifra era algo menor (1,74 millones de personas en el segundo trimestre del 2007), pero igualmente considerable. La figura se volvía más moderada cuando de las cifras absolutas pasábamos a la tasa de paro, que se situó algo por debajo del 8%, en cualquier caso superior a la de muchos otros países.

A un nivel de desempleo se llega por muchas vías. Pero creo que hay una serie de cuestiones que deben considerarse a la hora de explicar este mayor desempleo español incluso comparándolo con otros países mediterráneos. En primer lugar, hay factores que tienen que ver con el modelo productivo y su variabilidad estacional. La economía española no sólo se caracteriza por la importancia de actividades claramente estacionales (especialmente el turismo) o actividades que generan entradas y salidas cortas del empleo (como la construcción en el momento del auge), sino por que en las fórmulas de organización adoptadas por muchas empresas en años recientes existen sistemas de ajuste temporal de la producción (just in time) que también provocan una elevada variabilidad del empleo. Ello nos lleva a tener que considerar un segundo elemento: posiblemente, la economía española ha experimentado en las últimas décadas un proceso más intenso de “modernización” que otras economías próximas, y ello, paradójicamente, ha minado la importancia de actividades que tradicionalmente han constituido “reservas de empleo o subempleo”. No me refiero sólo a la agricultura, un sector relativamente residual en lo tocante a la creación de empleo, sino especialmente a la intensa modificación de las redes comerciales, hoteleras, etc., así como a la intensa “racionalización” de lo que queda de actividad industrial; una modernización que combina una intensificación laboral y un mayor recurso a los sistemas de ajuste temporal ya mencionados. Y, en tercer lugar, en el hecho de que la fase de crecimiento viniera acompañada de un intenso proceso inmigratorio —la movilización de un colosal ejército de reserva transnacional—, que contribuyó a la creación de un mayor excedente de fuerza de trabajo. De hecho, en el momento de mayor auge, la tasa de desempleo de los “nativos” había experimentado una caída notable y la de los recién llegados se situaba 4,5 puntos por encima (un 7,2% para los de nacionalidad española frente a un 11,7% para los extranjeros, según cálculos a partir de la EPA del segundo trimestre de 2007). La combinación de estos tres elementos —paro friccional ligado a la estacionalidad y a la variación de la actividad productiva, modernización acelerada y crecimiento del ejército de reserva vía inmigración— explica, a mi entender, parte de nuestro diferencial de desempleo. Básicamente, son los problemas de un país que podríamos considerar que ha experimentado una modernización “truncada” porque no ha desarrollado nuevos sectores de actividad con la misma intensidad que las naciones centrales. Y hay que considerar, además, el insuficiente desarrollo del sector público (fruto también de este mismo truncamiento, en gran medida debido a la insuficiente fiscalidad y al hecho de que el Estado del bienestar se empezó a consolidar justo cuando imperaban políticas neoliberales), que ha frenado la creación de empleo.

Es posible que a todo ello se sumen problemas de funcionamiento del mercado laboral: que, en la época de auge, una parte de la población combinara activamente empleos poco deseables con la percepción del desempleo (aunque vale la pena recordar que para percibir el seguro de desempleo hace falta haber cotizado al menos doce meses), o que el uso excesivo de la contratación temporal por parte de las empresas haya generado un mayor desempleo. Aun así, creo que su papel en la historia es menor. Que el ineficiente sistema de formación profesional y la insuficiencia de los sistemas de orientación laboral son parte del problema. Y que, en todo caso, forma parte de un mismo modelo productivo inadecuado y que ha tenido poca preocupación por generar condiciones aceptables de empleo. Cuando menos, considero que estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta a la hora de discutir sobre las razones de nuestras abultadas y persistentes cifras de paro. 

La explicación de la situación actual es más simple: el hundimiento de la construcción explica una parte sustancial (el 50% de manera directa y el 75% si contabilizamos sus efectos en otros sectores) de la destrucción de empleo. La incapacidad para encontrar vías alternativas, el conocido efecto multiplicador (la destrucción de unos empleos genera un efecto en cadena al caer el consumo y la inversión) y la aplicación de ajustes en el gasto público, visibles en 2011, han hecho el resto. 

II

La segunda cuestión me la planteó Rosa M.ª Artal en la presentación del libro colectivo Actúa (disculpad la autopublicidad). La pregunta era simple y directa: ¿a qué cifra de paro llegaremos? Más allá de la osadía de ofrecer una evaluación “experta” —que casi siempre resulta fallida—, lo que conviene entender es que la cifra estadística puede ser mayor o menor no sólo en función de la profundidad de la crisis del empleo, sino también de la forma que tome el mismo.

La cifra de desempleo es el resultado estadístico de aplicar unos criterios de clasificación a las respuestas que ofrecen las personas sobre su situación personal. En concreto, se contabiliza como desempleada cualquier persona que declare estar buscando empleo y no tenerlo. El criterio de tener empleo es simple: se considera ocupada a cualquier persona que la semana en que se efectúe la encuesta diga haber dedicado al menos una hora semanal a una actividad remunerada. El criterio de estar buscando empleo no sólo exige que la persona diga que lo está haciendo, sino que especifique que ha realizado alguna acción concreta en este sentido (entrevista de trabajo, sesión de orientación, curso formativo, etc.).

El primer criterio, el de la ocupación, está sujeto a múltiples distorsiones, especialmente por la existencia de diversas situaciones de subempleo, como trabajos de pocas horas, actividades informales para sacar unos cuartos, etc. Cualquier actividad de este tipo que el encuestado declare hace bajar el desempleo y aumentar la ocupación. Sabemos que mucho de ello ocurre en países en desarrollo donde el empleo informal está normalizado y en muchos países desarrollados donde el empleo a tiempo parcial es habitual para muchas mujeres. La misma Alemania ha conseguido maquillar sus estadísticas con la proliferación de microempleos a los que ha sido condenada una parte de su población. De hecho, si alguna de las personas que encontramos recogiendo cartones del contenedor declara al ser preguntado que ha estado trabajando como reciclador informal y obtenido por ello algunos ingresos, puede ser perfectamente considerada como “ocupada”. Cuando el desempleo se enquista, es habitual que prolifere este tipo de informalidad marginal y que finalmente ello sirva, entre otras cosas, para maquillar la ocupación. Sólo hay que ver las cifras de desempleo que lucen algunos países donde la informalidad impera por doquier.

Los resultados del segundo criterio dependen de la forma en que respondan los parados. Al fin y al cabo, la búsqueda de empleo (como la de setas) depende de las expectativas de encontrarlo. Cuando el sujeto que “busca” ve defraudadas sus esperanzas de hallarlo, la intensidad de su búsqueda decrece (al igual que cuando vamos a buscar setas al bosque y constatamos que no se dan las condiciones climatológicas adecuadas, o cuando consideramos que la cola para acceder a un espectáculo es excesiva y no confiamos en que “nos toque”). Cuando el paro es muy elevado y las posibilidades de encontrar empleo son pequeñas, una parte de la gente deja de buscar (los “desanimados”), y en lugar de ser contabilizados como parados se los considera inactivos. La evolución reciente del paro español ilustra este fenómeno. Entre principios de 2008 y el segundo semestre de 2011, se incorporaron unas 700.000 mujeres adultas a la búsqueda de empleo, empujadas por la situación económica familiar y alentadas por la expectativa de que podrían encontrar empleo (de hecho, en esta fase preliminar de la crisis se crearon unos 275.000 empleos ocupados por mujeres). Esta entrada de mujeres contribuyó a elevar las cifras absolutas de desempleo. A partir del segundo semestre de 2011 las cosas cambiaron, se dejaron de crear empleos y algunas mujeres están desalentadas por una búsqueda infructuosa. El resultado es que la EPA refleja una reducción de la tasa de actividad femenina, en la misma línea que antes lo hicieron las de los menores de veinte años y las de los hombres de edad elevada. Si la situación se mantiene, es bastante probable que prosiga esta tendencia al abandono de la búsqueda. El resultado es que la inactividad camuflaría las cifras del desempleo. Y el mismo efecto tienen la salida de inmigrantes o la emigración española al exterior.

El resultado de esta historia es que la cifra de paro no sólo depende de cuánto empleo se crea o se destruye, sino también de lo que se considere un empleo o de la intensidad de la búsqueda. Por todo ello, creo que en el futuro inmediato el desempleo seguirá creciendo, pero puede que las cifras se moderen si la persistencia de la crisis provoca la proliferación de subempleos diversos o desalienta los procesos de búsqueda. Sin embargo, más que en una cifra concreta, en lo que nos tenemos que centrar es en la variedad de víctimas que genera la situación, ya sean parados “pata negra”, inactivos forzosos o supervivientes informales; una realidad plural bien definida por el concepto “ejército de reserva”.

Albert Recio Andreu

Mientra Tanto

http://mientrastanto.org/boletin-102/notas/cuaderno-de-depresion-9

Las mentiras de la austeridad

Tras la necesidad de llevar a cabo ajustes se esconden equívocos, contradicciones e intereses.

La crisis se agrava pero, paradójicamente, las políticas reproducen las viejas ideas e intereses que provocaron los problemas actuales. La “austeridad presupuestaria” es la espina dorsal de las estrategias económicas de los gobiernos, como si ahí residiera la causa principal de la crisis y la restricción más importante para superarla. Se presenta como inexorable y con el aval de la racionalidad económica, pero tras ella encontramos equívocos, contradicciones y fuertes intereses. 

¿Quién puede oponerse a la “austeridad” y a un uso razonable de los recursos, a mejorar la gestión de lo que es de todos y para todos —lo público—? Ser austeros, evitar el despilfarro, debería formar parte de nuestro código moral más íntimo. Pero el lenguaje no es inocuo y se maneja con evidente intencionalidad: nos traslada que la crisis económica es el resultado del despilfarro público. 

Nada más lejos de la verdad. Las finanzas públicas se encontraban en una situación saneada antes de que irrumpiera la crisis económica. Y no tenemos en España un Estado del Bienestar inasumible que haya que “racionalizar” (el peso del gasto social en el PIB es inferior al europeo). En cambio, las sucesivas rebajas fiscales, de las que no todos se beneficiaron por igual, nos privaron de importantes ingresos tributarios. 

Los problemas del despilfarro cobran todo su sentido cuando se refieren a la esfera financiera más especulativa. ¿Por qué no se aplicaron políticas prudentes (austeras) ya antes de la crisis, cuando lo aconsejaban el endeudamiento privado y la especulación financiera? Las ganancias que se podían obtener del despilfarro eran demasiado importantes y los grupos ganadores, lejos de practicar la austeridad, imponían políticas permisivas. Y aún creíamos en las bondades de la desregulación financiera. Tampoco se observa la preocupación por la austeridad en los recursos proporcionados por las Administraciones Públicas para ayudar a los bancos, o en las remuneraciones de los altos directivos de las empresas y los pagos a los grandes accionistas, o en las fortunas millonarias que alimentan los mercados especulativos, donde se obtienen enormes beneficios con una aportación fiscal desproporcionadamente baja. 

El aumento del déficit público ha sido el resultado de la propia crisis, no su desencadenante. La caída del crecimiento ha mermado los ingresos fiscales mientras que, en paralelo, se han canalizado enormes recursos a las instituciones financieras. Pero apenas se han aplicado controles o se han exigido contrapartidas para impedir que se utilicen en beneficio de directivos y accionistas, o, más lacerante aún, para especular contra las deudas soberanas. 

Otra falsedad es que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora toca hacer un esfuerzo colectivo de austeridad”. Este mensaje elimina las diferencias sociales, como si todos hubieran tenido la misma capacidad de endeudamiento o de capturar las rentas generadas por las burbujas, o como si los recortes no estuvieran afectando especialmente a los más vulnerables. Y se desliza además que “todos” somos corresponsables de la crisis, quedando sepultada una explicación más profunda que enfatiza precisamente las desigualdades como un elemento central. Lo cierto es que el endeudamiento y las burbujas han constituido un formidable negocio para algunos -bancos, grandes empresas y fortunas- y que la generalización de la deuda fue la otra cara de las políticas de contención salarial, permitiendo expandir el consumo y aumentar los beneficios empresariales. 

La crisis y la “vigilancia” de los mercados financieros se utilizan como coartada para desprestigiar lo público, para impulsar la privatización de los servicios básicos, para modificar el modelo del Estado de Bienestar y las relaciones laborales, para recortar derechos. Si no lo remediamos, estas medidas alargarán la recesión provocando un sufrimiento innecesario a la población (¿existe mayor despilfarro que el paro?) y tendrán un carácter difícilmente reversible a medio plazo.

Fernando Luengo y Jorge Uxó son profesores de Economía en las Universidades Complutense de Madrid y de Castilla-La Mancha, respectivamente, y miembros del colectivo econoNuestra (http://econonuestra.org).

El País

http://economia.elpais.com/economia/2012/05/05/actualidad/1336238050_560354.html

La economía baja a las plazas

Hace más o menos un año, centenares de miles de personas salieron a la calle con una alegría y una determinación inéditas en los últimos tiempos. La convocatoria no provenía de los canales habituales, pero la rotundidad del mensaje consiguió aunar voces heterogéneas en un solo grito: no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. La insumisión era explícita respecto a las reglas de un sistema político, y económico, que se identifican como incompatibles con el cumplimiento de los derechos ciudadanos más básicos. La idea de que la dinámica económica en marcha nos conducía aceleradamente hacia la barbarie social estaba en el sustrato de la protesta. La pancarta desplegada en Sol aquel 15 de mayo -"vuestra crisis no la pagamos"- insistía en la centralidad de la crítica económica como parte fundamental de la indignación.

¿Qué ha cambiado en un año? ¿En qué avances se ha traducido aquel grito insumiso de crítica, no sólo a la forma de afrontar la gestión de la crisis sino, en general, a un sistema económico cada vez más evidentemente injusto? La principal aportación de la "sacudida de mayo", y del trabajo incansable y sistemático que desde entonces se viene desarrollando desde múltiples ámbitos del movimiento -entre los que cabe destacar la labor insustituible de los grupos de trabajo de economía consolidados a partir de los grupos motores de Sol y Plaça Catalunya-, corre el riesgo de pasar desapercibida. Pero es de una importancia crucial: la economía ha bajado a la calle.

El motor económico básico de una sociedad capitalista, como la nuestra, es la rentabilidad privada. En este contexto, las principales decisiones colectivas -es decir, la política-, se encuentran permanentemente subordinadas a las exigencias económicas. En la coyuntura actual podríamos decir, a "los mercados". El discurso dominante, garante del orden establecido, es eficaz en la difusión de un "sentido común colectivo" que predefine la "inevitabilidad" de ciertas decisiones políticas. La implacabilidad de lo inevitable es lo que hace posible adoptar, sin grandes conflictos, decisiones en apariencia injustificables, como:

 i) alargar la vida laboral y facilitar el despido en un contexto de desempleo generalizado; 

ii) no gravar con impuestos potentes a los grupos sociales con más patrimonio y renta, en una coyuntura de necesidad imperiosa de recursos públicos; 

iii) inyectar dinero público al sistema bancario, responsable de la crisis, sin exigirle ningún tipo de contrapartida; 

iv) recortar partidas de gasto público social, que no sólo suponen el deterioro evidente de nuestro precario Estado de bienestar, sino que además alimentan el desempleo y la recesión; o 

v) garantizar constitucionalmente que se priorizará el pago de los intereses de la deuda frente a la atención de derechos básicos de la población. 

Romper la ficción interesada de que en economía, y especialmente en un contexto de crisis como el actual, "las cosas no pueden ser de otra manera", es un primer paso fundamental para avanzar hacia una sociedad más democrática. Es en este terreno, el de elaborar y difundir discursos rigurosos y accesibles que expliquen la lógica de las medidas económicas en curso, en el que el 15-M lleva acumulados sus éxitos más importantes. Es crucial, porque es la mejor forma de visibilizar de una forma práctica y eficaz que las cosas sí pueden ser de otra manera. 

El proceso es lento, y no está exento de problemas y contradicciones. Pero un año de trabajo ha dado mucho de sí. En junio del año pasado, con el movimiento todavía en una fase muy inicial, las masivas movilizaciones en contra del Pacto del Euro en un país donde todo lo que viene de Europa se considera inapelable, anunciaron la recién nacida capacidad colectiva de cuestionar lo incuestionable. Poco después, la denuncia lúcida y valiente de la antidemocrática reforma constitucional pactada por los grandes partidos políticos, fue un paso más. Tras el verano, un curso de trabajo más invisible, pero fundamental. Para empezar, la constitución de grupos de economía en las distintas asambleas de barrios, ciudades y pueblos; y a partir de ellas, la puesta en común de los análisis realizados a través de la coordinación interbarrios y otros mecanismos. La escuela de economía todos los fines de semana en El Retiro, junto con las innumerables charlas y talleres organizados sobre la contrarreforma laboral, de pensiones, los presupuestos generales, etc., ha  conformado un programa formativo de primer nivel.

Por otro lado, se ha colaborado muy intensamente con colectivos y plataformas en defensa de los servicios públicos que surgen o se alimentan al calor del movimiento, a la vez que, de forma autónoma pero complementaria, se hacían tareas de difusión y agitación en las movilizaciones convocadas por los sindicatos. En los últimos tiempos, se ha avanzado en la profundización de las relaciones entre el ámbito de la economía crítica más apegado al movimiento social (comisiones del 15M) y colectivos que trabajan en la misma dirección desde las universidades ( www.econonuestra.org ). Y quizás, entre los varios frentes de intervención abiertos, cabe destacar el impulso de una plataforma desde la cual se reivindica,  en coordinación con otros países europeos, una auditoría de la deuda que clarifique qué parte del endeudamiento sería legítimo no reconocer. O tal vez, por su incidencia social directa, el apoyo decisivo en la lucha por la visibilización y paralización de los desahucios. El repaso no es sistemático, no recoge la totalidad de los logros del movimiento en este plano. Pero sí puede dar una idea de la magnitud del avance realizado. 

Llevamos un año sembrando, alimentando pacientemente el cuestionamiento de un sistema económico que se ha demostrado incapaz de garantizarnos una vida digna. Es una tarea fundamental, previa, necesaria, aunque no siempre goce de la visibilidad correspondiente. Podemos pensar que el trecho recorrido es poco, en comparación con todo lo que queda por hacer. Pero lo más importante en lo que podemos pensar es en cómo, a partir del 16 de mayo de 2012, seguir dando pasos en esta dirección. En dos palabras: felicidades y adelante.

Bibiana Medialdea es profesora de Economía Aplicada de la UCM

Público

http://www.publico.es/dinero/431717/la-economia-baja-a-las-plazas

¿Quién controla la economía mundial? El poder de las transnacionales

La pregunta es ambiciosa, desde luego. Algunos dirán que son los Estados-Nación más poderosos militarmente, como Estados Unidos. Otros dirán que son las personas más ricas y poderosas las que, conspirando, deciden en lugares poco transparentes cómo gestionar el mundo. Sin duda también habrá quienes crean que son las voluntades individuales las que conforman, a través del mercado, el destino de nuestra economía mundial. Incluso, en una derivación de esta última opción, puede pensarse que son precisamente las empresas transnacionales las garantes del futuro político y económico de nuestro mundo. En todo caso, probablemente todas tengan algo -aunque sea poco- de razón, si bien para intentar responder tamaña cuestión no pueden servir análisis simples o prejuicios sin confirmar empíricamente.

Mi intención aquí no es otra que mostrar y difundir los resultados del reciente y único estudio que ha evaluado la red global que conforman las transnacionales (también llamadas multinacionales o grandes empresas a secas). Según este complejísimo estudio que ha analizado las redes de 43.060 transnacionales, apenas un 737 de ellas controlan el valor accionarial del 80% total. Esta distribución de poder es mucho más desigual que la distribución de riqueza y renta. Además, el 40% del valor de todas las transnacionales del mundo está controlado por un pequeño núcleo -core- de 147 transnacionales. Y, más interesante si cabe, de ese núcleo de trasnacionales tres cuartas partes son entidades financieras.

La evolución de la red empresarial

Los economistas clásicos distinguían entre capitalistas y trabajadores para distinguir los dos espacios que podían ocuparse en la actividad productiva. Corresponde esa clasificación a un análisis analítico abstracto de cómo opera el sistema económico capitalista, pero también a cómo era la configuración concreta del capitalismo más incipiente. Un capitalismo caracterizado por empresas donde la propiedad y la gestión coincidían y existía por lo tanto un capitalista activo preocupado por el control de su empresa y por lo tanto por los beneficios que les pudieran dar. El resto de la empresa eran, simplificando, trabajadores que alquilaban su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Imaginen en esta visión al capitalista industrial del siglo XIX español, caracterizado por estar frente a la empresa vigilando la actividad productiva. Por ejemplo, a Miguel Agustín Heredia, empresario industrial riojano que montó importantes negocios en Málaga.

Según evoluciona el capitalismo, sin embargo, esta realidad va cambiando y haciéndose más compleja. Las empresas se hacen más grandes y surgen las primeras sociedades anónimas. Se disocia la propiedad de la empresa -que queda en manos de los accionistas- de la gestión de la misma -que queda en la dirección- y de la actividad puramente productiva -los trabajadores-. Los accionistas suelen ser grandes fortunas que juntando sus riquezas permiten acometer proyectos empresariales más complejos y que rinden más beneficios. Un ejemplo español fue la compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (M.Z.A.), que nació de la unión de los capitales de grandes fortunas como las del marqués de Salamanca, el duque de Morny y los Rotchschild (familia vinculada a las finanzas), si bien también -como siempre- con el apoyo de capital público. O el más obvio, el de la Rio Tinto Company Limited, empresa de capital danés e inglés que cotizaba en la bolsa de Londres y explotaba las minas de RioTinto (Huelva). En definitiva, las finanzas y la nueva organización empresarial permite al capitalismo desplegar proyectos más ambiciosos que en ningún caso una sola gran fortuna individual podría llevar a cabo, pero esa nueva organización empresarial modifica a su vez la relación entre los sujetos económicos (finanzas, propietarios, gestores, trabajadores) y por lo tanto las relaciones de poder.

Con la evolución de los mercados financieros, entre los que se incluye el mercado de acciones -la bolsa, es decir, el espacio donde se compran y venden derechos de propiedad de las empresas-, el sistema se hace aún más complejo. La globalización económica y financiera va empujando a las empresas a una mayor internacionalización. Hasta el punto de que gracias a la llamada ingeniería financiera las grandes empresas pueden comprar con enorme facilidad partes de otras grandes empresas o financiar nuevos proyectos de inversión. La aplicación de las políticas neoliberales, que retiran el corsé keynesiano -las prohibiciones y regulaciones que existían en el marco económico- no hacen sino disparar esas tendencias subyacentes. Las grandes empresas pueden, desde entonces, internacionalizarse incluso a partir de la emisión de lo que algunos autores han denominado capital financiero (véase el trabajo de Oscar Carpintero).

En este punto de la evolución capitalista, las empresas están formadas por propietarios, gestores y trabajadores pero que mantienen relaciones muy distintas a las anteriormente descritas. Los propietarios son los accionistas, pero que ya no tienen una preocupación directa por el estado de la actividad productiva -a diferencia del propietario tipo s. XIX- sino que únicamente se preocupan por rentabilizar su capital. La extraordinaria liquidez de los mercados les permite a estos accionistas pasar de una empresa a otra en cuestión de segundos, por lo que se disocian los intereses y vencen las estrategias cortoplacistas. Los gestores, por otra parte, son los consejos de administración de las empresas y los directivos, esto es, aquellas personas que toman las decisiones que afectan a la actividad productiva. Estos consejos de administración obedecen órdenes de los accionistas, porque a ellos les rinden cuentas -no en vano los accionistas pueden exigir la destitución de éstos si consideran que no lo están haciendo bien, es decir, de acuerdo a sus intereses-. Esta relación, propia de la etapa neoliberal, está definida como “shareholder value” y estudiada en la literatura económica en el marco de la llamada “corporate governance” y de la “teoría de la agencia”. Los trabajadores, por otra parte, también están fragmentados en función del segmento productivo al que están asociados -desde gerentes hasta trabajadores de cuello azul-.

La moderna red empresarial

El problema macroeconómico es que en el mundo no sólo existe la distribución de riqueza y renta, sino también la de poder. Las grandes empresas determinan la configuración económica de cualquier país o región, e influyen de forma directa e indirecta en la creación de empleo y la calidad de vida. Por lo tanto, la capacidad de tomar decisiones o influir en ellas por parte de las grandes empresas es especialmente importante y es una manifestación de poder. Pero dada la inmensa y compleja red que se ha tejido entre las propias empresas, es complicado saber quién se encuentra detrás de esas decisiones.

El estudio con el que he comenzado este escrito nos aporta datos esclarecedores. Teniendo presente que las grandes empresas internacionalizadas, es decir, las transnacionales, forman una red en la que por encima tienen a los accionistas y por debajo a sus filiales (para las cuales la empresa matriz es su accionista), se ha elaborado un mapa mundial de las 43.060 empresas más importantes. Como se puede observar en el siguiente gráfico, esto no podría haberse hecho sin tratamiento informático a partir del software adecuado (de hecho, la imagen sólo nos ilustra la composición, porque más allá de ello no vemos un pijo).

De lo que se extrae en el artículo es que hay un núcleo de empresas, o core (SCC en la imagen siguiente), que se encuentran dominando las relaciones del resto a partir de su control accionarial. Es decir, de las ramificaciones que nacen de las empresas centrales puede observarse que controlan parcial o totalmente gran parte del resto de empresas. En conjunto, ese núcleo está formado por 147 empresas que controlan el 40% del valor accionarial total. Saliéndonos del núcleo encontramos que 737 empresas controlan el 80% del valor total.

Uno de los aspectos más interesantes es que en ese núcleo de 147 empresas hay dos tercios que son empresas financieras, es decir, grandes bancos comerciales y de inversión.  Y estos son, por lo tanto, los sujetos económicos con más poder para determinar la economía mundial. La lista de esas entidades núcleo, que puede verse aquí, es ilustrativa también del poder nacional que respalda esos intereses económicos. A continuación, un zoom sobre las entidades financieras más importantes que componen ese grupo. ¿Os suenan?

Conclusiones

No cabe ninguna duda de que hay una relación directa entre las entidades que concentran el poder económico y político, en la medida que han aprovechado la debilidad autoimpuesta por los Estados por medio de las privatizaciones y desregulaciones, la responsabilidad en la crisis financiera y los beneficiarios del intento de salir de la crisis. Podemos decir, con los datos en la mano, que las entidades financieras son quienes controlan la economía mundial. Pero lo hacen sin necesidad de recurrir a conspiraciones oscuras, porque es la propia dinámica del sistema económico capitalista la que explica que estos sujetos económicos, las empresas transnacionales y su red, operen de acuerdo a una lógica que les lleva a defender sus intereses. Intereses que son antagónicos con los de los ciudadanos, de modo que su propia dinámica lleva al incremento de la explotación sobre los más desfavorecidos.

El análisis político de por qué un gobierno nacional sale en defensa de una trasnacional (como Repsol) queda para otra ocasión, como también dejaremos para más adelante un análisis de las implicaciones de clase que todo esto significa -por cierto, magníficamente estudiadas por el economista marxista Gerard Dumenil-. Aunque en ambos casos hay elementos en este propio artículo, en la medida que podemos saber que, por ejemplo, Repsol está participado por entidades financieras como CaixaBank y otras entidades que a su vez están participadas por entidades financieras nacionales e internacionales. Por otra parte, los accionistas acaban siendo, en última instancia, personas de carne y hueso. Esas personas son las clases altas, los segmentos más ricos de la sociedad que participan en las redes financieras -por ejemplo, en España el 40% de los hogares tiene el 60% de sus activos financieros en cuentas corrientes, que rinden poco o ningún beneficio, mientras que los hogares más ricos tienen gran parte de sus activos financieros en la forma de acciones o de fondos de inversión y de pensiones que en última instancia casi todos tienen que ver con los derechos de propiedad de las empresas transnacionales.

Alberto Garzón Espinosa

agarzon.net

http://www.agarzon.net/?p=1821

Salir de la austeridad

“La mejor fortaleza de los tiranos,

 es la inacción de los pueblos”

Maquiavelo

Como una sensación de asfixia. Es lo que padecen muchos ciudadanos en varios países de la Unión Europea (UE), afectados por tanta reducción, tanto recorte y tanto ajuste. Una sensación agudizada por la comprobación de que la alternancia política no modifica la “furia austeritaria” de los gobernantes.

En España, por ejemplo, a una sociedad vapuleada por las brutales ­medidas de ajuste adoptadas a partir de mayo de 2010 por el Presidente (socialista) José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato del conservador Partido Popular (PP) Mariano Rajoy prometió, durante la campaña de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, el “cambio” (1) y “devolver la felicidad”. Venció con mayoría absoluta. Pero nada más tomar posesión de su cargo, emprendió a su vez la más agresiva operación de recortes sociales de la historia reciente de ­España.

Lo mismo ocurrió en otros Estados; en Grecia, por ejemplo, o en Portugal. Recordemos que, en este país, en junio de 2011, el socialista José Sócrates, después de imponer cuatro impopulares programas de “disciplina fiscal” y aceptar un no menos detestado plan de rescate de la troika (2), perdió las elecciones. Pero el vencedor conservador, Pedro Passos Coelho, ­actual Primer Ministro, muy crítico antes con las políticas de recortes de los socialistas, no tardó en afirmar, una vez elegido, que para cumplir con las exigencias de la UE, su objetivo era “aplicar una dosis aún mayor de austeridad” (3)…

¿De qué sirven entonces las elecciones si en lo esencial, o sea las políticas económicas y sociales, los nuevos gobernantes hacen lo mismo (incluso en peor grado) que los precedentes? Quienes se hacen esta pregunta dudan, de hecho, de la democracia. En el marco de la Unión Europea, se ha perdido el control ciudadano sobre una serie de decisiones que determinan la vida de la gente. En realidad, las exigencias –prioritarias– de los mercados están limitando seriamente el funcionamiento democrático. Muchos gobernantes (de izquierda y de derecha) están convencidos de que los mercados tienen siempre razón. Y de que el problema, según ellos, es precisamente la democracia, el debate público. Prefieren inversores competentes a “electores inconscientes”.

Por su parte, los ciudadanos tienen el sentimiento de que, dictada por los mercados, existe en Europa hoy una agenda oculta con dos objetivos concretos: reducir al máximo la soberanía de los Estados y desmantelar por completo el Estado de bienestar. Si quedan dudas a este respecto, basta leer las recientes declaraciones de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), en las que afirma: “El modelo social europeo está muerto y quien dé marcha atrás en los recortes presupuestarios provocará una sanción inmediata de los mercados (…) En cuanto al Pacto Fiscal europeo (4), se trata en realidad de un avance político mayor porque gracias a ese tratado los Estados pierden una parte de su soberanía nacional” (5). Más claro, imposible.

En realidad vivimos en una suerte de despotismo ilustrado en el que la democracia se define menos por el voto o por la posibilidad de escoger, que por el respeto de reglas y tratados (Maastricht, Lisboa, MEDE (6), Pacto Fiscal) adoptados ­hace tiempo o en vías de rati­ficación ante la indiferencia ­general, y que resultan verdaderas cárceles jurídicas sin posible evasión.

De ahí, de nuevo, las preguntas de tantos ciudadanos defraudados: ¿sirve de algo votar, si estamos condenados a elegir gobernantes cuya función consistirá en aplicar reglas y tratados definidos una vez por todas? (7).

Tenemos un caso de “disimulación democrática” ante los ojos: ­precisamente el del Pacto Fiscal europeo. ¿Por qué no existe un debate público sobre este Pacto, actualmente en vías de adopción, que va a condicionar la vida de millones de ciudadanos? Como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) del que depende, ese Pacto constituye un ataque brutal contra los derechos de los ciudadanos. Obligará para siempre a los Estados firmantes (entre ellos España) a reducir gastos sociales, salarios  y pensiones. Priorizará además la autoridad de la Unión Europea sobre las ­políticas presupuestarias de los ­Estados miembros. Y limitará las competencias de los Parlamentos nacionales, restándoles soberanía y convirtiendo a veces a algunos países en meros protectorados europeos (8).

¿Se puede salir de semejante situación? Las elecciones presidenciales en Francia abren quizás una perspectiva. No tanto por los millones de electores que, hartos y desesperados, votaron por una extrema derecha antieuropeísta y xenófoba. Sino porque el propio candidato socialdemócrata François Hollande –favorito según todas las encuestas–, ha prometido, a ese respecto, cambiar las cosas.

Consciente de que la elección del presidente de Francia afecta el curso de Europa, Hollande exige, en particular, añadir al Pacto Fiscal un paquete de medidas de estímulo, solidaridad y crecimiento. Y también que el BCE baje los tipos de interés y preste directamente a los Estados (y no a los bancos privados) para abrir de inmediato la senda de la recuperación.

Aunque los cambios demandados son mínimos y sin duda insuficientes, Hollande se opone a la canciller alemana Angela Merkel y al Bundesbank, quienes dictan en realidad las políticas económicas y financieras de la UE. Pero el socialista francés precisó que si Alemania no aprueba estas modificaciones, Francia no ratificará el Pacto Fiscal.

¿Qué pasará si, una vez elegido, Hollande mantiene su idea de sacar a Europa de la “opresión austeritaria” y de la recesión, impulsando reformas estructurales y estimulando el crecimiento? Dos cosas pueden ocurrir. Primera posibilidad: los mercados, como avisó Mario Draghi, atacan de inmediato a Francia y la ponen contra las cuerdas; Hollande se acobarda,  da marcha atrás, acaba inclinándose como sus amigos socialdemócratas Zapatero, Sócrates y Papandreu ante la especulación y se convierte a su vez en el líder de izquierda más impopular de la historia de Francia.

Segunda posibilidad: sabiendo que en la UE nada se puede hacer sin Francia, segunda economía de la zona euro (y quinta del mundo), Hollande mantiene su posición y la radicaliza.  Decide  apoyarse en la movilización de las fuerzas populares europeas (empezando por las del Frente de Izquierda de Jean-Luc Mélenchon), recibe el soporte de muchos gobiernos europeos partidarios asimismo de políticas de estímulo y de crecimiento; ­consigue modificar la línea del BCE-Bundesbank. Y acaba por demostrar que cuando, en una democracia, el mandato del pueblo coincide con una firme voluntad política no hay objetivo que no se pueda alcanzar.

Notas:
(1) “Súmate al cambio” fue su lema de campaña, copiado del que utilizó el Presidente chileno Sebastián Piñera (derecha) en su carrera electoral victoriosa de 2010.
(2) Constituida por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
(3) Jornal de Noticias, Lisboa, 29 de febrero de 2012. Las políticas austeritarias de Passos Coelho están conduciendo a Portugal a una catástrofe social semejante a la de Grecia; el 15% de la población activa está sin empleo (35% de los jóvenes), 25% de los portugueses se halla bajo la línea de la pobreza, y se calcula que, este año,  la recesión será del 3,3%. En los últimos seis meses ha habido ya dos huelgas generales: el 24 de noviembre de 2011 y el 22 de marzo de 2012.
(4) Impulsado por Alemania, el Pacto Fiscal o Tratado para la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, fue firmado el 2 de marzo de 2012 en Bruselas, con la excepción del Reino Unido y de la República Checa, por 25 Estados de la UE. Obliga a cada país firmante a incluir en su Constitución un límite de déficit estructural del 0,5% y contempla sanciones automáticas para quienes sobrepasen el 3%. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2013.
(5) The Wall Street Journal, Nueva York, 23 de febrero de 2012.
(6) Mecanismo Europeo de Estabilidad, organismo intergubernamental creado por el Consejo Europeo (los 27 jefes de Estado y de gobierno de la UE) en marzo de 2011. Entrará en vigor el 1 de julio de 2012. Sustituye al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF).
(7) Léase: Christophe Deloire, Christophe Dubois, Circus politicus, Albin Michel, París, 2012.
(8) Léase: Ignacio Ramonet, “Nuevos protectorados”, Le Monde diplomatique en español, marzo de 2012.

Ignacio Ramonet

Le Monde Diplomatique

http://www.monde-diplomatique.es/?url=editorial/0000856412872168186811102294251000/editorial/?articulo=1c840d48-5494-4536-926a-8b70c686b89d

Los milagros de la austeridad

España se hunde de nuevo en la recesión. Es el último golpe a la economía europea en lo que promete ser una larga cadena de malas noticias. La crisis nunca se ha ido.

El anuncio sobre la recaída del PIB lo hizo el Instituto Nacional de Estadística: la economía española se contrajo 0.3 por ciento durante el primer trimestre de este año (ver detalles en www.ine.es). En el último trimestre de 2011 el retroceso también fue de 0.3 por ciento: la economía española ha entrado ya oficialmente en recesión.

Es la doble recesión. En 2008 la economía española comenzó su primera contracción: la evolución del PIB pasó de una tasa de crecimiento anualizada de 2.8 por ciento a una tasa de -4.8 por ciento a mediados de 2009. Por un momento algunos pensaron que la crisis había tocado fondo. En julio de ese año el PIB comenzó a salir del bache y creció a una tasa de uno por ciento a mediados de 2011. Ahí reinició la declinación hasta llegar a la segunda recesión en tan sólo 24 meses. Los pronósticos no son buenos para los próximos dos años: para 2012 y 2013 se prevén contracciones de 1.5 por ciento y 0.5 por ciento, respectivamente.

Decididamente algo anda muy mal con esta crisis. Alguien dijo que quizás su gravedad ha sido subestimada, o quizás la respuesta de política económica fue equivocada. Creo que son ambas cosas. Pero el único juego que se practica en Europa es la austeridad. Como la aritmética no miente, mañana el panorama será más oscuro.

El desempleo en España casi alcanza el 25 por ciento. Es el nivel más elevado en 18 años y coloca a más de 5.6 millones de personas en el paro. En cuatro de las regiones autónomas el nivel de desempleo es superior a 30 por ciento, y a nivel nacional el paro en menores de 25 años es 52 por ciento. Eso no parece preocupar al gobierno del señor Rajoy. Su severo plan de austeridad ciertamente va a agravar este triste paisaje en el mercado laboral. Su cerebro no da para entender que eso traerá aparejadas otras dificultades macroeconómicas en un feroz círculo vicioso.

La primera consecuencia de la nueva recesión será una caída en la recaudación. Eso hará más difícil alcanzar las metas de reducción del déficit que ya se han tenido que modificar. Los mercados financieros no van a titubear en bajar el grado de calificación sobre la deuda española, lo que incrementará el costo del refinanciamiento. El gobierno ha dado señales de querer incrementar el impuesto al valor agregado, además de mantener firmes sus recortes salariales y golpes a las pensiones, lo que representa un nuevo azote a la ya débil demanda de los consumidores.

Una segunda consecuencia de la contracción es la merma en la capacidad de pago de las deudas que ya cargan los hogares españoles. Esto ya se observa en el aumento de la cartera vencida de préstamos, en especial de hipotecas, y eso supone que en algún momento el gobierno español tendrá que intervenir para rescatar a los bancos.

La semana pasada las agencias calificadoras mostraron lo que saben hacer, denunciar con alarma las posibilidades de impago para ahuyentar el espectro de una restructuración de deudas (aunque en Grecia les salió el tiro por la culata). Standard & Poor’s redujo la calificación sobre la deuda soberana de corto y largo plazo del Reino de España. La agencia explicó la medida por el deterioro en la trayectoria del déficit para el periodo 2011-2015, así como por la probabilidad de que el gobierno intervenga para ayudar a un sector bancario en dificultades. Algunos analistas colocan el monto de la ayuda que necesitará el sector bancario en unos 120 mil millones de euros para este año.

Ahora se presenta el desafío de la recapitalización de los bancos y eso representa un serio problema para el gobierno. A diferencia de 2008, hoy el gobierno se encuentra en una situación complicada. Una forma de reunir recursos es colocando deuda en el mercado internacional, pero eso será costoso e implica un mayor deterioro en la posición crediticia del gobierno, agravando la crisis de la deuda soberana y afectando negativamente los estados financieros de los bancos que obtengan los nuevos bonos.

Hay que aceptar que la flexibilización de la política monetaria del Banco Central Europeo a través del programa de refinanciamiento de largo plazo (LTRO) es insuficiente frente a la ola de austeridad que la torpeza y cobardía de la clase política impuso en toda Europa. Aunque los bancos pueden ahora tomar recursos del ECB durante tres años a una ridícula tasa (1 por ciento) eso no les ha permitido superar las dificultades de una economía en plena contracción. En plena deflación, ni los hogares ni las empresas quieren tomar nuevos créditos.

Europa se enfrenta a un doble efecto: por un lado el potente freno de la austeridad, y por el otro, el seudomotor de la liquidez en aumento por las operaciones del BCE. El resultado es evidente: la milagrosa receta de austeridad está ganando y conduce a una bancarrota anunciada y al sacrificio de una generación.

Alejandro Nadal

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2012/05/02/opinion/028a1eco

Las medidas falsamente necesarias

Una superchería domina a menudo el discurso económico, la de la necesidad. Es frecuente escuchar a los gobiernos que tal o cual medida es necesaria. “Ya nos gustaría no tener que hacerlo, pero no queda otra alternativa”. Y esta letanía es recogida y difundida por los altavoces mediáticos de los poderes económicos que lo repiten una y otra vez, hasta que la población acaba aceptándola como verdad indiscutible. Sin embargo, pocas realidades serán tan contrarias a la ciencia económica como la necesidad. La economía comienza como disciplina allí donde se da la posibilidad de elegir entre distintas opciones. En presencia del determinismo, el problema económico desaparece.

Según la famosa definición de Robbins, dos son los parámetros que enmarcan la actividad económica: la escasez y la alternancia. Si falta cualquiera de estos elementos no podemos hablar de problema económico. Escasez no se identifica con necesidad, sino con limitación. Los recursos son limitados pero de usos alternativos. Y ante cualquier medida económica siempre caben una o varias opciones. Bien es verdad que la elección de una u otra nunca suele ser neutral. Se beneficia a determinados grupos y se perjudica a otros.

Desde mayo de 2010, los sucesivos gobiernos, primero el del PSOE y más tarde el del PP, han ido adoptando todo un abanico de medidas de tal calado que están modificando sustancialmente la estructura social, el marco de relaciones laborales y hasta la misma condición de nuestro Estado. El actual presidente del Gobierno ha pedido en rueda de prensa “un pequeño esfuerzo” -¿pequeño?-, “unos pocos euros necesarios para el sostenimiento de la educación o de la sanidad pública”. “Son cosas que no nos gusta hacer”, ha dicho, “pero son totalmente necesarias para el sostenimiento de la sanidad o la educación pública”. “En este momento no hay dinero para atender el pago de los servicios públicos. No hay dinero porque hemos gastado mucho”.

Esta última aseveración, aplicada al Estado, carece totalmente de fundamento. Si algún sector ha gastado mucho en la etapa anterior ha sido el privado. Se mida como se mida, el sector público español se ha mantenido en un nivel de gasto muy inferior al de otros países, como ahora se dice, de nuestro entorno, a los que según se proclama se pretende imitar; y la comparación se hace mucho más negativa para España si a lo que nos estamos refiriendo es a los gastos sociales.

Los problemas actuales de las finanzas públicas tienen su origen en la enorme caída de los ingresos ocasionada por la recesión económica y por las tres reformas fiscales extraordinariamente regresivas (dos del anterior gobierno del PP y una del último gobierno del PSOE), instrumentadas principalmente en el IRPF y en el impuesto de sociedades. En su momento, se vendía la peregrina idea de que no iban a tener impacto en la recaudación y se propagaba el espejismo de que la bajada impositiva se realizaba sin coste alguno, es decir, sin contrapartida, sin aumento de otros impuestos o reducción y menoscabo de los servicios públicos o de las prestaciones sociales. Ahora, sin embargo, se afirma que no hay dinero y se opta por la peor solución posible que es la de hacer pagar al usuario.

En esta materia, como en cualquier otra de las áreas de la disciplina económica, las alternativas existen. Los servicios públicos se pueden financiar mediante impuestos o a través de un precio; cuando se mantiene que son insostenibles lo único que se está diciendo es que no se desea sufragarlos mediante tributos. Financiarlos total o parcialmente a través del precio no es más que una opción, y una de las peores porque se hace depender la educación o la asistencia sanitaria de la capacidad económica del usuario, destruyendo la igualdad de oportunidades que, aunque escasa, el Estado social había generado.

La excusa de aplicar la progresividad al copago carece totalmente de fundamento. Para eso existen los impuestos que se pueden hacer tan progresivos como se desee. Además, aumentarán enormemente la carga burocrática y el coste de tramitación, tanto más si se lleva a cabo, como es lógico, por departamentos ministeriales ajenos al de Hacienda desconocedores por completo de este tipo de procedimientos. Volvemos a ser testigos de ocurrencias sin reflexión y estudio, de modo que se cometerán de nuevo burdas equivocaciones como la de caer en el error de salto, creando enojosos agravios comparativos.

Juan Francisco Martín Seco es un analista económico español.

Sin Permiso

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4906