miércoles, 27 de julio de 2011

COMUNICADO DE ATTAC MADRID ANTE LA INTERVENCIÓN DE LA CAM


ATTAC considera que una entidad financiera intervenida por la Administración debe tener como prioridad servir a la sociedad. La gestión disparatada de sus anteriores titulares, cuyas responsabilidades penales deben delimitarse con claridad, no puede ser el castigo de sus víctimas y la ambición desmedida debe sustituirse por una respuesta a las necesidades sociales.


Attac Madrid-Vivienda

Ante la intervención del Banco de España en la Caja del Mediterráneo (CAM) con una inyección de capital de 2.800 millones y 3.000 millones más de liquidez para evitar que atraviese dificultades si hubiera retirada de depósitos los próximos días, ATTAC exige que el organismo regulador cambie las políticas respecto a la vivienda de dicha entidad.

La mala gestión de la entidad ha llevado a la CAM a una situación que solo puede solucionarse mediante la aportación de esa enorme cantidad proveniente del bolsillo de los ciudadanos. Una morosidad del 9,47% ha tenido como consecuencia que la entidad posea, debido a los créditos fallidos, más de 3.200 millones en suelo, promociones y pisos vacíos.


Por ello y para que la gestión por parte de la Administración corresponda a la voluntad de la ciudadanía, ATTAC exige:

- Que se elabore un censo de la totalidad de los pisos vacios en que la CAM posea la titularidad. Aquellos pisos situados en entornos en los que existan problemas de acceso a la vivienda deberán ser gestionados como alquileres sociales. Nunca esos alquileres podrán suponer más de un 30% de los ingresos de aquellos que tengan derecho, en función de sus circunstancias, a acceder a dicha vivienda.

- Paralización inmediata de todas las ejecuciones judiciales de hipotecas que en este momento esté llevando a cabo la CAM en que estén involucradas personas y familias, que en el contexto de la crisis económica, se encuentren en paro o en situaciones de precariedad. Casos como el de María José y sus dos hijos, desahuciados con urgencia el pasado día 20 de julio por parte de esta entidad y condenados ahora a vivir en un garaje y soportar una deuda de por vida de más de 200.000 €, no pueden volver a repetirse en una Caja que recibe 2.800 millones de la sociedad. A partir de este momento la CAM debe aceptar la dación en pago y mantener a los afectados en su vivienda mediante el pago de un alquiler social.

ATTAC considera que una entidad financiera intervenida por la Administración debe tener como prioridad servir a la sociedad. La gestión disparatada de sus anteriores titulares, cuyas responsabilidades penales deben delimitarse con claridad, no puede ser el castigo de sus víctimas y la ambición desmedida debe sustituirse por una respuesta a las necesidades sociales.

Julio de 2011-


http://www.levante-emv.com/economia/2011/07/24/autopsia/827057.html



martes, 26 de julio de 2011

Corrupción y turismo residencial en España: la otra historia de la burbuja inmobiliaria

En la Costa del Sol, Málaga, 32 alcaldes y ex-acaldes de 29 municipios están involucrados en delitos relacionados con el urbanismo y la ordenación del territorio [1]. A miles de kilómetros de distancia, en la costa nordestina de Brasil se inició a mediados de la década pasada el macroproyecto turístico Lagoa do Coelho Resort que pretendía construir más de 30.000 viviendas, varios campos de golf, hoteles de lujo, etc. Los particulares que invirtieron en el proyecto tuvieron que constituir una plataforma de afectados ya que la empresa tras haber cobrado el 40 % del precio de venta de casi 500 apartamentos, no llegó siquiera a iniciar las obras, y los avales entregados a cambio no tenían ningún valor [2]. El empresario español propulsor del proyecto ingresó en prisión por estafa. Y si nos dirigimos hacia Centroamérica, encontramos la población de San Juan del Sur (Nicaragua), donde unos treinta norteamericanos han visto como los bancos se llevan las casas que compraron en el resort Pelican Eyes Piedras y Olas. El representante de este proyecto hipotecó las casas sin el consentimiento de los propietarios y se largó con el dinero [3].

Estos casos de corrupción, ilegalidades y delitos aparecen por toda la geografía turística mundial. A pesar de su separación geográfica presentan en común su ubicación dentro del sector del turismo residencial. Todos estos casos y muchos cientos más están relacionados con la compra-venta de viviendas en espacios turísticos en donde poder cumplir los sueños de unas vacaciones o un retiro en un paraíso de sol, mar, exotismo contenido y máxima seguridad. Esta reiteración nos hace preguntarnos si existe algún elemento dentro del proceso de producción del turismo residencial que lleve a una parte relevante del sector a introducirse en aguas cenagosas y oscuras al margen de la legalidad. Las causas de la abundancia de actividades ilegales y de casos de corrupción ligados al turismo residencial residen, en primer lugar, en la propia estructura del turismo residencial, en su naturaleza geofágica y altamente especulativa[4]. Un segundo conjunto de elementos explicativos los situaríamos fuera del sector relacionados con el tiempo que nos ha tocado vivir, dominado por el capitalismo global corporativo [5].

Este sector económico ligado al ocio residenciado comienza a desarrollarse en las costas del Mediterráneo español a partir de la década de los 70. Fue evolucionando y expandiéndose territorialmente hasta llegar a su fase de internacionalización que ha sido corta pero intensa. Esta fase se inicia en 2001 y llega hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera en 2008. Se ha definido el turismo residencial como el sector que se dedica a la transformación de tierra en suelo urbanizable y a la construcción y posterior venta de viviendas orientadas al ocio residenciado. Sin embargo, el turismo residencial es más que un sector dedicado a la construcción para veraneantes o residentes jubilados foráneos. Engloba el conjunto de prácticas socioeconómicas que incluyen, entre otras, no sólo la construcción de viviendas e infraestructuras y servicios anexos, sino también el aparato legislativo que lo estimula o protege, las infraestructuras y servicios de transportes que conectan a los usuarios internacionales con las ofertas residenciales, y la cultura global hiperconsumista que promueve un determinado estilo de ocio definido por la hipermovilidad y la mutilocalidad residencial.

El turismo residencial es un consumidor imparable de suelo. O produce y vende viviendas o el sector se paraliza y muere. Y debe reproducirse a la máxima velocidad posible para aumentar los beneficios y disminuir los costes. De ahí que todo vale para que este proceso productivo esté en constante movimiento. La legislación urbana o ambiental, la planificación que ponga cortapisas al proceso generativo de suelo y vivienda debe ser vulnerada, ignorada o eliminada. Además hay que tener en cuenta el carácter especulativo que ha adquirido el sector en el último decenio. El negocio ya no está sólo en vender casas. De hecho la venta de casas pasa a ser la fase menos relevante en el proceso de producción social del turismo residencial. Hasta que se vende la vivienda hay una serie de pasos que, basados en la inversión de capitales intangibles y no crematísticos, pueden generar grandes ingresos. La recalificación de tierra en suelo urbanizable otorga un valor añadido que ya es objeto de comercialización. La información in advance sobre qué tierras pueden ser urbanizables tiene un alto valor. El desplazamiento un par de centímetros de una raya en un master plan o en un plan general de urbanismo puede aumentar de forma inmediata el valor de una tierra en millones de euros. La decisión de construir una carretera que conecta zonas aisladas y de pronto las hace accesibles al mercado global repercute directamente en el precio del suelo. En la última etapa del turismo residencial las viviendas no se compran para habitarse sino esperando que la burbuja de precios haga subir su valor en poco tiempo y que se pueda vender a otro comprador con unas notables plusvalías. Todas estas acciones son un capital de intangible no productivo pero altamente codiciable. Y, por supuesto, favorecen tramas de traspaso de información privilegiada, de recalificaciones indebidas, de permisos de construcción ilegales, etc., etc.

La burbuja inmobiliaria del 2001 al 2008 ha impulsado la codicia y ha aumentado la velocidad vertiginosa de obtención de beneficios. No importa si no hay usuarios finales. El objeto es puramente especulativo: comprar barato, sea tierra, sean permisos o licencias de construcción, o viviendas para vender lo antes posible y a mayor precio. Estamos ante una economía piramidal y al final de la pirámide siempre hay un tonto que carga con el peso de la misma. Cualquier atajo que facilite este proceso es bienvenido aunque no sea legal.

Estos atajos se ven facilitados por el modelo de capitalismo global y corporativo en el que se ha situado la economía política mundial. El turismo residencial se ha convertido en un producto y, al mismo tiempo, en un agente generativo y reproductor de esta fase evolutiva del capitalismo caracterizado por su internacionalización, por sus propuestas desregulatorias de la economía y por el control de los aparatos estatales por parte de los grandes agentes económicos. El estado ha dejado de ser ese ente regulador de las relaciones entre economía y sociedad para convertirse en un instrumento para facilitar la acumulación de capitales por parte de las elites. Elites que, sin reparo, surgen de la simbiosis de la cúpula de la esfera política y empresarial. Los partidos políticos son los primeros interesados en esta simbiosis porque una parte importante de su financiación la reciben de las empresas constructoras. Alcaldes, ministros o inclusos ex presidentes del Gobierno se alían con promotores urbanísticos y consiguen ajustar las leyes a sus intereses. El caso más claro lo supone la polémica ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRUV) de la Comunidad Autónoma de Valencia (España) que dejaba en manos de los agentes urbanizadores privados la planificación y ordenación del territorio y que dio pie a toda una serie de abusos que han sido denunciados por el Parlamento Europeo en el Informe Auken. En otras regiones, por ejemplo Centroamérica o el Caribe, se dan grandes beneficios fiscales a la inversión inmobiliaria extranjera y se vende sin reparo el patrimonio costero enajenado de la soberanía popular [6].

En el último capítulo que se ha escrito de esta historia, aparecen como protagonistas los cientos de miles de viviendas que se levantaron durante el boom inmobiliario a lo largo de toda la periferia del placer y que se han quedado sin vender [7]. Están a la espera del repunte de la economía global y de que aparezcan nuevos tontos que crean que pueden pegar el gran pelotazo especulativo encontrando a otros tontos que compren esa inversión segura y que nunca baja de precios que es una vivienda junto al mar.

NOTAS: [1] Encarna Maldonado, “Alcaldes y ex alcaldes de 29 municipios, implicados en delitos urbanísticos”, Málaga Hoy, 20 de julio de 2011. Y sobre el Caso Malaya (Marbella) ver el dossier publicado por el periódico El País. [2] Ver: Foro de los Afectados Lagoa do Coelho Resort. [3] Léster Quintero, “Les hipotecaron el sueño americano a más de 30 gringos”, El Nuevo Diario, 7 de julio de 2011. [4] Antonio Aledo, “De la tierra al suelo”, Arbor, Vol 184, No 729, 2008. [5] Sobre las relaciones entre el turismo y el capitalismo global corporativo, ver: BLÁZQUEZ, Macià, Ernest CAÑADA e Ivan MURRAY, Búnker playa-sol. Conflictos derivados de la construcción de enclaves de capital transnacional turístico español en El Caribe y Centroamérica. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 10 de julio de 2011, vol. XV, nº 368. [6] Imprescindible: Montiel, Antonio y Naredo, José Manuel, El Modelo Inmobiliario Español y su culminación en el caso valenciano, Barcelona, Icaria, 2011. [7] Para el caso del nordeste brasileño ver: Monti, Ewerton, “La crisis económica internacional de 2008 y el turismo: Efectos y medidas de respuesta en Rio Grande do Norte, Brasil”, Investigaciones Turísticas, núm. 11, 2011.

Antonio Aledo es profesor de sociología en la Universidad de Alicante y colaborador de ALBA SUD
Fuente: sinpermiso
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4321

Economía. "Sólo parches"

Los estados actuales se endeudan como desde mucho antes lo hacían los reyes y los nobles. Siempre necesitan más dinero, que usan para fines muy distintos. Una parte de ese dinero se obtiene de tributos e impuestos. Pero nunca es suficiente. Esa parte se complementa con deuda. La deuda es pública.

Hoy en Europa y Estados Unidos hay una crisis real de endeudamiento de los gobiernos que se está enfrentando con parches. Así, difícilmente arreglaran las cosas más allá del muy corto plazo.

Preguntarse, entonces, por qué se endeudan los Estados no parece ocioso. Las respuestas son, por supuesto variadas y distintas, también, entre unos y otros países.

Con las deudas se paga por las guerras; se paga por los programas de atención social, sea la salud, la educación, las pensiones o los subsidios a los productores y a los consumidores; se paga para promover la construcción de infraestructuras y también se paga la corrupción, que en algunos casos es brutal. Además, se paga por los excesos que recurrentemente cometen empresarios, financieros y especuladores cuando los gobiernos intervienen por muy diversas razones, controvertidas por supuesto, para controlar los daños.

En los últimos tres años, se ha intervenido con fondos públicos en la crisis financiera desatada por la especulación inmobiliaria y la explosión en los bancos de los títulos llamados derivados. Se ha provocado un sensible incremento de la deuda pública tanto en Europa como en Estados Unidos.

Este es sólo el más reciente episodio, pero es de una magnitud muy grande y ocurre en un entorno de debilidad económica general y de flacos liderazgos políticos, lo que se expresa en una creciente insatisfacción social.

Los niveles de endeudamiento se elevaron significativamente con la crisis generada por la más reciente caso de especulación que estalló en septiembre de 2008.

En el conjunto de la Unión Europea la deuda pasó de 59 por ciento del PIB en 2007 hasta 80 por ciento en 2010. Las cifras para Alemania con 65 y 83 respectivamente; en Irlanda 25 y 96; en España 36 y 60; en Francia 64 y 82; en Portugal 68 y 93. Pero en Grecia la deuda como proporción del PIB pasó de 105 por ciento a 143, y en Italia de 104 a 119 por ciento.

Lo primero que se aprecia es que los comportamientos no son iguales y que los inversionistas (lo que llama de modo abstracto como los mercados) no distinguen unos de otros casos; tampoco las empresas calificadoras de riesgos. Esto agrava las condiciones de la crisis y los costos para los ciudadanos una vez que se imponen los ajustes para pagar las deudas.

En el caso estadunidense la deuda pública pasó en el mismo lapso del orden de 50 por ciento del PIB hasta más de 90. Buena parte de ese incremento se gestó en el gobierno de Bush con el aumento del gasto militar (Afganistán e Irak), la reducción de impuestos, y la intervención en la crisis financiera (el programa inicial TARP fue del orden de 700 billones de dólares). Al mismo tiempo y por causas demográficas crecía el gasto en pensiones y en servicios de salud y seguridad social.

Los estímulos adicionales instrumentados por el gobierno de Obama no han conseguido que la economía recupere de modo firme su crecimiento, al tiempo que ha tenido que seguir incrementando el gasto público y, así, el nivel del endeudamiento. Este llega ahora a 14 billones de dólares (trillones según se denominan allá) y de los cuales alrededor de 4.5 billones están en manos de inversionistas extranjeros; 1.5 billones son del gobierno chino.

El plan que aceptaron los gobiernos de la zona euro liderados por Alemania y Francia salva apenas al euro y tiende un puente para que no estalle el impago de la deuda de Grecia. No se sabe que tan largo es el puente ni cual es su resistencia. Puede ser un parche.

En Estados Unidos no hay acuerdo político entre el presidente y el Congreso para elevar el nivel legal del endeudamiento público, lo que puede llevar a una paralización de los pagos de la deuda, las pensiones y otros gastos. En las circunstancias actuales de fragilidad económica y financiera, ante una fuerte incertidumbre y un enfrentamiento real entre los inversionistas y los gobiernos la situación es de mucho riesgo.

¿Riesgo para quién? La verdad, para todos, tanto aquellos que son acreedores y el resto de la gente que es, en efecto, deudor. Ambos están atrapados. De alguna manera la condición de fragilidad que hoy existe y que sucede en el centro del sistema capitalista mundial puede verse como la más delicada desde la crisis de la década de 1930 y que se extendió hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

En todo caso, en medio de las estrategias limitadas que siguen los gobiernos europeos y de Estados Unidos hay un aspecto que tiende a dejarse de lado y es la necesidad imperiosa de crecimiento del producto y del empleo, o sea, del gasto en inversión y en consumo.

Nada de lo que hoy se está aplicando conduce a un mayor nivel de producción, que se sostenga por un largo periodo y vaya reduciendo sobre una base sólida y sostenible la deuda y el déficit públicos en esos países.

No se crean los incentivos para que eso suceda y, en cambio, se privilegia el entorno de la deuda y su reproducción en condiciones de creciente fragilidad. El costo sobre la mayoría de la gente, en sociedades en las que se ha acrecentado la desigualdad, será inevitablemente muy grande.

León Bendesky

La Jornada

sábado, 23 de julio de 2011

Agencias calificación."Contra un sistema corrompido"

“Esperemos hacernos ricos y retirarnos antes de que se derrumbe este castillo de naipes”, decía el email de un ejecutivo de la agencia de calificación de solvencia Standard & Poor’s, que pudieron leer los investigadores del Congreso de Estados Unidos en la indagación sobre causas y responsables de la crisis financiera. “Estamos vendiendo nuestra alma al diablo de los beneficios”, se podía leer en otro correo electrónico de un alto empleado de Moody's. Ambos correos, muy reveladores.
Las agencias de rating comenzaron a trampear en los ochenta al trabajar para las propias compañías a las que calificaban. Empezaron a ocultar irregularidades de sus clientes y maquillar resultados. Moody's aceptó otorgar una calificación superior a la empresa financiera Countrywide Financial, tras la protesta airada de sus directivos por una baja calificación.
Es conocido que, en 2007 y 2008, las agencias de rating dieron la calificación de solvencia más alta a productos financieros envenenados. Miles de productos financieros tóxicos (muchos relacionados con hipotecas basura, que no se cobrarán jamás), recibieron la máxima nota de solvencia. A añadir la desfachatez de que las propias agencias de rating habían contribuido a diseñar esos productos en algún caso.
Mala fe, engaño y, sobre todo, codicia obscena en la perversa mutación de las agencias de rating. ¡Todo por la pasta! Las mismas que amenazan a la Unión Europea si reestructura la deuda de Grecia. Pues desde hace semanas, Europa sufre una crisis intensa por ataques especulativos contra las deudas soberanas, está amenazada por otro estallido financiero y con varios países miembros asomándose al abismo. A esa crisis contribuyen las agencias de rating con sus discutibles calificaciones de insolvencia. Los bonos de deuda portuguesa, por ejemplo, han sido reducidos a basura por las agencias sin siquiera considerar el durísimo (e injusto) plan portugués de recortes, incluido un arbitrario impuesto del 50% de la paga extraordinaria navideña. Y España, Italia o Irlanda han de pagar tres, cuatro o cinco mil millones más de intereses por su deuda debido a la desconfianza inducida por las agencias; porque si una deuda soberana aparece como menos fiable, da más intereses a quien la compra.
“Europa no puede permitir que tres empresas privadas estadounidenses la destrocen”, declaró la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding. Y el gobierno alemán las acusa de ser un oligopolio y todos claman por ponerles coto... Toda Europa arremete contra las agencias de rating. Pero nadie mueve un dedo.
¿Se verá obligada Europa a pactar con las agencias una posible reestructuración de la deuda? Pero ¿quién diablos ha elegido a esas agencias?
Puesto que dirigentes políticos y económicos europeos no mueven ficha, mientras las maquinaciones de las agencias de rating arrojan a la pobreza e inseguridad a millones de europeos, una primera respuesta ciudadana contra esas insaciables agencias ha sido la querella presentada en la Audiencia Nacional de España por dos partidos políticos de izquierda y varia entidades ciudadanas (ATTAC, Observatorio de Derechos Económicos y Sociales...). Los querellantes han aportado ejemplos de la Unión Europea mostrando como las agencias siguen un patrón para hundir la deuda soberana en beneficio de terceros. Terceros como fondos de inversión (Capital Group, BlackRock, Vanguard...), que casualmente son accionistas de las agencias y se benefician del mayor interés que han pagar los gobiernos. También en Portugal se han querellado contra las agencias de rating. Y sería bueno que cundiera el ejemplo.
Agencias de calificación, bancos y aseguradoras de productos financieros constituyen un tridente perverso. Porque a la indecencia de las agencias de rating e insaciabilidad de la banca, cabe sumar la voracidad de los especuladores poseedores de seguros de impago (CDS). Los CDS hoy suponen 61 billones de dólares de la economía; mucho más que toda la economía real.
Este sistema está corrompido. Como ha escrito el asesor financiero Marco Antonio Moreno, “sólo el colapso total de los bancos centrales y del sistema financiero podrá derrocar a los detentadores de seguros de impago (CDS) de su tiranía, y devolver el mundo a una economía real”. Pero recurrir a la vía judicial contra los responsables de la crisis no es mala idea.
- Xavier Caño Tamayo es Escritor y periodista
Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS), España.
http://www.alainet.org/active/48215〈=es

El Banco de España nacionaliza la CAM y despide a los gestores

El Fondo de Restructuración inyectará 2.800 millones de capital y 3.000 millones de liquidez para evitar problemas ante una posible fuga de depósitos

La Caja Mediterráneo (CAM) firmó su sentencia de muerte cuando no logró mantenerse en la fusión capitaneada por Cajastur. En marzo, por culpa propia o ajena, la CAM rompió aquel acuerdo y quedó como un barco a la deriva, sin rumbo ni patrón. Ayer, cuatro meses después, la Comisión Ejecutiva del Banco de España hizo pública la nacionalización de la entidad y la destitución de todos sus gestores. Según los primeros cálculos, el Estado se quedará con al menos el 80% del capital tras inyectar los 2.800 millones.

La mala gestión de la entidad, demostrada en su enorme apetito por el ladrillo, incluso cuando la crisis ya había comenzado, así como la fuerte injerencia política del PP, que provocó la entrada en ruinosos proyectos faraónicos, han acabado con la que fuera la cuarta mayor caja de España. Ayer se enterraron 136 años de historia de una entidad con 3,3 millones de clientes.

El organismo dirigido por Miguel Fernández Ordóñez ha decidido inyectar 2.800 millones de capital y 3.000 millones más de liquidez para evitar que atraviese dificultades si hubiera retirada de depósitos los próximos días. "Todas las medidas adoptadas hoy garantizan que CAM pueda seguir operando con normalidad y cumpla con todas sus obligaciones frente a terceros. Por tanto, los depositantes y los acreedores pueden estar absolutamente tranquilos", aseguró ayer el Banco de España en una nota.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró que los clientes de la caja "pueden estar absolutamente tranquilos" porque la entidad seguirá desarrollando su actividad con normalidad tras ser intervenida por el Banco de España. José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, señaló que la venta se hará lo más rápido posible y con el menor coste para los contribuyentes, según Bloomberg.

Campa admitió que se podría establecer un "esquema de protección de activos", es decir, que el Estado ofrecerá dinero al que la asuma porque el déficit de capital es mayor que los 2.800 millones que pondrá el FROB. La entidad que menos dinero reclame por asumir los activos y pasivos de la CAM será la que se la adjudique.

CAM es la tercera caja que quiebra desde el inicio de la crisis. La primera fue Caja Castilla La Mancha, en marzo de 2009, la segunda fue Cajasur, en mayo de 2010, que pasó a manos de la BBK tras recibir 395 millones de ayudas y la tercera ha sido la CAM. Una caja por año; un ritmo quizá demasiado lento para la gravedad de la crisis inmobiliaria, que tenía atrapadas a las entidades desde el principio de la crisis. También se puede resumir así: ha caído una caja controlada por el PSOE, otra de la Iglesia y otra del PP. Algunos afirman que no es casualidad el signo político.

Antes del fracasado Banco Base, la caja alicantina ya había roto un intento de fusión con Caja Murcia y otro con Caja Madrid y Caixa Galicia.

El proceso legal clave para la operación ha sido el traspaso de todos sus activos financieros a un banco, Banco CAM, constituido como sociedad por acciones. Desde medianoche es una realidad en el Registro, y esto es lo que ha facilitado la nacionalización. Desde hoy sábado, la CAM estará administrada por el FROB "con el objetivo último de estabilizar el grupo, capitalizarlo y proceder a su reestructuración".

Una vez saneada, la caja será subastada entre entidades competidoras. Bruselas debe autorizar el proceso. El Santander, el BBVA, el Banco Popular, el Sabadell, Unicaja, Ibercaja, las cajas vascas (lideradas por BBK) así como BNP Paribas, estudiaron las cuentas de la entidad, pero no llegaron a realizar ninguna oferta. Según directivos de estas entidades, el saneamiento de la CAM tiene un coste entre 3.000 y 4.000 millones. Es decir, mucho más de lo que ha inyectado el Estado, pero la cifra final no se conocerá hasta que las entidades que acudan a la subasta escriban la cifra. Si se concluye que la CAM no vale nada porque sus necesidades de provisión son mayores que sus recursos propios (2.600 millones), podría desaparecer la obra social. Sobre todo si es adquirida por un banco.

Desde hoy los competidores actualizarán los informes realizados durante meses bajo el control de Nomura. Hay mucho en juego porque quien se quede con la CAM será el líder del negocio minorista en España, ya que la entidad tiene 1.000 oficinas.

El presidente del BBVA, Francisco González, ha reconocido que quiere duplicar su cuota de negocio en España en tres años, una operación que pasa necesariamente por una adquisición. Incluso ha admitido recientemente que la reestructuración de las cajas es una oportunidad para consolidar un nuevo mapa del sector. El Santander también ha confesado su interés en posibles compras. Ayer mismo, el Banco Popular comentó que "estudiarían" las oportunidades que surjan por la venta de cajas.

Los rumores sobre el futuro de la CAM se dispararon desde primera hora de la tarde. Fuentes conocedoras de la operación aseguraron que el último intento de evitar la nacionalización fue una fusión con Ibercaja. Desde hace días, la CAM estudiaba el proceso y, según algunas fuentes, se presentó un último plan ayer mismo por la mañana, que no fue admitido por el supervisor. La entidad aragonesa proponía una fusión con la CAM y, posteriormente, solicitar ayuda al FROB. No pudo ser. La versión oficial del supervisor dice que el jueves le dio a la CAM un plazo de 10 días para presentar un plan solvente, pero ayer pidió su intervención y se cerró el proceso "ante la imposibilidad de encontrar de inmediato una solución viable".

¿Está mucho peor financieramente la entidad alicantina que otras entidades que han pedido ayuda al FROB, como Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa o Unnim? Algunos expertos dicen que la CAM ha caído porque no tenía un equipo gestor de confianza para Ordóñez y sí un presidente, Modesto Crespo, que no ha demostrado controlar el consejo (esta semana hubo un conato de rebelión interna que irritó al supervisor y pudo precipitar el proceso); además de un Gobierno autonómico de soporte, la Generalitat valenciana, que había perdido fuerza política a chorros tras el escándalo de los trajes del presidente Camps.

"Financieramente no estará mucho peor que las demás, pero se ha quedado sin respaldo político y sin gestores. Eso la hizo muy vulnerable", comenta un experto. Otro analista apunta que los planes sobre la CAM se han acelerado porque el Gobierno recibió la indicación en Bruselas, tras la cumbre del Eurogrupo, de que acelerara la recapitalización de las cajas.

Técnicamente no se ha considerado una intervención porque ha sido la propia caja la que ha pedido ayuda. Según el supervisor, la entidad manifestó ayer "al Banco de España la imposibilidad de encontrar de inmediato una solución viable para el negocio financiero" y solicitó "la sustitución de sus administradores por otros designados por el FROB, para que el Fondo proceda a ampliar el capital del Banco y dé plena seguridad a sus depositantes y acreedores".

La nota de prensa de la CAM decía que había acordado "solicitar al Banco de España la anticipación por parte del FROB" para "ofrecer la mayor estabilidad y normalidad a su ejercicio financiero". También afirmó: "Para facilitar la transición operativa y de gestión de la CAM, el consejo ha puesto a disposición del FROB sus órganos de administración, así como la junta general de accionistas del Banco CAM".

El FROB confió la gestión de la CAM a dos de los administradores de la intervenida Cajasur: José Antonio Iturriaga y Tomás González Peña, a los que se suma el auditor Benicio Herranz Hermosa. A corto plazo, ellos serán los nuevos timoneles de un barco dañado, pero pronto llegará un patrón, que nada tendrá que ver con Alicante, para iniciar un rumbo completamente diferente.

Íñigo de Barrón
El País


viernes, 22 de julio de 2011

Deutocracia

A tres años de la crisis, son ya cientos de miles los indignados que en diferentes ciudades europeas impugnan el ataque a los derechos sociales básicos de la población. Frente a ello, cada nuevo recorte en educación o en sanidad, cada nueva contrarreforma laboral, cada propuesta de incremento de la edad de jubilación es presentado como un requisito ineluctable para honrar las deudas, obtener más fondos y salvar el euro. La circularidad del proceso aboca a un túnel sin salida. ¿Hasta dónde habrá que recortar, privatizar o desregular para saciar a los acreedores? ¿Y para pagar exactamente las deudas de quién?

La deutocracia, en realidad, es eso: el gobierno de los acreedores. Un puñado de tenedores de deuda capaz de imponer su voluntad sobre la de millones de personas. La categoría ha dado título a un sugerente documental realizado, no por casualidad, por periodistas griegos: Leonidas Vatikiotis, Knaterina Kitidi y Ari Hatzistefanou. Su trabajo reúne varias virtudes. De entrada, muestra cómo el crecimiento de la deuda pública obedece a los subsidios y privilegios otorgados a sectores económicos muy minoritarios. O como en el caso español, al rescate de una deuda privada generada sobre todo por un grupo irresponsable de entidades financieras. Estas políticas no han sido gestadas por quienes padecen los recortes. Han sido acordadas por gobiernos colonizados por unos poderes salvajes que no dudan, llegado el caso, en especular contra ellos. Y que cuentan como aliados con todo tipo de intermediarios: agencias de rating, bancos centrales, órganos de regulación que no regulan.

Las preguntas son obligadas: ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar que la ya deteriorada democracia no acabe devorada por la insaciable deutocracia? Lo primero, como se desprende del documental griego, es detener el perverso chantaje que pide más ajustes, más rescates y nuevos recortes. Y para eso hace falta remover la opacidad con la que funciona este mecanismo. Dejar claro el origen, la composición y las condiciones de reproducción de la deuda. Deslindar la pública de la privada. Y rechazar aquellos pagos cuya legitimidad no pueda probarse. La propuesta de no pagar la deuda ilegítima no es nueva. Ocupó un papel central en países que experimentaron colapsos financieros similares a los de la eurozona como Ecuador o Argentina. En ellos, la sociedad civil, los movimientos sociales, presionaron para que la deuda de sus países –o al menos una parte de ella– fuera considerada “odiosa”. Esta última noción fue desarrollada por un jurista ruso, Alexander Sack, en 1920. Exministro zarista y nada sospechoso de radicalismo, Sack entendía que una deuda podía considerarse odiosa o ilegítima cuando: a) se había gestado sin conocimiento ni aprobación del pueblo; b) se gastaba en actividades que no redundaban en beneficio del pueblo; c) el prestamista era consciente de esta situación.

No hace falta ser un avezado fiscal para advertir que buena parte de la deuda europea responde a esta caracterización. Al menos en el caso español, sería impensable sin las ingentes ayudas otorgadas a la banca, a los promotores inmobiliarios y a grandes constructores. Este proceso ha tenido lugar casi sin debate. Sin que la responsabilidad de estos grupos en la crisis haya sido debidamente esclarecida y sin beneficio alguno para la mayoría de la población. El crecimiento de la deuda pública no ha servido para proteger a las familias con hipotecas fraudulentas e impagables. Tampoco para redirigir el crédito hacia emprendimientos social y ambientalmente sostenibles. Y menos para reforzar unos servicios públicos infradotados en relación con la media europea. Todo lo contrario. Los rescates han tenido lugar sin mayores contraprestaciones. Y sus beneficiarios no han dudado en utilizarlo para engrosar sus ingresos o para especular contra los propios poderes públicos. Ni los grandes inversores, ni las agencias de rating, ni la Unión Europea, ni los supuestos órganos de control interno, como el Banco de España, han sido ajenos a este proceso. Es más, mientras más ha crecido la deuda pública, mayores han sido los intereses exigidos por sus compradores y más dura la exigencia de recortes sociales y laborales.

Nada de esto es inevitable. En Islandia, la población ha logrado imponer un referéndum para no pagar la deuda generada por unas pocas entidades financieras. Y ha conseguido sentar en el banquillo a algunos banqueros y políticos. En España, Grecia, Portugal e Italia, se han iniciado acciones penales contra las agencias de rating por exagerar la mala situación financiera de ciertos países con fines especulativos. Los movimientos sociales y sindicales griegos han ido más allá y han impulsado, con juristas y economistas, un comité de auditoría de la deuda. Este comité se inspira en una experiencia similar que tuvo lugar en Ecuador en 2005. Su objetivo es determinar qué deudas deben pagarse y cómo, y cuáles no. ATTAC y otras organizaciones sociales están proponiendo que estos comités se expandan por toda Europa. Rechazar la deuda ilegítima y escalonar el pago del resto es fundamental para frenar el colapso social que se avecina. Porque lo que está en juego no es sólo la supervivencia de algunos derechos sociales básicos. Es la disputa entre democracia y deutocracia, entre democracia y oligarquía. O, como dicen los indignados, entre la libertad real, para todos, o la servidumbre indefinida a manos de un puñado de poderes financieros y económicos y de sus intermediarios políticos.

Gerardo Pisarello, Jaume Asens.
Juristas y miembros del Observatorio del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona

Fuente: Público

"Debtocracy - Χρεοκρατία - Deudocracia"

http://www.youtube.com/watch?v=KX82sXKwaMg

Katerina Kitidi y Ari Hatzistefanou

martes, 19 de julio de 2011

La riqueza mundial en plena crisis

Se ha publicado el informe anual sobre el estado de la riqueza mundial (World Wealth Report 2011), que desde hace quince años editan Merril Lynch y Capgemini.

La riqueza mundial en plena crisis

En esta época de angustias económicas, de ataques de los mercados a los pueblos vulnerables y periféricos (así nos califican los tecnócratas financieros a los españoles) y cuando los medios de información nos han convencido de que si la catástrofe económica no nos aplasta mañana, lo hará pasado mañana, leer el informe citado puede producir las mismas sensaciones que experimentaría un habitante del Sahel que estuviera leyendo “La fisiología del gusto” de Brillat-Savarin en un campo de refugiados de la ONU, mientras espera que del camión de ACNUR le caiga el paquete de comida.

Una vez vencido el repelús que da saber que Merril Lynch es “la división de gestión de la riqueza” del Bank of America, y apartando la nariz del tufillo que desprende todo lo que se mueve en torno a Wall Street y a esos mercados que nos atacan a diario sin que nadie parezca saber cómo defenderse de ellos, merece la pena echar un vistazo al documento en cuestión.

Para empezar, sepamos que ML divide a sus más privilegiados clientes en dos categorías: los NHWI, que forman la base fundamental, y los ultraNHWI, una porción selectísima de la anterior. Ahorraré al lector la interpretación de estas abstrusas siglas y, simplificando, basta decir que para moverse en esas esferas de la riqueza privilegiada, es preciso ser “rico” o “ultrarrico”, palabras que usaré como traducción al español de las respectivas siglas.

Los “ricos” son quienes poseen más de un millón de dólares en dinero a mano, disponible en todo momento y listo para gastar, como si dijéramos, en calderilla; como esos euros que guardamos en el bolsillo para la cervecita de media mañana. Por lo que se deduce del informe, no les ha sentado mal a los ricos la crisis económica, pues en el año 2010 su número creció un 8,3% hasta sumar 10,9 millones de seres privilegiados, cuya riqueza global aumentó un 9,7% en ese mismo tiempo, alcanzando la cifra de 42,7 billones (billones españoles: añádanse doce ceros) de dólares, superior, incluso, a la máxima conseguida en 2007, antes de que comenzara la crisis.

Los “ultrarricos”, por su parte, son los que tienen treinta millones de dólares como dinero “suelto”, para poder gastar en el acto y sin apuros. Este selecto grupo, la crema de los ricos, creció un 10,2% en el mismo año y su riqueza aumentó en un 11,5%. Comparados con los simplemente ricos, se observa que los ultrarricos progresan más rápidamente, lo que confirma la ley general de que el correcto desarrollo del capitalismo no solo hace a los pobres más pobres y a los ricos más ricos, sino que, incluso dentro de estos, beneficia más a los que más poseen. Pertenecen a esta élite mundial del dinero unos La riqueza mundial en plena crisis103.000 individuos; cabe sospechar que su relación con los misteriosos e invisibles mercados que tanto nos atosigan es mucho más que estrecha.

Los ricos, en general, están bastante bien repartidos entre Norteamérica, Asia-Pacífico y Europa (3,4 – 3,3 – 3,1 millones, respectivamente) aunque donde más rápidamente crece su número es en África y en Oriente Medio, lo que es natural puesto que en esas regiones se trata de una especie todavía poco propagada (ambas, junto con Latinoamérica, solo suman 1 millón de potentados). Por el contrario, es en EEUU, Japón y Alemania donde se concentra algo más de la mitad de estos adinerados ciudadanos.

No nos sirve de mucho consuelo constatar la alegría que al leer este informe sentirán los constructores de mansiones de lujo, los vendedores de yates-crucero y de automóviles de muy alta gama (de Bentley para arriba, digamos). También se frotarán las manos los gestores de macrofondos de inversión en paraísos fiscales y otras oficinas relacionadas sea con la venta de lingotes de oro, sea con el blanqueo de ingentes y opacos fondos. Pero los ciudadanos corrientes de los países sacudidos por la crisis (de EEUU para abajo, digamos también), que somos la mayoría, seguiremos haciéndonos las mismas preguntas sin respuesta.

Nos preguntamos, con irritación y vergüenza, si es que no existen medios para ganar la guerra que “los mercados”, aliados con las agencias de calificación de riesgo, han declarado a varios países europeos.

Los europeos, por ejemplo, seguiremos sin entender por qué la culta y próspera Unión Europa es incapaz de salir en ayuda de un país, Grecia, cuyo producto interior bruto apenas roza el 2% del europeo. Nos será difícil aceptar que los Estados europeos pongan a disposición de los banqueros, sin apenas condición alguna, tres veces más dinero del que piensan utilizar para salvar a Grecia, mientras exigen a este país unas condiciones canallescas que llevarán a la ruina a muchos ciudadanos.

Nos preguntamos, por último, con irritación y vergüenza, si es que no existen medios para ganar la guerra que “los mercados”, aliados con las infames agencias de calificación de riesgo, han declarado a varios países europeos. Hoy en día, nuestra seguridad corre más peligro en el ámbito del dinero y las finanzas que en el de los atentados terroristas o los misiles nucleares que pueda lanzar Irán. Contra esto ya se destinan medios y recursos; en el campo de batalla financiero, por el contrario, Europa parece derrotada y rendida antes de luchar. ¿Tendrá algo que ver con el creciente enriquecimiento de los ya muy ricos?

Alberto Piris. General de Artillería en la reserva. www.ceipaz.org

Fuente: Revista Fusión.com